Por qué EPN sí pudo con Elba Esther
Por: Alejandro Páez Varela - marzo 4 de 2013 - 0:00
COLUMNAS, Historia de unos días - 15 comentarios
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¿En una pila de qué estaba parada Elba Esther Gordillo como para sentirse gigante durante los dos los sexenios panistas? Sabemos por qué hizo lo que hizo (construir un imperio financiero, fundar un partido, amenazar a funcionarios federales y retar a varios candidatos presidenciales), pero, ¿con qué licencia?
La pila se llama información; la licencia se la ganó como cómplice. Derrotó a Vicente Fox y a Felipe Calderón antes de que siquiera asumieran la Presidencia. Y dicho por ellos, dicho por otros panistas: recurrieron a sus oficios para que operara políticamente y el “haiga sido como haiga sido” tuvo consecuencias. La señora se les subió al lomo y un alacrán en el lomo, pica. Así de simple. Aunque hunda a la rana que le ayuda a cruzar el charco, pica.
Eso responde en parte por qué Enrique Peña Nieto sí pudo actuar contra ella. Él no la necesitó para las elecciones de 2012, como Fox en 2000 y Calderón en 2006. Entonces “La Maestra”, armada de quién sabe cuánta información confidencial de los dos panistas, les plantaba jetas, les gritaba, manoteaba, se oponía, castigaba. Les imponía. La corrupción ató las manos a dos gobiernos del PAN.
Ahora resulta que la señora se hizo rica en los últimos dos meses. Que en 12 años no vieron lo que todo mundo vimos. Ajá.
En 2012, Elba Esther se puso ambiciosa; no midió sus fuerzas. Estaba ciega y sorda de poder. Llegó a un buen acuerdo con Humberto Moreira pero no lo pudo sostener con Pedro Joaquín Coldwell porque era abusivo. Qué asombroso cómo alguien que teje y teje maldad en lo oscurito no sabía que se estaba echando la soga al cuello. Se fue sin Peña Nieto a la elección. Eso, y las viejas cuentas de 12 años, la hundieron. Imagínense cómo bailaba Emilio Chuayffet el martes pasado; imaginen las celebraciones de los viejos priistas. Al quedarse fuera en 2012, Elba Esther se quedó sin información para chantajear o, por lo menos, para salirse del radar.
Ahora hay un rumor constante: que Los Pinos y Televisa-TV Azteca están distanciados. Un par de veces, se dice, las televisoras enviaron su extrañamiento por temas como el dinero, y en sendas ocasiones se les dijo que es lo que hay. Hay un rumor en el mismo sentido, pero con Carlos Slim. Y otro que dice que Carlos Romero Deschamps ha planteado su desacuerdo con una posible Reforma Energética. Tan fuertes son los rumores que algunas calificadoras de riesgo, que miden el desempeño de las empresas, lo han reseñado en sus reportes.
Acostumbrados a imponerse, los poderes fácticos están empezando a darse cuenta que se alinean o… se alinean. Por primera vez en doce años. No son amenazas: es presión. Porque el Estado –es el mensaje con el arresto de Elba Esther Gordillo– no amenaza: actúa. Así que enviar mensajes a Los Pinos ya no parece tan buena idea. Parece un atrevimiento. El mensaje es que van a bajarse del tren porque van a bajarse. Y a comportarse. Y a dejar de pensar que son parte del gobierno o que pueden imponerse. Si Peña Nieto quiere, no habrá telebancada. Y si Peña Nieto quiere, el Panal sigue como partido, o se acaba. Y si Peña Nieto quiere, se abren las telecomunicaciones y otros sectores a la competencia. Tiene bono para hacerlo, incluso con ayuda o sin ayuda de la oposición. Ese es el mensaje. Y los sindicatos regresarán a su rol: el de estar al servicio del Presidente y los intereses de su equipo.
Dos veces escribí sobre esto, antes y después de la elección. Era previsible. Los priísta saben para qué es el poder.
Romero Deschamps tendrá impunidad si se pone al servicio del PRI. Las televisoras podrán mantener su máquina generadora de dinero pero ya no gobernarán. Y de allí en adelante, todos deben suponer su subordinación al Estado priista. Sobre todo los que le deben algo.
¿Qué esperar? Sencillo: síganle la pista al salinismo. Sigue un empresario grande; sigue, si se deja, un narco grande. Sigue, si es necesario, un Gobernador. O alcaldes. Se trata de poner el ejemplo con quien se requiera. Se trata de una operación para poner a todos en su lugar.
En ese sentido, también querrán poner “orden” –alinear, someter– a la prensa que les sea incómoda. Nadie piense ni por un segundo que eso no sucederá. ¿Alguien recuerda siquiera qué es la prensa en el Estado de México? Con respeto para los colegas del Edomex, eso es lo que quieren: una prensa desdibujada. Apenas la necesaria, pero que suene rico. Que baile con el danzón que se les pida. Ya sucede con una cantidad asombrosa de medios. Pues quieren más, y van por más.
Y ellos dirán: qué, ¿prefieren un país lleno de Elba Estheres sin control? Y desgraciadamente la respuesta es que no, que no queremos más Elba Estheres.
Fox y Calderón hicieron un daño incalculable. No sólo afectaron al PAN: en su mezquindad, dañaron a los ciudadanos y las causas de los ciudadanos.
***
Ya lo decía: el PRI quiere 18 años, por lo menos. Alguien cercano me dijo que estaba loco; que eso era atreverse a demasiado.
Pues veremos cómo se merman nuestras libertades. Aunque muchos digan que no es cierto, terminarán por tomar al IFE, al IFAI, a los órganos de transparencia o de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación. Todo a cambio de gobernabilidad, todo con cargo a “ciertas libertades” que el PRI nunca consideró necesarias.
Como la libertad para expresarnos como queramos. Como la libertad para elegir a nuestros gobernantes sin presión alguna.
Y esas son sólo algunas de las que tienen en la mira. Quieren todo. Van por más. Ya lo verán.
@paezvarelawww.alejandropaez.net
IFAI: autónomo, independiente y legítimo
Por: Haydeé Pérez - marzo 4 de 2013 - 0:00
FUNDAR en Sinembargo, LOS ESPECIALISTAS - Sin comentarios
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Los niveles de transparencia y acceso a la información pública de los que gozamos actualmente en México son envidiables para muchos países, en donde no es posible tener acceso a información gubernamental básica como los sueldos de los y las funcionarias o el presupuesto asignado a las instituciones públicas. Durante muchos años, México fue un referente en América Latina en esta materia. El marco normativo de protección del derecho fundamental de acceso a la información, los órganos garantes de la transparencia y los sistemas electrónicos para acceder a la información pública son elementos de un sistema de acceso a la información que ha sido reconocido a nivel internacional.
Lo anterior no significa que no tengamos graves pendientes y fuertes desafíos en la materia. La opacidad en torno a la masacre de 72 migrantes en el poblado de San Fernando en Tamaulipas[1] o de los créditos fiscales cancelados en 2007[2] nos recuerdan las resistencias que persisten en nuestro país para abrir información que por sus características debería ser pública. No obstante, debemos reconocer que el desarrollo de la transparencia y el acceso a la información han tenido un vertiginoso desarrollo en la última década y que actualmente estamos en una coyuntura positiva para atender las fallas estructurales y fortalecer el sistema nacional de acceso a la información.
En el periodo legislativo anterior, las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México (PRI/PVEM), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron tres iniciativas de reforma al artículo sexto constitucional que fueron ampliamente discutidas y aprobadas mediante un proceso deliberativo transparente, incluyente y participativo. Si bien la minuta que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados tiene aspectos que podrían ser mejorados, representa un avance significativo para el ejercicio y la protección del derecho de acceso a la información en México[3].
Dos de los aspectos más importantes contenidos en esta minuta es que dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y modifica el procedimiento de nombramiento de las y los comisionados. Pero, ¿por qué dotar de autonomía constitucional al IFAI? Y, ¿cómo impacta el proceso de nombramiento de sus titulares en el desempeño de esta institución?
La multiplicación de organismos autónomos, descentralizados o desconcentrados en nuestro país es reflejo de una corriente internacional de la administración pública que busca dar respuesta a ciertos problemas públicos con la creación de instituciones relativamente independientes y especializadas. En el caso del IFAI, la necesidad es muy clara: contar con un órgano especializado –eficaz y eficiente– capaz de velar por el derecho de acceso a la información de las personas. Para lograr esta meta es indispensable garantizar la independencia de sus decisiones de la intervención política directa y de las presiones de los poderes formales y fácticos para de esta forma garantizar su legitimidad y confianza.
De acuerdo con Juan Linz, profesor emérito de ciencia política en la Universidad de Yale, en un régimen democrático se puede entender la legitimidad como “la creencia de que las instituciones políticas existentes, a pesar de sus defectos y fallos, son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas” y por lo tanto, pueden exigir obediencia. Es decir, la relevancia de la legitimidad del IFAI está directamente relacionada con su capacidad para hacer cumplir sus decisiones.
La legitimidad de los gobiernos y de las instituciones tiene en términos generales dos fuentes: su propio origen y su desempeño. Para el caso de instituciones como el IFAI, el aspecto de la legitimidad de origen es central. Si bien sus titulares no son electos por el voto popular, la manera en la que llegan a esos puestos puede generar actitudes positivas o negativas hacia la propia institución. La legitimidad es además un aspecto nodal, porque por la naturaleza de sus funciones sus titulares pueden emitir resoluciones que contravengan los intereses de sectores importantes de la sociedad. Para enfrentar esas resistencias, en ocasiones feroces, su legitimidad se convierte en un capital valioso.
Por otro lado, Peter Evans, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de California en Berkeley, en su teoría del Estado como agente de transformación social, propone el concepto de “autonomía arraigada” o “autonomía con arraigo”. Ahí, el autor explica que para lograr producir bienes colectivos, el Estado debe tener grados adecuados tanto de autonomía burocrática como de arraigo social; es decir, la medida en la que está involucrado con la sociedad. Autonomía para protegerse y aislarse de intereses particulares y evitar su captura, pero con arraigo en la sociedad para contar con fuentes de inteligencia y conocimiento, así como canales de implementación que fortalecen su propia capacidad.
En este sentido, uno de los aspectos más relevantes para que el IFAI logre contar con “autonomía arraigada”, independencia de los poderes establecidos y fácticos y legitimidad, y por lo tanto tener más posibilidades de realizar un buen desempeño, es el proceso de nombramiento mediante el cual sus titulares llegan a ocupar el cargo. En México –y quizá en el resto de Latinoamérica– en el contexto de una transición democrática que se desarrolla con el telón de fondo de la imperante desconfianza en las instituciones, es indispensable atacar de frente los males que la transparencia y la participación puedan acarrear, y explorar seriamente como abrir los procesos de nombramiento y garantizar que lleguen los mejores perfiles –especializados e independientes– a ocupar estos puestos.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) establece actualmente que las y los comisionados son nombrados por el Ejecutivo Federal y limita el papel del Senado de la República a la posibilidad de objetar dicho nombramiento. Por su parte, la minuta pendiente de aprobación mejora considerablemente el proceso, ya que establece que el Senado, previa realización de una consulta amplia con la sociedad, realizará el nombramiento con la posibilidad de veto en dos ocasiones por el Poder Ejecutivo. Si el segundo nombramiento es objetado nuevamente por el Ejecutivo Federal, el Senado designará al nuevo comisionado o comisionada. Los artículos transitorios de dicha minuta establecen dos aspectos importantes: que las y los comisionados que actualmente conforman el IFAI pasarán a formar parte del nuevo instituto y seguirán en su cargo hasta concluir el mandato por el cual fueron nombrados; y, que el modelo de nombramiento será escalonado.
En este sentido, quedan dos desafíos importantes que impactarán en el buen desempeño del IFAI como el órgano encargado de velar por el derecho de acceso a la información de las personas en nuestro país. El primero se enmarca en el proceso de reforma constitucional: no permitir la adhesión de una artículo transitorio que implique la remoción total de las y los comisionados actuales –ni que vuelvan a pasar por el procedimiento de nombramiento–, como han propuesto algunos legisladores son pretexto de la “crisis institucional” que vive el IFAI. Lo anterior dejaría abierta la puerta a negociaciones partidistas. El modelo está diseñado para nombramientos escalonados, no para nombrar de un plumazo a las y los siete comisionados.
El segundo consiste en que el Congreso realice una deliberación transparente, plural y participativa para la creación de la Ley General de Transparencia y que ponga especial atención en la inclusión de elementos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en el proceso nombramiento para garantizar que lleguen los mejores perfiles a ocupar la dirección del instituto. Sólo de esta manera tendremos nuevamente un IFAI fortalecido que cuente no sólo con la autonomía formal otorgada por la Constitución, sino independiente y legitimo para que logre fungir como un contrapeso al poder y un verdadero garante del derecho fundamental de acceder a la información pública.
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