Ni derechos, ni seguridad
Militares que forman parte del Operativo Veracruz Seguro, hace tres días.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ni una cosa, ni la otra. Ni derechos, ni seguridad. Ni respeto a los derechos humanos, ni un Ejército que se encargue de protegerlos. Ese es el estado de las cosas en México durante los cinco años de gobierno de Felipe Calderón. Esa es la descripción desgarradora que presenta Human Rights Watch en su último informe. Un país cada vez más violento, cada vez más caracterizado por tortura y torturadores, homicidios e impunidad, levantones y quienes los llevan a cabo. Unas fuerzas de seguridad nacional que al pelear de mala manera la guerra contra el narcotráfico, reducen los crímenes cometidos contra la población a un simple “daño colateral”.
No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11 mil muertes reportadas en la prensa.
La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama? Para contestarla, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Chihuahua, Baja California, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron –después de más de 200 entrevistas– es profundamente preocupante. La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.
Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas. Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por cárteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de derecho terminan violándolo.
He allí en el reporte: 170 casos de tortura, 39 casos de “desapariciones”, 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre 2003 y 2006 la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4 mil 803. Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.
Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada, publicado hace dos años, tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil. Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3 mil 671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.
Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.
Una y otra vez el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista insiste –sin presentar pruebas– en que 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados. Por un lado el presidente afirma que los derechos humanos son una “premisa central” de su gobierno y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas. Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar a cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.
De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios. Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias. Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.
FUENTE PROCESO
No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11 mil muertes reportadas en la prensa.
La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama? Para contestarla, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Chihuahua, Baja California, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron –después de más de 200 entrevistas– es profundamente preocupante. La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.
Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas. Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por cárteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de derecho terminan violándolo.
He allí en el reporte: 170 casos de tortura, 39 casos de “desapariciones”, 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre 2003 y 2006 la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4 mil 803. Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.
Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada, publicado hace dos años, tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil. Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3 mil 671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.
Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.
Una y otra vez el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista insiste –sin presentar pruebas– en que 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados. Por un lado el presidente afirma que los derechos humanos son una “premisa central” de su gobierno y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas. Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar a cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.
De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios. Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias. Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.
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Boletas electorales y transparencia
Paquetería electoral 2006. Testimonio en peligro.
Foto: Demian Chávez
Foto: Demian Chávez
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una ingeniosa iniciativa del director de Proceso para acceder a las boletas de las elecciones federales de 2006 puso en jaque al gobierno mexicano y probó el umbral de tolerancia de las autoridades a que se ejerza el derecho de acceso a la información pública. En días pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cambió su criterio, habitualmente protectista, al pasar de la aceptación fáctica de este caso –y de ordenar medidas cautelares para evitar que se destruyeran las cuestionadas boletas electorales– a simple y llanamente declarar “inadmisible” la demanda un año y medio después. El asunto no es menor ni accesorio; antes bien, de interés público por el accidentado camino de la transparencia en esta materia. Veamos.
Primero. El acceso a la información a las boletas electorales de 2006 fue contenido por una decisión de Estado para acotar el ejercicio de este derecho humano en materias sensibles, como la electoral. No es una opinión mía. Se trata, en realidad, de una conclusión resultado del análisis sistemático de los argumentos esgrimidos con el propósito en común de dar ropaje jurídico a una decisión política tomada de antemano. No es fácil expandir la interpretación de la ley para resolver en sentido contrario a lo que la norma dispone, sobre todo cuando en el país empieza a existir masa crítica sobre el tema y no hay aceptaciones acríticas de quienes presentan lo blanco como negro. En efecto, la primera negativa al acceso a las boletas de 2006 por el Instituto Federal Electoral tuvo el mérito de haber invocado la verdad verdadera del temor por el daño que podría tener el derecho a saber, en la “seguridad nacional”, aunque no motivara ese razonamiento para negar el acceso. El IFE sabía, empero, que por ahí giraban los nudos gordianos de la dicotomía derecho a saber-certeza legal de los comicios como si se tratase de un juego suma cero.
Segundo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver contra el acceso al conocimiento de las boletas electorales (SUP-JDC-10/2007 y SUP-JDC-88/2007 acumulados) no fundó ni motivó su resolución. Creó un sofisma retórico y mostró las costuras de un traje normativo mal cosido. En efecto, la resolución del TEPJF se apoyó en convenios y tratados internacionales para mostrar conocimiento y lograr un impacto efectista sobre su primera incursión en esta materia. El ejercicio le salió contraproducente. Los precedentes donde sí existe jurisprudencia vinculante para México sobre el tema fuero invocados parcialmente o desestimados. El más importante de ellos es el caso Claude vs. Chile, del 29 de septiembre de 2006 resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya competencia contenciosa es reconocida por México desde el 24 de febrero de 1999. La Corte Interamericana sostuvo en esa sentencia que: “De acuerdo a los amplios términos del [a]rtículo 13, el derecho al acceso a la información debe estar regido por el ‘principio de máxima divulgación’”. “[L]a carga de la prueba corresponde al Estado, el cual tiene que demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión”. “Ello significa que la restricción no sólo debe relacionarse con uno de [los] objetivos [legítimos que la justifican], sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye una amenaza de causar substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interés público en disponer de la información” (prueba de proporcionalidad).”
Tercero. En la resolución comentada, el TEPJF incurrió en varios errores de apreciación, entre ellos: a) El principio de máxima publicidad lo confundió con “la publicidad y el acceso a los resultados electorales”. Se trata de dos cosas distintas. La máxima publicidad no es la difusión a través de los medios, sino un mecanismo de interpretación legal en materia de acceso a la información pública; b) creó nuevas causales para restringir el derecho de acceso a la información. La ley considera sólo cuatro tipos de hipótesis, la información reservada, la confidencial y la que “por disposición expresa (cursiva mía) de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial” (artículo 15, fracción I, Ley Federal de Transparencia). El TEPJF al margen de sus atribuciones, legisló y creó el rubro de “información indisponible” que no existe en ninguna norma jurídica; y c) violó el principio conforme al cual no hay necesidad de acreditar interés jurídico alguno para ejercer el derecho de acceso a la información. “Las boletas electorales –sostuvo el TEPJF– como documentos, sólo contienen información fragmentada, por lo cual, su consulta no es una vía que facilite el acceso a la información que en su conjunto generan.” Si facilita el acceso o no, es una decisión del solicitante, no del TEPJF, que se pronuncia sobre cuestiones ajenas a la litis.
Cuarto. A pesar del sinuoso camino para el acceso a la información electoral, la solicitud de las boletas electorales ha tenido dividendos puntuales para ensanchar la transparencia electoral. En esa lógica se inscribe la reforma en 2007 al artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con el cual “cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas”. El costo de la curva de aprendizaje, por un lado, y la adopción de nuevas normas constitucionales en materia de acceso a la información, permiten hoy que la iniciativa formulada en 2007 y que por razones aparentemente metajurídicas haya sido desestimada por la Comisión Interamericana, tenga visos de reconducirse con éxito.
Evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
Blog: ernestovillanueva.blogspot.com
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Primero. El acceso a la información a las boletas electorales de 2006 fue contenido por una decisión de Estado para acotar el ejercicio de este derecho humano en materias sensibles, como la electoral. No es una opinión mía. Se trata, en realidad, de una conclusión resultado del análisis sistemático de los argumentos esgrimidos con el propósito en común de dar ropaje jurídico a una decisión política tomada de antemano. No es fácil expandir la interpretación de la ley para resolver en sentido contrario a lo que la norma dispone, sobre todo cuando en el país empieza a existir masa crítica sobre el tema y no hay aceptaciones acríticas de quienes presentan lo blanco como negro. En efecto, la primera negativa al acceso a las boletas de 2006 por el Instituto Federal Electoral tuvo el mérito de haber invocado la verdad verdadera del temor por el daño que podría tener el derecho a saber, en la “seguridad nacional”, aunque no motivara ese razonamiento para negar el acceso. El IFE sabía, empero, que por ahí giraban los nudos gordianos de la dicotomía derecho a saber-certeza legal de los comicios como si se tratase de un juego suma cero.
Segundo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver contra el acceso al conocimiento de las boletas electorales (SUP-JDC-10/2007 y SUP-JDC-88/2007 acumulados) no fundó ni motivó su resolución. Creó un sofisma retórico y mostró las costuras de un traje normativo mal cosido. En efecto, la resolución del TEPJF se apoyó en convenios y tratados internacionales para mostrar conocimiento y lograr un impacto efectista sobre su primera incursión en esta materia. El ejercicio le salió contraproducente. Los precedentes donde sí existe jurisprudencia vinculante para México sobre el tema fuero invocados parcialmente o desestimados. El más importante de ellos es el caso Claude vs. Chile, del 29 de septiembre de 2006 resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya competencia contenciosa es reconocida por México desde el 24 de febrero de 1999. La Corte Interamericana sostuvo en esa sentencia que: “De acuerdo a los amplios términos del [a]rtículo 13, el derecho al acceso a la información debe estar regido por el ‘principio de máxima divulgación’”. “[L]a carga de la prueba corresponde al Estado, el cual tiene que demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión”. “Ello significa que la restricción no sólo debe relacionarse con uno de [los] objetivos [legítimos que la justifican], sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye una amenaza de causar substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interés público en disponer de la información” (prueba de proporcionalidad).”
Tercero. En la resolución comentada, el TEPJF incurrió en varios errores de apreciación, entre ellos: a) El principio de máxima publicidad lo confundió con “la publicidad y el acceso a los resultados electorales”. Se trata de dos cosas distintas. La máxima publicidad no es la difusión a través de los medios, sino un mecanismo de interpretación legal en materia de acceso a la información pública; b) creó nuevas causales para restringir el derecho de acceso a la información. La ley considera sólo cuatro tipos de hipótesis, la información reservada, la confidencial y la que “por disposición expresa (cursiva mía) de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial” (artículo 15, fracción I, Ley Federal de Transparencia). El TEPJF al margen de sus atribuciones, legisló y creó el rubro de “información indisponible” que no existe en ninguna norma jurídica; y c) violó el principio conforme al cual no hay necesidad de acreditar interés jurídico alguno para ejercer el derecho de acceso a la información. “Las boletas electorales –sostuvo el TEPJF– como documentos, sólo contienen información fragmentada, por lo cual, su consulta no es una vía que facilite el acceso a la información que en su conjunto generan.” Si facilita el acceso o no, es una decisión del solicitante, no del TEPJF, que se pronuncia sobre cuestiones ajenas a la litis.
Cuarto. A pesar del sinuoso camino para el acceso a la información electoral, la solicitud de las boletas electorales ha tenido dividendos puntuales para ensanchar la transparencia electoral. En esa lógica se inscribe la reforma en 2007 al artículo 295 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con el cual “cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas”. El costo de la curva de aprendizaje, por un lado, y la adopción de nuevas normas constitucionales en materia de acceso a la información, permiten hoy que la iniciativa formulada en 2007 y que por razones aparentemente metajurídicas haya sido desestimada por la Comisión Interamericana, tenga visos de reconducirse con éxito.
Evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
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Sólo uno de cada 10 mexicanos cree que Calderón ganará guerra antinarco
Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Sólo uno de cada 10 mexicanos cree que el gobierno del presidente Felipe Calderón ganará la guerra contra el crimen organizado, según datos que arrojó la Novena Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, realizada por Consulta Mitofsky y México Unido contra la Delincuencia, (MUCD).
Además, ocho de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad es peor a la que se tenía hace un año, y tres de cada 10 afirma que ellos o un familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses. Y más: 66% tiene miedo de ser secuestrado, 55% temen ser víctimas de un acto terrorista y 30% considera que la situación de violencia se pondrá peor en 2012.
A la pregunta sobre si consideran que al final de su sexenio el presidente Felipe Calderón ganaría la guerra contra el crimen organizado, la mayoría de las respuestas (44%) se inclinaron a pensar que las cosas seguirán igual e incluso peor (30%).
Sólo 14% cree que el gobierno logrará ganar la guerra en contra del crimen organizado, cifra que contrasta significativamente con los resultados obtenidos en marzo de 2010, cuando la expectativa de 23% de los entrevistados era que el jefe del Ejecutivo ganaría.
En conferencia de prensa, Juan Francisco Torres Landa, secretario general de MUCD, calificó como preocupante que 44% de la población considere que los operativos de combate a la inseguridad “han sido un fracaso”.
Precisó que esto “refleja una percepción compartida por México Unido Contra la Delincuencia de que no se están realizando acciones concretas por corregir el rumbo de la estrategia actual del presidente Felipe Calderón en su lucha contra el crimen organizado”.
Para el grueso de la población, los delitos que les causan mayor temor, de acuerdo con los resultados de la Novena Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, se observa que 66% de los encuestados tienen miedo de ser secuestrados, 74% teme sufrir un “robo a mano armada” y 55% a ser víctimas de un acto terrorista. En el caso del secuestro, se especifica que ese temor no es exclusivo de un sector económico, ya que lo sienten los mexicanos de todos los estratos sociales.
Torres Landa expresó que a pesar de que el gobierno federal ha manifestado que se han cumplido la mayoría de los objetivos de seguridad, “la estadística de delitos y la percepción social contradicen los resultados y se siguen multiplicando los delitos que más dañan e indignan a la sociedad, como los homicidios dolosos y los secuestros, de ahí que ahora se incrementen las propuestas para buscar otras vías de solución”.
Asimismo, hizo referencia y énfasis en los grandes rezagos de los compromisos asumidos desde la firma –en 2008– del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En la encuesta se menciona que el temor a ser víctimas de delitos ha modificado algunos hábitos en las personas: por ejemplo, 65% dice que ha reducido el monto de dinero que trae consigo y 57% prefiere no usar joyas.
Otras medidas que los ciudadanos entrevistados han instrumentado por seguridad son: dejar de salir de noche (45%), prohibir a los niños jugar en la calle (43%), no utilizar taxis (30%) y no realizar visitas a parientes o amigos (27%).
Los entrevistados hicieron una serie de propuestas para combatir el crimen organizado: la mayoría, 86% (15 puntos porcentuales más que en abril de este año), están de acuerdo en aumentar el número de soldados en las ciudades de México; 37% (11 puntos porcentuales más que en el cuarto mes de 2011) coincide en permitir la presencia de agentes estadunidenses en nuestro país; 34% (11 puntos porcentuales más) propone legalizar las drogas, y 33% (12 puntos porcentuales más) considera que si hay negociación con las bandas del crimen organizado se disminuiría la violencia en el país.
La Novena Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México se realizó mediante entrevistas directas en casas habitación, cara a cara, durante octubre pasado, entre mil personas mayores de 18 años que viven en todo el país.
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Además, ocho de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad es peor a la que se tenía hace un año, y tres de cada 10 afirma que ellos o un familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses. Y más: 66% tiene miedo de ser secuestrado, 55% temen ser víctimas de un acto terrorista y 30% considera que la situación de violencia se pondrá peor en 2012.
A la pregunta sobre si consideran que al final de su sexenio el presidente Felipe Calderón ganaría la guerra contra el crimen organizado, la mayoría de las respuestas (44%) se inclinaron a pensar que las cosas seguirán igual e incluso peor (30%).
Sólo 14% cree que el gobierno logrará ganar la guerra en contra del crimen organizado, cifra que contrasta significativamente con los resultados obtenidos en marzo de 2010, cuando la expectativa de 23% de los entrevistados era que el jefe del Ejecutivo ganaría.
En conferencia de prensa, Juan Francisco Torres Landa, secretario general de MUCD, calificó como preocupante que 44% de la población considere que los operativos de combate a la inseguridad “han sido un fracaso”.
Precisó que esto “refleja una percepción compartida por México Unido Contra la Delincuencia de que no se están realizando acciones concretas por corregir el rumbo de la estrategia actual del presidente Felipe Calderón en su lucha contra el crimen organizado”.
Para el grueso de la población, los delitos que les causan mayor temor, de acuerdo con los resultados de la Novena Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, se observa que 66% de los encuestados tienen miedo de ser secuestrados, 74% teme sufrir un “robo a mano armada” y 55% a ser víctimas de un acto terrorista. En el caso del secuestro, se especifica que ese temor no es exclusivo de un sector económico, ya que lo sienten los mexicanos de todos los estratos sociales.
Torres Landa expresó que a pesar de que el gobierno federal ha manifestado que se han cumplido la mayoría de los objetivos de seguridad, “la estadística de delitos y la percepción social contradicen los resultados y se siguen multiplicando los delitos que más dañan e indignan a la sociedad, como los homicidios dolosos y los secuestros, de ahí que ahora se incrementen las propuestas para buscar otras vías de solución”.
Asimismo, hizo referencia y énfasis en los grandes rezagos de los compromisos asumidos desde la firma –en 2008– del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En la encuesta se menciona que el temor a ser víctimas de delitos ha modificado algunos hábitos en las personas: por ejemplo, 65% dice que ha reducido el monto de dinero que trae consigo y 57% prefiere no usar joyas.
Otras medidas que los ciudadanos entrevistados han instrumentado por seguridad son: dejar de salir de noche (45%), prohibir a los niños jugar en la calle (43%), no utilizar taxis (30%) y no realizar visitas a parientes o amigos (27%).
Los entrevistados hicieron una serie de propuestas para combatir el crimen organizado: la mayoría, 86% (15 puntos porcentuales más que en abril de este año), están de acuerdo en aumentar el número de soldados en las ciudades de México; 37% (11 puntos porcentuales más que en el cuarto mes de 2011) coincide en permitir la presencia de agentes estadunidenses en nuestro país; 34% (11 puntos porcentuales más) propone legalizar las drogas, y 33% (12 puntos porcentuales más) considera que si hay negociación con las bandas del crimen organizado se disminuiría la violencia en el país.
La Novena Encuesta Nacional sobre la Percepción de Inseguridad Ciudadana en México se realizó mediante entrevistas directas en casas habitación, cara a cara, durante octubre pasado, entre mil personas mayores de 18 años que viven en todo el país.
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