Nuestras izquierdas, ¿son de izquierda?- ASTILLERO-Trampas mediáticas- El PAN: Michoacán, derrota federal

Nuestras izquierdas, ¿son de izquierda?

Octavio Rodríguez Araujo

Izquierdas. ¿Qué son las izquierdas? Durante más de un siglo las izquierdas eran las que proponían el socialismo como alternativa, mejor y superior, al capitalismo. No había duda, entonces, de qué eran las izquierdas. Incluso los anarquistas se planteaban el socialismo, de preferencia sin el Estado, como su opción.

Las derechas, por contraparte, eran y siguen siendo las que aceptan el statu quo, la conservación de lo existente y, por lo mismo, el capitalismo como sistema que defienden. Las derechas, entonces y ahora, son antisocialistas, y las más recientes (las afines al neoliberalismo) están por la mínima intervención del Estado en la economía y en las relaciones sociales.

Pero eso era antes por lo que se refiere a las izquierdas. La primera dificultad a la que se enfrentaron las izquierdas socialistas fue la posibilidad de socializar la propiedad privada de los medios de producción (y no, como suele decirse irresponsablemente, la propiedad privada en general, incluido el televisor o el automóvil de una familia). La socialización de los medios de producción no se dio en la Unión Soviética ni en sus satélites, tampoco en Cuba y menos en Nicaragua. Lo que se dio, aunque no me gusta el concepto, fue una suerte de capitalismo de Estado o, si se prefiere, el manejo exclusivo de la economía, incluida la propiedad de los medios de producción (MP), por el Estado y sus burocracias. La diferencia con el capitalismo común, para que se me entienda bien, es que en el primero los propietarios de los MP pueden vender éstos en tanto que los administradores de la propiedad estatal no pueden vender las empresas que dirigen y sacar provecho directo y legal de su comercialización.

Fuera para socializar los MP o para estatizarlos, había un problema que durante décadas no fue visto como tal: que sus dueños (los empresarios) quisieran desprenderse de ellos y cederlos a la sociedad o al Estado. La respuesta lógica de las izquierdas socialistas era relativamente sencilla, por lo menos en teoría: había que arrebatárselos. ¿Cómo? Mediante una revolución social. Por las buenas la iniciativa privada no iba a perder sus recursos ni sus propiedades. Obvio. El problema fue otro: ¿quiénes y con qué recursos humanos y armamentísticos iban a hacer una revolución? La revolución cubana dio esperanzas a esas izquierdas socialistas: si a 160 kilómetros de Estados Unidos podía triunfar una revolución social, también en otros lugares. Pero no fue así. Allende pensó que por la vía electoral se podía lograr lo mismo que por medios revolucionarios (armados), pero no se lo permitieron. Chile no era ni es Cuba y los intereses de Estados Unidos en el primero no eran comparables a los existentes en la segunda en tiempos de Batista. La vía electoral tampoco funcionó para instalar la alternativa socialista al capitalismo. Mitterrand, del Partido Socialista Francés, ganó la elección presidencial de 1981 hablando de socialismo y en alianza con los comunistas. Declaró que él no era Allende ni Francia era Chile. Sin embargo, le fue bajando el tono a su discurso y a sus acciones y en la relección de 1988 no mencionó una sola vez la palabra socialismo.

La socialdemocracia, sobre todo después de 1959 (Bad Godesberg), abandonó el marxismo como matriz ideológica y dejó de ser anticapitalista (aunque en realidad no lo era). Los comunistas, desde mediados de los años 70 renunciaron a ciertos aspectos del marxismo y del leninismo, y la revolución dejó de ser una de sus propuestas para acceder a una sociedad socialista. El eurocomunismo fue la socialdemocratización de los comunistas, pero ni así les fue bien en elecciones. Son muy pocos los partidos comunistas existentes hoy en día. En una palabra, se descartó la revolución como medio para convertir el capitalismo en socialismo. Por si no fuera suficiente, los países del este y la misma Unión Soviética devinieron capitalistas.

El socialismo, pues, pasó de moda en general y las izquierdas dejaron de ser, también en general, socialistas. Las izquierdas de ahora no son socialistas, ni siquiera los anarquistas.

¿Qué son, entonces, las izquierdas? Para mí es una pregunta de difícil respuesta en poco espacio. Pero puedo decir que no son socialistas y que, a lo más que aspiran, como la socialdemocracia en los países escandinavos, es a disminuir las desigualdades sociales, a un cierto tipo de Estado de bienestar (un Estado que regule la economía en favor de los más sin afectar sustancialmente a los menos), una cierta tendencia al igualitarismo por la vía de subsidios, de salarios directos e indirectos, de impuestos y con planeación. Aun así, las derechas y las ultraderechas han aumentado su popularidad incluso en los países escandinavos, para no hablar del resto de Europa, donde los supuestos socialistas (sólo de nombre) no han logrado dar empleos ni distribuir riqueza alguna. España es un ejemplo dramático de ineficacia de su viejo Partido Socialista Obrero Español, Grecia otro tanto con el Movimiento Socialista Panhelénico. Ambos, con su fracaso, le dejaron el poder a la derecha así conocida, es decir sin eufemismos.

En México, las izquierdas electorales no son, obviamente, socialistas ni pretenden serlo. Pero son las izquierdas que tenemos y sólo por comparación con las derechas representadas por el PAN, el PRI, el PVEM y el Panal. Son de izquierda porque se proponen disminuir las desigualdades sociales, atender la pobreza, promover el empleo, universalizar la salud y la educación públicas, regular la economía mediante el intervencionismo estatal que rechazan todas las corrientes neoliberales (por esto se llaman neo-liberales). No son anticapitalistas pero sí se pronuncian por promover lo que suele llamarse justicia social. Son lo que son por la sencilla razón de que no pueden ni quieren proponer el socialismo ni por vía electoral ni mucho menos mediante una revolución armada. El horno, en mi apreciación, no está ahora para estos bollos. No sé más adelante.

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Gratis, nada-Fisgón

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Astillero

Trampas mediáticas

Juanitos informativos

Propaganda disfrazada

SCJN: tretas libres

Julio Hernández López

TÍTULO DE PROPIEDAD AL ESTANQUILLO. Carlos Slim saluda a José María Pérez Gay en la entrega al Museo del Estanquillo de las escrituras del edificio en el Centro Histórico, que hizo ayer el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard. Familiares de Carlos Monsiváis, cuya colección está albergada en el inmueble, entre los asistentesFoto José Antonio López

A pesar de que la declaración de Andrés Manuel López Obrador había sido primera en tiempo, ayer la atención de los grandes medios informativos prefirió destacar y celebrar la que varias horas después hizo Enrique Peña Nieto al anunciar que no simularía contienda interna en el PRI para aprovechar tiempos electrónicos de precampaña.

El tabasqueño había adelantado de mañana, en Cancún, la difícil decisión de no aparecer en tiempos oficiales de radio y televisión desde el 18 del próximo mes hasta el 15 de febrero (más un inmediato periodo de veda que terminará a finales de marzo), conforme a la peculiar normativa electoral vigente y para que se acabe ya con la especulación, porque nosotros no somos marrulleros. El candidato de Morena y tres partidos más daba así respuesta a la oleada de críticas que habían generado las palabras pronunciadas en radio con Carmen Aristegui, al sugerir que los dirigentes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano podrían apuntarse como contendientes de utilería para así usar las ventanas electrónicas que la ley ofrece solamente a los partidos cuando tienen disputa interna.

López Obrador argumentó que aquellas palabras habían sido mal entendidas y aseguró que la confusión había contado con un afán de seguimiento por parte de medios de comunicación al servicio de Peña Nieto y del PRI (nota de Adriana Varillas, en el portal de El Universal). La recompostura que hizo el tabasqueño, sin embargo, no contó con una difusión proporcional a la que habían tenido sus originales declaraciones en que prefiguraba una segunda etapa de lo que comenzó a llamarse el juanitismo, en recuerdo del episodio de rejuegos en escena que tuvo como escenario Iztapalapa y su elección de jefe delegacional. Por el contrario, la nota se la llevó el ex gobernador del estado de México, quien horas después de AMLO dio a conocer una postura similar, en el sentido de no usar con tretas los multimencionados tiempos. A ciudadanos con poca información o con un acceso apresurado y acrítico a ésta, el manejo desequilibrado del asunto podría dejar la impresión de que el perredista había sido arrastrado a su decisión por el priísta o incluso que ni siquiera hubiera corregido. Manipula, que algo queda.

En esas trampas del manejo informativo descansará parte importante de las campañas de las dos opciones partidistas con poder económico y político, las del PAN y las del PRI. Peña Nieto puede despojarse de los tiempos oficiales de precampaña porque sus actos internos, sin promoción explícita de su candidatura, aunque a todo mundo le quede más que clara la intención (o la presentación de un libro, atendida generosamente anoche en Foro Tv, de Televisa), serán potenciados por los agradecidos y coaligados medios que por sí mismos habrán de apenas disimular propaganda como información. En cambio, en ejercicio de esos libérrimos criterios informativos, los mismos medios pueden dar un tratamiento secundario, desdeñoso o testimonial a las actividades de los candidatos que no les satisfagan.

Es decir, las empresas periodísticas de intereses comprometidos con los poderes en contienda podrán fungir como juanitos informativos, supliendo con marrullería las limitaciones que imponga la ley y favoreciendo a sus amplios clientes favoritos, como fue el gobierno peñanietista y siguen siendo ahora otras administraciones priístas concurrentes con el proyecto rumbo a Los Pinos, o como es el gobierno calderonista que aún no decide si mantendrá el simulacro de contienda entre tres pesos menores (con lo cual podría aprovechar los tiempos de precampaña, aunque sin posicionar en el ánimo colectivo el nombre del candidato definitivo, como sí lo están haciendo ya el PRI y la izquierda) o aprieta tuercas para juntar menudencias y armar algo parecido a un urgente aspirante único de la derecha.

Las reglas electorales en práctica, diseñadas con la vista puesta en lo que pasó en 2006, y aprobadas por la izquierda colaboracionista para conjurar una segunda aparición de AMLO, concentran el fragor electoral en un corto periodo que solamente podrá ser explotado con éxito por quienes tengan dinero en abundancia y gran maquinaria burocrática a disposición. Por lo pronto, los tiempos en radio y televisión correspondientes a los partidos que no tengan precampaña podrán ser usados por éstos pero sin aparición ni promoción específica de su candidato único. Del 18 de diciembre al 15 de febrero no podrán aprovechar tales espacios, y luego entrará en vigor una suerte de veda que terminará a finales de marzo.

Tal como se preveía, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría de votos (cuatro contra uno) el proyecto de resolución que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea había redactado para dictar la última palabra en el litigio entre La Jornada y Letras Libres. El golpe judicial abre la puerta al uso de la calumnia para tratar de descalificar y poner en peligro el ejercicio periodístico que no forma parte del entramado de intereses dominantes. Dejar que corra la grave acusación, sin pruebas, de que un diario mexicano es cómplice del terrorismo internacional equivale a una hipócrita convalidación desde el máximo tribunal mexicano. Habrá de verse si justamente de eso se trata, de colocar en situación de riesgo, en amago preparatorio, a un medio que no forma parte del coro domesticable.

Desde luego, La Jornada continuará adelante como siempre, sabedora de que su ejercicio periodístico no ha dependido ni depende de consignas palaciegas ni intrigas de mala literatura. La verdadera libertad se vive y se demuestra día con día, plana tras plana, y la comunidad jornalera lo sabe y lo practica.

Y, mientras el corresponsal de La Jornada en Culiacán, y reportero de Ríodoce, Javier Valdez Cárdenas, recibía el premio a la libertad de prensa otorgado en Nueva York por el Comité para la Protección de Periodistas (en bit.ly/t3Zn6F están disponibles una entrevista, el discurso de Javier y una nota informativa), ¡hasta mañana!

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Certeza jurídica-Helguera

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El PAN: Michoacán, derrota federal

Adolfo Sánchez Rebolledo

El PAN, que no dijo nada a la hora feliz, cuando creía tener la victoria en las manos, al saberse abajo en la votación por escasa diferencia denunció la presencia decisiva de la delincuencia en el proceso electoral michoacano. La candidata del PAN aceptó su derrota, pero descalificó los resultados, pues presume que el vuelco inexplicable a favor del PRI que sus encuestas no habían registrado se debió a la injerencia del narcotráfico. Por su parte, el candidato del PRD, dueño de casi un tercio de los votos, reclamó, por los mismos motivos, la anulación de las elecciones. En definitiva, al final del día, la amplia movilización ciudadana quedó empañada una vez más por la disputa poselectoral, el recuerdo del incidente sangriento donde murió el edil de La Piedad y las acusaciones de última hora de la candidata panista. Mal signo. Luego, un noticiario televisivo recibió y transmitió una grabación que revela las terribles amenazas de un operador de La Familia exigiendo a un grupo de perredistas votar por el PRI, arguyendo la injerencia de un grupo rival en favor del candidato Aureoles. Es obvio que las autoridades están obligadas a investigar a fondo este y otros casos semejantes, incluyendo el asesinato mencionado, pues nada es tan dañino como la impunidad, la extensión del miedo y la siembra del fatalismo entre la ciudadanía. Es urgente hacer un esfuerzo de racionalidad política para sopesar, con realismo y sin falsas ilusiones, hasta qué punto esos lamentables hechos comprometen o no la legalidad de las elecciones michoacanas en su conjunto, si anulan (así sea moralmente) los resultados obtenidos en la urnas por los distintos candidatos y partidos. La investigación no puede quedarse en las generalizaciones del momento: ya es hora de que, por una vez, sea la ley la última palabra.

Que la delincuencia organizada dispone de los medios para influir en los procesos electorales (y no sólo los locales) es algo que, a estas alturas, parece incontrovertible, pese a los informes optimistas rendidos por las autoridades federales en el pasado. No hay evidencia convincente de que la delincuencia esté retrocediendo, derrotada por los golpes directos de las fuerzas del orden o por la acción desplegada de la justicia. Por el contrario, la fragmentación que sigue a la captura o muerte de algunos pandilleros sólo se ha traducido en la multiplicación de las células criminales que asuelan a la sociedad, elevando los delitos del fuero común y, por tanto, la inseguridad general.

Con la evolución de las conductas delictivas se acrecienta la responsabilidad de las autoridades locales, lo cual no debe ser excusa para olvidar que, por disposición constitucional, es al gobierno federal a quien corresponde tomar las decisiones, llevar la batuta, asumir la responsabilidad por los aciertos y los fracasos de la estrategia puesta en práctica (como ocurrió con el tristemente célebre caso del michoacanazo). En ese sentido, habría que asumir con seriedad que hay regiones donde la presencia cotidiana de la delincuencia compromete aun antes de la jornada electoral el ejercicio libre de los derechos políticos, pero ese realismo tan necesario (indispensable para combatir el mal) tropieza en muchos casos con la visión oficial que sigue atada a un discurso autocomplaciente, sin relación con la descomposición y violencia que degrada la vida en dichas comunidades. Junto con el terror, la delincuencia se funde con la política camuflándose con las prácticas clientelares que han convertido la competencia electoral en un mercado sujeto a la ley del más fuerte. Y está irremediablemente vinculada al peso del dinero como motor de la actividad electoral, un modelo que socava los cimientos mismos de la democracia en un país tan desigual y polarizado como es el nuestro.

Por eso sorprenden las declaraciones de los panistas, incluidas las del nuevo secretario de Gobernación, alertando sobre los peligros de la posible intromisión del narco en los procesos electorales que están en curso. El señor Poiré dijo que en Michoacán hubo signos muy preocupantes, que nosotros mismos hemos advertido, de una intención del crimen organizado de amedrentar, de incidir en distintos casos, pero el verdadero sentido de estas denuncias lo hizo explícito el secretario de Acción de Gobierno del PAN, Juan Molinar, al pedir que se investigue si la delincuencia pactó con el PRI. (Pues) negociar estrategias electorales con los enemigos de México es una traición que no debe tolerarse, reseñó La Jornada. Obviamente, Molinar no habla sólo de, o por los hechos de Tuzantla, que deben ser aclarados sin pretextos. Sin embargo, cabe reflexionar si la reacción panista es más la expresión del desencanto por la derrota sufrida en un estado y por una candidata emblemática o se advierte en esa postura un esbozo de lo que será de aquí en adelante el tono general de la campaña oficialista por la sucesión presidencial.

En cierta forma, la sospecha contra el PRI (reafirmada por la grabación) es la continuación de las controvertidas declaraciones presidenciales acerca de los pactos y las componendas de los gobiernos anteriores, a los que achaca la consolidación de la delincuencia organizada. Nada más fácil que pedirle al adversario que se deslinde de las peores acusaciones cuando no se fincan denuncias específicas ante los tribunales. Todo se queda en el ambiente, intoxicando la atmósfera. Pero el gobierno sí tiene una responsabilidad legal, que no se puede dar el lujo de eludir. Sería muy preocupante que el Ejecutivo y su partido usaran el tema del combate a la delincuencia organizada como arma arrojadiza contra sus adversarios, pues entonces la ya de por sí descompuesta situación nacional entraría en ruta directa hacia el abismo. Y de las guerras de lodo, invocadas en nombre de la libertad de expresión, pasaríamos a la guerra sucia que, al parecer, a partir de 2006 (y antes) vino para quedarse como patrimonio cultural de algunos prohombres de nuestras elites. Las calumnias no son, no pueden ser tomadas como simples opiniones carentes de efectos destructivos. Aquí lo sabemos de sobra.

Cordero de Dios-Rocha

rocha@jornada.com.mx