Astillero
Michoacán, a la deriva
Motivos de salud
Sabido lo de Vallejo
Someter gobernadores
Julio Hernández López
EXEQUIAS EN VENEZUELA. El presidente de Cuba, Raúl Castro, hace un saludo ante el féretro que contiene el cuerpo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en la academía militar donde se le rinden honores. Junto a Castro aparecen Rosa Virginia Chávez, hija del fallecido mandatario, y el vicepresidente Nicolás Maduro
Foto Ap
El tema de las enfermedades y las adicciones genera en los políticos mexicanos un secretismo casi de Estado (y no sólo en nuestro país: véase el caso reciente de Hugo Chávez). Como si fueran seres con garantía extraterrestre de salud, o estuviesen blindados contra la adquisición y desarrollo de vicios, cierran la puerta a cualquier forma de indagación seria de sus padecimientos, aunque los indicios disponibles generen rumores de peor impacto que el conocimiento exacto de los males en cuestión.
En Michoacán era un secreto no a voces, sino a gritos, la mala salud de Fausto Vallejo Figueroa, el priísta nacido el 17 de mayo de 1949 en Morelia que logró recuperar para el PRI la gubernatura de un estado que, a nombre del PRD, había tenido en el poder a Lázaro Cárdenas Batel y a Leonel Godoy Rangel. Como en otras entidades del país, los desvanecimientos de salud del titular del Poder Ejecutivo provocan que los secretarios generales de gobierno u otros funcionarios maniobreros asuman funciones informales de sustitución y que las camarillas de poder desaten guerras internas por el control del timón suelto. Casos ha habido en que los mandatarios estatales han recurrido a la difusión, mediante boletines de prensa y fotografías adulteradas, de presuntas reuniones de trabajo con sus colaboradores, mientras ellos daban continuidad a largas fiestas pasadas por alcohol y otros estimulantes, o viajaban por el extranjero en función de gustos personales o familiares, o se sometían a tratamientos médicos ocultados a la población.
Vallejo ha decidido dejar por algunos días el gobierno, que asumió en febrero del año pasado, para someterse a exámenes médicos. Sería interesante saber si los signos de las enfermedades que le aquejan eran conocidos por él cuando aceptó ser candidato al gobierno de Michoacán, pues justamente uno de los puntos de interés público respecto a la salud de los políticos estriba en su viabilidad para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades adjudicadas en las urnas. María Elvia Amaya, quien fue esposa de Jorge Hank Rhon, aceptó una candidatura del PRI a una diputación federal por la vía de la representación proporcional, que ganó, a pesar de que sufría una enfermedad que terminó con su vida una semana después de que había rendido protesta en San Lázaro. Quien había sido secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, fue penosamente llevado por el PAN al Senado a pesar de que se conocía al detalle su quebrantada salud.
Las circunstancias del gobernador de Michoacán encajan con propiedad en los planes de rediseño político generalizado que abriga el peñismo. Los gobernadores son otro de los poderes fácticos que la restauración del cesarismo pinolero necesita redimensionar. Frente a la precariedad política del panismo amateur que durante 12 años se instaló en la casa presidencial, los gobernadores se constituyeron en factores de amplísima y retadora capacidad de acción. Muchos de tales priístas se regalaron en esa docena de vacío federal la imposición de personajes menores de la política local como gobernadores-guardaespaldas.
Peña Nieto, quien se benefició de esa manga ancha de los mandatarios estatales a la hora de financiar su precampaña y luego su campaña presidencial, hoy tiene en Michoacán una oportunidad de comenzar a instalar sus piezas propias en el tablero de los estados, aunque deberá esperar a que se defina la gravedad de los males de Vallejo y jugar con los tiempos para definir el tipo de sustitución o elección que deba realizarse.
Lo peor para Michoacán sería quedar en un paréntesis de abandono, en el que Vallejo deba continuar formalmente como gobernador, para no convocar a comicios y dejar al Congreso dominado por priístas el cumplimiento de la orden de sustitución que llegara de Los Pinos. Esa situación de peligrosa indefinición, en una entidad donde grupos del narcotráfico presumen de haber colaborado sustancialmente para el triunfo del priísmo y por ello imponen sus leyes en determinadas regiones, ya tuvo ayer mismo un episodio que afortunadamente no generó una tragedia, cuando miembros del Ejército detuvieron a decenas de integrantes de una de las policías comunitarias, presuntamente infiltrada por miembros de un cártel delictivo. Del asunto no fue informado el secretario general de gobierno sino tiempo después y de manera sucinta. ¿Quién manda hoy de verdad en Michoacán? ¿Cuáles otros gobernadores están en similares problemas de salud que podrían incentivar a Los Pinos a tratar de empujar sustituciones?
Astillas
Desde Hermosillo, Sonora, el doctor Arnulfo Castellanos Moreno dice que
la afirmación apresurada de Mauricio Mora Pale, publicada ayer en esta columna, contra la posibilidad de inducir el cáncer a alguien como Hugo Chávez (según previamente había sido señalado por Nicolás Maduro),
no respalda la formación científica que se presupone de la lectura de su currículum. Menciona Castellanos por correo electrónico algunas maneras fáciles de provocar enfermedades terminales, pero pide no reproducirlas aquí porque podría parecer una invitación a cometer delitos. Añade:
hay decenas de formas como éstas para perjudicar a alguien, especialmente si su política hace multiplicar por cinco los precios del petróleo, o promueve la integración de varios países de un patio trasero.
Y, mientras los corresponsales españoles en Nueva York han obligado a la ministra de salud, Ana Mato, a aceptar preguntas en una
rueda de prensaa la que la funcionaria pretendía llegar solamente a leer un comunicado oficial (ese ejemplo debería ser reproducido en México, donde abundan esas
conferencias de prensaque atentan contra la esencia informativa representada por las preguntas y las respuestas. El planteamiento es sencillo: sin respuestas, no hay periodistas. Y, si no, plantón a los políticos y funcionarios tramposos), ¡feliz fin de semana, con Jesús Murillo Karam precisando que Andrés Granier no está en la lista presentada por Arturo Nuñez de presuntos responsables de saquear las arcas tabasqueñas!
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Como Poncio Pilatos-Rocha
El enigma develado
Adolfo Gilly
Personas vestidas de civil portando cadenas y un guante negro, fotografiadas dentro del cerco de la Policía Federal en San Lázaro por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el primero de diciembre de 2012
Foto tomada del Facebook del movimiento #YoSoy132
"Los hechos violentos en la ciudad de México el día de la toma de posesión de la Presidencia de la República por Enrique Peña Nieto fueron producto de una bien preparada provocación contra la ciudad, sus habitantes, el movimiento estudiantil y la vida democrática. Quedarán registrados, al igual del afamado ‘error de diciembre’ de 1994, como la ‘provocación de diciembre’. Múltiples testimonios estudiantiles y ciudadanos sustentan el relato que sigue.”
Así comenzaba el artículo-crónica titulado
La provocación del primer día, que el 17 de diciembre del pasado año publiqué en estas páginas, documentando los hechos con testimonios verbales y gráficos.
Uno de los más notables, entre muchos otros, era una foto de dos sujetos que, según los propios jóvenes manifestantes, venían en el contingente de Acampada Revolución, uno gordo con cadena al cuello, otro narizón con guante negro en una mano. En la foto esos personajes aparecen al otro lado de la valla metálica, conversando con los elementos de los cuerpos de seguridad desde donde partió la violenta represión contra los manifestantes. La imagen fue publicada en La Jornada junto a un artículo de Julio Hernández López. Es la siguiente:
Si las autoridades quieren sus nombres, no tienen más que buscarlos en sus registros, agregaba mi escrito en La Jornada.
Otros artículos –una entrevista de Julio Hernández López a un elemento de la policía capitalina ( La Jornada, 10 de diciembre de 2012), varios escritos de Ortiz Tejeda– también documentaron estas denuncias sobre los sucesos de ese día inaugural. Mi escrito de ese 17 de diciembre concluía así:
No veo razón para que el nuevo jefe de Gobierno, y con él la ciudad entera, acepte heredar las consecuencias de las grandes provocaciones del primero de diciembre contra la ciudad, los estudiantes y el gobierno capitalino entrante días después, el 5 de diciembre.
En ediciones posteriores, La Jornada informó que el gobierno de la ciudad de México estaba investigando los sucesos del primero de diciembre y que pronto habría respuesta sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en esa fecha.
* * *
Ayer, jueves 7 de marzo, el periódico electrónico Aristegui Noticias (http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/ssp-df-reserva-informacion-sobre-el-operativo-del-1d/) publicó la siguiente información:
“La Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP-DF) decidió calificar como reservado el plan operativo del primero de diciembre de 2012 –por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto– que terminó con disturbios y decenas de detenidos en la capital.”
Según dicha nota, un ciudadano solicitó a la Oficina de Información Pública de esa dependencia un informe sobre el plan puesto en ejecución por la policía durante la toma de posesión presidencial: “La SSP-DF respondió que la jefatura del Estado Mayor –quien se encarga de cuidar al Presidente de la República– propuso clasificar la información requerida por el solicitante como de acceso restringido en su modalidad de reservada”.
En otras palabras: 1) La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal hizo una investigación sobre el plan operativo del primero de diciembre de 2012. 2) Esa investigación dio resultados sobre el desarrollo de los sucesos, tanto en San Lázaro como en los destrozos planificados de avenida Juárez y la Alameda. 3) Esos resultados dan respuesta a las múltiples inquietudes, presunciones, indicios y testimonios sobre el origen de la violencia y la presencia de provocadores profesionales en San Lázaro y en la Alameda para desencadenar y atizar enfrentamientos y destrozos. 4) Pero esa información no se puede dar a conocer por decisión de
la jefatura del Estado Mayor, quien se encarga de cuidar al Presidente de la República.
Así, lo que el Gobierno del Distrito Federal responde es:
Investigamos y ya sabemos cómo fue y quién fue, pero no lo podemos decir por decisión del Estado Mayor de la Presidencia de la República.
¿Entonces?
Entonces el enigma de quién fue responsable y en qué ámbitos se diseñó la absurda violencia desencadenada en el día inicial de la presidencia de Enrique Peña Nieto está casi develado. A su debido tiempo no dejarán de saberse los detalles.
Los profes del SNTE-Fisgón
Política de mando unificado: peligroso experimento
Jorge Carrillo Olea
Como cascada, producto de alguna vuelta a la tuerca, no son pocos los gobernadores que han dado ya formalidad a la creación de la llamada Policía de Mando Unificado, incluido Eruviel Ávila, que se oponía firmemente a ello. Han quedado ya atrás los argumentos en contra, lo que hoy importa es que hacerlo sin un proyecto profesional ha creado un peligroso abismo de efectos políticos y sociales altamente lesivos: se está echando a andar un supuesto mecanismo de prevención y elemental control del crimen con una estructura jurídica, reglamentaria, orgánica, funcional, administrativa y presupuestal que si algo tiene es que no existe.
Se topará con numerosos obstáculos: 1. Su contradicción con el mandato constitucional que da en su artículo 115 las facultades sobre seguridad pública al municipio. 2. Someter al mismo criterio a disímbolos estados. En varios estados, por el número de municipios el proyecto será menos complejo, Quintana Roo con 10, Baja California cinco, pero más agudo en Puebla con 217, Veracruz 212, Chiapas 122, para no hablar de Oaxaca 570. Los números de las policías municipales en ellos son inmanejables.
3. Los métodos y la capacidad de determinar el control de confianza son inconfiables e insuficientes. La ausencia de poligrafistas suficientes y calificados ha sido denunciada por los gobernadores. 4. Las capacidades operativas son tan disímiles, si es que existen, que es de grave preocupación si se piensa en que las ex policías municipales podrían operar unidas. 5. Sus códigos de procedimientos sistemáticos ante cada caso de delito potencial o flagrante, no existen en 90 por ciento de los casos. 6. Sus códigos de entendimiento profesional y sus equipos son incompatibles, principalmente el de telecomunicaciones, el armamento y municiones.
7. Para surtir sus numerosas bajas no existen instancias de formación. Operan numerosas, y aunque algunas en lo externo sean impresionantes (Puebla), las más operan sin planes, profesorado suficiente y de calidad, sin rendimiento satisfactorio. 8. No hay capacitación alguna en por lo menos para las cinco o seis especialidades que una policía estatal debería tener.
9. Sus regímenes administrativos municipales no podrían ser más disímiles: las hay que no tienen cobertura de seguridad social, otras son atendidas por el IMSS, mientras que las hay por el Issste o por instancias estatales. 10. Los regímenes salariales, prestaciones y acreditación de derechos de antigüedad son un caleidoscopio de diferencias. 11. No hay autoridades intermedias ni superiores que asuman tareas de mando, coordinación y control, que son la esencia de un cuerpo. 12. Se carece de infraestructura física que es vital, como cuarteles, campos de tiro y entrenamiento, o servicios médicos propios.
13. Los
conveniosque han firmado algunos gobernadores con algunos de sus presidentes no han sido publicados para su efecto en las gacetas oficiales, por ende la relación pactada no existe.14. Carecen de proyectos de operación, no se advierte ninguna norma para hacerlo, en nada participa la sociedad y sus intereses. 15. Sí son cuidadosos en cómo se distribuirán los dineros federales. El famoso Ramo 33 en su Fondo IV Seguridad Pública y el Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun) debidamente compartido salvó las diferencias presidente municipal/gobernador. 16. Las garantías de la eficiencia del proyecto que da un sistema de evaluación y control no aparecen en ningún lado. 17. No existe ni a nivel federal ni estatal un presupuesto basado en recursos frescos para acometer esta tarea, que para la proporción financiera de cada estado es enorme.
Todo esto debería haberse contemplado antes de iniciar la aventura. Ahora estamos ya en ella y no es lo peor, lo peor es que la publicitamos como si fuera una vara encantada que su sola enunciación significara una fundada esperanza. No es así: la improvisación, la precipitación, siempre fueron anticipos del fracaso.
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