Las maestras, la maestra- ¿Más Estado es más seguridad?: en defensa de la autonomía indígena

Las maestras, la maestra

Gabriela Rodríguez

Con descomunales las desigualdades que existen hoy, a más de 100 años de que la dirigente alemana Clara Zetkin invitara a celebrar, en la segunda Conferencia Internacional Socialista de Copenhague, un día dedicado a los derechos de las mujeres trabajadoras. Porque la agenda del feminismo es una agenda contra las desigualdades todas, y resulta increíble que todavía hoy tengamos que subrayar la manera en que la discriminación hacia el sexo femenino sigue impactado las condiciones en que viven las mujeres.

 
Hay una mayoría de mujeres docentes, no sólo porque la cultura valora la educación de los niños como una extensión del rol materno, sino en particular porque sigue concentrándose el trabajo doméstico en ellas, y al considerar que el horario de las escuelas es menor al de otros empleos, resulta una opción para muchas mujeres, aunque no sea esa su vocación. El porcentaje de docentes del sexo femenino es amplísimo en los primeros niveles de la educación básica y va disminuyendo conforme se avanza de grado, hasta alcanzar menos de la mitad en los niveles más altos: en el nivel prescolar 97.9 por ciento son mujeres educadoras, en primaria 65.9 por ciento, el porcentaje en secundaria es de 47.2, mientras que en bachillerato y normales es de 44.
 
Gran cantidad de esas maestras trabajan en las áreas rurales, muchas de las cuales he tenido oportunidad de conocer en los proyectos que trabajo. Ellas reciben un ingreso de 4 mil 500 pesos mensuales y están conscientes de que ese ingreso es muy bajo, lo aceptan porque el horario es corto, de cuatro a cinco horas diarias, lo cual les permite recoger a sus hijos, llegar a hacer la comida, ayudar a las tareas, limpiar la casa y demás. Algunas dejaron de trabajar en las escuelas cuando se hicieron madres, así que cuando crecieron sus bebés o cuando se separaron regresaron a solicitar trabajo, pero entraron en una competencia desventajosa frente a las y los docentes que ya tenían años de experiencia, lo cual algunas veces las llevó a tomar grupos escolares sin plaza y con mínimas condiciones salariales. Hay otras docentes que también trabajan en las zonas rurales y semiurbanas pero ganan el doble (como 8 mil pesos) y tienen plaza, algunas de ellas me contaron que lo lograron porque decidieron participar todo el año, incluyendo los fines de semana, en las jornadas electorales del candidato que les asigna el supervisor de la SEP o del SNTE, y así pudieron acceder a esa significativa recompensa.
 
Después de la captura de la maestra –aquí el singular toma el significado de ex líder del SNTE–, se habla de un desfalco de 2 mil millones de pesos. Lo más significativo: los invirtió Elba Esther en propiedades lujosísimas, diamantes y obras de arte; además se han pagado cursos en California sobre técnicas electorales a secretarios de las secciones sindicales. Tan sólo en tiendas de ropa señalan 22 pagos por más de 2 millones de dólares a su tarjeta de crédito por compras en Neiman Marcus. Nadie como la maestra nos ha enseñado tanto sobre marcas de ropa internacionales, un saber tan sustancial para el desarrollo de las niñas de México: ¿tal vez puedan llegar a ser secretarias de Estado, primeras damas o senadoras? Que son quienes usan esas marcas, además de Mónica Arriola Gordillo, la hija de la maestra y actual secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género.

 

Todas las mujeres deberíamos exigir que confisquen los bienes de la maestra, y de tantos otros políticos defraudadores, para que se dirigieran esos fondos a mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Ampliar el horario de las escuelas puede ser un beneficio para las maestras: ellas podrían ganar más por las horas extras, y el resto de las madres podrían acceder a trabajos de horarios más largos y mejor pagados, mientras sus hijos atienden las clases. Todos los candidatos, incluyendo a EPN, se comprometieron a abrir escuelas de tiempo completo; creo que para que se cumpla, se podría atacar la corrupción en todos los frentes, y recuperar los recursos del Estado.

 

Porque el tema educativo y económico es clave para el crecimiento de las mujeres y para el desarrollo de las sociedades. Aunque todos los candidatos se comprometieron con una agenda de género, hasta hoy no parece ser una prioridad, ni en el ámbito nacional ni en el local. Importante, que las mujeres de Morena decidan organizar este 8 de marzo una manifestación en Hacienda para evitar que se incremente el IVA a la comida y las medicinas; y que las feministas de la ciudad de México decidimos declinar la invitación a la celebración organizada por el Instituto de las Mujeres del DF, porque Miguel Angel Mancera no ha respondido a múltiples llamados para acordar la agenda de género de esta ciudad.

 

En el Día Internacional de las Mujeres quiero dedicar esta colaboración a las maestras de las escuelas de México.

Twitter: @Gabrielarodr108

grodriguez@afluentes.org

 

¿Más Estado es más seguridad?: en defensa de la autonomía indígena

R. Aída Hernández y María Teresa Sierra*

En las semanas recientes el debate en torno a los grupos de autodefensa que se han formado en distintas regiones del país ha ocupado los espacios de la prensa nacional. La proliferación de grupos de ciudadanos que se organizan para defenderse ha puesto una vez más en evidencia el fracaso del modelo de seguridad y de justicia del Estado mexicano, un modelo marcado por la corrupción y la participación directa de las fuerzas de seguridad en las esferas del crimen organizado que dicen combatir. Este debate, sin embargo, se ha caracterizado por la falta de matices en torno a las experiencias de organización comunitaria, sin diferenciar los procesos institucionalizados de justicia indígena, de larga data, de aquellas experiencias en las que los ciudadanos de manera espontánea deciden armarse para enfrentar la inseguridad.

 
Es preocupante la forma en que estas representaciones de la justicia indígena como incivilizada y al margen del Estado puedan ser utilizadas para restringir los espacios de autonomía que se han logrado a partir de las luchas de los pueblos indígenas. El manejo mediático de esta problemática plantea la siguiente interrogante: ¿quién se beneficia de la fusión de ambos debates y de la homologación de toda expresión local de apropiación de mecanismos de seguridad y de justicia bajo la categoría de autodefensas?
 
De manera recurrente se apela a la ilegalidad de todos los mecanismos de seguridad que se construyen fuera del Estado, abarcando con esto a la diversidad de experiencias de los pueblos indígenas. Hay que recordar que estos últimos ejercen tareas de seguridad y justicia desde una visión integral vinculada a la defensa de su territorio y se encuentran amparados en la legislación nacional e internacional que les reconoce derechos colectivos para el ejercicio de la libre determinación, respetando el marco constitucional. La autonomía purépecha en Cherán, las regiones autónomas zapatistas en Chiapas, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero (CRAC), entre otras, fundamentan su derecho a organizarse e impartir justicia en el artículo 2 constitucional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), signado por México desde 1991, y actualmente garantizado a partir de las reformas del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos (junio de 2011).

 

Estos reconocimientos, si bien limitados para garantizar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, han sido el resultado de décadas de luchas y sería muy grave que se dé un retroceso en nombre de la seguridad del Estado. Las experiencias de justicia comunitaria indígena vigentes han mostrado ser más efectivas en sus formas de resolución de conflictos, y sus aportes a los nuevos mecanismos de justicia oral han sido ampliamente reconocidos. Las autoridades y policías comunitarias están expuestas a una permanente vigilancia colectiva que exige transparencia y rendición de cuentas. Paralelamente, las medidas de armonización colectiva y búsqueda de acuerdo, que evitan las sentencias carcelarias por medio de procesos de reducación, han permitido la reintegración social de quienes delinquen, de una manera más efectiva que el amplio y oneroso aparato penitenciario del Estado.

 

En lugar de aproximarse a la diversidad de procesos de protección o de seguridad comunitarias, es preocupante ver que los debates públicos tienden a relacionar experiencias autonómicas de los pueblos con autodefensas, y éstas con procesos cercanos al paramilitarismo. Ello refuerza una tendencia antiautonomía de los pueblos y presenta al Estado como la única solución ante la falta de seguridad. Se parte de la premisa de que más Estado es más seguridad, sin reconocer que en muchas regiones los grupos de poder locales que participan en las instituciones estatales se benefician política y económicamente de la inseguridad. Esto ha sido denunciado de distintas maneras por los pueblos indígenas organizados, de ahí su desconfianza ante las fuerzas de seguridad y su rechazo a ser institucionalizados como un cuerpo más del aparato estatal. Más que limitar las autonomías de los pueblos indígenas en nombre del estado de derecho, hay que recordar que las raíces del problema de violencia social que enfrentamos residen en parte en que las instituciones del Estado no sólo no garantizan condiciones de seguridad para la población local, sino son partícipes activos en la violencia actual.

 

* Este artículo se preparó en colaboración con Mariana Mora y Rachel Sieder, todas integrantes del equipo de antropología jurídica de CIESAS-DF.