La CNDH demandará a García Luna, otros 3 ex altos mandos y 15 agentes por violar derechos de Cassez
México
Por: Redacción / Sinembargo - marzo 13 de 2013 - 17:07
Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 12 comentarios
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Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló a 21 ex funcionarios como responsables de las violaciones a los derechos humanos de la ciudadana francesa Florence Cassez, y pidió a las autoridades ejercer acción penal en su contra.
La CNDH anunció que interpondrá esta semana una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen las irregularidades cometidas por los entonces servidores públicos contra Cassez durante su arresto, el 9 de diciembre de 2005.
Por medio del Informe Especial sobre las fallas que ubicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la investigación contra la francesa, Plascencia identificó como responsables a cuatro altos mandos encabezados por Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, el director de Investigación Policial, y el director de Operaciones Especiales, además de 15 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación(AFI), y dos agentes del Ministerio Público.
Evitó dar nombres y el informe no los contiene, pero incluye a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Felipe Calderón.
El titular de la CNDH dijo que las violaciones están relacionadas con el trato digno, la seguridad jurídica, y particularmente en lo referente a la presunción de inocencia.
“Hubo un engaño a la sociedad en general, hubo un actuar indebido por parte de los servidores públicos”, dijo en la presentación del informe.
Placencia recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR): investigar los delitos o faltas cometidos por los servidores públicos señalados, ayudar en la presentación de la denuncia para deslindar responsabilidades, emplear medidas para reparar integralmente el daño a las víctimas de secuestro, además de capacitar en materia de derechos humanos a su personal.
“La impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana”, insistió al término de la conferencia.
“Se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales”, agregó.
“De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los mandos medios y superiores que con sus acciones y omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la cadena de mando, la permitieron y convalidaron. Entre ellos el entonces titular de la AFI, el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación al Secuestro, el entonces director general de Investigación Policial y el entonces director de operaciones Especiales”, dijo.
El Informe llega después de que la Procuraduría General de la República (PGR) había prometido una investigación, de la cual no ha anunciado su resultado.
El 23 de enero pasado, la SCJN ordenó la liberación inmediata de Florence Marie Louise Cassez Crepin, quien estaba sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro, después de las irregularidades detectadas en el debido proceso.
En 2005, Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna presentaron a la francesa y a una banda de secuestradores durante un montaje televisivo que simuló el arresto “en vivo”. Esta y otras violaciones fueron evaluadas por los ministros de la Corte, que decidieron liberarla en 2013.
Inmediatamente después de su liberación, Procurador Jesús Murillo Karam dijo que analizaría el fallo de la Segunda Sala de la SCJN para fincar responsabilidades contra quienes realizaron la averiguación previa y la consignación.
La máscara de EPN
“Hay que quitarle poder a los narcotraficantes, la estrategia es desaparecerlos de los medios”. Así textual es la frase que mi fuente que asistió a la última reunión entre gobernadores de todo México (Conago), me asegura que se repitió fuera de la agenda formal.
Y otra vez, este martes 12 de marzo en Nuevo León, durante la reunión del gabinete de Seguridad se replanteó esta idea. En esta reunión sobre Seguridad Nacional, además de plantearse cómo se llevarán a cabo los seis puntos del plan presidencial sobre seguridad, Eduardo Sánchez, el Subsecretario de Normatividad y Medios, estaba allí para unificar el discurso institucional. Es decir, la idea formal que se discutió consiste en integrar un discurso mediático, tanto presidencial como de todos los gobernadores de los estados más vapuleados por la violencia, para cambiar la percepción sobre el poder de los cárteles. También para transformar, en lo superficial al menos, la imagen de México en el mundo. La perversidad de esta estrategia rebasa cualquier intento que hiciera el ex presidente Felipe Calderón por acotar o usar a los medios. Me explico.
Hoy el gabinete de Seguridad está afinando las negociaciones para el segundo plan Mérida, el cual incluye varias estrategias que, sin novedad, van a centrarse en el incremento del espionaje gubernamental y la elaboración de listas de personas que pueden poner en peligro la seguridad nacional (listas negras). Para Washington, el plan Mérida II, al igual que el anterior, incluye el fortalecimiento de las políticas antiterroristas y la persecución de delincuentes de alto perfil. Para Peña, incluye dejar pasar la droga y dejar que ese se convierta en un problema de los norteamericanos. Pero no es lo mismo dejar pasar la droga que dejar pasar la violencia que pone en jaque a la sociedad. La complejidad de estas medidas es tremenda.
Miguel Ángel Osorio Chong dijo ayer a los medios que celebra la “espléndida y gran coordinación” que existe entre el Gobierno Federal y los gobiernos locales para asumir el compromiso de “regresar la paz a todos los mexicanos”; esta declaración la hizo justo después de que, tras los ataques a medios y periodistas en Chihuahua, el Gobernador Duarte asumiera que el atentado no estaba relacionado con la delincuencia organizada. Casi paralelamente Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco, dijo que el asesinato de su Secretario de Turismo había sido perpetrado por delincuentes comunes. Lo mismo sucede en Tamaulipas, donde entre balazos y granadas, una guerra es negada por el Gobernador.
La maniobra gubernamental pretende regresar la violencia e inseguridad derivadas de esta guerra a las secciones policíacas y desaparecerlas de las primeras planas. Prueba de ello es que según la investigación de nuestro colega Enrique Mendoza de semanario ZETA, en cien días han sido asesinadas 4,500 personas en México; ni gobernadores ni presidencia lo admiten. Sólo anuncian las cifras del pasado. Parece que desean que México vuelva a la esquizofrenia del país donde públicamente “no sucede nada”, pero cada día la situación empeora. Desean cambiar la percepción, que la gente no crea que el problema de la violencia es de todo el país, sino “algo” que le sucede a “ciertas” personas.
La estrategia política es silenciar los cientos de delitos que cada día cometen las redes del crimen organizado (desde la extorsión a empresas y personas, hasta el secuestro, la violación, el asesinato y la trata de mujeres y niñas), así como las guerras que los carteles libran para mantener esos negocios vivos.
Lo que sucede es que se fortalece a los cárteles y se debilita a la sociedad de ciertas comunidades que vive secuestrada por estas redes delincuenciales muy bien organizadas. Desde hace meses ya el Ejército exigía mayor control de los medios, ahora lo tienen. Unos callan porque la publicidad gubernamental les mantiene a flote, otros porque los dueños tienen alianzas y amistad con miembros del gabinete o del propio PRI. Otros más porque fueron fundados por priistas desde el 2012, previendo el buen negocio que vendría. Otros medios callan porque les han asesinado reporteros y reporteras, porque viven bajo amenaza, sin publicidad y en estados donde los gobernadores y procuradores han abdicado a su responsabilidad. Muy pocos medios siguen adelante. Las redes sociales suplen en ciertos lugares el papel de informadoras.
La sociedad civil se ha unido durante los últimos años buscando estrategias reales para la construcción de la paz. Ahora, en el teatro de la política, la idea es desintegrar esa fuerza social através de un discurso oficial tramposo, que hace creer que esa paz se está logrando y de esa manera amputar el derecho civil de exigir a las autoridades las condiciones para que se dé la paz real.
En este escenario pierde la sociedad y pierden quienes defienden los derechos humanos. Bajo un manto de silencio la delincuencia organizada se fortalece y la muerte sigue su paso protegida por la máscara de un discurso oficial mentiroso.
@lydiacachosi
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