Estado vs. periodistas: cuatro años de ataques
Si el Estado mexicano –en sus tres niveles de gobierno– es el principal agresor de los periodistas y los medios de comunicación en México, poco se puede esperar en materia de igualdad y democracia.
Y no porque los comunicadores sean una clase privilegiada, no, que quede claro.
Los periodistas son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones de cualquier otro. Pero son también los ciudadanos que tienen la obligación manejar la información pública como un bien social, y no como un simple producto.
Tienen, además, la responsabilidad de que esa información se transmita en forma imparcial, no sólo frente a los que dominan medios de comunicación, sino frente a la sociedad, con respeto a la diversidad de intereses ciudadanos.
“El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural”, dice la Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Y, aunque hay excepciones –siempre las hay–, debe participar en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad, incentivando el diálogo y la discusión de ideas, para establecer un clima de confianza en las relaciones de la ciudadanía, de forma que favorezca en todo la paz, la justicia y del desarrollo nacional.
Desarrollar este ejercicio profesional y ético no es fácil ni en las democracias de mayor fortaleza en el mundo. En todos lados hay intereses para enfrentarlas. Pero lo que ha pasado en México en los últimos seis años es, por lo menos, vergonzoso.
El hecho que desde el Estado se dirijan los ataques hacia quienes informan a la sociedad de los hechos a los que no tiene acceso y denuncia a quienes, desde el poder, abusan de su autoridad y del manejo de los recursos públicos, no demuestra fortaleza de gobierno.
Ayer, la organización internacional Artículo 19 denunció que la violencia contra la prensa en México aumentó 20.34% entre 2011 y 2012, y que las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron responsables de 43.96% de los ataques.
Es decir, los gobiernos municipales, estatales y federales se convirtieron en los principales agresores de periodistas por cuarto año consecutivo.
“Durante 2012 se documentaron un total de 207 agresiones en contra de la prensa, comparado con el año anterior, con 172 agresiones. La violencia en contra de la prensa aumentó 20.34% en México, y se extendió por 25 de los 32 estados de la República”, dijo.
Sólo durante 2012 fueron asesinados siete periodistas por razones posiblemente vinculadas al ejercicio de su profesión, expuso Artículo 19. También se documentó la desaparición de dos periodistas. Además fueron atacadas ocho instalaciones de medios con explosivos o armas de fuego.
El informe “Doble asesinato: la prensa entre la violencia y la impunidad” plantea que los estados más violentos durante el 2012 fueron: Distrito Federal, con 28 agresiones; Veracruz, con 28; Oaxaca, con 23; Baja California, con 17.
“A medida que el flujo de información ha sido afectado por el patrón de violencia en contra de la prensa, comunidades y regiones enteras se han transformado en ‘agujeros negros’ a lo largo y ancho del territorio mexicano; es decir, zonas en donde no entra ni sale información, lo que propicia rumores e información poco confiable al respecto. Sin embargo, la demanda de información por parte de la sociedad no sólo no decrece sino que incluso, en muchos casos, se incrementa”, afirmó el organismo en referencia a lo que sucede en estados como Tamaulipas y Veracruz.
Esto sucede, dijo, de manera dramática en contextos donde las autoridades y los medios no informan sobre cuestiones de seguridad tan básicas para la población, como fuegos cruzados.
Apenas ayer comentábamos que la respuesta del Estado mexicano a esta crisis ha sido el silencio.
Con Felipe Calderón Hinojosa, cuando detonó este problema, se habló de protección y se ofrecieron compromisos, incluso con organismos internacionales. Pero Calderón Hinojosa nunca cumplió su palabra, ni en éste ni en otros rubros. Ahora es el turno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en los 104 días que lleva de gobierno no se ha dicho una sola palabra al respecto.
Pese al discurso gubernamental de compromiso con la libertad de expresión, lo cierto es que México sigue apareciendo en los índices internacionales como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso por arriba de regiones que mantienen conflictos bélicos.
Y en el informe de Artículo 19 nadie se salva. El Gobierno del Distrito Federal, que se dice progresista y defensor de las libertades, aparece con el mayor repunte de agresiones contra la prensa: éstas crecieron 64% en 2012, respecto al año previo.
En esas condiciones, sin un Estado no se compromete con el respeto a la libertad de expresión, difícilmente se puede aspirar a un país de mayor igualdad y democracia, pues ejercer el control, mantener intereses ocultos y acallar las voces disidentes no es el camino para el desarrollo, por más reformas económicas y e inversión que se logre.
A los periodistas en México los matan por la impunidad, dice Artículo 19, y por el fracaso de autoridades y leyes
Por: Shaila Rosagel - marzo 14 de 2013 - 0:01
Causas, Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios
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Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- “Dicen que se va con el dolor, pero a veces el dolor le gana a uno”, dice doña Dolores Carreón, madre de Armando Rodríguez “El Choco”, periodista asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2008. Su crimen aún sigue impune.
Dolores aún recuerda la última llamada de su hijo, donde le dijo que la quería mucho. Llora y se enjuga las lágrimas y la pena que después de cuatro años de su muerte, siguen ahí, no se fueron ni se irán. Los asesinos de “El Choco” andan sueltos y nadie hizo nada por cambiar esa realidad.
Esta es una escena del documental sobre el fotoperiodista caído de El Diario de Juárez que la organización Artículo19 tomó como apertura de su informe “Doble Asesinato, la prensa entre la Violencia y la Impunidad”.
En él se entrevista a su familia, padre, madre, esposa. También a sus amigos más cercanos y en el cierre aparece Dolores, una mujer sencilla sentada en la sala de su casa, desgastada y cansada, y sin acceso a la justicia.
Pedro Torres Estrada, Subdirector Editorial de El Diario, narró los días que antecedieron al asesinato de Armando y los posteriores: intimidaciones por mensajes de celular al periodista; miedo, después de la muerte, una investigación plagada de irregularidades, un expediente vacío. Una averiguación previa donde no se entrevistó a nadie ni se intentó obtener evidencia o indicios que llevaran a descubrir la verdad.
Incluso fue más allá al revelar la realidad que aqueja en la actualidad a la redacción de El Diario de Juárez. El estado de indefensión en el que se encuentran los periodistas, fotógrafos y editores que continúan informando sobre lo que sucede en la región y que son amedrentados incluso con cárcel por escribir, publicar fotografías o videos en su sitio web.
La redacción del diario decidió omitir la firma del reportero o fotógrafo cuando fuese necesario y Pedro Torres tuvo que pagar por eso. En reiteradas ocasiones fue llamado ante las autoridades para responder por esas publicaciones y al negarse a revelar los nombres de sus periodistas debió pagar multas.
“Jueces de distrito han estado presionando a El Diario de Juárez. Al no firmar las notas el caso recae en el editor. Ellos me han multado, la última vez estuve a punto de ser privado de mi libertad, pero el reportero lo impidió y se presentó y fue careado con sicarios que habían cometido hasta 18 ejecuciones. Les permitieron hacerle preguntas al reportero. El periodista sólo hizo una cobertura y ahora está en peligro, ellos lo tienen ubicado. Quiero aprovechar este momento para denunciar esto”, dijo Torres Estrada ante la concurrencia del informe de Artículo19.
El panorama no puede ser más desalentador y el caso de El Diario de Juárez más emblemático de la impunidad que se vive en el país en torno a los atentados contra comunicadores, periódicos, revistas y televisoras, después de que en 2010 fuera acribillado el joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de 21 años, quien realizaba prácticas profesionales y aspiraba a convertirse en un fotoperiodista.
Según el documento elaborado por la organización, de los 207 casos que presentó, los funcionarios públicos fueron los principales agresores durante 2012 con 43%, mientras que la delincuencia organizada fue responsable de 14%.
El gobierno municipal tiene la autoría de 45% y los funcionarios estatales, entre ellos policías, de 42%, mientras que el Gobierno federal de 12%.
Con el antecedente de estos datos, en materia de resolución de los casos, México es un país donde la impunidad se convirtió en el segundo asesinato, señaló Darío Ramírez, director de Articulo19.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que entre diciembre de 2006 al mismo mes en 2011, tuvo conocimiento de 265 agresiones contra periodistas –51 homicidios, 10 desapariciones y 204 agresiones distintas a las anteriores–, pero sólo hubo una sentencia condenatoria.
A la escasa efectividad de la Feadle se suma el ámbito de competencias donde se investigan las denuncias. Durante 2012, Artículo19 tuvo conocimiento de 207 casos de agresiones a periodistas, de los cuales 91 fueron responsables agentes estatales.
“Esto significa que 43.96% de los agravios serán investigados por autoridades que pertenecen al mismo ámbito de competencia que las agresoras”, señala el informe.
La Feadle además de que falló en la tarea de investigar los casos, enfrenta serios problemas de transparencia y de contradicciones en el manejo de sus recursos.
De acuerdo con Articulo19, la fiscalía se contradijo en cuanto al presupuesto con el que trabaja: en una solicitud de información contestó que sus recursos eran de 17 millones 968 mil 89 pesos, mientras que en una segunda respuesta reconoció sólo un millón 173 mil 634 pesos.
El organismo utiliza 96% de sus ingresos en gasto corriente como servicios profesionales, comerciales, asesorías, mantenimiento y viáticos.
Aunado al fracaso de la fiscalía, la organización también detalló la falta de eficiencia del Mecanismo de Protección que surgió de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde su aprobación, el 30 de abril de 2012, hasta el último día de ese año, seis periodistas fueron asesinados, 14 tuvieron que huir de sus estados, ocho privados de su libertad, 53 agredidos físicamente, 42 amenazados e intimidados, cinco detenidos ilegalmente, dos desaparecidos y cinco instalaciones de medios de comunicación atacadas con explosivos.
El informe detalla que la Secretaría de Gobernación (Segob) no entregó hasta el momento los mecanismos de protección a 24 estados de los 25 estados que firmaron el convenio del Mecanismo de Protección.
Otra de las instancias que presenta inconsistencias en sus informes de transparencia es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según los datos recabados por Artículo19, de 2006 a 2012, el Programa de Agravio contra Periodistas de las Comisión sólo emitió recomendación en 6% de los casos, hizo labor de conciliación en 8% y en el restante 86% no sucedió nada. En total, el impacto real del programa sólo fue en 14% de los casos que recibió.
Darío Ramírez dijo que urge una legislación secundaria para que la federación pueda atraer los delitos cometidos contra periodistas, aunque se trate de crímenes que competen a los estados.
Agregó que la Fiscalía Especial debe realizar protocolos que establezcan las diligencias básicas para agotar una línea de investigación, así como transparentar la información relativa a las estadísticas de averiguaciones previas, medidas cautelares y presupuesto.
Artículo19 solicitó también la despenalización de la difamación y la calumnia, pues sirve para inhibir a la libertad de expresión como los delitos en contra del honor, que en muchos casos funcionan para llevar a periodistas ante tribunales y como método de censura.
Darío Ramírez y Jorge Zepeda, en la presentación del informe en la Ciudad de México. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
“NO ME COMPROMETO”
Entre los asistentes a la presentación del informe de Artículo19 estuvo Ricardo García Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al finalizar el evento y a la pregunta expresa de que si se comprometía a que los crímenes contra periodistas disminuirían o acabarían, contestó que no.
“Hay que ser objetivos, me preguntas si yo me comprometo a que esto va acabar, la respuesta es no, a disminuir por supuesto. Tenemos que sumar los esfuerzos. Me interesa mucho más lo que se tenga que hacer que lo que se pueda decir, tenemos que pasar a las acciones”, dijo.
El Subsecretario, ex Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) que impulsó durante su paso por el Congreso de la Unión la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, declaró que existe un problema serio de coordinación entre los estados que tienen las averiguaciones previas e investigaciones y la PGR.
Dijo que hace falta una legislación secundaria y cambios a Ley que deriven en una mayor eficacia del Mecanismo de Protección.
“La impunidad mata a periodistas, blogueros, niños. La responsabilidad del Estado es cambiar este estado de cosas. Qué quieren qué les diga, yo vine a escuchar el informe. Mañana será la oportunidad de concretar acciones”, finalizó.
#IMPUNIDADMATA
La organización Artículo19, en coordinación con Change.org, lanzó en el marco de la presentación del informe, la campaña de recolección de firmas Impunidad Mata que tiene como objetivo llegar a un millón de firmas con la petición de resolver los crímenes contra periodistas, misma que será entregada el 29 de abril al Presidente Enrique Peña Nieto.
La campaña tiene como bandera los casos de los periodistas Armando Rodríguez; José Antonio García Apac, desaparecido en Michoacán; Regina Martínez, asesinada en Veracruz, y Lydia Cacho. Cuatro casos que fueron tomados sólo como una muestra de todos aquellos que están impunes en todo el país.
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