PRI: sin candados allana camino a EPN
Al quitar de sus estatutos el candado que se oponía a gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos y las medicinas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) deja libre la posibilidad de que el Ejecutivo federal, en este caso el Presidente priista Enrique Peña Nieto, pueda maniobrar un aumento de recursos desde esa vía y, además, proponer sus reformas hacendarias y a Petróleos Mexicanos (Pemex)
Eso sí, los priistas aseguraron que no, que ésta no fue una decisión para permitir más alzas, ya que un aumento al IVA merma los ingresos de los más pobres, afecta la economía familiar y a la planta productiva.
Sin embargo, con la eliminación de esos candados ha puesto la base para que Peña Nieto afine las pretendidas reformas y solidifique su Presidencia, aun con el costo social que representa una potencial alza de impuestos.
José Antonio González Fernández, quien durante la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del tricolor fungió como presidente de la mesa temática del Programa de Acción, destacó la necesidad de realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo, sin olvidar –insistió– que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación.
“Estamos por Pemex como una empresa productiva que se conserve como señala el Pacto por México, como propiedad del Estado, pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial”, dijo González Fernández.
No obstante, los estatutos aprobados en esta materia también abren la puerta para que Pemex y el sector energético mexicano en general se abran aún más a la apertura de inversión privada, una intención que será, sin duda, uno de los debates más férreos por venir con los legisladores de oposición.
Respecto a la Reforma Hacendaria integral, José Antonio González también ofreció una explicación al estilo priista: más que recaudatoria, dijo, será federalista, de ahí que se planteó ampliar la base tributaria para reducir la evasión y elusión fiscal, además, evitar que los subsidios no sean generalizados y que cualquier aumento a la recaudación se dirija al gasto social.
De esta forma, ahora la batalla pasa a manos de los legisladores del tricolor en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ellos son los encargados de convencer y buscar alianzas con sus homólogos del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues el PRI por sí solo no alcanza la mayoría para conseguir la aprobación de las reformas de EPN.
Por lo pronto, ya le hace ojitos al PAN, que es el partido más dispuesto a discutir el tema. En la última semana de febrero, su coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, afirmó que su bancada estará dispuesta a debatir sobre gravar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos, aunque eso no signifique que vayan a aprobarlo.
Del otro lado, entre las fracciones de la izquierda, tanto el PRD como Movimiento Ciudadano (MC) han rechazado esa posible propuesta e incluso, líderes del PRD difunden ya sus argumentos a la población de por qué no se debe gravar con este impuesto que afectaría más los pobres.
El PRI, pues, le ha allanado el camino a Peña Nieto. Sin embargo, aún falta por ver qué partido da su brazo a torcer y “compra” la oferta del Presidente y el tricolor, una decisión que implicará, sin duda, costos políticos importantes para el que ceda.
Impunidad, el verdadero motor de la violencia
Por: José Carbonell - marzo 4 de 2013 - 0:01
Carbonell en Sinembargo, LOS ESPECIALISTAS - 2 comentarios
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Hace unos días, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer dos informes sobre la violencia en México, que deberían ser analizados a fondo por los encargados de combatirla y por la sociedad en su conjunto.
En el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo, se incluye a nueve urbes del país: Acapulco (en segundo lugar, solamente detrás de San Pedro Sula, con una tasa de casi 143 homicidios por cada cien mil habitantes), Torreón (5º lugar mundial), Nuevo Laredo (8º), Culiacán (15º), Cuernavaca (18º), Ciudad Juárez (19º), Chihuahua (32º), Ciudad Victoria (36º) y Monterrey (46º).
La buena noticia es que Durango, Mazatlán, Tepic y Veracruz abandonaron este macabro ranking. La mala es que ingresó en él Ciudad Victoria.
El citado informe hace una mención especial a Ciudad Juárez. “El caso más relevante de reducción de los homicidios es el de Ciudad Juárez, urbe que durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010) ocupó el primer lugar mundial entre las más violentas del mundo y que en 2011 pasó al segundo lugar y en 2012 a la posición 19. Mientras que en 2010 Juárez alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en 2012 fue de 56: una baja de casi el 76%.” También señala a Tijuana: mientras que en el 2010 ocupaba el lugar número 22, para el año siguiente salió del ranking.
Sin duda, estas ciudades representan dos casos exitosos en el control y reducción de la violencia (aunque el número de homicidios en estas dos urbes continúa siendo inadmisiblemente elevado).
Por otro lado, el citado Consejo Ciudadano también dio a conocer el informe sobre la violencia en los municipios más poblados de México.
Lo primero que se desprende de los datos presentados es que no existe relación alguna entre la violencia y el grado de marginación (o en general con las condiciones socioeconómicas). Ninguno de los diez municipios más violentos, por citar un ejemplo, es de marginación muy alta o alta, sino que son catalogados como de nivel de marginación bajo o muy bajo. Por el contrario, cinco de los municipios con peores condiciones socioeconómicas de la muestra se encuentran entre los menos violentos del país.
El Consejo Ciudadano sostiene, con razón, que el principal factor que explica el aumento de la violencia es la impunidad. Mientras que en el país el 16 por ciento de los homicidios dolosos son castigados, en los 20 municipios más violentos, menos de cinco de cada 100 muertes son sancionadas: tres veces menos que la media nacional. En contraste, en el 60 por ciento de los homicidios cometidos en los distritos con menor violencia fueron encontrados y condenados los responsables: casi cuatro veces más que el promedio nacional.
En realidad no deja de ser algo obvio: “cuando el Estado persigue y castiga a los delincuentes previene nuevos crímenes, pues inhabilita a los que captura y disuade a otros que no ha capturado o a personas que abrigaban la idea de delinquir”, afirma el reporte.
Tenemos que volver a lo básico: investigar los delitos denunciados, dar con los responsables y llevarlos ante un juez para que –llegado el caso– los condene. Nada más y nada menos. Ello pasa en primer lugar por revalorar y por dotar de más recursos –económicos, humanos y de todo tipo– a las procuradurías de justicia, las grandes olvidadas de la administración anterior.
Esperemos que el actual gobierno entienda el mensaje y no repita los errores del pasado.
Twitter: @jose_carbonell
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