Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

lunes, 21 de noviembre de 2011

Ocupa el futuro- Gasto sin beneficio social- Ductos: bomba de tiempo

American Curios
Ocupa el futuro
David Brooks
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El 99 por ciento estamos reimaginando el mundo en el cual queremos vivir, señala un editorial del periódico del movimiento Ocupa Wall Street; la imagen, ayer en Nueva YorkFoto Mike Fleshman
El gran debate aquí, tanto dentro como fuera de sus filas, es sobre si Ocupa Wall Street tiene futuro, si podrá sobrevivir el asalto de las autoridades contra sus plantones, o si sólo es una expresión de denuncia que se desvanecerá al incrementarse el ritmo del ciclo electoral de 2012.
Lo que no está en duda es que en sólo unas semanas este movimiento ha transformado el panorama político y social, y el debate político oficial y de oposición. Tan es así que la revista Time los ha postulado, en términos de su otro nombre, el 99 por ciento, como uno de sus candidatos principales para Persona del Año, la selección anual de una figura (o entidad) calificada como la más importante por su impacto nacional o mundial. El argumento es que mientras los manifestantes de Ocupa Wall Street deciden sus próximos pasos, ya han tenido éxito en cambiar el debate nacional de un enfoque sobre la deuda a uno sobre la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades y un sistema que, aseguran, ha dejado a demasiada gente sin voz.
De hecho, el debate sobre si permanecer en los plantones o desocupar por ahora, para pasar a una nueva fase, se inició antes del desmantelamiento del campamento en la Plaza Libertad en Nueva York y varios otros (Portland, Oakland, Denver y Chicago, etcétera) entre otros integrantes del movimiento.
Adbusters, la revista canadiense desde donde se lanzó el primer llamado para ocupar Wall Street, aconseja que ante la llegada del invierno, y de algunas sombras que aparecen en la percepción del movimiento (por algunos incidentes aislados de violencia, frustración, agotamiento de algunos integrantes), hay dos opciones: mantener la presencia por medio de los plantones durante todo el invierno y defenderlos como se pueda, o la que favorece: “declarar ‘victoria’ y armar una fiesta, un festival…. un gran gesto para celebrar, conmemorar, compartir felicidad en lo que hemos logrado, los nuevos camaradas que encontramos, los días gloriosos por venir”. Sugiere que un sábado “se retomen las calles… para bailar como nunca e invitar al mundo a que se sume a nosotros. Después, limpiamos, reducimos las cosas y la mayoría nos resguardamos… y usamos el invierno para generar ideas, tejer más redes, construimos ímpetu para poder surgir de nuevo rejuvenecidos con tácticas, filosofías y un mar de proyectos frescos para armarla de nuevo en la primavera”.
Pero Adbusters es sólo una voz más en este movimiento horizontal, sin líderes, y sin gurús, que decide todo de manera autónoma y por medio del consenso de los participantes.
Los de Ocupa Wall Street aquí afirmaron en un comunicado, poco después de que su campamento fue desmantelado por las autoridades, que “este movimiento es más que una protesta, más que una ocupación…. El ‘nosotros’ en este movimiento es mucho más amplio que los que pueden participar físicamente en una ocupación… es de todos los que realizan alguna acción para involucrarse en este proceso cívico. Este momento es nada menos que Estados Unidos redescubriendo la fuerza que tenemos cuando nos unimos como ciudadanos para abordar las crisis que afectan a todos. Tal movimiento no puede ser desalojado”.
Otros coinciden: pueden llevarse las carpas y las tiendas de campaña, pero no pueden desacelerar el movimiento Ocupa Wall Street, afirmó Richard Trumka, presidente de la central obrera AFL-CIO. El mensaje de Ocupa... ya ha creado un nuevo día. Este movimiento ha provocado un giro sísmico en nuestro debate nacional; desde la austeridad y las reducciones de empleo, la desigualdad y nuestro sistema económico descompuesto.
Pero las expulsiones y los desmantelamientos sí provocaron que se intensificara el debate interno sobre el futuro de Ocupa Wall Street. Para unos, ahora se definirá si lo que ha ocurrido durante los últimos dos meses fue un momento de denuncia y protesta, o si es el inicio de un movimiento. Otros aseguran que la represión contra los plantones es tal vez lo mejor que nos podría haber ocurrido, ya que los campamentos podrían haberse deteriorado, por problemas de seguridad interna o desmoralización, o simplemente desvanecerse, pero con las expulsiones y represiones para intentar sacarlos eso ya no sucederá, sino mas bien los obliga a pasar a una nueva fase revitalizando todo.
Para observadores externos, el movimiento tampoco se reduce a plantones. Los manifestantes no ocuparon un archipiélago de parques en Estados Unidos, sino la agenda nacional. El movimiento ha plantado la desigualdad económica en la conciencia nacional, y será difícil que cualquier alcalde o fuerza policiaca lo expulse de ahí, consideró hoy Nicholas Kristof, columnista del New York Times. Afirma que el hecho es que el 1 por ciento de estadunidenses posee un valor neto superior al del 90 por ciento de abajo. Por ello, considera: yo espero que el movimiento se transforme en Ocupa la Agenda.
Para el ex secretario de Trabajo, Robert Reich, “todo movimiento que ha ocurrido a lo largo de los últimos 75 años de la historia estadunidense… cuando hay una represión, un esfuerzo violento por anularlo –y especialmente cuando integrantes del movimiento mantienen una respuesta pacífica, no violenta, y de desobediencia civil–, eso acaba por fortalecer al movimiento. Y eso es lo que casi inevitablemente ocurrirá aquí”.
El editorial del nuevo número del Occupied Wall Street Journal –rotativo del movimiento en Nueva York– resume así esta coyuntura: “El 1 por ciento apenas está entendiendo que la razón por la cual Ocupa Wall Street no está formulando demandas es porque no estamos hablando con ellos. El 99 por ciento hablamos y nos escuchamos entre nosotros… estamos reimaginando el mundo en el cual queremos vivir”. Que eso sea enfrentado con violencia por las autoridades, argumenta, comprueba que es una amenaza para las cúpulas. Concluye: no sabemos cómo va a acabar esto, pero el principio está cerca.
Este es el principio del principio, pronostican algunas pancartas. Todo indica que la intención de este movimiento es ocupar el futuro.

México SA
Inversión improductiva
Gasto sin beneficio social

Carlos Fernández-Vega
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Cuando México apuesta por carreteras, dejando de lado otro tipo de comunicaciones, lo que refleja es la falta de un programa de desarrollo integral, propiciando con ello un elevado gasto improductivo, apunta el CIEN. En la imagen, caseta a CuernavacaFoto María Meléndrez Parada
Presumido como uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, el de comunicaciones y transportes, a cinco años de distancia, reporta un balance real que no corresponde al del discurso oficial. Miles y miles de millones de pesos se han canalizado a este sector estratégico, para que un quinquenio después el crecimiento sectorial apenas si se acerque a 0.9 por ciento, como promedio anual. Se trata, pues del problema de siempre: no sólo cuánto se gasta, sino en qué y cómo se gasta.
Como señala el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, destinar miles de millones de pesos a procesos improductivos refleja la ausencia de claridad que desde el sector público se tiene respecto a las verdaderas necesidades del país. La variación promedio del PIB de transportes, correos y almacenamiento representa un claro ejemplo de lo anterior. Entre 2006 y 2010 la inversión pública en el sector de comunicaciones y transportes se ha incrementado a una tasa promedio de 19.3 por ciento anual; sin embargo, en el mismo periodo el PIB mencionado solamente lo ha hecho en 0.9 por ciento anual. Hay que preguntarse por qué una inversión que duplica a la de cuatro años antes no se ha traducido en un aumento significativo de la producción. La primera parte de la respuesta se encuentra en la inversión del sector privado en el sector: 2 mil 100 millones de pesos menos que en 2006, lo cual se traduce en una caída de 0.6 por ciento en promedio anual para el lapso citado.
Lo anterior indica un comportamiento divergente entre la inversión realizada por las empresas y la correspondiente al sector público: en 2006 la parte privada fue 185 por ciento respecto a la pública, en tanto que para 2010 únicamente fue de 88.7 por ciento. La caída en inversión privada destinada a infraestructura de comunicaciones y transportes explica dicha situación, lo que sintetiza el precario entorno económico, social y de seguridad que enfrentan quienes buscan hacer empresa y generar empleo en México. Lo descrito conduce al segundo elemento a tomarse en cuenta: la inversión pública no es un sustituto de su contraparte privada; por el contrario, es un complemento que ante la ausencia de la última tiene un efecto marginal. En este aspecto existen algunas cuestiones a resaltar: los proyectos de inversión públicos se circunscriben a desarrollar sectores como el petrolero, el eléctrico y el carretero.
El problema, apunta el CIEN, es que dichas erogaciones no tienen beneficios si ellas no llegan a la sociedad en forma de bienes y servicios más baratos, de fácil acceso y calidad. La elevación de los precios de combustibles es el mejor ejemplo de cómo una mayor inversión no necesariamente termina por impulsar a la economía. En la parte de comunicaciones, las nuevas carreteras, o las mejoras a las existentes, no tienen impacto si el aparato productivo se encuentra deprimido, sin financiamiento y con un débil mercado interno. No puede dejarse de lado la calidad de la inversión realizada: el monto millonario de recursos destinados a proyectos que no están bien planeados, que al construirse no tienen el desempeño prospectado, limita el crecimiento. La inversión pública improductiva, no ejercida en tiempo y forma debe eliminarse, básicamente porque se realiza con recursos que se obtienen de los impuestos o de la riqueza petrolera, situación que se traduce en un daño al patrimonio de la sociedad.
Ante las restricciones financieras por las que, de manera estructural, atraviesa el país, cuidar el destino del gasto es imprescindible. Es preocupante que tanto el número de aeropuertos y puertos marítimos como la cantidad de vías férreas permanecen estancados en México, fundamentalmente porque constituyen la columna vertebral de la competitividad que las economías desarrolladas y emergentes exhiben. Difícilmente podría estimarse que China habría alcanzado el ritmo de crecimiento actual sin sus desarrollos de infraestructura. La construcción de trenes de alta velocidad, puertos competitivos y aeropuertos que le dan conectividad global son el común denominador de su éxito. Cuando México apuesta por carreteras, dejando de lado otro tipo de comunicaciones, lo que refleja es la falta de un programa de desarrollo integral, propiciando con ello un elevado gasto improductivo.
Las rebanadas del pastel
Mexicana, fraude maquinado, segunda entrega, en (www.youtube.com/watch?v=s8kj_1P16uo).... De la lectoría, sobre una de tantas bombas de tiempo que hay en la gran metrópoli: en los últimos años hemos visto cómo en algunos lugares de la ciudad de México se han producido grietas y desniveles de terreno. El mismo fenómeno se ha dado en la delegación Iztapalapa. El problema se agrava en calles por donde corren ductos que transportan gas a alta presión. Desde 2005 hemos presentado escritos ante diferentes instancias oficiales locales (Protección Civil de la Delegación Iztapalapa, Procuraduría Social, Secretaría del Protección Civil del Gobierno del DF) y federales (Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía) y ante la propia empresa privada concesionaria del ducto (la trasnacional Gas Natural México). Se trata de establecer comunicación no sólo para recabar información sobre el estado que guardan los ductos, sino para informarles sobre el abandono, anomalías o deficiencias detectadas en las señalizaciones y otras instalaciones superficiales, sin que a la fecha las instancias señaladas hayan mostrado interés o dado una respuesta satisfactoria a esta inquietud. Desde la instalación del ducto en 1982, no hemos visto a persona o instancia revisar o monitorear la red, ni supervisar el estado de las señalizaciones y demás instalaciones superficiales. Es más, en algunos casos hemos detectado señalizaciones con teléfonos de emergencia que no tienen nada que ver con los servicios de emergencia de la empresa o bien nadie contesta. Ante el peligro latente que representa tener un ducto de gas a alta presión literalmente en la puerta de nuestros hogares, los vecinos hemos solicitado ante las instancias oficiales ya referidas: a) que se atienda el problema de las grietas y hundimientos, b) que se modifique la ruta por la que corren actualmente los ductos en cuestión ya que no hay condiciones que den certeza y seguridad y c) que se atiendan otros problemas no menos importantes como el de la inseguridad, recuperación de espacios deportivos, áreas comunes y jardines, entre otros (José Fernando Orozco, job_8888@hotmail.com).

Cadena perpetua
Bernardo Bátiz V.
El sistema, esa entelequia que conduce los destinos del Estado mexicano formado por PRI y PAN y por algo más que esos partidos, como no quiere o no puede hacer algo eficaz contra la delincuencia, que él mismo prohijó y luego soltó como un azote contra del pueblo para aparentar que algo hace, reforma leyes que no han servido de mucho, pero que le dan breves momentos de reflectores mediáticos y tranquilizan un poco a los más atemorizados, aunque también por poco tiempo.
La semana pasada, el Congreso del estado de México, con un solo voto en contra, aprobó la cadena perpetua para algunos delitos graves –homicidio, violación tumultuaria, feminicidio–, inscribiéndose así en un proceso que lleva ya al menos las tres últimas décadas, de aumentos a los años de cárcel, con la razón de que de esa manera se disuade a los delincuentes y los delitos disminuyen.
La verdad es que no ha sido así; no hace muchos años la pena máxima por los delitos más graves era de 30 años, después se incrementó a 40 y luego nos enteramos de casos en los que a una persona se le condenaba a 70, 80 o más años de prisión –sin duda, muchos más de los que lógicamente podría vivir–, sin que la delincuencia se dé por enterada. Ahora se aprueba en el estado de México la cadena perpetua, que parecía desterrada de nuestra legislación. En otros ámbitos, también por demagogia, se ha propuesto insistentemente la pena de muerte.
Esta espiral a mayores penas es irreflexiva y oportunista; no atendió ni respondió a los argumentos que en comisiones dio la diputada panista Mónica Fragoso. Ella inútilmente argumentó que los especialistas en la materia conocen muy bien que penas más altas no disuaden más y recordó, en apoyo de su posición, que se cometían menos delitos y había más seguridad cuando la pena máxima era de 30 años. Lamentablemente la posición panista en la asamblea varió en el pleno y los representantes de ese partido votaron en favor, pensando quizás que con ello quedaban bien con un sector asustadizo de la población.
Los efectos de la cadena perpetua, según los estudiosos, pueden ser varios. Uno, quizá el señalado con más insistencia, es que los reclusos condenados a penas muy largas, más allá de su expectativa de vida, son los más difíciles de controlar, no tienen ya nada que perder ni que arriesgar y se convierten en los sicarios de otros, puesto que 10, 15 o 100 años más por nuevos delitos no alteran para nada su situación.
Otro efecto es el económico: las largas condenas cuestan más al erario que otras de menos años, pero más certeras. Mark Kleiman, considerado experto en estos asuntos, opina que el riesgo alto de ser juzgado y condenado es más disuasivo que las penas elevadas; cuando hay un alto porcentaje de posibilidades de nunca ser descubierto, o bien, de ser puesto ante un juez y salir absuelto por fallas en el proceso, por corrupción o por incompetencia de los acusadores, el delincuente se arriesga independientemente de lo elevado de la pena. Se ha optado por el camino fácil de aumentar penas sin pensar en mejorar a fondo sistemas de investigación y procesos judiciales; la apuesta ha sido a un sistema policiaco con muchos tintes inquisitoriales.
Dejo al final el argumento fundamental contra la cadena perpetua: su inconstitucionalidad. En efecto, el fin del sistema penal de acuerdo con nuestra ley fundamental es la readaptación de los delincuentes a la vida social; nuestra Constitución no acepta ni la venganza privada ni la venganza pública. Su propuesta es distinta: procura el rescate de quienes han cometido los delitos, parte del principio de que todo mundo, aun los peores delincuentes, pueden regenerarse.
El artículo 18 de la Constitución, en su párrafo segundo, afirma: Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.
Quienes optan, por las razones que sean, por una sanción en la que la readaptación social del delincuente se hace imposible, desconocen y vulneran el precepto constitucional citado o bien no lo consideran adecuado o actual, pero no se atreven a proponer su modificación o su derogación. Prefieren, como el sistema lo ha hecho en otros campos de la legislación, modificar principios constitucionales a través de leyes ordinarias.
Aun cuando parezca reiterativo, es necesario insistir en que para combatir la inseguridad y la delincuencia deben suprimirse las causas profundas que producen los delitos y que generalmente son de carácter social; no habrá amenaza de cárcel o de muerte que valga, no bastarán más policías o soldados persiguiendo a los delincuentes, ni armas más sofisticadas ni cárceles de alta seguridad, si no se combaten la pobreza, la marginación, la desinformación y la injusticia.

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