Respaldan 23 mil firmas acusación de delitos de lesa humanidad
La denuncia incluye a secretarios como Galván, Saynez y García Luna
Abogado documenta ante la CPI 470 casos de asesinatos, torturas y reclutamiento de menores
Demandan a Calderón en La Haya por
delitos de lesa humanidad
También fueron acusados los titulares de Ejército, Marina y Seguridad Pública, y El Chapo Guzmán
Efectivos de la Marina realizaron ayer un operativo en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, delegación Xochimilco, donde presuntamente detuvieron a varios secuestradoresFoto Alfredo Domínguez
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 5
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 5
El abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete de seguridad –respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la actual guerra contra el crimen organizado.
El expediente presentado ante el fiscal general de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, que se han producido en un
contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos, explicó Sandoval en entrevista con Radio Nederland Internacional.
La denuncia fue presentada en La Haya, Holanda, sede de la CPI, que es la encargado de juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Además de aportar la documentación probatoria de los casos, en el documento se
explican las fallasdel sistema judicial mexicano que impiden resolverlos en territorio nacional.
En la petición, indicó Sandoval, se responsabiliza directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como las violaciones sexuales perpetradas por elementos del Ejército Mexicano, y la
esclavizaciónde migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con los grupos de delincuentes.
Asimismo, denuncia los homicidios de civiles en retenes militares; las desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; el uso de la tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones, y ejecuciones extrajudiciales.
Aunque el
máximo responsablede dichos crímenes sería el titular del Poder Ejecutivo, en tanto jefe de las fuerzas armadas, la denuncia también incluye a varios elementos del gabinete calderonista, entre ellos los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente, además del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Entre las denuncias más graves contra las instituciones del Estado mexicano se encuentran las relativas al Instituto Nacional de Migración, en el que altos funcionarios han
participado en el secuestro y venta de migrantesa los grupos de narcotraficantes, como ya ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En cuanto a la actuación de los grupos delictivos, el documento presentado por el abogado mexicano denuncia que en los años recientes han logrado afianzar un amplio poder territorial y cuentan con verdaderos ejércitos, a los cuales se les atribuyen numerosos casos de ejecuciones, amputaciones y decapitaciones, además de ataques contra blancos civiles y reclutamiento de menores de edad.
Sandoval enfatizó que hubo necesidad de presentar esta denuncia ante la CPI, dada la
falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los delitos cometidos por el gobierno y el hampa ni siquiera están tipificados en el Código Penal, lo que genera una
evidente política de encubrimiento del Estado.
Un triunfo, si México es puesto
bajo observación
John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista que a pesar de las dificultades del caso y de la previsible resistencia del gobierno de Calderón a ser juzgado, la expectativa es que el fiscal Luis Moreno Ocampo abra un expediente sobre la situación en el país, donde se concluya que sí se cometen delitos de lesa humanidad y éstos no pueden ser analizados en territorio nacional.
No hace falta que se pronuncie sobre la culpabilidad del Presidente, sino que reconozca los delitos y la imposibilidad de que sean investigados. Pensamos que esto es obvio, porque en el Código Penal ni siquiera están tipificados, las autoridades judiciales no tienen ninguna autonomía para abrir una investigación, y el fuero militar todavía impide juzgar crímenes cometidos por el Ejército, apuntó.
Todo lo anterior construye una especie de
blindaje jurídicoque obstaculiza la justicia. Ante ello, es necesario recurrir al apoyo de los organismos internacionales.
Esto tiene que evaluarlo el fiscal, y si abre un expediente, eso ya sería una victoria para nosotros.
La demanda contra el Presidente de México será una
gran pruebapara la CPI, consideró Ackerman, pues hasta ahora dicho organismo se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como
enemigosde los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional.
“Como antecedente –dijo– tenemos el caso de Colombia, donde la CPI decidió no abrir una investigación, pero sí colocar al país bajo observación formal. Si logramos ese primer paso, ya sería una ganancia. Vamos a ver hasta dónde evalúan en términos jurídicos, y hasta dónde ceden a la presión del gobierno de México”, aseveró.
Aumentan 68% homicidios de mujeres en este sexenio
El
asesinato de niñas en México, realidad sobrecogedora, señala la ONU
Las legislaciones del DF y Morelos
deberían generar un modelo para el país
El colectivo feminista LESBrujam y El Centro Hemisférico de Performance realizan en San Cristóbal de las Casas un montaje con una alfombra roja que representa la sangre derramada de miles de mujeresFoto Moysés Zúñiga Santiago
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 2
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 2
A partir de 2007 los homicidios de mujeres se incrementaron 68 por ciento en el país, señaló María de la Paz López, asesora técnica de ONU Mujeres y una de las coordinadoras del estudio Feminicidio en México; aproximación, tendencias y cambios 1985-2009.
En entrevista concedida al concluir la presentación del citado análisis, refirió que aunque ese repunte coincide con el comienzo de la estrategia antinarco desplegada por el gobierno federal, debido a la falta de información y a que no hay
investigaciones adecuadasde los crímenes, no se puede asegurar que el alza responda a esta situación ni tampoco que muchos de ellos fueran feminicidios.
Pero señaló que en el contexto del combate al crimen y de la actividad de la delincuencia organizada se genera un ambiente propicio para que las mujeres se vean más expuestas a estas situaciones.
“No podemos demostrar con las cifras que los feminicidios aumentaron por esa razón (la lucha anticrimen), lo que sí sabemos es que hay un repunte de muertes violentas de mujeres desde 2007 hasta 2009 (año hasta el cual se cuenta con datos). Seguramente en el incremento hay toda una serie de condiciones para que las mujeres sean violentadas (...) las mujeres en general se ven más expuestas, no solamente si están vinculadas con el crimen organizado.”
Para Angélica de la Peña Gómez, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, el hecho de que los homicidios de mujeres presenten un alza “superior a los de hombres –a partir de 2007–, indica que no es real que la guerra antinarco cobre más vidas entre la población masculina, eso es un mito”, con lo cual dejó entrever que la violencia que impera ha incidido en los asesinatos de mujeres.
De la Paz indicó que todas las entidades federativas deben tipificar el delito, pues hasta ahora sólo nueve lo han hecho y añadió que algunas también deben derogar de sus códigos figuras que violentan los derechos de las mujeres, como son las
razones de honory
la emoción violenta, así como evaluar intentos de conciliación, pues generalmente cuando la mujer disculpa a su agresor ante la ley,
se van a su casa y el hombre finalmente la mata.
Subrayó que cuando el feminicidio esté tipificado en todos los estados se podrá contar con mejores datos y añadió que
algo que propone el estudio es que los cambios que se dan a nivel de las leyes se reflejen en los registros de casos. Una de las formas es que en las actas de defunción se establezca –de ser el caso– como feminicidio los asesinatos de mujeres que cumplen con ese perfil.
Lucía Raphael, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que también es urgente que se tipifique el delito de manera adecuada, porque en algunas de las entidades
tienen redacciones confusas, dolosas y algunos utilizan vocabulario descontextualizado.
Afirmó que las mejores tipificaciones del feminicidio son las del Distrito Federal y de Morelos, las que
deberían generar un modelo para el paísy añadió que las más deficientes son las de Guanajuato y del estado de México.
En el estudio, realizado por ONU Mujeres, El Colegio de México, Inmujeres y la comisión especial para el seguimiento de los feminicidios de la Cámara de Diputados, también se destaca el alto índice de asesinatos de menores de cinco años y la
brutalidadcon que se asesina a las mujeres en el país.
Refiere que los datos exponen que el
asesinato de niñas en México es una realidad sobrecogedoray que
uno de los hallazgos más tristes y sorprendentes ha sido el alto índice de asesinatos de menores. Detalla que entre 2005 y 2009 un 20 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponden a menores de cinco años, y que de ellas 2.4 por ciento tenían menos de un año.
Contradictoria, la política del Estado, acusan activistas
No aplica convenios internacionales
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 3
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 3
El gobierno mexicano mantiene una política de
Así lo denunciaron académicas y activistas especializadas en el tema, quienes a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer –que se conmemoró ayer–, lamentaron que el actual gobierno del país represente doble caracon respecto a la protección de las mujeres, ya que al mismo tiempo que firma una gran cantidad de convenios internacionales en ese sentido e incluso presenta leyes que se consideran de avanzada en América Latina, en la práctica no protege a la población femenina, ya que los feminicidios, la trata de mujeres y niñas y las agresiones sexuales de las fuerzas de seguridad continúan en la total impunidad.
seis años perdidosen la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Aída Hernández, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), señaló que hay una gran contradicción del Estado mexicano en su política hacia las mujeres, puesto que en la pasada década signó diversos convenios contra la violencia hacia dicho sector –medida que le permite acceder más fácilmente a créditos de organismos financieros internacionales–, pero sin que dichos avances legislativos se aplicaran en la realidad.
“Enfrentamos una situación verdaderamente crítica con los feminicidios en Ciudad Juárez y el estado de México, la trata de mujeres y niñas, y la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad. Tenemos logros importantes, pero el gran reto como sociedad civil es que estas reformas no sean letra muerta”, indicó.
La violencia hacia las mujeres no es sólo de carácter físico, incluye rezago educativo y social, enfermedades de transmisión sexual, pobreza y dependencia económica, distribución desigual de alimentos en el hogar, e inequidad laboral y profesionalFoto María Luisa Severiano
Una desgracia para el país
Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, afirmó por su parte que
el sexenio de Felipe Calderón no solamente es una desgracia para el país en lo económico y en la situación de seguridad, sino también en el combate a la violencia contra las mujeres, y en la búsqueda de una igualdad real y sustantiva.
Mientras el gobierno no reconozca la magnitud del fenómeno –en el que se incluye también el embarazo de adolescentes, la feminización de la pobreza y los asesinatos de mujeres–, el problema va a seguir creciendo, no se diseñarán políticas públicas específicas y no habrá transformaciones profundas, advirtió la ganadora del Premio Gleitsman al Activismo Social, otorgado por la Universidad de Harvard.
Sufren agresiones 6 de cada 10 mujeres en México: CNDH
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que el número de mujeres reportadas como desaparecidas registra un aumento notable, ya que en lo que va del año ha recibido 201 denuncias al respecto, mientras que en 2010 únicamente registró 17.
Por medio de un comunicado, el organismo informó que de acuerdo con cifras oficiales, seis de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido diversas agresiones a lo largo de su vida, como embarazos e hijos no deseados, rezago educativo y social, traumas físicos y mentales, enfermedades de transmisión sexual, pobreza y dependencia económica, distribución desigual de alimentos en el hogar, e inequidad laboral y profesional.
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