Tamaulipas y el silencio
El terror en el que viven los habitantes de Tamaulipas lejos de aminorarse se ha recrudecido en los últimos meses.
Ahí, el Cártel del Golfo libra desde hace años una férrea batalla contra Los Zetas por el control de esa entidad fronteriza con Estados Unidos, que se recrudeció en los últimos seis años y que, al parecer, no tiene para cuándo ser frenada.
Apenas ayer, grupos de blogueros –los únicos que informan o previenen sobre hechos de violencia en diversas ciudades del estado–, denunciaron que, desde el domingo pasado, sólo en Reynosa han muerto unas 50 personas y no dos –como afirman las autoridades–, en diversos enfrentamientos entre grupos criminales.
El estado que gobierna Egidio Torre Cantú ha quedado a merced del crimen organizado sin que nadie diga y haga absolutamente nada.
Como hemos reportado en este espacio, en esa entidad no importa que seas Rodolfo Torre Cantú, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Tamaulipas, asesinado junto cuatro colaboradores el 28 de junio del 2010, o un migrante centroamericano que cruza ese territorio rumbo a Estados Unidos, en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Ahí está la masacre contra 72 migrantes realizada entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en San Fernando.
Cuando se pensaba que ese asesinato masivo, que tuvo repercusión mundial, no podía ser superado, en esa misma localidad, ubicada al sur de Matamoros, en abril de 2011 al menos 177 cadáveres fueron localizados en diversas narcofosas.
El macabro hallazgo puso de nuevo el nombre de Tamaulipas y la ineficacia del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en su lucha contra el crimen en las portadas de los principales diarios del mundo.
Los Angeles Times publicó entonces un reportaje que tituló: “Las narcofosas: ¿el Auschwitz de México?”, en el que destacó que la entidad era “un Estado fallido” y sus ciudadanos “prisioneros de ciudades de las que no pueden salir”.
Los tamaulipecos, particularmente los que comentan en los blogs ciudadanos que han sido utilizados como herramientas de prevención y alerta, mientras la policía y las autoridades permanecen calladas, describen la situación de esta forma: si no te “alineas” a los intereses del crimen organizado, si hablas sobre el tema, si tu negocio florece, si sales a divertirte con los amigos “acabas golpeado, mutilado, desaparecido, asesinado y enterrado”.
Por si fuera poco, los medios de comunicación en Tamaulipas están amenazados por los diferentes grupos delictivos.
Los medios han aplicado la autocensura, para no ser víctimas del crimen organizado. La información que publican se limita a cuestiones políticas, sociales y de bajo impacto, o a notas “autorizadas” incluso por los propios grupos delincuenciales.
Por ello, son las redes sociales las que han tomado el lugar de los medios tradicionales. Desde diversos sitios, blogueros anónimos informan a los ciudadanos sobre balaceras, persecuciones y ejecuciones que se suceden a diario en las ciudades más importantes de la entidad, para que éstos tomen precauciones.
Aun así, ni las autoridades locales ni la Presidencia de la República a cargo de Enrique Peña Nieto se han pronunciado sobre el estado de indefensión en que viven los más de 3 millones 300 mil habitantes de la entidad.
El 10 de marzo pasado, en la ceremonia donde Peña Nieto realizó un recuento de los primeros 100 días del sexenio Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que acabar con la violencia “no va ser ni tan fácil ni tan pronto”.
Se entiende que una situación de este calibre no se solucionará en días, pero no es posible que la autoridad federal no haya hecho un solo pronunciamiento sobre cómo ayudará a la población civil a salir de esa pesadilla.
Al contrario, el gobierno de Enrique Peña Nieto –y ni qué decir del de Egidio Torre Cantú– usan el silencio como respuesta a los llamados de auxilio de la ciudadanía.
Si bien Peña Nieto ha dado golpes espectaculares en sus 103 días de gobierno, ninguno de ellos tiene relación con restablecer la principal exigencia que los mexicanos le hicieron en su campaña: seguridad. Ese silencio es, hasta ahora, su talón de Aquiles. Es la estrategia de callar y voltear el rostro al tema del combate a la delincuencia donde sus prematuros éxitos pueden opacarse rápidamente.
Cien días de ejecuciones
Todos los días al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le llega una tarjeta donde le indican el número de ejecutados en el país, por estado y en las últimas 24 horas. Él dice, y el gobierno federal insiste en que debemos de creerle, dado que cerraron los canales de comunicación en los estados y acabaron con la transparencia estadística en portales locales y federales, que son un promedio de 18 a 23 ejecutados por día, la media resultaría en 20 y en cien días habrían registrado dos mil muertos producto del crimen organizado y el narcotráfico –que son los que se cuentan–.
La realidad, confirmando con Procuradurías de los Estados, Secretarías de Seguridad Pública locales –la federal fue eliminada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y al desagüe también se fueron las estadísticas nacionales que esa instancia llevaba– y con periódicos en las entidades federativas, es que en los primeros cien días de gobierno de Peña la cifra de ejecutados rebasó los 4,500.
Este año, llegar a una suma aproximada de las ejecuciones ha sido más difícil precisamente por el ocultamiento de información por parte del gobierno federal, pues no sólo ha cerrado la llave de la información en su ámbito nacional, sino en una colaboración con los gobernadores que parece más una sumicion estatal que un compromiso formal.
El propio Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que el combate no será rápido cuanto menos fácil, se quejan sin hacerlo directamente de las condiciones en que dejó el país en materia de inseguridad la administración de Felipe Calderón Hinojosa con su total de 83 mil ejecutados en seis años, pero no han realizado acción considerable, más allá de ocultar información, para disminuir esa cantidad.
El conteo de muertes producto del narcotráfico y el crimen organizado no es simplemente una acción para desatar el morbo nacional, es una variable para determinar el grado de inseguridad y riesgo que existe en el país. En la última edición de ZETA, el reportero Enrique Mendoza Hernández realizó una exhaustiva investigación estado por estado para llegar a la cifra que les comento, más de 4,500 muertos en los primeros cien días de gobierno.
Y a cien días precisamente no hay una visión clara, no para los ciudadanos cuanto menos para los periodistas de lo que el Presidente Peña o su encargado de seguridad, el Secretario Osorio harán al respecto. Toda estrategia se ha mantenido como el flujo de información, contenida. Sabemos porque se aprecia en las calles de algunos estados que sigue echando mano de las fuerzas armadas para vigilar o disuadir en la comisión de delitos. También que arman en lo oscuro un entramado para supuestamente depurar las corporaciones policíacas y establecer el mando único que inició el ex Presidente Calderón. No más.
Así como veladamente han declarado en entrevistas particulares y no en un mensaje a la nación, que van en el camino a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no nos han dicho a quién persiguen en los estados, tras quién van, cuánto dinero han confiscado, cuánta droga y quiénes son los enemigos públicos número uno en las entidades federativas, mucho menos nos han informado de detenciones, ahora también en el oscurantismo argumentando el debido proceso faltan al debido compromiso de informar a los gobernados de las acciones en materia de seguridad.
No se trata de que realicen actos espectaculares de presentaciones, pero sí que informen del grado de impunidad o la disminución del mismo, cuántos asesinos están hoy en prisión, cuántos narcos, cuántos muertos en cien días y cuál el nivel de justicia.
Fuera de aquello que el Presidente y su gabinete pueden controlar a partir de los partidos políticos en el Pacto por México, no hay información de acciones. El show mediático que en el sexenio pasado se utilizaba para dar informes de resultados en materia de seguridad, hoy se utiliza en su máxima expresión en el ámbito político. El Presidente Peña nos deja en claro que controla a los dirigentes de los partidos, a sus representantes en las Cámaras y a los gobiernos en los estados, pero ello no ha traído paz a los mexicanos en las calles de la República.
El Presidente presume aciertos en política con el colaboracionismo de la oposición para sacar adelante sus reformas, pero ha dejado de lado en cien días la persecución al crimen organizado, al narcotráfico, y no puede presumir una disminución de los delitos, como prueba del horror de sangre y plomo ahí están los más de 4,500 ejecutados en esos sus primeros cien días.
Enrique Peña Nieto es políticamente correcto, pero en seguridad no ha encontrado su pacto ni ejecutado su poder. Ahora tiene 4,500 asesinatos en la impunidad, sin asesinos en prisión, sin investigaciones abiertas… Por lo menos con la política de cerrazón en la información así lo dejan ver.
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