Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 22 de noviembre de 2011

Enrique Krauze, el difamador- La Jornada y el derecho a la información- Logomaquias: el extraño caso de la involución del ministro Zaldívar- Enrique Krauze y la reconquista española

La Jornada y el derecho a la información
John M. Ackerman
La existencia del periodismo crítico que se ejerce en La Jornada es el mejor indicador de que, a pesar de todo, persiste la libertad de prensa en México. Los que buscan eliminar este importante medio informativo no defienden la libertad de expresión, sino buscan abrir aún más espacio a las mentiras televisivas y retornar a la época del pensamiento único. Ello a todas luces implicaría un ataque directo a nuestro derecho constitucional a la información.
El artículo Cómplices del terror, publicado en 2004 y firmado por el subdirector de Letras Libres –que dirige Enrique Krauze–, concluye de forma ominosa: “La Jornada [se encuentra] al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo”.
La primera frase es una abierta calumnia que se basa en el hecho de que La Jornada tiene un convenio de colaboración noticiosa con Gara, un periódico totalmente legal y transparente del País Vasco. La idea de que un convenio de esta naturaleza funja como correa de transmisión para subordinar el rotativo mexicano al proyecto político de ETA es tan ridícula como sería afirmar que el periódico Reforma estuviera subordinado al gobierno de Estados Unidos por tener un convenio con el New York Times.
Habría que recordar también que La Jornada cuenta con convenios similares con gran diversidad de medios, incluyendo Le Monde Diplomatique de Francia, Página 12 de Argentina y The Independent de Inglaterra. Todos estos acuerdos son necesarios y propios del ejercicio profesional del periodismo en un mundo cada vez más interconectado.
Pero quizás más grave aún que la calumnia es la evidente amenaza, que encontramos en la segunda frase citada, que se lanza desde las páginas de una publicación alineada con la derecha española y los poderes fácticos mexicanos. Cómo bien lo ha señalado Luis Hernández Navarro (21/11/11, http://bit.ly/rtRpxF), Letras Libres existe y perdura gracias a la red de apoyo con la que cuenta al otro lado del Atlántico. Recordemos también que Krauze forma parte del consejo de administración de Televisa, al lado de personajes como Pedro Aspe, Claudio X. González y Germán Larrea (ver directorio aquí: http://bit.ly/vSaXKd).
Los recientes esfuerzos del escritor por vestirse con las sedas de la izquierda no engañan a nadie. Tanto Guillermo Zamora (Goebbels vs. Hugo Chávez: Enrique Krauze, la derecha en México y Venezuela, Colmenares y Vargas, 2011) como Armando Bartra (Mira quién lo dice, Proceso 1826: http://bit.ly/u8MNnv) han destapado magistralmente esta tomadura de pelo. Así, la pretensión de los directivos de Letras Libres de que el tipo de periodismo que practica La Jornada deje de existir no se puede tomar como una crítica constructiva de un colega comunicador, sino como una lanza directa desde el poder.
El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que está enlistado para abordarse mañana, miércoles 23 de noviembre, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está mal enfocado, ya que, si bien defiende la libertad de expresión, deja fuera de cualquier consideración nuestro derecho a la información, tutelado por el artículo sexto constitucional. La misma SCJN ha argumentado que el derecho a la información no solamente implica el derecho de acceder a información pública en manos del gobierno, sino también el derecho de los ciudadanos a ser informados de manera plural y democrática. Por ejemplo, en su decisión de echar abajo artículos claves de la ley Televisa los ministros desarrollaron una importante teoría respecto a la necesidad social del pluralismo informativo.
La Jornada no es cualquier medio de comunicación, sino un medio incómodo, acosado política y económicamente desde el poder. Junto con la revista Proceso y unos cuantos otros medios independientes, ha sufrido un bloqueo tanto de parte del sector privado como del gobierno con respecto a la contratación de anuncios. La Jornada también es una empresa democrática, un colectivo de accionistas sin un dueño empresarial externo que dicte su línea editorial. Es incorrecto, por lo tanto, equiparar al periódico con los poderes públicos o los gobernantes.
También resulta ingenuo que el ministro Zaldívar afirme en su proyecto de sentencia que exista un mercado de las ideas que automáticamente genera un debate que conduce a la verdad y a la plenitud de la vida democrática. Hoy en México no existe una competencia libre entre medios que favorece la verdad, sino un oligopolio autoritario que fomenta la mentira. Es totalmente erróneo sostener, como lo hace Zaldívar, que nadie tiene un mayor acceso al derecho de réplica que un medio de comunicación, máxime si se trata de un rotativo cuya publicación es diaria. La Jornada se encuentra hoy en franca desventaja ante tanto los poderes mediáticos como las autoridades públicas.
El gran problema con la versión del liberalismo que Krauze dice practicar, y que hoy es retomada por Zaldívar, es que prefiere decretar la existencia simulada de una fantasiosa libertad de mercado antes que aspirar a lograr un nuevo estado de las cosas donde no solamente las empresas, sino también las personas y los colectivos conozcan los frutos de la libertad. Tal como señaló La Jornada en su editorial del viernes pasado (http://bit.ly/smc3M7 ), los criterios hoy plasmados por Zaldívar en su proyecto conducirían, de manera inevitable, al triunfo de los poderosos sobre los débiles, del músculo corporativo y financiero sobre las iniciativas sociales, y de los discursos dominantes por encima de las voces disidentes.
Twitter: @JohnMAckerman


Enrique Krauze, el difamador
José Steinsleger
La reflexión moderna acerca del derecho a la comunicación ha tornado obsoletos (aunque integrándolos) términos que en otras épocas se reves-tían de afanes puristas, animando grandes debates y combates: libertad de imprenta (siglos XV al XVIII), de prensa (siglo XIX), de expresión (siglo XX).
La batalla teórica fue ganada. Ninguna fuerza política o institucional se atrevería hoy a negar el derecho de todas las personas a expresarse, informar y ser informadas. Hasta organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), gremio de empresarios que agrupa a los magnates de la comunicación, reclaman el derecho de marras.
¿Cuáles serían sus límites? En sus formas democráticas (haya o no legislación explícita) se acepta que frente a las complejidades de la sociedad moderna el ejercicio de la comunicación requiere de criterios amplios y fundamentados, en los que la ética y moral de sus actores juegan un papel fundamental.
En ese sentido, las diferencias entre la SIP y La Jornada son claras. Los medios de la SIP han sido caja de resonancia del golpismo y el terrorismo de Estado en América Latina, y La Jornada ha priorizado el derecho de los mexicanos a estar informados.
Principio que quizá haya ido en detrimento de la imparcialidad de los puros, pero en beneficio de la objetividad y cuidándose de los abusos que, so pretexto de la libre expresión, no le hacen asco a la desinformación y la difamación.
La revista Letras Libres y su director, Enrique Krauze (a quien la SIP acaba de galardonar por su “meritoria labor en defensa de la libertad de expresión…”), son buenos ejemplos de la amoralidad informativa y ausencia de ética que, a cuenta de terceros, incurren en difamación.
Digo terceros, porque ya no sé a quiénes obedece Krauze, o si tan sólo interpreta sus deseos: ¿la CIA?, ¿el Estado español?, ¿la plutocracia mexicana?, ¿la mafia cubana de Miami?, ¿el Mossad israelí?, ¿la Internacional liberal de tolerantes que integran terroristas cubanos como el colaborador de Letras Libres Carlos Alberto Montaner, y preside el eurodiputado holandés Hans van Baalen, ex militante uniformado de la organización neonazi Nederlandse Volks Unie (NVU)?
Si lo afirmara, incurriría en la difamación de un personaje que, tras ponderar la democracia sin adjetivos, superó los apuntados en el diccionario de María Moliner para denigrar a los que piensan distinto de él. Carlos Fuentes (escritor a quien, a diferencia de Krauze, respetan amigos y enemigos) calificó al director de Letras Libres con un adjetivo desconcertante. Le dijo cucaracha (Coloquio de Invierno organizado por Conaculta y la UNAM en febrero de 1992).
No estoy de acuerdo. Leo a Krauze con atención, y no me cabe más que reconocer su talento para dotar, con algo de cultura, el discurso cínico y falaz de los que destruyeron a México en 30 años de neoliberalismo.
Krauze parece envidiar la independencia, libertad, y la masa crítica de lectores que a diario juzgan a La Jornada. ¿Fue entonces por mero despecho ideológico que uno de sus empleados acusó a esta casa editorial de ser cómplice del terror (Letras Libres, marzo 2004)? ¿Dónde, las pruebas?
En marzo de 2007, cuando el Senado de la República despenalizó el delito de difamación, injurias y calumnias, se estableció que la persona (un periodista, por ejemplo) que sea encontrada de haber provocado daño moral a otra por lo que publicó “… no será sancionada siempre y cuando revele el nombre de quien le proporcionó la información”.
Lamentablemente, el dictamen adverso a la demanda por daño moral interpuesta por La Jornada en contra de Letras Libres refuerza la sensación de que en México, donde hay poca justicia, tener razón es peligroso si el fiel de la balanza se inclina a favor y a conveniencia del más fuerte.
Mas evitemos comparar a los jueces con la justicia, cosa equivalente a comparar a los curas con Dios. Según Bertolt Brecht, muchos jueces son absolutamente incorruptibles: nadie puede inducirles a hacer justicia.
También es sabido que la más estricta justicia no sea siempre la mejor política. No obstante, La Jornada anhelaba que se le diera la razón. Porque en México, país martirizado por las clases dominantes que en Krauze reconocen a su intelectual orgánico, las personas honradas son mayoría aplastante y rigen su derecho por su deber.
Un diplomático yanqui me comentó que La Jornada era el único medio de comunicación que consultaba para elaborar sus informes sobre México. Incrédulo, pregunté:
–¿Y los que piensan distinto?
El gringo sonrió:
–A ésos… les damos la información.

Logomaquias: el extraño caso de la involución del ministro Zaldívar
César Garizurieta*
En el caso de la guardería ABC, en su momento, defendí la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tanto en el periódico como en la televisión. El artículo 97 de la Constitución establecía la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investigara las violaciones graves a las garantías individuales. La Corte no había sido demasiado proclive a asumir estas investigaciones. Sin embargo, el ministro Zaldívar estimó que la SCJN debía investigar aquellos casos en que los medios ordinarios fueran ineficaces para que los gobernados pudieren allegarse justicia, como era el caso donde, al estar involucrado el gobernador, resultaba difícil que el procurador puesto por el propio mandatario estatal resolviera en contra de quien le había dado el puesto. Comenzó el ministro a dar la impresión de que enarbolaría una posición de avanzada en el máximo tribunal.
Acerca de los ministros que avalaron la disposición constitucional del estado de Baja California que proscribía el aborto dijo: [esto] implica avasallar, desconocer, eliminar los derechos humanos de las mujeres y es algo que me parece que un tribunal constitucional en ningún momento puede avalar.
En su libro Hacia una nueva Ley de Amparo también resulta progresista; hace diversas críticas a esta ley, entre las que destaca el exceso de rigorismo que ha impedido al pueblo el fácil acceso al juicio de garantías.
Sin embargo, al fallar el litigio entre La Jornada y Letras Libres abandona su posición de vanguardia y, en cambio, utiliza, medularmente, dos argumentos: uno insólito y el otro que, además de falaz, significa un retroceso.
El insólito es el argumento consistente en que no reviste la suficiente gravedad la acusación hecha a La Jornada de ser cómplice de terrorismo. ¿Qué puede ser más grave que la imputación de un delito?; ¿qué delito es más grave a los ojos del mundo que el terrorismo? Lo es tanto, que en Estados Unidos es el único delito donde puede utilizarse tortura para ser investigado. Este argumento no resiste el más somero análisis. Pero el otro es una falacia y significa un retroceso; conforme a él la protección del honor debe verse disminuida cuando quienes litigan son medios de comunicación, porque están en una condición de igualdad.
Nuestra Constitución de 1917 es la primera constitución social de la historia de la humanidad; es, por tanto, la cúspide de la evolución constitucional, ya que el derecho social es el más evolucionado. En 1982 el gobierno abandonó su ideología social y adoptó la que padecemos hasta la fecha: la de economía de mercado y su régimen liberal individualista. Pero el constituyente de 17 fue sabio; para combatir estos tumbos ideológicos, previno a nuestra Constitución como rígida, ya que, según el artículo 135, para ser reformada es necesario el voto de dos terceras partes de los diputados y senadores (actualmente 628 individuos) y más de la mitad de las legislaturas locales. De tal modo, no es fácil que nuestra Constitución sea modificada para abandonar su sentido social (el gobierno lleva 30 años intentando que el Congreso modifique los artículos que lo contienen, pero ha fracasado, cuando menos, respecto de la propiedad nacional del petróleo y los derechos laborales del 123). ¿Cómo entonces gobernar con un criterio de libertad de mercado? Muy fácil, si la Constitución no responde a tus intereses, interprétala para derogarla.
La Corte había establecido el método teleológico como el más idóneo para interpretar la ley. Conforme a este método el juez debe interpretar las normas atendiendo a los fines que persiguió el legislador al emitirlas. Los fines de nuestra Constitución social son sociales: favorecer a la parte débil de la relación jurídica (pobres, trabajadores, campesinos, consumidores). Sin embargo, al establecer el gobierno la economía de mercado, los jueces, para ser acordes con la nueva ideología, tuvieron que abandonar el método teleológico que los ceñía a los fines sociales de la Constitución y establecieron que la ley puede interpretarse incluso considerando a los hombres como iguales, según el derecho liberal individualista surgido de la Revolución Francesa y superado por el derecho social. Así, para hacer a un lado los fines sociales de la Constitución, el sistema trasladó al juez la facultad legislativa mediante la interpretación libre. No importa lo que digan las leyes del Congreso, el juez, al aplicarlas, puede interpretarlas en sentido contrario de su texto y, peor aún, de los fines que persigue. Ello ha causado los peores problemas en la impartición de justicia, pues deja en absoluta libertad al juez para interpretar la ley como le plazca y lo convierte en el verdadero y único legislador que puede hasta derogar la ley.
El proyecto del señor ministro Zaldívar es un palpable ejemplo de esta lamentable situación. El artículo sexto constitucional señala que la libertad de expresión debe estar limitada por los derechos de terceros. Mediante una falacia (en el sentido estricto de la palabra) el señor ministro elabora una serie de disquisiciones ciertas o no para demostrar que si ambos sujetos de la relación jurídica son medios de comunicación, el nivel de protección al daño moral debe disminuirse, pero –y aquí se encuentra la falacia– con los argumentos que utiliza para rebajar la protección concluye entonces que esa protección debe desaparecer. Así, se convierte en auténtico legislador constituyente, pues tiene facultades para derogar uno de los límites de la libertad de expresión que previene el artículo sexto constitucional: los derechos de terceros. Además, supone que todos los medios de comunicación son iguales; acude así a la noción de igualdad que fue la principal argumentación del derecho liberal individualista de economía de mercado, cuya ineficacia sustentó la aparición del derecho social, lo que es, desde luego, una verdadera involución.
La consecuencia mediática de la sentencia absolutoria que propone el ministro Zaldívar no será la de que no se condenó a Letras Libres porque la Corte considerara que imputar a alguien la complicidad de terrorismo es algo menor y que, cuando la controversia sea entre medios, la protección del honor debe tener un grado de protección disminuida al punto de anularla; el público, al enterarse de que Letras Libres fue absuelta, concluirá que La Jornada no pudo comprobar su inocencia de ser cómplice de terrorismo. Se surte así la ineficacia del amparo como medio de que los gobernados se alleguen la justicia que sostiene el propio ministro en su libro.
* Constitucionalista

Enrique Krauze y la reconquista española
Luis Hernández Navarro
Como parte de un proyecto de expansión imperial que hoy se encuentra en crisis, la inversión española se expandió enormemente en América Latina a fines del siglo pasado y comienzos de éste. En pocos años, compañías peninsulares del sector financiero, energía y comunicaciones, se transformaron, gracias a la venta de garaje de las empresas estatales instrumentadas por los gobiernos neoliberales de la región, en consorcios trasnacionales. Las empresas ibéricas se ubicaron en posiciones de liderazgo.
Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del reino español, lo reconoció en 2007. “El futuro de España como país –dijo al periódico El País– está en América Latina.” Y agregó: En general, las empresas españolas están muy bien en América Latina. A todas les va bastante bien, todas ellas tienen interés en seguir invirtiendo.
La nueva reconquista española caminó de la mano de una poderosa ofensiva ideológica. Importantes intelectuales hispanoamericanos fueron reclutados a la causa. Enrique Krauze fue uno de ellos. El director de Letras Libres se convirtió en un propagandista de lujo de la nueva cruzada peninsular, por la que abogó en multitud de escritos y conferencias.
Si Iberoamérica es para la nueva-vieja derecha española Nuestra América, es decir, la de sus grandes trasnacionales, para Krauze la región no tiene más futuro que alinearse con el otro lado del Atlántico. América Latina –escribió en 2003– es un polo excéntrico de Occidente, pero es Occidente. Para seguir siéndolo necesita mirar hacia la España moderna, no hacia el pasado indígena o virreinal. Y necesita mandar al basurero de la historia los cuatro paradigmas de su retraso ancestral.
La clase política y la nomenclatura cultural ibérica reconocieron el compromiso del escritor con sus propósitos y lo honraron con premios, halagos y la distribución de su revista en aquellas tierras.
Letras Libres recibe una subvención pública anual del Ministerio de Cultura español desde el año 2002, a pesar de que tiene apenas 300 suscripciones y de que distribuye en kioscos de prensa solamente entre 200 y 400 ejemplares más.
En la presentación a una entrevista que le hizo en 2003, el periodista español Hermann Tertsh puso sobre la mesa las cartas del juego peninsular. “Cuando por estos lares aparecen intelectuales o políticos forjados en el odio de clases, etnias o naciones –escribió–, algunos parecen olvidar que existen hombres que, como Enrique Krauze, hoy probablemente uno de los más relevantes en Iberoamérica –término que prefiere el galardonado–, defienden en aquel mundo hispanohablante una vida, unos modos y una sociedad liberal como la que se ha impuesto en la vieja Europa y ante todo en España, para él siempre referencia”.
El escritor correspondió defendiendo los intereses de Madrid. Según él, los cuatro jinetes del Apocalipsis iberoamericano que lastran su entrada a la modernidad por la puerta de los Pirineos son el militarismo, el caudillismo populista, el marxismo revolucionario y la economía estatalizada y cerrada. En otros escritos añade a ellos el fantasma del indigenismo radical. Excepto el jinete del militarismo, todos los otros demonios son los que animan la resistencia continental contra el neoliberalismo y frenan las presiones de las compañías españolas por expandir sus inversiones y apropiarse del sector público latinoamericano.
De la mano de sus patrocinadores españoles, Enrique Krauze ha hecho de la difusión del evangelio neoliberal y la crítica de los gobiernos progresistas y los movimientos populares de la región una de sus principales misiones intelectuales. Los nuevos aires que soplan en el continente le resultan intolerables. El socialismo cubano, el mandatario venezolano Hugo Chávez, el líder indígena boliviano Evo Morales y el mexicano Andrés Manuel López Obrador (al que llamó el mesías tropical) son parte del repertorio de sus villanos favoritos.
Un ejemplo, entre otros muchos, de esta santa alianza entre el escritor y la derecha española fue su participación, en plena campaña presidencial de 2006 en México, en el foro La fuerza de las ideas y el futuro de América Latina, organizado por la Fundación del PAN Rafael Preciado Hernández y por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Allí expresó su preocupación por que un triunfo de López Obrador condujera a la reconstitución del viejo sistema político, sin controles, y con tendencias marcadamente autoritarias y mesiánicas. En el mismo evento, el ex presidente español José María Aznar se manifestó en favor de que el PAN y su candidato Felipe Calderón ganaran la elección presidencial del 2 de julio.
La relación de Enrique Krauze con la FAES es estrecha y antigua. El escritor mexicano es conferencista frecuente en sus foros y algunos de sus escritos pueden consultarse en los archivos de la fundación. Según Marcos Roitman, Enrique Krauze participó en la elaboración de América Latina: una agenda de libertad, trabajo colectivo cuyos creadores son los dirigentes del Partido Popular y los empresarios españoles con intereses en la región como el BBVA, el Santander o ENDESA. Ideólogo de la derecha española, muchas de las tesis que sostiene el director de Letras Libres fueron incorporadas al documento.
La FAES es una institución sin ánimo de lucro, ligada al Partido Popular, que promueve los principios ideológicos de la derecha política ibérica. Su presidente es José María Aznar. Se propone enfrentar las diferentes amenazas que padece la democracia en el mundo, como el avance del populismo revolucionario en Iberoamérica, los movimientos antiglobalización...
El activismo intelectual del director de Letras Libres contra la izquierda latinoamericana es notable. Lo mismo maquila libros contra Hugo Chávez, en el mejor estilo de lo que Claudio Lomnitz explicó en Krauze y su fábrica de historia, que asiste a eventos como el organizado en marzo de 2009 en Caracas, Venezuela, por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), bautizado como Encuentro Internacional Libertad y Democracia. El centro es uno de los principales think tanks de la derecha venezolana. Promueve campañas en defensa de la propiedad y condena el estatismo, el corporativismo y el populismo del gobierno bolivariano.
Con esa trayectoria intelectual y esos intereses, ¿a quién le puede extrañar que Enrique Krauze haya publicado en Letras Libres un libelo en el que acusa a La Jornada de ser cómplice del terrorismo por no subordinarse a la cruzada antivasca de la clase política española?
Procesos-Fisgón

No hay comentarios:

Publicar un comentario