Los cadáveres de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, yacen en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, luego que corporaciones policiacas emprendieran un violento desalojo a tiros contra alrededor de 500 manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras, cohetones y bombas molotov. Legisladores, maestros y organizaciones de derechos humanos reprobaron el
uso irracional de la fuerzacontra estudiantes Foto Óscar Alvarado
A tiros, la policía desalojó un plantón en la Autopista
Represión en Guerrero
Matan policías a dos estudiantes al desalojar un bloqueo carretero
Eran alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa
Los inconformes demandan audiencia con el gobernador Ángel Aguirre
Reportan heridos y desaparecidos
Policías federales durante la embestidaFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 2
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 2
Chilpancingo, Gro., 12 de diciembre. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murieron al ser impactados por disparos de policías federales y estatales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos de ese plantel que bloqueaba la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo.
Alrededor de las 11:45 horas de este lunes, unos 500 normalistas llegaron al sitio en camiones, apoyados por 26 indígenas de la Organización Campesina del Municipio de Tecoanapa, y otros 20 de la organización Xanii Tsavvi (sueño mixteco), y cerraron los carriles de dichas vialidades.
Su demanda principal es una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien acusan de haberlos dejado plantados en cuatro ocasiones. Piden también el reinicio de clases en la normal, suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros
pretenden imponercomo director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos señalan de represor.
Otras peticiones son el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los aspirantes que tengan promedio de siete de calificación puedan realizar el examen de admisión.
Apenas había comenzado el bloqueo cuando llegaron al menos 300 efectivos de las policías federal y estatal, estos últimos encabezados por el general Ramón Arreola Ibarría, subsecretario de Seguridad en Guerrero; más tarde arribaron agentes ministeriales.
Trabajadores de la gasolinera Servicio Centro Comercial narraron que minutos antes del mediodía, los agentes federales intentaron desalojar a los normalistas, quienes repelieron a los policías lanzando piedras, cohetones y bombas molotov.
En esos momentos, en la misma gasolinera, uno de los estudiantes de Ayotzinapa prendió fuego a una bomba despachadora de combustible; fue entonces cuando los federales realizaron disparos al aire.
A unos 50 metros de distancia, en el puente del río Huacapa, cerca de la tienda Liverpool, estaban apostados decenas de policías estatales, encabezados por el general Arreola.
Varios elementos policiacos vestían de civil.
Órale cabrones, los arengó el subsecretario de Seguridad para que enfrentaran a los normalistas. Varios agentes accionaron sus armas.
Ataque por dos flancos
Los estudiantes fueron atacados por dos flancos, de norte a sur, por ambos carriles de la Autopista del Sol, y por el puente del río Huacapa.
Un grupo de alumnos intentó resguardarse en uno de los camiones, y otro trató de repeler a los policías con cohetones y piedras, pero no lo logró.
Por el contrario, los balazos se intensificaron. Los cristales de los autobuses quedaron destrozados y las carrocerías con impactos de bala.
Atónitos y nerviosos, choferes de automóviles particulares, autobuses y tráileres, que atestiguaban los hechos en ambos carriles, huían para protegerse de los disparos.
Ahí, el chofer del tráiler con placas 249-DC-5 del servicio público recibió un rozón de bala en la cara, y un anciano que se protegía en el tráiler fue detenido por los elementos policiacos; hasta ahora se desconoce su paradero.
Los uniformados también detuvieron al reportero Éric Escobar, del semanario Trinchera, que se publica en Chilpancingo, a quien propinaron golpes en cara y cuerpo. Luego lo dejaron libre.
A las 12:10 horas las detonaciones de armas de fuego se incrementaron y fue cuando cayó muerto el estudiante Gabriel Echeverría de Jesús.
Casi al mismo tiempo fue abatido Jorge Alexis Herrera. Sus compañeros, pensando que sólo estaban heridos, trataron de subirlos a los camiones para resguardarlos, pero al percatarse de que habían muerto optaron por dejarlos en el suelo.
La balacera continuó durante unos 20 minutos más en ambos carriles; los policías correteaban pistola en mano a los normalistas, quienes lanzaban piedras a los agentes.
Varios estudiantes se refugiaron en los cerros ubicados en ambos lados de la carretera y de ahí se trasladaron a la normal. Otros se dirigieron rumbo al poblado de Petaquillas, a unos cinco kilómetros de distancia del lugar del desalojo.
Algunos huyeron hacia el municipio de Tierra Colorada, a unos 45 kilómetros de distancia. Según versiones de los propios estudiantes, dos de sus compañeros iban heridos.
En el suelo quedaron piedras, tubos, bombas molotov y decenas de casquillos de bala percutidos de armas de distintos calibres utilizadas por los policías.
Alrededor de las 12:35 cesaron los disparos. Minutos después llegaron tres vehículos del Ejército, los que permanecieron allí media hora y luego se retiraron rumbo al poblado de Petaquillas.
Más tarde llegó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, y decenas de dirigentes sociales, así como de organizaciones no gubernamentales. También arribaron los padres de varios normalistas.
Por más de dos horas privó la confusión. Los choferes de los vehículos varados bajaban de las unidades pero regresaban a ellas temerosos.
A las 14:35 horas se reanudó la circulación en ambas vialidades. La persecución de estudiantes no cesó, pues los policías buscaron en los cerros a los normalistas hasta después de las 16 horas.
Herrera Pino era originario de Atoyac de Álvarez, y Echeverría de Jesús era oriundo del municipio de Tixtla. Alrededor de sus cuerpos quedaron casquillos de balas calibre 7.62 para rifle G-3.
Entrevistado después del violento desalojo, el general Arreola, con manchas de sangre en la cara, comentó:
debíamos desalojar a esta gente, nosotros tenemos personal antimotines, y nos recibieron a golpes, con fuego, y el personal de la Policía Federal intervino.
–Señor, ¡hay dos jóvenes muertos que están ahí tirados! –se le dijo.
–No tengo conocimiento. No sé quien disparó, nosotros no traemos armas.
–¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo?
–La orden del gobernador es que se restableciera la paz aquí. El personal de la policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.
–¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos?
–Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso –respondió molesto.
Represión en Guerrero
Más de 200 ONG condenan
ejecución extrajudicialde los dos normalistas
La CNDH inicia queja de oficio y envía visitadores al estado para realizar pesquisa
Policías resguardan el sitio después de la refriegaFoto Notimex
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 4
Martes 13 de diciembre de 2011, p. 4
Más de 200 organizaciones civiles y en particular de defensa de los derechos humanos de todo el país condenaron el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Criticaron la brutalidad policiaca y exigieron una pesquisa inmediata, así como castigo a los responsables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una queja de oficio y envió visitadores para realizar la investigación correspondiente.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) prácticamente de todo el país exigieron “una investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes, y el pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrerense y la mexicana en su conjunto”.
La CNDH sostuvo que
permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes.
La comisión agregó que,
en el marco de la reforma constitucional promulgada en junio pasado, es muy importante que la actuación de toda autoridad se realice con absoluto respeto a los derechos humanos.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, manifestó que
faltó sensibilidada los gobiernos del estado y federal “para atender las demandas de los estudiantes. Según las notas periodísticas que he leído, participaron policías federales, estatales y municipales, y hasta militares. Es grave que participen en estas tareas los militares, pues no están preparados para estos operativos.
La situación es muy preocupante; seguimos padeciendo asesinatos, desapariciones, lesiones, amenazas contra defensores y militantes de organizaciones. Hubo uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes, desproporcionado. ¿Cómo envían policías y militares armados contra estudiantes? Es inadmisible.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, condenó el asesinato y aseveró que
es gravísimo que el gobierno haya decidido atacar a un movimiento estudiantil en lugar del diálogo y la atención de sus demandas. Son señales de intolerancia y una violación a los derechos humanos, porque los estudiantes normalistas son defensores del derecho a la educación.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo que
esto habla mal de un gobierno que se niega a abrir espacios de diálogo. Siempre es cuestionable que el gobierno recurra a la represión antes que a la solución de los problemas; además, está atentando contra el derecho a la protesta y es condenable el uso excesivo de la fuerza.
Los hechos fueron condendos por más de 200 ONG de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Colima, Puebla, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California, entre otras entidades.
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