Tensión en San Lázaro- Disculpa pública 10 años después

Tensión en San Lázaro

Sectores del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, así como legisladores priístas de Oaxaca, ocuparon la tribuna de la Cámara de Diputados para reprochar las prisas por aprobar la reforma al artículo 24 constitucional. Advirtieron que representa un avance a los privilegios de las iglesias y un retroceso al Estado laico. Los carteles los enfocaron contra la presunta operación política de Enrique Peña Nieto Foto José Antonio López

Golpe al Estado laico

Diputados abren la puerta a la Iglesia para oficiar en público

A cambio de la mesa directiva de San Lázaro, los chuchos avalan la reforma al artículo 24 constitucional

Un sector del PRD sostiene que es un retroceso

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 16 de diciembre de 2011, p. 2

A cambio de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, un sector del Partido de la Revolución Democrática (PRD) convalidó ayer la reforma de PRI y PAN al artículo 24 de la Constitución para instaurar en México la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y permitir así los actos de culto, ceremonias o devociones en privado y en público.

Sin embargo, su realización y difusión se mantienen acotadas a informar y solicitar permiso a las autoridades. En un debate de casi siete horas, un sector de diputados de PRD y PT, y los priístas de Oaxaca, reprocharon la prisa por aprobar una reforma que, advirtieron, representa un avance de las iglesias y un retroceso al Estado laico.
El PRI amarró los votos de la corriente Nueva Izquierda, a condición de que los priístas eligieran a Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) como presidente de la mesa directiva por cuatro meses. Consumado el trueque, los chuchos festejaron con gritos y saltitos de gozo en sus curules.
Emilio Serrano, que ha usufructuado el control de personas de la tercera edad en Iztapalapa, era uno de los más felices.
Su postura, que reflejó la de Nueva Izquierda, dio pie a que un puñado de perredistas y petistas cuestionara la inmoralidad de que Enrique Peña Nieto negociara la reforma para agradar al Papa, pero también “la impudicia y la avaricia de los chuchos” de avalar un retroceso histórico con tal de entronizar a Acosta Naranjo. Un sector del PRD se prestó hoy a derruir al Estado laico, expresó Avelino Méndez Rangel.
Negociador fundamental de los cambios, según declaró el coordinador del PRI, Francisco Rojas, Alejandro Encinas (PRD) soltó: esto es así, ni pedo.
El hasta ayer presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet, facilitó que se dispensara el trámite legislativo para que el dictamen aprobado el miércoles sólo por 19 panistas y priístas en la Comisión de Puntos Constitucionales se discutiera en el pleno.
Mordaz, Porfirio Muñoz Ledo (PT) cuestionó: ¿de cuándo a acá Chuayffet resultó religioso? Él forma parte de una minoría musulmana, que con esta reforma será aplastada. Sin embargo, el petista ya no se quedó al resto de la sesión, aun cuando registró una reserva que fue desechada por defaul.
La reforma, enviada anoche al Senado, incluye el cambio de todo el primer párrafo del citado artículo, bajo la concepción de que no reconocer la libertad religiosa convertiría al Estado mexicano en anticlerical.
En cambio, definen los considerandos, la libertad religiosa es el complemento necesario, es decir, la otra moneda del Estado laico... que no ignora ni desprecia la religiosidad del pueblo manifestada en la libertad de creencias... no discrimina a los creyentes ni a los no creyentes.
Además, indica, el Estado constitucional democrático es laico porque respeta la libertad de conciencia y de religión. Pero debe dejar claro que un Estado que se dice laico para despreciar o ignorar las convicciones personales o religiosas no es un Estado constitucional democrático, sino su antítesis: un Estado autoritario o sectario, al servicio de una minoría.
El dictamen, que en la redacción final contó con la negociación directa de las perredistas Enoé Uranga y Teresa Incháustegui con el priísta Francisco Rojas Gutiérrez, pretendía incluir el derecho implícito de los padres de familia o tutores a enviar a sus hijos a escuelas religiosas, con el argumento de que eso forma parte del ejercicio de la libertad en la materia.

Los diputados Bonifacio Herrera Rivera, Emilio Chuayffet y Javier Salazar observan el tablero de resultados en San LázaroFoto José Antonio López

Los priístas asumieron además como un error de Ricardo López Pescador suprimir, por sugerencia de Carlos Alberto Pérez Cuevas –del equipo de precampaña de Josefina Vázquez Mota–, el tercer párrafo del artículo, que limita los actos de culto a los templos y obliga a las asociaciones.

La toma de la tribuna encabezada por una veintena de diputados de PRD y PT obligó a PAN y PRI a restaurar dicho párrafo y suprimir los que hacían referencia a la educación religiosa y a la entrega de concesiones de medios electrónicos a las iglesias.

El nuevo artículo señala: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

La negociación entre bancadas derivó en pequeños ajustes a la del documento original.

Enoé Uranga pidió a Rojas incluir la libertad de convicciones éticas, e Incháustegui llevó hasta la curul del priísta un agregado para acotar que ningún ministro de culto utilizará los ritos para hacer proselitismo.

El coordinador de los priístas aceptó que se agregara: nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

Hecho el compromiso, los priístas simularon aceptar las reservas que las perredistas presentaron más tarde desde la tribuna, y como el arreglo no incluyó a Jaime Cárdenas (PT), el tricolor desechó su propuesta de agregar que las relaciones diplomáticas con estados o gobiernos teocráticos se conducirán de acuerdo con los principios de separación entre el Estado y las iglesias, definidos en el artículo 130 de la Constitución.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Jorge González Ilescas (PRI), reprochó desde la tribuna que la reforma constituye un retroceso y olvida que la injerencia de las iglesias en la vida económica, política y social mexicana provocó hechos lamentables en la historia. No en vano la ideología juarista y la defensa del Estado laico del más universal de los oaxaqueños, expuso.

Al extremo del salón, la diputada Hilaria Domínguez exclamó: ¡viva Juárez! Su compañero Sami David, que ya no se quedó a la sesión para no tener que votar a favor, pero tampoco en contra, respondió: ¡religión y fuero!

En el intercambio de gritos, Muñoz Ledo devolvió: ¡ése era el grito de Miramón!

El panista Javier Corral acusó el jacobinismo de perredistas y petistas; luego fue a sentarse al lado de Francisco Rojas, a ver pasar el debate mientras compartían pistaches de la misma bolsa.

Carlos Flores Rico (PRI) se solazaba de la reforma, aprobada por 199 votos en favor, 58 en contra y tres abstenciones. No sé por qué tanto escándalo, si sólo cambiamos tres palabras, alegó.

–¿Cuáles? ¿Viva Cristo Rey? –se le cuestionó.

–¡Ash! ¿De qué se escandalizan, si es una actualización normal de la Constitución?

Disculpa pública 10 años después

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó ayer la ceremonia en la que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad al no atender el ataque sexual que sufrió la indígena meph’aa Valentina Rosendo Cantú (derecha) a manos de militares en 2002. Mediante sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó dar cumplimiento a uno de los puntos, que es ofrecer una disculpa pública a la víctima. El funcionario dijo que las autoridades del país trasgredieron los derechos de la joven consagrados en tratados internacionales Foto María Meléndrez

A usted y a su hija les extiendo la más sincera disculpa: Poiré

Reconoce Estado culpabilidad en caso de ataque sexual contra Valentina Rosendo

La indígena meph’aa fue violada por militares en 2002; exige que se les castigue

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 16 de diciembre de 2011, p. 21

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré Romero, encabezó ayer la ceremonia de reconocimiento de culpabilidad del Estado mexicano por el ataque sexual sufrido en 2002 a manos de efectivos del Ejército mexicano por la indígena meph’aa Valentina Rosendo Cantú, lo que le significó una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante un auditorio repleto, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el encargado de dirigir la política interna del país le dio cumplimiento a uno de los puntos de la citada resolución –que se le dio a conocer al gobierno mexicano desde el 1º de octubre de 2010–, en donde se obliga a las autoridades a admitir su responsabilidad en la falta de atención de la víctima, y ofrecerle una disculpa públicamente.
Esta es la primera ocasión en que un titular de la SG acudió a una ceremonia de esta naturaleza, ya que en la del caso del luchador social Rosendo Radilla –desaparecido por el Ejército en agosto de 1974–, el pasado 17 de noviembre, asistió el entonces subsecretario de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, en sustitución de José Francisco Blake, y la canciller Patricia Espinosa.
En el caso del denominado Campo Algodonero –relacionado con el asesinato en 2001 de ocho mujeres en Ciudad Juárez, cuya muerte no fue debidamente investigada por las autoridades–, al acto no asistieron el presidente Felipe Calderón, Blake, el gobernador chihuahuense César Duarte, ni el edil Héctor Murguía, por lo que los familiares de las víctimas, a manera de protesta, optaron por no acudir.

Una disculpa que tardó 10 años en llegar

Poco después de las 11 horas, Rosendo, su familia y los defensores de derechos humanos que la acompañaron subieron al estrado del auditorio, donde fueron recibidos con un aplauso largo y caluroso, que contrastó con la tibieza apenas audible de los que le dedicaron a Poiré.

El funcionario –quien advirtió previamente a los medios de comunicación que no daría más declaraciones–, reconoció a nombre de las autoridades federales la responsabilidad internacional por la violación de las garantías individuales de la indígena, quien fue agredida sexualmente por soldados, igual que Inés Fernández Ortega, ambas originarias de la zona de la Montaña de Guerrero.
Las autoridades nacionales, admitió, violaron los derechos de Rosendo Cantú a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y el acceso a la justicia, consagrados en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por México.

A usted, Valentina, a su hija, les extiendo la más sincera disculpa por los hechos ocurridos. [...] Hace casi una década el Estado mexicano no la protegió, y hoy lo reconoce públicamente. Deseamos que este acto simbólico se traduzca en una mínima expresión de justicia. Una vez más, una disculpa, manifestó Poiré, quien no dejó pasar la oportunidad para afirmar que los actos de abuso del Ejército y las policías son excepcionales.

Rosendo, por su parte, hizo un recuento de los casi 10 años que tuvo que luchar para acceder a la justicia, a pesar de los malos tratos de las diversas instituciones del gobierno mexicano, en un proceso en el que sufrió el rechazo y el abandono de su esposo y su comunidad, que se volvió un lugar sin salida.

Su experiencia, dijo, puede servir para que otras mujeres agredidas superen el miedo, la vergüenza o incluso el hecho de no saber hablar español, y denuncien a sus atacantes.

Sigo luchando como mujer y él (su esposo) nunca lo valoró. Se fue cobardemente, pero sigo con la frente en alto, saqué a mi hija adelante, y estoy orgullosa de mí, de ser quien soy, dijo la indígena en medio de un fuerte aplauso que le brindaron todos los presentes de pie, mientras era abrazada por su hija Yenis y sus padres.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –una de las organizaciones que asumieron la defensa de Rosendo Cantú–, puso de relieve la búsqueda de justicia de la mujer, y la inquebrantable dignidad de la que hizo gala hasta demostrar la culpabilidad del Estado mexicano.

“Hace 10 años empezaste a buscar justicia para sobrevivir a un acto aberrante, que nunca debió haber ocurrido. Alzar la voz contra los abusos militares no ha sido sencillo. Tu palabra fue puesta siempre en entredicho, te llamaron ‘mujer mentirosa’, y siempre corriste peligro. Hoy, ante tí, los más altos funcionarios del Estado mexicano reconocen que siempre hablaste con la verdad”, resaltó el activista, quien urgió a encontrar y castigar a los responsables materiales de la agresión.

En el acto estuvieron presentes también la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales; la directora de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías; el secretario general de gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, y el alcalde de Acatepec, Federico Cantú.