Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 20 de julio de 2013

Dinero- La pobreza, una negación de derechos- El Issste-Peña reconoce fracaso de la «reforma» de Calderón- El problema cuando la solución es el problema

Dinero
¿Economía estancada?
¿O es un pretexto para justificar las reformas?
Atorón en el primer semestre del año
Enrique Galván Ochoa
El regreso del PRI al gobierno registra un primer semestre de 2013 sin crecimiento económico. Su meta, de acuerdo con el paquete económico que presentó al Congreso en diciembre de 2012, era un crecimiento de 3.5 por ciento del producto; sin embargo, ha sido ajustado a 2.6 por ciento y todavía podría empeorar en los meses que siguen. En nuestra encuesta semanal, 64 por ciento de los participantes consideró que el estancamiento ha sido inducido para que sirva de pretexto para justificar las reformas energética y fiscal; 21 por ciento opina que el PRI nunca aprendió a manejar la economía; 8 por ciento cree que es una consecuencia de que el gobierno tiene detenido el gasto. Es el resultado de la situación mundial, según dos por ciento, y cinco por ciento acompañó su voto con variadas ideas.
 
Metodología
 
Enviamos un cuestionario a 3 mil personas cuyos buzones electrónicos tomamos al azar entre los miembros de El Foro México. Contestaron mil 742. En seguida reproducimos fragmentos de algunas opiniones que expresaron.
Opiniones
Los priístas no llegaron a reconstruir el país, llegaron a terminar de sepultarlo. No llegaron a cambiar el rumbo y destino de millones, llegaron a profundizar la exclusión, la miseria, la pésima educación, la sicarización de la juventud. O, ¿alguien les cree todavía?
Javier Contreras / Zacatecas
Discúlpeme por estar en completo desacuerdo con lo que todos, incluyéndolo a usted, abogan por el crecimiento de las economías, conceptuadas en PNB; para mí, como para una corriente de pensamiento económico llamado decrecimiento controlado y que mundialmente encabezan Georgescu y Latouche, con quienes coincido, creemos que los recursos naturales de nuestro planeta son limitados y están ya colapsados por el abuso que nuestra especie ha hecho de ellos, pues una economía en expansión ilimitada ha llegado a un punto critico donde la Tierra no aguanta más estos abusos. Somos como la metástasis de un tumor canceroso para la naturaleza del anfitrión que nos alberga. Todo crecimiento –demográfico, industrial, minero, energético– es nefasto para nuestra misma especie. Existen otras alternativas, debemos frenar nuestra voracidad infinita, es urgente.
Luis Leija / Distrito Federal
Se debe cambiar el modelo económico del país. A más de 30 años de neoliberalismo, ha permitido la concentración de la riqueza en uno por ciento de la población y ha generado pobreza en millones de mexicanos. El presidente del empleo, resultó ser un peligro para México.
Arcadio Alonso J. / Cuernavaca
El gobierno trata de acatar las sugerencias del FMI junto con el BM: préstamos al tercer mundo con fondos de las grandes potencias industrializadas. A cambio, el FMI impone medidas de liberalización, lo que significa control y recortes profundos a los servicios de la población. El gobierno de EPN solamente lo está demostrando con sus nuevas políticas.
Foto
Roberto Hernández / Ciudad de México
La moraleja de décadas de practicar el mis­mo sistema económico es siempre la misma: pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos. Lo triste es que no haya nadie con la suficiente inteligencia y valor para cambiar el rumbo. Claro, hasta que la liga ya no dé más y vengan los conflictos sociales.
Julio Molina / Monterrey
Además de que el gobierno retuvo el gasto para utilizar el dinero en las elecciones, va a presionar y a engañar, con ayuda de las televisoras, a la gente para tratar de hacer su reformón que realmente se trata de vender lo que queda de nuestro país: el petróleo.
Danielina Duque / San Luis Potosí
El PAN entregó al extranjero la explotación de minas y mineros. El PRI se encargará de entregar lo que queda en suelo mexicano. Urge la organización del pueblo para evitar que se entregue la poca riqueza que le queda a este país.
Santiago González / Monterrey
Este nuevo PRI no sabe nada de nada; su cambio consiste en poner en las instituciones a pirrurris, hijos de papi y a sus cuates que no saben nada, ni les importa nada; sólo hacerse ricos sin esfuerzo y en el menor tiempo posible. El país es lo que menos les importa.
Sara Barbosa / Ciudad de México
¿Estancada? ¿Para quién? ¿Ya les preguntaron a Slim y a las 30 familias multimillonarias? Esto no es una crisis, es un robo.
Hugo Carbajal / Cuernavaca
Solamente se ven negocios cerrados por la inseguridad. No se ven inversiones de la iniciativa privada, y del gobierno no se ven las obras de carreteras y presas; la refinería que fue aprobada desde el sexenio anterior, ¿dónde está?, seguimos regalando el petróleo a los gringos para comprárselo a precio de oro, seguiremos igual, aumentando el número de pobres.
Isaías de la Rosa / Toluca
No se pueden esperar cambios si persiste el modelo económico de desigualdad que ha mantenido estancada la economía por décadas. En México persiste el favoritismo a las actividades especulativas entre las mismas redes de poder. Cambia el partido en el poder, pero sólo para que todo siga igual.
Patricia Aguilar / Cuernavaca
Históricamente, el PRI siempre provoca situaciones que justifiquen su proceder, crea insuficiencias, déficits, etcétera, en empresas estatales para así pretextar la necesidad de privatizar ¡Carajo! ya es demasiado PRI, y lo que nos falta...
Mario González / Ciudad de México
Es sólo una treta para sacar las reformas que ellos (PRI) necesitan, no hay otra razón. Si no hay crecimiento, según el gobierno, es por culpa de la economía mundial o alguna otra cosa. En verdad no hay crecimiento porque existe mucha corrupción y en eso, el PRI, se pinta solo.
Jesús Martínez / Ciudad de México
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
FUENTE: LA JORNADA OPINION
La pobreza, una negación de derechos
Miguel Concha
Daniel, un niño rarámuri, apenas sonríe y nos mira con temor a quienes nos acercamos. Sin duda teme a los desconocidos, a quienes no está acostumbrado a ver. En su comunidad no conocía a los chabochis o mestizos. En la Sierra Tarahumara algunos cientos de niños son atendidos de anemia cada año. Daniel es uno de ellos. No es extraño que esto allí pase, pero ocurre lo mismo en otros pueblos indígenas, campesinos, y en los barrios o zonas perdidas de las ciudades. Se trata de la pobreza que mata a la niñez de anemia o gastritis, y que mantiene a las familias en la desesperanza. Lo que nos obliga a reflexionar desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Hay 59.13 millones de personas viviendo como pobres en México? La respuesta es sí. Así lo difundió, mediante la reciente investigación Clases medias en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los resultados obtenidos muestran que 42.4 por ciento de los hogares, donde vive el 39.2 por ciento de la población, son de clase media. Por otra parte, 2.5 por ciento de los hogares son de clase alta, y viven en ellos 1.7 por ciento de la población. Mientras que en el otro lado del espectro social se tiene al 55.1 por ciento de los hogares, en los que desarrolla su vida el 59.1 por ciento de la población. Esta medición de la pobreza, realizada con otra metodología, arroja datos que difieren de los que habían sido presentados hasta ahora como oficiales. La intención del Inegi consistió en resaltar que en la década que concluyó en 2010 la clase media ascendió cuatro puntos porcentuales. Al ofrecer esta noticia, se dio relieve al crecimiento económico, e incluso a la estabilidad macroeconómica lograda en los dos sexenios pasados.
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mide, por su parte, la pobreza a través de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, y según este organismo dicha problemática se situó en 46.2 por ciento, equivalente a casi 52 millones en 2010. Si bien este tipo de medición incorpora seis derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la salud, la seguridad social, la alimentación, la educación y una vivienda digna en construcción y servicios, deja de lado otros aspectos fundamentales que repercuten en el goce pleno de los derechos humanos, como son la seguridad y la desigualdad. La limitante mayor de su metodología es la creación de dos categorías ambiguas: vulnerables por ingresos y por carencias. Son ambiguas porque personas que cuentan con los seis derechos, y al mismo tiempo no alcanzan la línea de bienestar, son consideradas sólo como vulnerables. Otras contarán con los ingresos necesarios, pero no tendrán algunos de los derechos. El concepto de integralidad nos ayuda a ver que al no contar con alguno de los derechos, o con el ingreso necesario, todos los derechos se ven afectados.
 
Los gastos catastróficos en salud, o las afectaciones ocasionadas por la violencia, así como las crisis económicas, son factores muy graves en la desestabilización económica de las familias y, por lo tanto, obstáculos para el acceso a los derechos. Es inadmisible que frente a los avances en materia de derechos humanos, 60.7 por ciento de la población carezca del acceso a la seguridad social, y 31.8 no tenga acceso a la salud. Los indicadores de las carencias son de por sí también bastante laxos. Por ejemplo, para medir si se tiene acceso a la seguridad social y ser considerados entre quienes carecen de ese derecho, se le pregunta a los adultos mayores si reciben algún subsidio. Este tipo de filtros evitan un número mayor de personas que efectivamente carecen de alguno de los derechos. Coneval afirma que la pobreza constituye en sí misma una negación de los derechos humanos.
 
Observamos entonces que las violaciones a millones de mexicanos continúa creciendo. La brecha entre clases en el estudio del Inegi sobre las clases medias es impactante: dos tercios de la población se encuentran sumidos en la pobreza o con una fuerte tendencia a estarlo. Estos datos resultan más agudos si los relacionamos con otras circunstancias producidas por el modelo económico actualmente aplicado en el país. Por ejemplo, si sumamos a quienes no están considerados en las clases bajas, pero viven o dependen de zonas con devastación ecológica, muchas de ellas por la realización de megaproyectos y extracciones minerales, que producen enormes daños. La pobreza también se agudizará porque la migración hacia Estados Unidos ya no será una válvula de escape, pues cada vez es más difícil el paso por la frontera. Crecerán millones de jóvenes sin oportunidades y sin empleo formal.
 
Luchar por la eliminación de la pobreza es una exigencia ética que se debe traducir en mejores políticas públicas, tanto de programas sociales como de desarrollo económico. Para ser eficaces, estas políticas exigen ser planteadas desde una perspectiva de derechos humanos. El Estado mexicano ha aprobado tratados internacionales, como el Pacto de los Derechos Económicos Políticos y Sociales, que le generan obligaciones internacionales al respecto. Sin embargo, los resultados esperados no han llegado, pues además de que 59.1 por ciento de la población está situado en la clase baja, hay otros indicadores graves. Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó la creciente desigualdad entre los sectores más pobres y los más ricos en el país. El porcentaje de crecimiento de los grupos más ricos fue 28 por ciento más alto que el de los pobres. El Estado mexicano está obligado a combatir la pobreza y a evitar las afectaciones provocadas por las decisiones económicas.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 
El otro pacto-Ahumada
El Issste-Peña reconoce fracaso de la reforma de Calderón
Gustavo Leal F.*
Tal y como se comunicó con oportunidad, hoy el Issste-Peña reconoce que el éxito de la reforma Calderón de 2007 y su alivio sobre las finanzas públicas fue mera propaganda. Para ponerlo a flote, el nuevo PRI quiere, ahora, que los trabajadores paguen más cuotas con peores servicios. El funcionario de Hacienda tras Calderón en la fallida reforma dirige hoy el IMSS-Peña: José Antonio González Anaya.
 
El Issste ya no carga con las pensiones en curso de pago (que, gracias al triunfante proceso de las cuatro cascadas de amparos masivos contra la reforma Calderón, garantiza el artículo décimo transitorio de la Ley-2007), ni con las de los trabajadores de nuevo in­greso (que, lamentablemente para el futuro de los jóvenes, están privatizadas en Pensionissste), pero su situación financiera es peor que la que prevalecía antes de la reforma. La Ley 2007 es más cara que la que abrogó (1983).

Este resultado fue pertinentemente advertido para Pensionissste, Fovissste, Seguro Médico, Servicios Sociales y Culturales, Estancias, Superissste y Turissste ( Tres años después de la reforma calderonista del ISSSTE, Estudios Políticos, 22, enero-abril, 2011, FCPS-UNAM).

Y es que la reforma Calderón –como sus antecedentes: la propuesta hacendaria de Gil Díaz (2003); la integral de González Roaro (2004) y la Iniciativa Ayala (2005)– nunca buscó mejorar a fondo la seguridad social de los trabajadores del Estado y su cuadro de prestaciones, seguros y servicios. Su propósito, además de buscarle alguna legitimidad a Calderón, fue replicar, diez años después, la también fallida reforma de Zedillo al IMSS para trasladarle Pensionissste los de los trabajadores del Apartado B. Lo que no logró, salvo para los de nuevo ingreso.

La Ley-Calderón despertó, además, una honda corrida pensionaria que, aunada al proceso de amparos, quebró desde dentro su base financiera. Sin creación de empleo en el Apartado B, la estructura de las contribuciones para sustentar los servicios la parió muerta. El calderonismo fracasó escandalosamente a pesar de haberle destinado, vía Miguel Angel Yunes, 8 mil millones de pesos extras al fondo médico: los servicios y el abasto están peor que antes de la reforma.

En el crepúsculo del calderonismo, con más de cinco años de retraso (2012), el exdirector Sergio Hidalgo Monroy (hoy director general de la firma concesionaria de proyectos de infraestructura de transporte OHL), instaló el Consejo Asesor Científico y Médico, presidido por Guillermo Soberón de Funsalud–principal impulsor del Seguro Popular junto con Julio Frenk y Mercedes Juan– que fungiría como el cuerpo consultor superior del Issste en todas las ramas y ámbitos comprendidos por las prestaciones, seguros y servicios que brinda.

En febrero de 2013, Sebastián Lerdo de Tejada declaró: Podremos hacer más con menos recursos, y en abril –derrochando malabarismos al intentar justificar la universalidad que promueve Peña Nieto–, ya apuntaba que, de no implementar cambios, el déficit financiero llegará a ser de 8 mil 500 millones de pesos en 2020.
 
Hoy el Issste-Peña, con su Informe Financiero y Actuarial 2013 –sin decir palabra sobre la corrupción endémica que heredaron de Fox (González Roaro, Moreno Cueto) y Calderón (Yunes, Villalobos, Hidalgo)–, reconoce finalmente que tiene numerosos desequilibrios financieros, que diversos seguros y coberturas son deficitarios y que fueron solventados en 2012 con transferencias gubernamentales por 15 mil 765 millones de pesos, exactamente como antes de la reforma de Calderón.
 
¡Su solución consiste en elevar cuotas por peores servicios! Dado que el Seguro de Salud ha operado en condiciones deficitarias desde 2008, las cuotas y aportaciones asignadas para su financiamiento son insuficientes para cubrir los gastos que se espera tener en 2014.
 
Y como los ingresos actuales sólo alcanzarán a cubrir los gastos del Seguro de Salud por seis años, para el mediano plazo se considera la opción del incremento de aportaciones que se elevarían del 11.47 por ciento al 14.02 del sueldo básico de los trabajadores, exactamente como antes de la reforma de Calderón.
Todo ello, en el marco de la propuesta de universalidad de Peña Nieto diseñada por Santiago Levy, que eleva impuestos (IVA), reduce prestaciones y aspira apenas a un piso básico de protección social, como el contemplado en el Convenio 102 de la OIT ya signado por el secretario Navarrete Prida y avalado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
 
Oscuro futuro para la seguridad social universal ofrecida por Peña, cuando para el caso del IMSS-Peña, su director González Anaya no pide más recursos federales y Sebastián Lerdo de Tejada sólo se propone elevar cuotas del ISSSTE sin proponer cómo mejorar los servicios.
 
La seguridad social universal del PRI-Peña, puede culminar en las quince escalofriantes propuestas que le entregó a Peña el sector asegurador (vía Fernando Solis Soberón, funcionario de Banorte, presidente de la AMIS y con FUNSALUD) para bloquear el crecimiento de IMSS-Issste al pretender asumir –para su proyecto de lucro– el grupo más importante del sector formal no registrado en ambas instituciones: el del outsourcing que Peña Nieto legalizó con su contrareforma laboral de noviembre de 2012.
 
Las propuestas quieren compartir la atención médica (u otorgarla), involucrarse en las prestaciones en especie/dinero de los Seguros de Enfermedad/Maternidad, Riesgos de Trabajo y de Invalidez y Vida. También, constituirse en juez y parte al dictaminar riesgos de trabajo y expedir certificados de incapacidad.
 
Acaso Peña, con González Anaya y Lerdo de Tejada ¿busca empezar a extinguir IMSS e ISSSTE? Porque para Lerdo el problema es que el ISSSTE ¡se nos envejeció!.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
FUENTE: LA JORNADA OPINION
 
El problema cuando la solución es el problema
Gustavo Gordillo
El régimen que emergió de la transición en 1997 ha estado en permanente equilibrio inestable. La coalición por el status quo integrada por las principales fuerzas políticas y actores económicos relevantes reconocía estar administrando una lenta, pero notoria decadencia. El temor a perder privilegios, rentas e influencias constituía empero una barrera infranqueable a las transformaciones del propio régimen, que todos reconocían necesarias.
Después, en las elecciones de 2012, los tres partidos siguieron la ruta de las tres anteriores: forzar un plebiscito entre dos de las tres opciones. La irrupción del #Yosoy132 modificó sustancialmente el panorama electoral. Los resultados volvieron a arrojar un electorado dividido en tres partes, sin una mayoría nítida.
Desde el campo conservador surge una fórmula: dado que las reformas que se necesitan no serán apoyadas por las izquierdas, se requiere para gobernar un pacto PRI-PAN. Pero esa opción transportaba un potencial enorme de desestabilización al marginar a las izquierdas, habría fortalecido las posiciones extremas en el espectro político y no garantizaba la ruptura de la inmovilidad política. No la garantizó en el sexenio de Ernesto Zedillo, no la garantizó en los sexenios panistas.
La respuesta fue el Pacto por México, incluyendo a los tres partidos principales en una especie de cogobierno que rompió temporalmente la inercia porque generó una dinámica en donde todos podían ganar, pero todos también podían perder. No es un pacto simétrico: la dirección del gobierno federal da mayor ventaja. El punto unificador es recuperar el poder del estado y reconstituir un poder fragmentado usufructuado por los poderes fácticos.
El Estado de los poderes fácticos es un no-Estado. No hay visión ni horizonte. En lo único que todas las fuerzas implícitamente concuerdan es en ordeñar el presupuesto público –legal e ilegalmente– que sin una verdadera reforma fiscal depende de los recursos petroleros. Ha funcionado no como el monopolio de la violencia legítima, sino como el oligopolio indolente que compra su decadencia con la generosa distribución de privilegios a todos los poderes instituidos y fácticos.
El Pacto por México puede ser la autocrítica del régimen de los poderes fácticos. Autocrítica porque las propias fuerzas políticas contribuyeron a la deformación de la transición impidiendo que avanzara hacia una reforma del Estado. Restablecer el poder del Estado limitando y restringiendo a los poderes fácticos es un propósito no cumplido aún. Reconocer que ningún partido está en capacidad de gobernar por sí solo la pluralidad social, económica y cultural del país exige cambios en las prácticas políticas. Generar espacios que promuevan la iteración de acciones para construir un nivel básico de confianza entre las cúpulas de las tres fuerzas partidistas es indispensable, pero insuficiente.
Sus puntos débiles son tres. Uno, cómo se insertan en este arreglo las fuerzas políticas no partidistas. No se trata ni de una amalgama ni de cooptaciones; es un tema que toca el centro de un régimen democrático, la vinculación entre la sociedad política y la sociedad civil, el vínculo entre ciudadanos y gobiernos.
Segundo, el impulso a una cultura de la deliberación pública frente a la inercia de una cultura que como decía Martín Luis Guzmán está basada en el verbo madrugar y, como añadía Octavio Paz, se sustenta también en el verbo ningunear.
Tercero, cómo se articula con el Poder Legislativo y cómo incide en los gobiernos estatales. Es aquí donde se gesta y se promueve la regresión autoritaria.
Aunque lo más notorio ha sido la presentación concertada de reformas constitucionales, el pacto es un mecanismo de gobernabilidad inédito y, aunque temporal, indispensable hoy ante la creciente pluralidad social. Su misión histórica sería conducir al país, sin exclusiones, a la reconstrucción del Estado mexicano.
 
FUENTE: LA JORNADA OPINION

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