Astillero- Derechos humanos: frivolidad e impunidad- Cantinflas, la Estrategia Nacional de Energía y la privatización

Astillero

El fantasma de la dictadura

Francisco y Sudamérica

Colaboracionismo mexicano

MAM: Izquierda sin dueños

Julio Hernández López

Una consecuencia colateral de la elección del argentino Jorge Mario Bergoglio como máximo jefe de la Iglesia vaticana ha sido la actualización de los horrores cometidos por militares de su país natal durante un periodo dictatorial y las relaciones de complicidad establecidas con ellos por diversos factores de poder, entre otros el eclesiástico (circunstancias todas que no permiten caracterizar a la Iglesia ni siquiera como la ONG piadosa que como destino declinante indeseado apuntó ayer Francisco al promover una mayor proclamación de Cristo por parte de la feligresía adherida al aparato romano).

 

Esos pasajes represivos, que los modeladores de la conciencia colectiva quisieran borrar o cuando menos dejar perdidos en el pasado, han tenido una viva actualización polémica al revisar el historial de servicio del arzobispo de Buenos Aires que ahora es Sumo Pontífice, pero han llegado a niveles caricaturales grotescos en Córdoba, Argentina, donde los colores blanco y amarillo, correspondientes a la insignia vaticana, han sido utilizados por varios de los imputados en un juicio contra crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar del país sudamericano. Sin reservas, provocadores, burlones, los acusados quisieron así demostrar beneplácito por la elección como jefe de la Iglesia católica romana de un personaje al que sienten cercano, reconfortante.

Tan rápidas implicaciones y complicaciones para un papado naciente están tachando al jesuita Francisco y están imponiendo límites y necesidad de deslindes políticos a alguien que tiene como principales objetivos tratar de reformar a la Iglesia en algunos de sus peores ámbitos (hoy el de la pederastia, pero históricamente el del colaboracionismo con regímenes violadores de derechos humanos y propiciadores de corrupción e injusticia) y mantener y acrecentar el volumen de prosélitos, notablemente afectado por el activismo de credos de otras denominaciones.

Aun cuando algunos despropósitos declarativos han enturbiado esa faceta del análisis (el venezolano Nicolás Maduro pretendiendo adjudicar la elección de Bergoglio a una presunta intercesión del difunto Chávez en el cielo), la reaparición del factor dictatorial militar permite preguntarse si la intención de los electores del nuevo Papa ha sido la búsqueda de transferir el centro del activismo papal a la región sudamericana que durante largo tiempo, y a contrapelo justamente de aquellas dictaduras, ha instalado en los poderes nacionales a representantes de una izquierda variopinta, uno de cuyos líderes más expansivos y llamativos fue precisamente el fallecido Hugo Chávez.

Colocar la nueva fuerza papal, sabidamente conservadora, denunciada como favorable en su momento a esos militares ahora indefendibles, en el escenario de Latinoamérica, significa la habilitación de un jugador privilegiado para que en una cancha largamente dominada por una corriente contraria puedan encontrar apoyo las fuerzas conservadoras y la fuerza de la figura pontificia, presuntamente sabia y ecuánime, intervenga en contiendas o disputas correspondientes al nuevo campo de batalla.

EN EL SENADO. Carlos Romero Deschamps y Emilio Gamboa Patrón conversan durante la sesión ordinaria del Senado, en la que uno de los puntos tratados fue la inversión en Pemex

Foto Jesús Villaseca

 

Por ello es imprescindible que se aclaren los términos específicos de esa relación de Bergoglio con la dictadura militar de su país. Juan Pablo Segundo dedicó buena parte de su energía a combatir las expresiones de izquierda en su país natal y en todos los demás en que le fue posible, y el argentino seguidor del San Lorenzo de Almagro podría estar tentado o programado para cumplir un papel similar en Latinoamérica, específicamente en su segmento sureño. Pero algunos de los propios militares acusados en Argentina de violaciones gravísimas a los derechos humanos y de un ejercicio patólogico del poder le están descalificando de manera radical al asumir su designación papal como algo merecedor de ser compartido públicamente.

 

No es menor la implicación de la jerarquía católica mexicana en similares actos de barbarie desde el poder. La guerra sucia entablada contra grupos guerrilleros surgidos luego de 1968, contó con la aprobación silenciosa del alto clero nacional, a pesar de las múltiples evidencias de la violación constante de derechos y garantías, aún cuando existían testimonios desgarradores de la violencia brutal ejercida por militares y policías contra opositores que habían optado por el camino de las armas.

 

Tampoco ha habido una crítica ni deslinde de esos gerentes locales de la franquicia vaticana por las terribles agresiones contra la población civil que se cometieron durante el calderonismo desquiciado y continúan con el peñismo descontrolado. Los jefes mexicanos han callado frente a hechos imperdonables, como el reinado del macielismo, con su orden legionaria convertida durante largo tiempo en ámbito intocable y en fuente de relaciones políticas y sociales de alto nivel. Pero también le deben a la sociedad la toma de postura frente a la masacre cotidiana que se ha vivido desde el calderonismo. Sobran los ejemplos de las brutalidades cometidas contra pobladores inocentes, pero también contra miembros de la delincuencia organizada que deberían recibir en sus derechos fundamentales la defensa valiente de un clero que estuviera del lado de la justicia y la legalidad.

 

Pasando a otro tema: ha cumplido 100 días Miguel Ángel Mancera en el gobierno capitalino y se han hecho los correspondientes honores a sí mismo. En el Auditorio Nacional, a la hora de los discursos, dijo que busca dejar huella de una izquierda sin dueño. La referencia trata de salir al paso del hecho de que su administración es sustancialmente una continuación de la de Marcelo Ebrard y, al mismo tiempo, empujar la tesis de que el Distrito Federal no es más un territorio electoralmente muy proclive al lopezobradorismo.

 

Y, mientras Jesús Zambrano ha asumido la presidencia rotatoria del consejo rector del Pacto por México, ¡feliz fin de semana!

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El nuevo PRI-Helguera

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Derechos humanos: frivolidad e impunidad

Ayer, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington, la representación del gobierno de México reconoció los excesos cometidos por las fuerzas públicas de los tres niveles de gobierno durante las jornadas de represión registradas hace casi siete años en Texcoco y San Salvador Atenco –que arrojaron un saldo de dos muertos, más de 50 heridos y cerca de 200 detenidos–, dijo que las autoridades identificaron y sancionaron en su momento a una treintena de policías que participaron en los actos de represión; aseguró que las violaciones a los derechos humanos no respondieron a ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores y ofreció una solución amistosa a los afectados, consistente en becas, terapia sicológica y una disculpa pública. Tal ofrecimiento, como era de esperarse, fue rechazado por las víctimas, quienes consideraron una muestra del cinismo de las autoridades, que en siete años no han hecho ninguna investigación sobre lo ocurrido.

 

En efecto, la oferta de una salida amistosa a los atropellos cometidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en las mencionadas localidades mexiquenses es indicativa del desinterés y hasta de la frivolidad con que se aborda, desde el poder público, la defensa de los derechos humanos y el combate a las violaciones cometidas contra esas garantías por quienes están formalmente obligados a resguardarlas. Tal concepción, por desgracia, no se circunscribe al ámbito del Poder Ejecutivo: la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la solicitud de revisión del caso de Alberto Patishtán –indígena tzotzil injustamente encarcelado desde 2000, acusado de participar en la masacre de policías en la localidad chiapaneca de El Bosque y condenado a 60 años de prisión– por considerar que el caso en su contra –en el que convergen un rosario de atropellos durante la detención, faltas al debido proceso y un encarnizamiento injustificable durante su encarcelamiento– carece de importancia y trascendencia.
 

El correlato de esa postura, impresentable en sí misma, es la persistente impunidad para los responsables de atropellos cometidos desde los distintos ámbitos del poder público. En el caso de Atenco, la propia SCJN se erigió hace tres años en garante de esa impunidad al eximir de toda responsabilidad a los funcionarios de los ámbitos local y federal que ocupaban por entonces posiciones de mando y a quienes habría podido corresponder alguna responsabilidad por esos hechos: Eduardo Medina Mora, a la sazón secretario de Seguridad Pública federal en mayo de 2006; Wilfrido Robledo Madrid, responsable de la seguridad mexiquense; Abel Villicaña Estrada, ex procurador estatal, y el propio presidente Enrique Peña Nieto, quien era por entonces gobernador del estado de México. Ello a pesar de que, según el dictamen elaborado por uno de los integrantes del máximo tribunal, durante esas jornadas represivas “el Estado –a través de agentes de diversas corporaciones policiales y otros servidores públicos–ejerció su facultad de fuerza pública de una manera gravemente violatoria de garantías individuales”.

 

Es difícil creer, a la luz de esa consideración y del patrón sistemático y regular de los atropellos perpetrados por la fuerza pública, que no hubo ninguna orden gubernamental ni de los mandos superiores durante los abusos cometidos en Atenco en mayo de 2006. La relevancia política adicional que adquiere el caso en el momento presente, en la medida en que entre los funcionarios responsabilizados por las víctimas se encuentra el actual Presidente de la República, debiera ser un incentivo para que el gobierno emplee los recursos a su alcance para esclarecer y resolver el caso y despejar, de esa forma, un episodio que sigue siendo, a casi siete años de distancia, un lastre para la figura presidencial; ello no se logrará, en todo caso, mediante soluciones amistosas como la ofrecida ayer, sino mediante el pleno deslinde de responsabilidades de todos los involucrados.

La reforma que viene-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

 

Cantinflas, la Estrategia Nacional de Energía y la privatización

Claudia Sheinbaum Pardo

El pasado 28 de febrero, Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso de la Unión la Estrategia Nacional de Energía 2013-2026 (ENE), la cual debe ser aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores. El documento es, verdaderamente, un digno representante de quien lo suscribe. La ENE 2013-2026 es un documento mal escrito, con escaso conocimiento de los sistemas energéticos y su sustentabilidad de largo plazo, con objetivos contradictorios y una falta de visión sobre el futuro de la energía en México. Sería bochornoso que un documento así fuera aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados. Al menos, la ENE debe ser un documento coherente y bien escrito y no el panfleto desordenado con frases cantinflescas (sin la gracia y astucia de Cantinflas) que presentó Peña Nieto y que ya aprobó el Consejo Nacional de Energía (tal para cual).

 

Eso sí, más allá de la pobreza argumental, la pésima redacción y la carencia de estrategias coherentes, lo único que queda claro a lo largo del documento es la necesidad de fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura, por supuesto que sin decir que eso significa transferirles jugosas ganancias.

La ENE se compone de 22 temas estratégicos, de los cuales doy algunos ejemplos de la riqueza del lenguaje con el que está escrito: El Tema estratégico 22: Suficiencia en las competencias de cada eslabón del sector (sic); o el Tema estratégico 21: Alcanzar la autosuficiencia del sector, cuyo significado es “… La autosuficiencia no pretende maximizar la autonomía energética o minimizar la dependencia del exterior, sino abrir la posibilidad de dominar mejor el destino energético” (sic), es decir, ni sí ni no sino todo lo contrario (vieja demagogia del nuevo PRI). O el Tema estratégico 17: Desarrollar soluciones y productos para nuestros retos, cuyo contenido subrayado más importante es La ciencia y tecnología sobrepasan las fronteras del sector energético (sic), o el Tema estratégico 16: Definir el alcance del programa nuclear si se opta por ampliar la capacidad nuclear en México (sic). O sea, si sí, pues sí, y si no, pues no.

Por otro lado, el documento está lleno de graves contradicciones y de una visión arcaica de la energía. Veamos como ejemplo lo que ocurre con los dos primeros temas estratégicos. Como contexto, es importante explicar que uno de los grandes consensos y objetivos mundiales de la relación entre el desarrollo económico y el consumo de energía en el mundo es su desacoplamiento. Es decir, que no es necesario que el consumo de energía crezca para que haya desarrollo económico. Por el contrario, por los impactos ambientales del uso de la energía, particularmente los combustibles fósiles, el objetivo es que el consumo de energía por unidad de PIB sea cada vez menor, es decir, más eficiente y con patrones de consumo más racionales, por supuesto, incrementando el bienestar. Esto se ve reflejado en el hecho de que desde los años 70 del siglo pasado, la intensidad energética (el consumo de energía entre el PIB) de los países industrializados ha venido decreciendo. Para China, por ejemplo, uno de los principales objetivos de su política energética es la reducción de la intensidad energética (menor consumo de energía por unidad de PIB).
 

Este, que es un paradigma para los países industrializados desde las crisis petroleras de 1973 y 1981, resulta que no existe en la ENE. Por el contrario, el Tema estratégico 1 es satisfacer el abastecimiento de energía conforme a las expectativas de crecimiento económico. Seguramente alguno de los redactores de la ENE nos diría: sí, pero existe un Tema estratégico 2: Promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores.

 

Sin embargo, para cualquier mediano conocedor del tema energético en cualquier lugar del mundo, es claro que si el Tema estratégico 2 tuviera sentido, entonces el Tema estratégico 1 no debiera plantearse de esa forma.

 

Lo cierto es que hay un solo eje claro en todos los temas estratégicos de la ENE: la participación privada en el petróleo, en el gas y en la electricidad. El colmo es el Tema estratégico 4: Ampliar el acceso de energía a las comunidades menos favorecidas, donde nunca mencionan el papel del Estado en esta provisión y sí la necesidad de Promover una amplia participación del sector privado en el suministro de energía en las áreas que permita la regulación vigente. En pocas palabras, lo único legible en la estrategia de energía presentada por Enrique Peña Nieto es que quiere promover la participación privada en las diversas áreas de la industria energética nacional.

 

México requiere una estrategia energética sólida, sustentada en promover la seguridad y la soberanía energética, la diversificación de sus recursos, la provisión de servicios de calidad y accesibles a toda la población, la disminución de los impactos ambientales, promoviendo el uso eficiente de la energía y las fuentes renovables de energía. Para ello, es necesaria la incorporación de investigación científica y tecnológica, la honestidad en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento de las entidades públicas. Mayor participación de las empresas privadas en las áreas estratégicas del sector atenta contra la Constitución, la riqueza de la nación y el desarrollo soberano. La ENE presentada muestra que no les interesa el desarrollo del sector: por lo que van es por la riqueza nacional. No lo permitamos.Aprovechando las influencias-Magú

magu@jornada.com.mx