Una riqueza que crecía y crecía, a la luz pública
Gordillo. Corrupción solapada.
Foto: Benjamín Flores
Foto: Benjamín Flores
Su fama y fortuna quedaron en entredicho la semana pasada y Elba Esther Gordillo, la otrora líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación terminó en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Pero nada de lo que hoy se sabe es nuevo. Antes y después de haber alcanzado el liderazgo del sindicato magisterial, Elba Esther no tuvo ningún pudor para ostentar una riqueza que crecía sexenio a sexenio y que no frenaron ni presidentes ni jefes de Gobierno del Distrito Federal. Una y otra vez, Proceso dio cuenta pública de la fortuna incalculable de la maestra… y nada pasaba.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Elba Esther Gordillo Morales lucía un vestido Prada, zapatos Gucci y una bolsa Louis Vuitton original. Era el 13 de febrero de 2002 y la maestra buscaba la presidencia nacional del PRI, partido en el que militaba; orgullosa, estaba en plena campaña. El dinero fluía en su oficina y ello se reflejaba en su indumentaria: manos enjoyadas, cuello enjoyado, orejas enjoyadas…
Oriunda de Chiapas, donde inició su carrera, no ocultaba su riqueza, que incluía, entre otros inmuebles, una residencia en San Diego, California, un departamento en París y el penthouse de Polanco, en la Ciudad de México, donde vivía.
“Vivo bien –le comentó al reportero–. No soy todo lo rica que dicen. He invertido mis recursos; no me gusta vestir como pobre para esconder lo que tengo. No me avergüenzo de nada.”
Y siguió: “Mi abuelo Rubén Morales Trujillo fue fabricante de alcohol. Tuve una infancia de muchas carencias y una juventud de profundas necesidades. Lamento que entonces mi abuelo no haya actuado en justicia con mi mamá y con nosotros, que no se haya preocupado un poco más. Nos dejó 300 monedas de oro cuando murió; las supimos administrar”.
Cuando se le insistió sobre su fortuna, ya escandalosa para entonces, respondió: “No tengo nada ilícito, no tengo nada de qué avergonzarme en el terreno material”.
Y reiteró: “No he hecho negocios ni le he robado nada al sindicato. No he vendido casas, ni ando metida en el narcotráfico; tampoco en mafias”.
Once años después Gordillo Morales se encuentra tras las rejas, acusada por el gobierno de Enrique Peña Nieto de lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por el manejo de 2 mil 600 millones de pesos cuya procedencia se desconoce.
Pero esa suma es apenas el 2.5% de los 100 mil millones de pesos que recibió la maestra durante los 24 años que estuvo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estos recursos no sólo provinieron de las cuotas sindicales aportadas por el millón 400 mil agremiados, sino de recursos federales que depositó en tres fideicomisos de Banobras y de 61 propiedades registradas a nombre suyo, de su familia y de sus colaboradores, según consta en copias del Registro Público de la Propiedad (RPP).
La riqueza inmobiliaria
Durante una década Proceso ha investigado la descomunal riqueza de la maestra y su familia. Hoy, gracias a los documentos consultados se conoce la lista de las 61 propiedades mencionadas.
La primera de sus adquisiciones relevantes data de 1981, cuando Gordillo Morales, entonces diputada federal, pagó 3 millones 700 mil pesos por un penthouse en la calle Galileo 7, en Polanco, según consta en los folios 282351 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) del Distrito Federal y las actas de la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio del 7 de abril de ese año.
Su riqueza es tan inmensa como incalculable. Además de sus propiedades, tiene una valija de ropa millonaria, además de joyas, obras de arte, cuentas bancarias en Europa y el Caribe, autos, un barco a nombre del exdirector de la Lotería Nacional Francisco Yáñez, y residencias en San Diego, California, valuadas en varios millones de dólares (Proceso 1400).
De acuerdo con los registros de propiedad consultados por el reportero, la maestra comenzó a acumular bienes antes de llegar a la dirigencia del SNTE en 1989. Esto es, desde que fue diputada federal en los trienios 1979-82 y 1985-88; luego, desde la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato (1983-86), la Secretaría de Organización del CEN del PRI (1986-87) y como titular de la delegación Gustavo A. Madero (1988-89).
En la documentación consultada se menciona de manera constante a Francisco Arriola, con quien procreó a Mónica Arriola Gordillo, hoy senadora por el Panal.
En 1982 compró ocho oficinas en el condominio de la calle San Luis Potosí 193, en la colonia Roma de la Ciudad de México, según los folios del 278291 al 98 del RPPC del Distrito Federal.
En su libro Elba Esther: La dueña del SNTE el profesor José Escobedo Coronado, quien durante 10 años fue secretario particular de la dirigente defenestrada, revela que Francisco Arriola ha sido clave en el manejo de los dineros de la líder sindical. Por eso, dice, fue designado secretario de finanzas del sindicato y responsable de realizar pagos a los representantes sindicales de cada estado, así como a los empleados administrativos, asesores, reporteros, columnistas, directores de diarios y revistas y de los espacios publicitarios en los medios.
Además, él solía dar “gratificaciones a intelectuales por conferencias magisteriales, defensa de su figura y presencia, negocios de ventas de libros o revistas, y el pago correspondiente por los tirajes fabulosos de impresiones de libros que obligadamente deben llevar el logo de IESA que ella lógico también dirige”.
Entre los conferencistas e intelectuales citados por Escobedo en su libro están Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard, Alejandra Moreno, Jorge G. Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser, Enrique Krauze, Óscar Espinosa Villarreal, Héctor Aguilar Camín, Jorge Kahwagi padre y Ricardo García Cervantes, entre otros.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en circulación.
El turbio defensor de Elba Esther
Comparecencia en la rejilla de prácticas del Reclusorio Oriente. Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Además de ser un reconocido litigante, Arturo Germán Rangel, defensor de Elba Esther Gordillo, ha ganado notoriedad por obtener la libertad de sus clientes mediante “gestiones políticas” e “inverosímiles argucias legales”.
Este abogado trabajó en la red de despachos jurídicos e intereses políticos de panistas, como el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, los dos últimos, procuradores generales de la República.
Comenzó en los ochenta como pasante de derecho en la Quinta Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Ahí, de atender la barandilla, ascendió a mecanógrafo y se relacionó con Pablo Chapa Bezanilla, entonces agente del MP y bajo cuya sombra creció.
Hacia 1985 se convirtió en secretario de la Novena Agencia, donde también consiguió el nombramiento de agente del Ministerio Público. Después asistió a un diplomado en procuración de justicia en la UNAM y a dos cursos para la formación de agentes del Ministerio Público Especializado en la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia (Proceso 999). Con base en dicha preparación se le designó jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la delegación Miguel Hidalgo y luego subjefe de la División I de la Coordinación General del Ministerio Público Especializado.
Chapa Bezanilla ascendía vertiginosamente: a finales de los setenta y principios de los ochenta era agente del Ministerio Público. En 1983 fue jefe del Departamento de Averiguaciones Previas en la PGJDF para varias delegaciones. En 1986, director del Sector Sur de Averiguaciones Previas en el Distrito Federal. En 1989 ya era delegado regional de la PGJDF en Coyoacán y director de agentes del MP adscritos a juzgados de paz, de la Dirección General de Control de Procesos de la PGJDF.
De 1989 a 1991 Chapa fue delegado regional en Cuauhtémoc y en septiembre de 1992 –cuando el titular de la PGR era Diego Valadés– asumió la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJDF.
En 1994, a sugerencia del abogado Juan Valadez, Lozano Gracia recomendó a Chapa Bezanilla con el presidente Ernesto Zedillo, quien lo nombró subprocurador especial para investigar los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Jesús Posadas Ocampo.
Chapa le encargó el caso Colosio a Rangel.
Sin embargo el grupo de políticos-litigantes fracasó: Rangel impulsó la teoría del “segundo tirador”, con base en la cual Othón Cortés Vázquez, integrante del Grupo Omega que fungía como chofer en la comitiva del candidato presidencial del PRI, fue acusado de participar en su asesinato.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Este abogado trabajó en la red de despachos jurídicos e intereses políticos de panistas, como el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, los dos últimos, procuradores generales de la República.
Comenzó en los ochenta como pasante de derecho en la Quinta Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Ahí, de atender la barandilla, ascendió a mecanógrafo y se relacionó con Pablo Chapa Bezanilla, entonces agente del MP y bajo cuya sombra creció.
Hacia 1985 se convirtió en secretario de la Novena Agencia, donde también consiguió el nombramiento de agente del Ministerio Público. Después asistió a un diplomado en procuración de justicia en la UNAM y a dos cursos para la formación de agentes del Ministerio Público Especializado en la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia (Proceso 999). Con base en dicha preparación se le designó jefe del Departamento de Averiguaciones Previas de la delegación Miguel Hidalgo y luego subjefe de la División I de la Coordinación General del Ministerio Público Especializado.
Chapa Bezanilla ascendía vertiginosamente: a finales de los setenta y principios de los ochenta era agente del Ministerio Público. En 1983 fue jefe del Departamento de Averiguaciones Previas en la PGJDF para varias delegaciones. En 1986, director del Sector Sur de Averiguaciones Previas en el Distrito Federal. En 1989 ya era delegado regional de la PGJDF en Coyoacán y director de agentes del MP adscritos a juzgados de paz, de la Dirección General de Control de Procesos de la PGJDF.
De 1989 a 1991 Chapa fue delegado regional en Cuauhtémoc y en septiembre de 1992 –cuando el titular de la PGR era Diego Valadés– asumió la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGJDF.
En 1994, a sugerencia del abogado Juan Valadez, Lozano Gracia recomendó a Chapa Bezanilla con el presidente Ernesto Zedillo, quien lo nombró subprocurador especial para investigar los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y Jesús Posadas Ocampo.
Chapa le encargó el caso Colosio a Rangel.
Sin embargo el grupo de políticos-litigantes fracasó: Rangel impulsó la teoría del “segundo tirador”, con base en la cual Othón Cortés Vázquez, integrante del Grupo Omega que fungía como chofer en la comitiva del candidato presidencial del PRI, fue acusado de participar en su asesinato.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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