Fuero e impunidad: signos de avance- De nuevo en la plaza Tahrir- ASTILLERO-Saqueo transexenal

Astillero

Privatización en el Año de Hidalgo

Saqueo transexenal

Contratos a discrecionalidad

EPN sentencia a Moreira

Julio Hernández López

EQUIPO PARA LA INICIATIVA MÉRIDA. La Secretaría de Marina invitó a la ceremonia de entrega-recepción, demostración de equipo y material, en el contexto de la Iniciativa Mérida con el gobierno de Estados Unidos, en la base naval del aeropuerto capitalinoFoto María Meléndrez Parada

 

 

El calderonismo, aliado con el priísmo igual de depredador y algunos miembros de la izquierda moderna y comprensiva, está a punto de conseguir un impactante bono de retiro transexenal: anoche se daban los toques finales al proyecto de dictamen de una minuta para que el pleno de la Cámara de Diputados vote una propuesta de ley que permitirá a los actuales administradores federales de la riqueza pública asignar contratos y hacer negocio con particulares sin mayores restricciones, en una suerte de golpe privatizador de fin de fiesta que hará a un lado las de por sí usualmente desatendidas restricciones legales y permitirá asignar partidas presupuestales abiertamente, a pura discrecionalidad de quien ejerce la autoridad.

Dicha consagración del saqueo legalizado (en el último tramo de una administración federal que se ha especializado en violentar toda normativa en aras de asignar negocios a agradecidos particulares) está contenida en el proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas que Calderón presentó el 10 de noviembre de 2009. En esencia, se busca autorizar mecanismos ventajosos para la iniciativa privada en materia de prestación de servicios, incluso en la construcción de infraestructura, mediante nuevos esquemas de financiamiento que acabarían poniendo el erario al servicio de los negocios autorizados por la elite en turno, en este caso la calderonista.

En una nota de Enrique Méndez en La Jornada, el pasado 29 de noviembre, se menciona que, a juicio de diputados del PRD y el PT, con estas nuevas reglas se permitiría la entrega, sin licitación, de contratos a empresas en áreas reservadas al Estado, como la explotación de petróleo y generación de energía eléctrica. Incluso Ifigenia Martínez advirtió que se pretende que los contratos con empresas privadas para obras, bienes y servicios sean pagados desde los fideicomisos integrados por el gobierno federal. En la Cámara de Senadores ya fue aprobado el proyecto, y toca el turno a San Lázaro, donde debe ser dictaminado por las comisiones de Economía y de la Función Pública para luego, en su caso, pasar al pleno para la resolución definitiva. La primera comisión la preside el priísta Ildefonso Guajardo Villarreal, y la segunda el verde Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones.

Pasando a otros temas que en el fondo son parte de lo mismo, a Enrique Peña Nieto le urge demostrar que en el PRI es él quien tiene el mando absoluto y, en esos afanes desbordados, descuida las formas políticas y deja ver tintes autoritarios. Ya antes dejó fuera de circulación, con malas formas, al siempre memorioso senador sonorense que pretendía pelearle la candidatura presidencial, y ahora ha hecho saber que es él quien decide tiempos y formas en el PRI, al condenar al tambaleante Humberto Moreira a decidir por sí mismo si pretende sostenerse en la presidencia partidista en la que, según la sentencia de quien ya se siente emperador por seis años, se le ve desgastado a causa del enorme endeudamiento que permitió y provocó en Coahuila.

La virtual defenestración de un Moreira se produjo con el irónico telón de fondo de la asunción de otro miembro de esa familia de profesores coahuilenses al poder estatal. Rubén Moreira comenzó ayer su periodo como gobernador al mismo tiempo que su hermano Humberto dejaba de ser mandatario con licencia (al cual había suplido físicamente un funcionario provisional, pues el mando siguió en manos de los hermanos coaligados). La coronación dinástica habría sido extremadamente feliz a no ser por los problemas que enfrenta Humberto, a quien la administración calderonista tiene en la mira no sólo en términos políticos sino incluso judiciales. La iracundia nocturna de Los Pinos bien podría decidir un día de estos, o una hora de éstas, activar los mecanismos adecuados para tener la fotografía electoral de un presidente del PRI tras las rejas, a causa de cualquiera de los múltiples detalles irregulares que forman el expediente del endeudamiento coahuilense, sobre todo el relacionado con la falsificación de documentos.

Ante ello, Peña Nieto prefiere poner tierra de por medio y asignarse precautorios aires críticos. Al profesor coahuilense, que se ha definido como una especie de soldado del peñanietismo, no le queda sino aferrarse a un liderazgo ya desautorizado, o presentar la muy prevista renuncia al cargo. No se irá en razón del polémico endeudamiento, pues el propio sobrino de Arturo Montiel ha dejado en el estado de México números rojos de mayor cuantía, sino en aras de proteger al copetismo con gel que se va despeinando con notable celeridad conforme debe asomarse a la intemperie política en la que va mostrando impericia, ansiedad y una gran necesidad de afirmar su autoestima.

En Coahuila, el hermano Rubén está imposibilitado de emprender acciones aunque fueran solamente vistosas en contra del consanguíneo antecesor real. Hurgar y castigar las malas cuentas del anterior sexenio significaría descalificar su propia elección, pues Rubén pudo ser gobernador gracias al gasto desbordado que realizó Humberto en los pasados comicios, no solamente en términos de obras y servicios que construyeron una burbuja de falsa prosperidad, sino en el flujo económico no supervisable que aceitó la maquinaria estatal priísta y que, además, compró opciones de futuro político para Humberto, al formar parte del cártel de gobernadores que desde las secretarías estatales de finanzas apoyaron económicamente el funcionamiento de los mapaches electorales que ganaron gubernaturas y mayoría en San Lázaro en 2009 y han mantenido un paso victorioso que esperan refrendar en 2012.

Hoy, sin embargo, el peso de la aventura crediticia coahuilense está doblegando a Humberto Moreira. Peña Nieto ha reclamado para sí el carácter de heraldo fúnebre para afirmarse como único mandamás del Revolucionario Institucional y para tener al mismo tiempo la voz que decida el remplazo.

Y, mientras a Cocoa ahora se le ha antojado ser senadora por Michoacán, ¡feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Fuero e impunidad: signos de avance

Por unanimidad, el pleno del Senado apoyó ayer una serie de reformas constitucionales que eliminan el fuero para servidores públicos de los tres poderes de la Unión –diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal y magistrados del Tribunal Federal Electoral; presidentes de la República, procuradores federales y secretarios de Estado–, así como para consejeros del Instituto Federal Electoral, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, jefes de Gobierno y procuradores de la capital.

Se trata de un mecanismo novedoso que mantiene, al mismo tiempo, la condición de inmunidad de los citados cargos, a efecto de proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos, y que permitirá –en caso de ser avalada en San Lázaro– que los funcionarios que incurran en acciones ilícitas sean sometidos a proceso judicial sin tener que separarse del puesto. Solamente cuando concluya el proceso penal, y en caso de que haya sentencia condenatoria, el juez responsable de la causa podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad y, si esa instancia legislativa rechaza dicha petición, el servidor público acusado cumplirá la condena al concluir el tiempo que dure su cargo.
La decisión legislativa referida es una noticia alentadora y auspiciosa en el contexto del profundo deterioro que afecta a las instancias del poder político en el país, por cuanto contribuye a generar límites indispensables a los abusos en el ejercicio de cargos públicos.
Ha de considerarse que, a consecuencia de las herencias nefastas del viejo sistema político y de la incapacidad de las dos recientes administraciones federales para revertir esas inercias, el ámbito de los altos funcionarios públicos ha permanecido prácticamente al margen de todo mecanismo de rendición de cuentas, pese a la evidencia y el sentir generalizado de que, en ocasiones, son ellos los primeros en ser omisos en el cumplimiento de la legalidad o en violarla abiertamente.

Tal circunstancia ha dado lugar a que el abuso de poder, los atropellos a los derechos humanos, los episodios de manejo turbio y patrimonialista de los recursos públicos y, en general, el desaseo administrativo que corroe las oficinas públicas puedan reproducirse con la virtual certeza de que no habrá castigo para los responsables últimos de esas faltas, y ha extendido la percepción de que el fuero constitucional –en sus orígenes, garante del equilibrio de poderes y salvaguardia ante acusaciones de intención política contra funcionarios públicos– equivale a una patente de impunidad para quienes lo detentan.

Ante estos elementos de juicio, la modernización y redefinición práctica y legal del fuero constituye un avance en la larguísima lucha contra la impunidad y alienta la obligación de gobernantes y representantes de ser los primeros en acatar plenamente las leyes. Cabe esperar, ahora, que los poderes Judicial y Legislativo actúen a la altura de las circunstancias, que jueces y legisladores se desempeñen con probidad, imparcialidad y transparencia en los eventuales procesos contra altos servidores públicos y que se erijan, en esa medida, como un contrapeso real al ejercicio abusivo del poder.

Si esto se consigue, la cultura cívica, la legalidad y el espíritu republicano del país saldrán fortalecidos.

De nuevo en la plaza Tahrir

Robert Fisk

En estos días en la plaza Tahrir se puede conseguir lo que sea. Maíz en mazorca, té, café, maletas, vacaciones baratas en Sharmel-Sheikh, queso feta, cohetes, basura, huevos, cartuchos vacíos de gas lacrimógeno y montones de discusiones y rimeros de pancartas que exaltan el valor de los mártires y la perversidad de los policías. Incluso hay algunos miles de personas cada día –hoy, los revolucionarios convocan a reunir otro millón–, pero los muchos más millones que hicieron fila para votar el lunes y el martes han puesto en duda la integridad de la plaza.

¿Quién representa hoy a Egipto? ¿Los jóvenes revolucionarios seculares en la plaza, o la creciente lista de candidatos islamitas exitosos –Hermanos Musulmanes y, lo que resulta sorprendente, un número cada vez mayor de salafistas– con sus millones de votos? Sin duda no el mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi, gobernante militar del país, cuya mirada reprobatoria aparece en carteles de la plaza. Debería deshacerse de la ridícula gorrita de beisbolista estadunidense y ponerse una cuartelera militar reglamentaria, como todos sus hombres. Todas las mañanas espero verlo saltar la cama y decir tres veces: No fui electo, no fui electo, no fui electo. Porque de eso se trata, ¿no? Tahrir no fue electa. Tantawi tampoco.
Se pueden pintar mil paisajes en Tahrir. Habrá un gran levantamiento aquí, me dicen en una tienda donde dan atención médica: una lucha titánica entre un Parlamento recién electo y el consejo militar, hasta que, por supuesto, los Hermanos Musulmanes hagan un pacto secreto con el ejército (lo sospecho, lo sospecho) para que Tantawi pueda gobernar como un Mubarak de clóset, la gran figura paterna que escapará del control militar permitiendo a los islamitas lidiar con las tareas de gobierno a cambio de privilegios de lesa majestad, un pouvoir por encima del pouvoir, como en Argelia.
En Tahrir es fácil ser cínico. Los revolucionarios –los jóvenes, los laicos, los hermanos y hermanas de los mártires de enero-febrero– quieren poner fin al consejo militar, a la renovada brutalidad de la policía secreta de seguridad del Estado, a la impunidad del Ministerio del Interior.
Incluso han reunido otro grupo de mártires: 42 en total, abatidos por francotiradores y policías el mes pasado con un gas lacrimógeno menos común, más sofocante, disparado a los ojos de los manifestantes. Cuarenta y nueve jóvenes perdieron la vista, y los hombres y mujeres de Tahrir han rebautizado el bulevar que conduce al Ministerio del Interior como calle de los Ojos de la Libertad, antes calle Mohamed Mahmoud. Resulta interesante: Mahmoud fue uno de los más terribles ministros del Interior hace ocho décadas, un acólito del partido Wafd que sirvió al rey Farouq y fue apresado por los británicos en Malta junto con ese estupendo jurista que fue Saad Zaghloul. Este último es el padre de todas las revoluciones egipcias –contra los británicos– y héroe de los revolucionarios de hoy en día. Su colega Mahmoud fue un Mubarak antes de Mubarak. Incluso llegó a primer ministro en 1928 y gobernó sin Parlamento durante 18 meses; uno de esos hombres de ley y orden. ¿Suena familiar, como dicen?
Pero la vieja plaza Tahrir de enero y febrero es hoy más un recuerdo que una inspiración. Es reconocible como el mismo lugar: los grandes y viejos conjuntos de departamentos y el maligno edificio de concreto Mugama, de la era soviética –gris tumba burocrática de abandonad-toda-esperanza-quienes-entren-aquí, cerrada por la revolución egipcia–, el Museo Egipcio con sus paredes rosadas, el bulto del viejo Hilton y el Ministerio del Exterior de Farouq. Pero el florecimiento de valor juvenil, la derrota de los policías y sus baltagis enajenados por las drogas, la alegría que brotó en cánticos espontáneos a la caída de Mubarak, han ido a dar al pozo de todas las revoluciones. Esperanzas traicionadas, partidos políticos secuestrados, policías de nuevo en las calles. Recuerdo una mujer que entonces me decía: todo lo que queremos es que se vaya Mubarak, y yo le comentaba que de seguro se refería también al sistema, pero de algún modo Tahrir en aquel tiempo sólo apuntaba a Mubarak, los soldados eran héroes y todo estaría bien en el mejor de los mundos posibles.

El pueblo ganó. El dictador cayó. Viva Egipto libre. Y luego resultó que Mubarak no había entregado el poder al presidente del tribunal constitucional –como ordenaba la Constitución egipcia de 1971–, sino a su viejo amigo Tantawi y a los otros 19 generales de quienes alguna vez Mubarak había sido comandante en la fuerza aérea. Y Tantawi siguió designando o aprobando a más amigos de Mubarak, entre ellos el pasado primer ministro Kamal Ganzouri, que había tenido el mismo cargo con Mubarak: un gobierno no electo, algunos de cuyos integrantes eran muy ancianos, guiaría ahora la revolución, viejos dirigiendo a jóvenes.

Parece increíble ahora que el consejo militar haya arrestado a tantos miles de manifestantes después de la revolución, que tantos hayan sido torturados por policías, que el ejército instituyera pruebas de virginidad para mujeres detenidas. Y sí, ¿qué hacen los soldados egipcios, realizar pruebas de virginidad a jóvenes egipcias? ¿Es de veras éste el mismo ejército de valientes que cruzó el canal de Suez en 1973 y recuperó la gloria militar de Egipto?

Fuera de libreta –desde luego–, un oficial del ejército explicó que las pruebas fueron para evitar que las mujeres alegaran después que habían sido violadas por los soldados. Luego, añadió con risa despectiva, descubrieron que de por sí las mujeres no eran vírgenes. ¡Cielos! No lejos de la plaza Tahrir ocurrió la escandalosa batalla sectaria en la que un vehículo blindado del ejército pasó por encima de cristianos coptos porque al parecer el conductor –me encantó la explicación– sufrió un colapso nervioso. Pero no, el pueblo no está contra el ejército. Los soldados son sus hermanos, tíos e hijos. Es el consejo militar.

Los consejeros se las ingeniaron para encontrar unos cuantos miles de egipcios que se manifestaron en su favor, en un festín de amor al régimen como los que veíamos en El Cairo en tiempos de Mubarak, en Túnez con Ben Alí, en Trípoli con Kadafi, en Damasco con Assad, en Saná con Saleh y en Bahrein con el rey. Es como si Blair hubiera podido organizar un mitin en favor de la fe cuando 2 millones marcharon en Londres contra la guerra en Irak.

Pero no todo el espíritu de Tahrir se ha evaporado. Wissam Mohamed, traductora de 26 años que termina su maestría en ciencia política y lleva una pañoleta en la cabeza, afirma que sigue siendo revolucionaria y cree que el consejo militar no entregará el poder si no hay más protestas del pueblo. Lamenta que muchos de los muertos y heridos el mes pasado fueran jóvenes y de familias pobres. Siente que en realidad Mubarak –el granjero señor Smith de 1984, de Orwell– no se ha ido. “El señor Smith nunca se fue –dice–. Sus hombres siguen aquí. Hasta podrían volver a ponerlo en palacio.”

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya