Chile: La compra de una ley
El ministro de Economía chileno, Pablo Longueira.
Foto: Gobierno de Chile
Foto: Gobierno de Chile
VALPARAÍSO (apro).- La revelación del supuesto pago que la empresa Corpesca hizo a la diputada por el distrito de Iquique, Marta Isasi, para que respaldara la Ley de Pesca que se promulgó en enero de 2013, ha socavado la credibilidad de la clase política y puesto en jaque la normativa, puesta en entredicho por los pescadores artesanales.
El escándalo estalló el pasado viernes 10, cuando el sitio web del Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper) publicó un reportaje titulado: “Exasesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”.
El exasesor de Isasi, Georgio Carrillo, detalló a Ciper los pagos que se hicieron a la legisladora a través suyo, y respaldó su acusación en correos electrónicos que intercambió con el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica.
Consultado por Ciper, Mujica reconoció haber realizado al menos un pago a Carrillo por 25 millones de pesos (algo más de 50 mil dólares), a fin de que realizara estudios para Corpesca –la empresa pesquera extractiva más grande de Chile–, cuyo verdadero destino eran las arcas de la diputada Isasi.
De igual manera, señaló que la empresa perteneciente al poderoso grupo Angelini habitualmente hace aportes a parlamentarios o candidatos de diversas tendencias. Días después de haber hecho esas declaraciones, Mujica fue despedido.
Cabe destacar que Isasi, en representación de la Comisión de Pesca, fue quien informó al pleno de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Pesca para proceder a su inmediata discusión.
Transcurridos los días, diversos antecedentes han puesto en jaque a la diputada, debido a que se ha evidenciado hasta dónde llegó su contubernio con empresarios pesqueros.
El pasado jueves 16 el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, reveló que en la sesión del 17 de julio de 2012, en la que se analizó la denominada “Ley Longueira”, ingresaron a la Comisión de Pesca, en calidad de asesores de la diputada Isasi, Ramón Pino y Michel Campillay, quienes ocupan puestos gerenciales en Corpesca.
Días más tarde el sitio web Yo Pesco subió videos oficiales de la Cámara de Diputados en los que se ve a Pino al interior de la Comisión, indicándole a Isasi cómo votar.
El diputado comunista por Iquique, Hugo Gutiérrez, dio a conocer el lunes 13 a radio Cooperativa correos electrónicos que intercambiaron Isasi y Mujica, donde se demuestra “que ella estaba operando en favor de los intereses de Corpesca y el grupo Angelini”, sostuvo el legislador.
En un correo fechado el 24 de junio de 2011, Mujica escribió: “Martita, te adjunto lo prometido para la futura Ley de Pesca en reemplazo de la Ley 19.713″.
El documento adjunto era una presentación en la que se indicaba a Isasi el contenido del futuro proyecto de ley que ella debía respaldar, en momentos en que el Ministerio de Economía aún no lo ingresaba al Parlamento.
El diputado independiente por Aysén, René Alinco, aseguró el martes 14 a CNN Chile que además de Isasi, otros parlamentarios recibieron dinero de industriales pesqueros previo a la tramitación de la Ley de Pesca.
“Este proyecto, llevado adelante por el ministro Longueira, lo pagaron los industriales de la pesquería y salmonicultura chilena”, acusó.
El interés empresarial en esta ley –mejor conocida como Ley Longueira, por el ministro que la impulsó– radica en que entregó la casi totalidad del patrimonio pesquero de Chile a las siete familias que controlan la actividad.
Al grupo Angelini –involucrado directamente en el mencionado caso de cohecho– la nueva ley le asignó, en forma gratuita y a perpetuidad, 52% de las cuotas de pesca de sardinas jureles y anchovetas, que fueron entregadas a sus empresas Corpesca S.A., Orizon S.A y South Pacific Korp.
Estas empresas, que operan en el extremo norte del país sudamericano, también fueron beneficiadas con la autorización para que sus barcos industriales puedan ingresar a la zona reservada a la pesca artesanal.
La “Ley Longueira” determinó que 99% de sardinas, anchoas y jureles (que constituyen la principal riqueza de Chile en términos de proteína marina y Omega 3) quedarán en poder de unas pocas grandes empresas que destinan esos productos a la industria de la harina y aceite de pescado. Ello con el fin de alimentar cerdos, pollos y salmones.
Dicha ley sólo reservó 1% de la cuota global para el consumo humano de las familias chilenas.
La principal víctima a la hoy cuestionada normativa fue la pesca artesanal, debido a que con ella se le despojó definitivamente de sus históricos derechos. No obstante, el martirio del pueblo pescador comenzó en 2002, cuando el gobierno del socialista Ricardo Lagos implementó una Ley de Pesca que por vez primera estableció la privatización de los peces en beneficio de los grandes empresarios pesqueros.
La nueva Ley también dejó sin derechos de pesca a los pueblos originarios que viven de esta actividad, como el mapuche-lafquenche. A ellos no se les preguntó su opinión respecto de esta ley, lo que vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios en caso de impulsar proyectos que les afecten.
Cohecho
Los pagos indebidos a la diputada Isasi han dado origen a una investigación judicial, así como a la presentación de un proyecto de ley para regular el financiamiento de las campañas y a intrincados problemas políticos.
Ante la gravedad de la denuncia pública realizada a través de los medios y el revuelo que ello ha generado, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, abrió una investigación de oficio en contra de la parlamentaria ante la posibilidad que hubiera cometido un delito al recibir una “donación” en dinero de Corpesca en 2009.
El pasado miércoles 15, la más representativa organización de pescadores artesanales de Chile, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepa), interpuso una denuncia criminal por el delito de cohecho en contra de Marta Isasi y de quienes resulten responsables.
Entre las diligencias que solicitó la Condepa al Ministerio Público se solicita llamar a declarar a Mujica –que fue despedido por Corpesca el martes 14–, “a fin que señale a que otros parlamentarios, además de la diputada denunciada, se les han entregado fondos directamente o a través de asesorías o servicios”.
El senador socialista por la región de Los Lagos, Camilo Escalona, se sumó a la querella y solicitó al fiscal nacional Sabas Chauán la designación de un fiscal que se dedique exclusivamente al tema.
Escalona apuntó como responsables de haber incurrido en cohecho a los diputados Fidel Espinoza y Clemira Pacheco, del Partido Socialista al que pertenece.
El pasado lunes 27 el presidente de Condepa, Nelson Estrada, se reunió con la candidata presidencial Michelle Bachelet, a quien le pidió que en caso de volver a ocupar la primera magistratura del país, anule la “Ley Longueira” e impulse una nueva normativa de pesca que apunte verdaderamente a la sustentabilidad y defienda los derechos de los pescadores artesanales.
La entrevista con las exmandataria se realizó en el comando de la candidata ubicado en la comuna de Providencia, Santiago. Bachelet quedó de estudiar los antecedentes.
El martes 14 el diputado socialista por la región del Bío Bío, Manuel Monsalve, declaró –según consigna Ecoceanos News– que “la Ley Longueira se tornará ilegítima si la Justicia determina que hubo cohecho, ya que lo que se estará estableciendo es la posibilidad de que quienes votaron a favor lo hayan hecho a cambio de dinero”.
El escándalo por los pagos a Isasi ha puesto en cuestión la actual normativa que rige el financiamiento de las campañas electorales. El miércoles 15 los senadores centroizquierdistas José Antonio Gómez, Alejandro Navarro y Pedro Muñoz Aburto, presentaron un proyecto de ley que plantea “suprimir las donaciones anónimas y reservadas a campañas electorales, reducir el límite de gasto electoral y desvincular las decisiones públicas de los intereses privados”.
Ese proyecto pretende modificar la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite, Control y Gasto Electoral, promulgada en 2003, que nació en respuesta al creciente malestar en la sociedad con la clase política, que ya desde ese entonces aparecía como subordinada a los intereses de los grandes empresarios.
“A la luz de los hechos –sostienen los tres senadores en su proyecto– no queda claro si esta ley (de 2003) vino a poner coto a las prácticas que atentan contra la debida transparencia que debe tener cualquier proceso eleccionario y el ejercicio de la política, o más bien ratificó la manera de hacer las cosas antes de ser dictaminada”.
Longueira, el nuevo rico
En entrevista con Apro, el vocero de Condepa y líder histórico de los pescadores artesanales chilenos, Cosme Caracciolo, apuntó directamente a Pablo Longueira como responsable de la aprobación fraudulenta de la citada ley.
“Si a la diputada Isasi se le pagaron 25 millones para que votara de cierta forma una ley que llamamos Longueira, y si seguimos en esa misma lógica de que por aprobar leyes se paga, ¿cuánto se le habrá pagado al ministro Longueira, que es autor intelectual de este proyecto y principal lobbista de los intereses de la pesca industrial?”.
Caracciolo se hace otras preguntas: “¿Cómo Longueira, que sólo se dedica a la política, llegó a vivir en el condominio (San Damián) más exclusivo de Chile? ¿Cuánto creció su patrimonio al conseguir aprobar esta Ley de Pesca? ¿Quién financia la campaña de Longueira?”.
Cabe señalar que Pablo Longueira fue designado candidato presidencial de su partido, la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), después de que un escándalo de abusos empresariales dejara fuera –el 29 de abril– al exministro de Minería, Laurence Golborne, a quien la Corte Suprema responsabilizó de aplicar cobros inconsultos e ilegales a los clientes de supermercados Jumbo, en 2006, cuando era gerente general.
A pesar del poco tiempo transcurrido, Longueira ya tiene su campaña desplegada en gran parte de Chile. Inmensos carteles con su rostro y con la frase “Por un Chile justo” se exhiben en las principales ciudades.
En entrevista con radio Bío Bío y ante la pregunta de quiénes financian su campaña, el presidenciable derechista respondió: “Los mismos que a todos”, sin dar detalles.
Pero Caracciolo no tiene dudas respecto de quiénes financian a Longueira: “Las cantidades de millones de dólares que obtendrán de ganancia los empresarios beneficiados con la nueva ley de pesca es incalculable… son miles y miles de millones de dólares, por lo que para ellos, pagarle a Longueira, es un pelo de la cola, en relación a las ganancias que gracias a él tendrán”.
A pesar de haberse aprobado la ley que perjudica a su sector, Caracciolo no pierde la esperanza de que vendrán mejores tiempos. Asegura que las “coimas” pagadas a Isasi constituyen el primer caso de cohecho comprobado en toda la historia del Congreso Nacional.
Eso le da fuerza para afirmar que se tendrá que volver a discutir “para construir una ley que le haga bien al país, que sea transparente y que asegure la sustentabilidad de los recursos pesqueros en forma real”.
El escándalo estalló el pasado viernes 10, cuando el sitio web del Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper) publicó un reportaje titulado: “Exasesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”.
El exasesor de Isasi, Georgio Carrillo, detalló a Ciper los pagos que se hicieron a la legisladora a través suyo, y respaldó su acusación en correos electrónicos que intercambió con el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica.
Consultado por Ciper, Mujica reconoció haber realizado al menos un pago a Carrillo por 25 millones de pesos (algo más de 50 mil dólares), a fin de que realizara estudios para Corpesca –la empresa pesquera extractiva más grande de Chile–, cuyo verdadero destino eran las arcas de la diputada Isasi.
De igual manera, señaló que la empresa perteneciente al poderoso grupo Angelini habitualmente hace aportes a parlamentarios o candidatos de diversas tendencias. Días después de haber hecho esas declaraciones, Mujica fue despedido.
Cabe destacar que Isasi, en representación de la Comisión de Pesca, fue quien informó al pleno de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Pesca para proceder a su inmediata discusión.
Transcurridos los días, diversos antecedentes han puesto en jaque a la diputada, debido a que se ha evidenciado hasta dónde llegó su contubernio con empresarios pesqueros.
El pasado jueves 16 el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, reveló que en la sesión del 17 de julio de 2012, en la que se analizó la denominada “Ley Longueira”, ingresaron a la Comisión de Pesca, en calidad de asesores de la diputada Isasi, Ramón Pino y Michel Campillay, quienes ocupan puestos gerenciales en Corpesca.
Días más tarde el sitio web Yo Pesco subió videos oficiales de la Cámara de Diputados en los que se ve a Pino al interior de la Comisión, indicándole a Isasi cómo votar.
El diputado comunista por Iquique, Hugo Gutiérrez, dio a conocer el lunes 13 a radio Cooperativa correos electrónicos que intercambiaron Isasi y Mujica, donde se demuestra “que ella estaba operando en favor de los intereses de Corpesca y el grupo Angelini”, sostuvo el legislador.
En un correo fechado el 24 de junio de 2011, Mujica escribió: “Martita, te adjunto lo prometido para la futura Ley de Pesca en reemplazo de la Ley 19.713″.
El documento adjunto era una presentación en la que se indicaba a Isasi el contenido del futuro proyecto de ley que ella debía respaldar, en momentos en que el Ministerio de Economía aún no lo ingresaba al Parlamento.
El diputado independiente por Aysén, René Alinco, aseguró el martes 14 a CNN Chile que además de Isasi, otros parlamentarios recibieron dinero de industriales pesqueros previo a la tramitación de la Ley de Pesca.
“Este proyecto, llevado adelante por el ministro Longueira, lo pagaron los industriales de la pesquería y salmonicultura chilena”, acusó.
El interés empresarial en esta ley –mejor conocida como Ley Longueira, por el ministro que la impulsó– radica en que entregó la casi totalidad del patrimonio pesquero de Chile a las siete familias que controlan la actividad.
Al grupo Angelini –involucrado directamente en el mencionado caso de cohecho– la nueva ley le asignó, en forma gratuita y a perpetuidad, 52% de las cuotas de pesca de sardinas jureles y anchovetas, que fueron entregadas a sus empresas Corpesca S.A., Orizon S.A y South Pacific Korp.
Estas empresas, que operan en el extremo norte del país sudamericano, también fueron beneficiadas con la autorización para que sus barcos industriales puedan ingresar a la zona reservada a la pesca artesanal.
La “Ley Longueira” determinó que 99% de sardinas, anchoas y jureles (que constituyen la principal riqueza de Chile en términos de proteína marina y Omega 3) quedarán en poder de unas pocas grandes empresas que destinan esos productos a la industria de la harina y aceite de pescado. Ello con el fin de alimentar cerdos, pollos y salmones.
Dicha ley sólo reservó 1% de la cuota global para el consumo humano de las familias chilenas.
La principal víctima a la hoy cuestionada normativa fue la pesca artesanal, debido a que con ella se le despojó definitivamente de sus históricos derechos. No obstante, el martirio del pueblo pescador comenzó en 2002, cuando el gobierno del socialista Ricardo Lagos implementó una Ley de Pesca que por vez primera estableció la privatización de los peces en beneficio de los grandes empresarios pesqueros.
La nueva Ley también dejó sin derechos de pesca a los pueblos originarios que viven de esta actividad, como el mapuche-lafquenche. A ellos no se les preguntó su opinión respecto de esta ley, lo que vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios en caso de impulsar proyectos que les afecten.
Cohecho
Los pagos indebidos a la diputada Isasi han dado origen a una investigación judicial, así como a la presentación de un proyecto de ley para regular el financiamiento de las campañas y a intrincados problemas políticos.
Ante la gravedad de la denuncia pública realizada a través de los medios y el revuelo que ello ha generado, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, abrió una investigación de oficio en contra de la parlamentaria ante la posibilidad que hubiera cometido un delito al recibir una “donación” en dinero de Corpesca en 2009.
El pasado miércoles 15, la más representativa organización de pescadores artesanales de Chile, el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepa), interpuso una denuncia criminal por el delito de cohecho en contra de Marta Isasi y de quienes resulten responsables.
Entre las diligencias que solicitó la Condepa al Ministerio Público se solicita llamar a declarar a Mujica –que fue despedido por Corpesca el martes 14–, “a fin que señale a que otros parlamentarios, además de la diputada denunciada, se les han entregado fondos directamente o a través de asesorías o servicios”.
El senador socialista por la región de Los Lagos, Camilo Escalona, se sumó a la querella y solicitó al fiscal nacional Sabas Chauán la designación de un fiscal que se dedique exclusivamente al tema.
Escalona apuntó como responsables de haber incurrido en cohecho a los diputados Fidel Espinoza y Clemira Pacheco, del Partido Socialista al que pertenece.
El pasado lunes 27 el presidente de Condepa, Nelson Estrada, se reunió con la candidata presidencial Michelle Bachelet, a quien le pidió que en caso de volver a ocupar la primera magistratura del país, anule la “Ley Longueira” e impulse una nueva normativa de pesca que apunte verdaderamente a la sustentabilidad y defienda los derechos de los pescadores artesanales.
La entrevista con las exmandataria se realizó en el comando de la candidata ubicado en la comuna de Providencia, Santiago. Bachelet quedó de estudiar los antecedentes.
El martes 14 el diputado socialista por la región del Bío Bío, Manuel Monsalve, declaró –según consigna Ecoceanos News– que “la Ley Longueira se tornará ilegítima si la Justicia determina que hubo cohecho, ya que lo que se estará estableciendo es la posibilidad de que quienes votaron a favor lo hayan hecho a cambio de dinero”.
El escándalo por los pagos a Isasi ha puesto en cuestión la actual normativa que rige el financiamiento de las campañas electorales. El miércoles 15 los senadores centroizquierdistas José Antonio Gómez, Alejandro Navarro y Pedro Muñoz Aburto, presentaron un proyecto de ley que plantea “suprimir las donaciones anónimas y reservadas a campañas electorales, reducir el límite de gasto electoral y desvincular las decisiones públicas de los intereses privados”.
Ese proyecto pretende modificar la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite, Control y Gasto Electoral, promulgada en 2003, que nació en respuesta al creciente malestar en la sociedad con la clase política, que ya desde ese entonces aparecía como subordinada a los intereses de los grandes empresarios.
“A la luz de los hechos –sostienen los tres senadores en su proyecto– no queda claro si esta ley (de 2003) vino a poner coto a las prácticas que atentan contra la debida transparencia que debe tener cualquier proceso eleccionario y el ejercicio de la política, o más bien ratificó la manera de hacer las cosas antes de ser dictaminada”.
Longueira, el nuevo rico
En entrevista con Apro, el vocero de Condepa y líder histórico de los pescadores artesanales chilenos, Cosme Caracciolo, apuntó directamente a Pablo Longueira como responsable de la aprobación fraudulenta de la citada ley.
“Si a la diputada Isasi se le pagaron 25 millones para que votara de cierta forma una ley que llamamos Longueira, y si seguimos en esa misma lógica de que por aprobar leyes se paga, ¿cuánto se le habrá pagado al ministro Longueira, que es autor intelectual de este proyecto y principal lobbista de los intereses de la pesca industrial?”.
Caracciolo se hace otras preguntas: “¿Cómo Longueira, que sólo se dedica a la política, llegó a vivir en el condominio (San Damián) más exclusivo de Chile? ¿Cuánto creció su patrimonio al conseguir aprobar esta Ley de Pesca? ¿Quién financia la campaña de Longueira?”.
Cabe señalar que Pablo Longueira fue designado candidato presidencial de su partido, la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), después de que un escándalo de abusos empresariales dejara fuera –el 29 de abril– al exministro de Minería, Laurence Golborne, a quien la Corte Suprema responsabilizó de aplicar cobros inconsultos e ilegales a los clientes de supermercados Jumbo, en 2006, cuando era gerente general.
A pesar del poco tiempo transcurrido, Longueira ya tiene su campaña desplegada en gran parte de Chile. Inmensos carteles con su rostro y con la frase “Por un Chile justo” se exhiben en las principales ciudades.
En entrevista con radio Bío Bío y ante la pregunta de quiénes financian su campaña, el presidenciable derechista respondió: “Los mismos que a todos”, sin dar detalles.
Pero Caracciolo no tiene dudas respecto de quiénes financian a Longueira: “Las cantidades de millones de dólares que obtendrán de ganancia los empresarios beneficiados con la nueva ley de pesca es incalculable… son miles y miles de millones de dólares, por lo que para ellos, pagarle a Longueira, es un pelo de la cola, en relación a las ganancias que gracias a él tendrán”.
A pesar de haberse aprobado la ley que perjudica a su sector, Caracciolo no pierde la esperanza de que vendrán mejores tiempos. Asegura que las “coimas” pagadas a Isasi constituyen el primer caso de cohecho comprobado en toda la historia del Congreso Nacional.
Eso le da fuerza para afirmar que se tendrá que volver a discutir “para construir una ley que le haga bien al país, que sea transparente y que asegure la sustentabilidad de los recursos pesqueros en forma real”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario