García Luna: Y la PGR, ¿ahora sí actuará?
Entre esas anomalías, la que más pesó para que la presunta secuestradora francesa fuera dejada en libertad después de siete años de permanecer presa, fue el montaje televisivo coordinado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
El 9 de diciembre de 2005, cuando Televisa transmitió el supuesto arresto en vivo de la banda de secuestradores Los Zodiaco, García Luna, era director de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Cárdenas Palomino fungía como su mano derecha.
El propio Genaro García Luna reconoció en dos ocasiones que el operativo en el que fue detenida la Florence Cassez había sido efectivamente un montaje para los medios de comunicación.
Primero, el 5 de febrero 5 de 2006, en el programa de análisis “Punto de Partida” de Denise Maerker donde, ya como el poderoso titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, dijo: “Se ingresa al domicilio, se libera a las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y ellos nos piden mostrar cómo fue la intervención al domicilio. Lo que está en el video es a petición de los periodistas”.
Luego, el 10 de febrero de ese mismo año, repitió en conferencia de prensa: “En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se les explicó esto en una entrevista. A petición de ustedes (los medios) mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad”.
La liberación de Cassez Crepin se convirtió en un escándalo internacional y en un revés para la procuración de justicia en México, pues el teatrito montado impidió llegar a la verdad sobre la actuación de la francesa como supuesta secuestradora.
También significó otro gran ridículo para el gobierno de Calderón Hinojosa, pues su “súper Secretario”, con el que definió la estrategia de guerra de su sexenio para combatir al narco, perdió la poca credibilidad que le quedaba hasta entonces.
Una de las primeras acciones al llegar Enrique Peña Nieto a la Presidencia fue desaparecer la SSP. Un día después de la liberación de Cassez, el Presidente ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que todas las acciones del Ministerio Público Federal fueran vigiladas, a fin de que no se tuviera un caso más como el de la francesa.
A su vez, el 25 de enero pasado, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, dijo que ya se investigaba en torno al caso: “¿Qué me toca investigar? Me toca ver si ese mal manejo es producto de una actitud que pudiera constituir un delito”.
“Es la mejor llamada de atención a quienes imparten justicia, y a quienes están encargados de la seguridad para que esto no vuelva a repetirse. Corregir errores es una buena parte de lo que significa hacer justicia”, afirmó.
El 29 de enero, Murillo Karam repitió la dosis de promesas.
En conferencia de prensa dijo que, aun sin tener carácter de averiguación previa, estaba metido en el asunto: “Desde ahorita les digo que voy a buscar o investigar a alguien, desde ese momento, estoy poniéndolo en la picota; cuando les digo que voy a investigar a alguien, les voy a decir que ya tengo los elementos de investigación en la mano”.
Pero nada pasó.
No fue sino hasta ayer que Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló a 21 ex funcionarios como responsables de las violaciones a los derechos humanos de Florence Cassez, y pidió a la PGR ejercer acción penal en su contra.
La CNDH anunció que denunciará ante la Procuraduría General de la República para que se investiguen las irregularidades cometidas en el arresto de la francesa.
Plascencia Villanueva no le dio vueltas al tema e identificó como responsables a cuatro altos mandos encabezados por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la AFI, al director de Investigación Policial, al director de Operaciones Especiales, además de 15 agentes de esa extinta dependencia y dos agentes del Ministerio Público.
“Hubo un engaño a la sociedad en general, hubo un actuar indebido por parte de los servidores públicos”, dijo.
La PGR tendrá que tomar ese toro por los cuernos y ahora sí con toda seriedad.
La impunidad, como dijo Plascencia, es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, y más en un gobierno federal priista que se ha pronunciado por no solapar “intocables”.
Así que ahora, con demanda interpuesta, Jesús Murillo Karam debe ponerse manos a la obra, actuar conforme a la ley y dejarse de promesas.
EPN se ha disculpado como Gobernador, como candidato y ahora como Presidente; pero Atenco sigue sin justicia
Por: Redacción / Sinembargo - marzo 15 de 2013 - 0:01
Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - Sin comentarios
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Manifestación contra Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- “¡Asesino! !Atenco no se olvida!” Esas fueron las primeras consignas. Era un viernes 11 de mayo del 2012, en la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes no sabían que estaban fundando el Movimiento llamado #YoSoy132.
Los gritos eran para el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, hoy Presidente de la República, quien presentaba su plataforma ante universitarios. Fue recibido con rechazo por los eventos de 2006 en San Salvador Atenco, cuando él era Gobernador del Estado de México.
Y en efecto, Atenco no se olvida. Ayer el gobierno de México lo volvió a sentir en Washington, cuando tuvo que dar respuestas puntuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre qué ha hecho para resarcir el daño provocado entonces.
Los estudiantes, como la CIDH, hacían referencia a lo ocurrido en San Salvador Atenco en 2006. Los días 3 y 4 de mayo de ese año se registraron enfrentamientos violentos contra comerciantes y campesinos que dejaron un saldo de 2 muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos. Además, de 26 mujeres fueron vejadas –muchas de ellas violadas– por policías que tenían como misión resguardar el orden.
Los policías, según los testimonios, se convirtieron en salvajes. Pero, a pesar de las críticas y las demandas internacionales, nadie ha obtenido justicia.
“Dejo muy en claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México. Que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz, y que en el tema lamentablemente hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el poder judicial”, dijo Peña Nieto en la UIA.
Y continuó: “Fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Sin embargo, días después, Genaro Góngora Pimentel, ex presidente de la SCJN, dijo que la institución que él presidió de 1999 al 2002 no avaló el operativo.
Ayer, después de siete años de denuncias y procesos de diversas organización de Derechos Humanos que piden justicia por la represión y violencia ejercida por el Estado mexicano contra los campesinos de San Salvador Atenco, el Gobierno de México propuso reparar los daños a las mujeres violadas sexualmente por parte de agentes policiales, tras admitir que se cometieron excesos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Ahora fue Lía Limón la que ofreció, otra vez, justicia.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ofreció disculpas a nombre del gobierno mexicano en Washington, por el exceso de fuerza y las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco.
Durante la audiencia que sostuvo la funcionaria en la CIDH, Lía Limón aseguró que “la voluntad del Estado mexicano de resolver esto como solución amistosa”.
“El Estado mexicano desea manifestar su profunda solidaridad con las víctimas, a partir del reconocimiento de que se violaron sus derechos humanos y expresamos nuestra voluntad para que se logre la reparación integral, y ofrecemos una disculpa pública por los excesos cometidos por las fuerzas del orden”, dijo Limón.
LA CUENTA PENDIENTE DE EPN
El ensayista e historiador Adolfo Gilly calificó el caso como “una represión que rebasó todos los límites de violencia por parte del Estado mexicano, dejando atrás acontecimientos como el 2 de octubre. ”Atenco ha rebasado todos los límites de represiones anteriores en las cuales hubo muertos, torturados, desaparecidos, encarcelados, contra los opositores políticos y organizaciones sociales”, dijo en la presentación del informe preliminar de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos/Caso Atenco en el 2006.
De acuerdo con la página de la SCJN, “en mayo de 2006 se dio un enfrentamiento violento entre policías, tanto federales como estatales, y vendedores de flores del Municipio de San Salvador Atenco que fueron desalojados de una plaza municipal y que posteriormente bloquearon la carretera Lechería –Texcoco”.
Los floricultores pidieron el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y, a las pocas horas, comenzó un serio enfrentamiento entre las policías federal, estatal y municipal, y los habitantes de la localidad, según reportes de prensa. Al día siguiente la policía entró a tomar el control de la situación. El saldo 2 muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos.
Entre los arrestados se encontraban varias mujeres, tanto mexicanas como extranjeras (dos españolas, una alemana y una chilena), quienes, tras ser liberadas, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual a manos de los policías durante su traslado al penal de Santiaguito, publica Efe.
“En el camión, me quitaron la ropa, y varios policías me pellizcaron los pezones, me golpearon los glúteos e introdujeron sus dedos, e incluso objetos, en mi vagina”, testimonió Italia Méndez, y explicó cómo, mientras temblaba, oía gritar a sus compañeras.
“Cuando llegamos al penal, me dejaron volver a bajar la blusa y subir los pantalones. Pensaba que nos iban a matar. Tenía la certeza de que nos iban a matar. Jugaban con nuestra mente, de modo que nos ponían en fila, nos contaban varias veces, y cada vez salía un número menor”, recordó durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Foto: Cuartoscuro
IMPUNIDAD
En la audiencia celebrada ayer, funcionarios mexicanos admitieron la “gravedad” de los hechos y propusieron alcanzar un “acuerdo amistoso” para reparar daño a las víctimas.
El subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo “pedimos la mediación de la CIDH para lograr una solución amistosa, que incluya una compensación, tratamientos psicológicos a las víctimas e incluso una disculpa pública del Gobierno por violaciones a los derechos humanos”.
El Gobierno también aseguró haber identificado y tomado las medidas correspondientes contra los 29 policías que participaron en el traslado de los detenidos y garantizó que estas “violaciones a los derechos humanos” no respondieron “a ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores”.
En julio de 2012, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado en el que dio a conocer que se había girado una orden de búsqueda, localización y aprehensión en contra de tres policías: Eduardo Vite Mendoza, Luis Cristóbal Sánchez Álvarez y Ricardo Consuelo Cruz por presunta responsabilidad en el delito de tortura en el caso San Salvador Atenco.
También se informó que los agentes Vite Mendoza y Consuelo Cruz habían sido puestos a disposición del Juzgado que ordenó su aprehensión e ingresaron al penal estatal de “Santiaguito”en Almoloya de Juárez, donde continuarían su proceso legal.
Este mismo día, el gobierno del Estado de México afirmó ante un comité de expertos de la ONU que antes de que terminara el año podría haber procesados por los abusos sexuales cometidos en 2006 contra 26 mujeres tras manifestaciones en el poblado de Atenco. Tres meses después que inició el 2013, el caso sigue tan endeble como al principio con la diferencia que al fin fue atendido en la CIDH.
Para Amnistía Internacional han sido inadecuados e insuficientes los esfuerzos que los gobiernos federal y del Estado de México han realizado hasta ahora para sancionar a funcionarios responsables de violar derechos humanos en San Salvador Atenco. Aunque celebró que el caso se haya retomado en la CIDH.
En una declaración pública emitida el año pasado, AI señaló que sólo dos policías fueron consignados por delitos menores y luego absueltos. Tras hacer una amplia revisión de las acciones realizadas por el gobierno federal y del Estado de México, así como por diversas autoridades judiciales, Amnistía concluyó que los esfuerzos no han dado los resultados que se esperaban.
SIN DISCULPAS
Después de siete años de recorrer diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso Atenco se atendió en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde el asunto se litiga desde el 2008.
En la audiencia y tras dar su testimonio, Italia Méndez leyó un texto en el que rechazó las disculpas del Estado mexicano.
“No vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco”, dijo.
Durante la audiencia, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García , aceptó que las violaciones a derechos humanos a las mujeres de Atenco, “ameritan una reparación integral y ofrecer una disculpa pública”.
Pero Italia Méndez insistió en que el tiempo para reparar el daño dentro del Estado mexicano había pasado, y que ello fue el motivo por el que se recurrió al CIDH.
“No nos busquen para buscar una reparación de daño”, advirtió Méndez y dijo que los únicos interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que las representaban.
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