Senadores y diputados de oposición reclaman a Los Pinos cerrar los ojos con Granier, Moreira y Duarte- El petróleo entre comillas

Senadores y diputados de oposición reclaman a Los Pinos cerrar los ojos con Granier, Moreira y Duarte

Por: David Martínez Huerta / Shaila Rosagel - marzo 15 de 2013 - 0:03
Destacadas, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 1 comentario

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– En las calles de Tabasco circula un chiste local, cuentan en la Cámara de Diputados. Dicen que este año no hay inundaciones porque el ex Gobernador Andrés Granier se llevó todo. Hasta el agua.

Pero los diputados y senadores ven más que un chiste, un motivo de profunda preocupación. Y por eso, han acentuado la presión para que el gobierno federal, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actúe en contra de los ex gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira, y de Tabasco, Andrés Granier, así como el actual mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quienes acusan de posibles actos de corrupción.

Los líderes perredistas exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto llamar a cuentas a ex gobernadores priistas y a los líderes sindicales “con el mismo rigor como se actuó con la ex lideresa Elba Esther Gordillo”.

“No esperamos, exigimos que se investigue a Humberto Moreira, al ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, y a Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato Petrolero de Pemex”, dijo Jesús Zambrano Grijalva, presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El Senador perredista Mario Delgado Carrillo indicó por su parte que “la justicia no debe ser selectiva”. El tema, dijo, debe tratarse de fondo y en el caso de los sindicatos, “los recursos de los afiliados deben transparentarse”.

“Que se enteren a dónde van los recursos, qué destino tienen. Para eso tiene que cambiarse la Ley y el PRI se opuso a ese cambio, a esa transparencia y democracia sindical en la Reforma Laboral. Eso tiene que regresarse al Senado y aprobarse”, dijo.

Víctor Hugo Lobo Román, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el PRD, añadió que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas y que debe ser investigado todo aquel que tiene señalamientos de actos ilícitos.

“Tienen que revisar ellos al interior lo que se está haciendo en el gobierno, no nada más hacia afuera sino hacia adentro investigar”, declaró.

FUEGO CONTRA GRANIER

El ex Gobernador de Tabasco, feliz. Foto: Archivo

Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados ha iniciado una cruzada para aclarar las cuentas del ex mandatario Andrés Granier Melo, y fincar responsabilidades a quien resulte culpable del cúmulo de irregularidades financieras, que diariamente se documentan durante su sexenio, de enero de 2007 a diciembre de 2012.

En entrevista con SinEmbargo, la Diputada de MC, Nelly del Carmen Vargas Pérez, detalló que las autoridades financieras deberán investigar cuentas por alrededor de 54 mil millones de pesos, que no están claras durante el gobierno del químico Granier.

“La información que me manda la Secretaría de Hacienda consiste en que del año 2007 al 2012, el Gobierno Federal bajó una cantidad de 36 mil millones de pesos. Luego encontramos que el gobierno de Granier contrajo deudas con la banca privada que estimamos, que pudiera ser arriba de los 18 mil millones de pesos”, informó la Diputada tabasqueña.

Su lucha por la transparencia no es nueva, el año pasado Nelly del Carmen Vargas subió a la tribuna de San Lázaro para solicitar el apoyo de sus compañeros, a fin de impedir que Granier contrajera una deuda con instituciones bancarias, por cuatro mil 130 millones de pesos, a unos días de dejar su mandato. En ese entonces el punto de acuerdo fue detenido por la aplanadora priista en la Cámara de Diputados.

La legisladora cuestionó en dónde se aplicaron los recursos por casi 54 mil millones de pesos que llenaron las arcas del gobierno tabasqueño, el sexenio pasado.

“Si tú vas hoy a Tabasco y recorres los municipios encuentras puentes abandonados en peligro de caerse, calles rotas, avenidas que antes eran avenidas bonitas, hoy son caminos rurales, por el abandono de Andrés Granier a estos temas. En salud, mostré un desvió importante de recursos que no se aplicaron al sector salud. Es decir, entró el recurso por la ventanilla de la Secretaría de Finanzas pero esos recursos no bajaron a la Secretaría de Salud y menos bajaron a los hospitales. Entonces son muchos los elementos tangibles para poder enjuiciar a Andrés Granier”, apuntó la Diputada de izquierda.

Hace unos días, legisladores de Movimiento Ciudadano intentaron trasparentar las cuentas bancarias congeladas a Mariana Granier Calles, hija del ex mandatario, por alrededor de tres mil millones de pesos.

“En días recientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha congelado las cuentas de Mariana Granier Calles, hija del ex mandatario tabasqueño, se habla de un aproximado de 3 mil millones de pesos. Es obvio que se trata de cuentas del ex gobernador quien se aseguró de proteger económicamente a sus familiares con abultadas cuentas bancarias las cuales están siendo difíciles de disimular”, planteó Movimiento Ciudadano.

El PRI utilizó su mayoría para bloquear el punto de acuerdo de urgente resolución, y logró enviarlo a comisiones. Sin embargo, la legisladora de MC lamentó que la oposición para enjuiciar a Granier no venga solo del PRI. Extrañamente, diputados locales del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Tabasco, frenaron la propuesta del PAN para que se incluyera el nombre del químico en la denuncia penal ante la PGR, por el presunto desvío de recursos por mil 900 millones de pesos.

Diputados federales del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se pronunciaron por investigar no solo al ex Gobernador, sino también a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, por permitir la consumación de probables delitos de peculado.

El próximo lunes 18 de marzo, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el perredista José Luis Muñoz Soria, acompañará a la legisladora a Tabasco para conocer el estado de las irregularidades e interceder para que la Auditoría Superior de la Federación realice investigaciones extraordinarias de las cuentas de Andrés Granier.

EL PAN Y EL MOREIRAZO

Humberto Moreira. Foto: Cuartoscuro

El Senador panista Fernando Salazar Fernández denunció públicamente que existe una red de complicidades en el Gobierno de Coahuila, cuyo titular es el priista Rubén Moreira Valdés para solapar posibles corruptelas durante la administración de su hermano Humberto Moreira, que dejaron una deuda estatal por más de 36 mil millones de pesos.

“Tenemos las evidencias, la falsificación de los decretos, de las autorizaciones de Congreso local para endeudarse, las falsificó el señor (Humberto Moreira). Presentó documentación falsa a la Secretaría de Hacienda y a los bancos y eso es más que evidente. Lo que también es evidente es que hay un encubrimiento y una complicidad por parte del Gobernador (Rubén Moreira), de no actuar y no hacer nada y hacernos creer que esto ya pasó y que ya no hay nada que hacer”, dijo el legislador coahuilense en entrevista a Sin Embargo.

Acompañado por un grupo de senadores panistas, Fernando Salazar Fernández informó que el pasado 13 de marzo, venció el plazo para reclamar los 2.2 millones de dólares incautados por el gobierno estadounidense a Javier Villarreal Hernández, ex Secretario de Finanzas del gobierno del profesor Moreira, y la actual administración no movió un dedo para recuperar esos recursos que le pertenecen a los ciudadanos.

“Hay un fraude, se tomó dinero de los coahuilenses, se endeudó al estado y el dinero del endeudamiento se utilizó para otras cosas menos para Coahuila, y hoy el operador financiero de Humberto Moreira tiene cuentas millonarias en Estados Unidos, se congelan los recursos, se incautan, y yo como senador, como representante de los coahuilenses hago una reclamación al gobierno estadounidense para que los recursos regresen a Coahuila”, puntualizó.

Salazar Fernández se refirió a los 2.2 millones de dólares de una cuenta de Javier Villarreal Hernández, incautados por autoridades federales en el sur de Texas, Estados Unidos, cuando eran transferidos a otra cuenta en Bermudas.

El ex Secretario de Finanzas de Coahuila enfrenta en Estados Unidos otras acusaciones de haber lavado dinero, mediante transferencias por 35 millones de dólares, obtenidos mediante supuestos préstamos fraudulentos.

En México, fue acusado de corrupción y detenido en México en octubre, pero se le liberó bajo fianza y hoy es prófugo de la justicia.

“El tesorero de Humberto Moreira, Javier Villarreal, tiene una fortuna estimada en 25 millones de dólares. Sólo por hacer una comparación, es cuatro veces más de lo que posee el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Si el tesorero de Moreira tiene 25 millones de dólares en sus cuentas, ¿cuánto tendrá Moreira?, cuestionó el joven Senador.

Ante la falta de interés del gobierno de Coahuila, Fernando Salazar Fernández interpuso un recurso jurídico ante la Corte del Distrito de Corpus Chiristi, Texas, a fin de recuperar los recursos por $2,275,544.41 dólares, incautados a Javier Villarreal.

El legislador confía en que prosperará el recurso jurídico y pueda devolver a las arcas estatales el dinero sustraído ilegalmente por ex funcionarios del gobierno de Coahuila.

“Queremos que nos hagan justicia, porque nos convirtieron en el estado más endeudado de México, y al momento no hay nadie en la cárcel, no hay nadie purgando una pena, no se han incautado bienes de los familiares de Javier Villarreal, ni se han congelado cuentas, ni se ha hecho nada”, finalizó.

TRAS DUARTE

Javier Duarte. Foto: Cuartoscuro

La misma declaración del Presidente de la República, quien hace unos días dijo que no hay intocables en su gobierno, sirvió de inspiración para el panista Fernando Yunes Márquez, quien se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de la República para denunciar penalmente al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos públicos federales, hasta por cinco mil millones de pesos.

“Nosotros consideramos que básicamente (se desviaron los recursos) para campañas políticas y para funcionarios. Vemos por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Pública se detectó que un servicio, que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación cuesta 81 mil pesos, el gobierno de Veracruz lo paga en 471 mil pesos, es decir, casi 5 veces lo que cuesta ese servicio”, detalló el senador veracruzano.

El documento fue suscrito por 81 legisladores federales y locales del PAN y PRD, quienes consideraron que existe gran opacidad en el gobierno veracruzano para explicar el uso y destino de los recursos federales.

El Senador Yunes, precisó que el 82 por ciento de las irregularidades se localizan en programas de educación; de infraestructura social y en el DIF local.

“En el tema de medicamentos, con el mismo proveedor que es Casa Saba para el gobierno federal, para los gobiernos estatales; el gobierno de Veracruz paga los medicamentos mucho más caros. No se destinó el recurso del Seguro Popular de casi 270 millones de pesos para el mismo. Se desconoce cuál fue el destino del mismo. Se transfirió de unas cuentas etiquetadas a cuentas de inversión sin conocer rendimientos, estados de cuenta, ni mucho menos”, finalizó.

El legislador rechazó que el motivo de su denuncia tenga que ver con que el 7 de julio de este año, se celebrarán elecciones para diputados locales y presidentes municipales en Veracruz.

“Yo lo único que temo es que la Procuraduría (General de la república) no haga su labor. Si la Procuraduría se apega a lo que el señor Presidente de la República dijo, hará justicia con independencia de si tenemos o no un proceso electoral”, expresó.

En el mismo sentido se expresaron la Diputada tabasqueña Nelly del Carmen Vargas y el coahuilense Fernando Salazar. Dijeron que en sus estados, antes de preocuparse por los temas electorales, la ciudadanía está harta de la impunidad que cobija a los ex gobernadores que, literalmente, saquean las arcas estatales.

“Hay un enojo, por supuesto que los ciudadanos no están satisfechos con un gobierno que nos endeudó, debemos algo así como 13 mil pesos cada coahuilense. Y no se vale hipotecar el futuro de generaciones futuras para pagar de una deuda que se contrajo de manera irresponsable, que fue a parar a manos de no sé quién, para comprar casas, aviones, gasolineras o constructoras”, subrayó Fernando Salazar.

El petróleo entre comillas

Por: Guillermo Samperio - marzo 15 de 2013 - 0:00
LOS ESPECIALISTAS, Samperio en Sinembargo - Sin comentarios

 

 

Cuando Cárdenas decidió llevar a cabo la expropiación, el 97 por ciento de las empresas petroleras estaba en manos de compañías extranjeras. La decisión del general Cárdenas de poner en marcha el proceso de expropiación, fue provocada por abusos y soberbia de las empresas petroleras que desafiaron a la nación mexicana cuando se rehusaron a aceptar una decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en torno a las relaciones laborales.

 

En 1936, alentado por Cárdenas, se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Este sindicato pidió a las empresas petroleras que firmaran un contrato colectivo de trabajo. La solicitud de prestaciones y aumento salarial fue de manera sistemática por las compañías, lo que ocasionó una huelga a mitad de 1937. La Junta de Conciliación y Arbitraje concluyó que las compañías abundaban en recursos contables a su favor. El fin que se pretendía era la adulteración de cuentas y velar utilidades por medio de gastos y sueldos manipulados hacia arriba.. La situación financiera de las empresas estaba en bonanza; podían erogar hasta 26 millones de pesos en beneficio de sus empleados y no sólo los 12 que habían ofrecido.

Standard Oil se comportó enérgica ante el fallo: “No podemos pagar y no pagaremos”. Las empresas petroleras extranjeras creían que el gobierno mexicano no se atrevería a llevar lejos el agua caliente de la expropiación: poco personal para manejar la industria y y baja accesibilidad mercados para colocar los productos. Días después, en una acción ágil y contundente, Lázaro Cárdenas canceló a la Standard Oil una concesión otorgada desde 1909.

 

Ese fin de semana, más de 200 mil personas aclamaron a Cárdenas en el Zócalo de la Ciudad de México. Individuos de todas las condiciones sociales comenzaron a hacer fila frente a Bellas Artes para contribuir al pago de las indemnizaciones que México debía hacer a las compañías expropiadas. Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México vitorearon al general; el Presidente tomó una bandera de la UNAM y emocionado, la ondeó por varios minutos.

 

Tras el decreto de expropiación, las compañías afectadas iniciaron un boicot contra el petróleo mexicano: en vísperas de la Segunda Guerra Mundial el gobierno de la República se vio obligado a venderlo a los países del Eje; de otro modo habría difíciles operaciones de trueque. También hubo embargos, escasez de refacciones –incluso en industrias que nada tenían que ver con el petróleo–, y campañas de desprestigio hacia la imagen de México ante el mundo.

 

Entonces, como ahora, era fácil que los gobernantes se identificaran con los poderosos, asociarse con ellos y dar a los necesitados explicaciones sobre “ajustes estructurales”. No obstante, Cárdenas tomó partido por una mayoría hasta entonces ausente de las decisiones gubernamentales. Por eso el 18 de marzo de 1938 es momento culminante en el gobierno de Lázaro Cárdenas, el cual fue la expresión más coherente y acabada del reformismo populista surgido de la Revolución Mexicana.

 

Seis décadas después, si bien en la actual administración ningún plan acepta de manera explícita que el gobierno busque deshacerse de la petroquímica, existen ya signos de una desincorporación virtual de diferentes áreas de Petróleos Mexicanos. Los directivos de Pemex han iniciado desde hace algunos años una etapa que ha sido denominado como de “modernización” de la empresa, después de las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y en busca de la nueva reforma energética.

 

Tal modernización ha incluido modificaciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, de modo que permite participar a los particulares en el transporte, almacenamiento y distribución de gas. Se ha realizado una división, que hace práctica una medida de petroquímica en básica (la cual se evaluada como estratégica) y secundaria (la cual sería susceptible de venta). Mantener la producción y, de paso, hacer negocio.

 

Diversos personajes y organizaciones sociales de la oposición al gobierno, entre quienes se encuentra Cuauhtémoc Cárdenas, han denunciado y su posición es en contra de este manejo discrecional que consideran que ha hecho el gobierno con el petróleo de los mexicanos, en discurso todavía con tinte nacionalista. Funcionarios de alto nivel han respondido, en la búsqueda del negocio privado, que hay temas sobre los que no tiene que ser consultada la sociedad. Pero el asunto va más distante: en las últimas dos décadas las ganancias que México obtiene por la venta de su petróleo han sido utilizadas para garantizar los préstamos que el país recibe de los Estados Unidos. Esto se ratificaría si las crisis periódicas obligan al gobierno mexicano a endeudarse.

 

El hecho de que Pemex se vea obligado a entregar la inmensa mayoría de sus ingresos al Estado, ha producido una insuficiencia en los controles y una disminución en los gastos de mantenimiento. El resultado: accidentes costosísimos en los últimos 20 años, que han cobrado muchas vidas, a saber las explosiones de gas en San Juan Ixhuatepec, la planta de Cactus, en la zona urbana de Guadalajara y la última en el edificio B2 dentro su complejo administrativo de la Ciudad de México.

 

Las irregularidades en el proceso de desincorporación de otras empresas paraestatales hacen desconfiar a los mexicanos de lo que podría suceder con el petróleo. El caso de Teléfonos de México es un ejemplo claro de los resultados de las privatizaciones. Otorgado el control de la compañía durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari al empresario Carlos Slim, Telmex se ha erigido como monopolio ante la ausencia total de competidores en servicios de telefonía local, a pesar de que el servicio ha mejorado. Los usuarios continúan pagando costos altos por un servicio que podría ser más barato si hubiera competencia. La contraparte es que el propietario de la empresa telefónica ha sido, últimamente en los principales escalones de la lista de Forbes. Se espera que la reforma en telecomunicación cambie esto aunque parezca más una guerra de intereses dentro del poder en los medios de comunicación.

 

Tales anomalías hacen desconfiar de lo que podría suceder con el petróleo y otras fuentes energéticas, como la electricidad. Quizá por eso la figura de Lázaro Cárdenas permanece como entidad inamovible en el ideario nacional y el episodio del 18 de marzo de 1938 como fecha magnífica de la política mexicana, pero nada más.