15
de junio de 2011
Videos
de México
Editorial Los Pobres de
Churchill
Acampada Congreso Mx
Al menos 4 millones de
niños trabajadores en México
La OIT calcula que al menos 4 millones de niños entre 5 y 14 años
de edad, trabajan en México. La mayoría de ellos trabaja en condiciones de
riesgo en sectores del campo, la construcción y la minería.
TeleSUR
PROTESTAN
EN CONTRA DE FELIPE CALDERÓN EN UN ACTO DE LA UNIVERSIDAD DE
STANFORD
Calderón criticó al
PRI; la situación es peor ahora (ONG)
Desde Stanford, Estados Unidos, el presidente de México, Felipe
Calderón, criticó al régimen del Partido Revolucionario Institucional, que
gobernó al país durante siete décadas antes de su gestión. Calderón cuestionó
que en ese período hubo muertes, desapariciones, fraude y masacres; mismas
problemáticas que se critican al mandato de Calderón. Organismos no
gubernamentales mexicanos documentaron que las torturas y desapariciones
aumentaron en este último sexenio. TeleSUR
Jorge Hank, libre
El empresario en un sólo
día obtuvo su libertad en dos ocasiones y regresó a su casa en
Tijuana,
Videos
del Mundo
Puerto Rico "estado
libre asociado" o colonia del siglo XXI
¿Qué significa ser un
"estado libre asociado"? Explicación de las características políticas y
administrativas de Puerto Rico, en su relación con EEUU. TeleSUR
Elecciones…Estado
de México
"Tu
Primer Voto"
"Borra la Delincuencia"
La
descarga…
Con la doble exoneración de Jorge Hank Rhon, el PRI ya tiene
candidato a Gobernador en Baja California Norte…casi se alcanza a ver rodar una
lagrimita en la mejilla de Francisco Blake Mora
Hank Rhon: fracaso emblemático
Con la liberación del empresario y político priísta Jorge Hank
Rhon, quien la noche de ayer regresó a su domicilio tras permanecer 10 días
detenido por presunto acopio ilegal de armas, el gobierno calderonista se apunta
un fracaso mayúsculo, que coloca a la Procuraduría General de la República
(PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las propias autoridades
estatales de Baja California en una nueva sima de descrédito frente a la
población, y alimenta el escepticismo ciudadano ante las instituciones de
procuración de justicia.
La versión oficial que atribuía la captura del político mexiquense
avecindado en Tijuana a una denuncia anónima recibida el pasado 3 de junio –la
cual habría desembocado en un allanamiento militar y en el hallazgo de más de 80
armas de fuego en el domicilio de Hank Rhon– fue desvirtuada la madrugada de
ayer por una juez de distrito, quien acreditó diversas inconsistencias en
relación con las circunstancias de horarios, distancias y lugares presentados en
la relación de hechos elaborada por los elementos militares que participaron en
el operativo, mismas que resultaron claras, suficientes y contundentes
para exculpar a los detenidos y ordenar su inmediata
liberación.
Al desfiguro cometido por la PGR y la Sedena se sumó ayer la
administración estatal panista de Baja California, la cual re aprehendió a Hank
Rohn a su salida del penal de El Hongo, en Tijuana, le fincó acusaciones por el
presunto asesinato de una de sus nueras y lo mantuvo arraigado durante horas,
hasta que, sin haber obtenido la orden judicial correspondiente, el político y
empresario fue finalmente puesto en libertad.
Los hechos referidos ponen en relieve una cadena de pifias y un
proceder arbitrario del Ministerio Público: en lugar de centrar la causa penal
contra Hank Rhon en alguno de los múltiples señalamientos que lo vinculan con
hechos delictivos –homicidio de dos periodistas, vínculos con el narcotráfico y
lavado de dinero, entre otros– , la instancia encargada de procurar justicia a
escala federal decidió echar mano de una acusación inventada, surgida en el
contexto de una detención irregular y que carecía, por tanto, de veracidad desde
un inicio. Otro tanto puede decirse de las autoridades estatales, que
desestimaron las acusaciones serias y de larga data que pesan sobre Hank Rhon
por la autoría de varios homicidios –entre los que destacan los de los
periodistas Héctor Félix Miranda y Francisco Ortiz Franco, del semanario
Zeta– y en forma tardía e infundamentada decidieron acusarlo por un nuevo
asesinato sin más pruebas que la declaración de un testigo.
La incapacidad de las instancias federal y estatal de procuración
de justicia para aportar indicios sólidos de la culpabilidad de un personaje tan
impugnado como el ex alcalde de Tijuana refuerza la percepción de que las
acciones penales en su contra no obedecieron a un afán legalista, sino a una
intención de golpeteo político-electoral de cara a los comicios estatales del
mes entrante en el estado de México –donde el propio Hank ejerce amplia
influencia política mediante el Grupo Atlacomulco–, a un intento por posicionar
al partido en el poder de cara a las elecciones presidenciales procurando el
descrédito de los adversarios políticos y a un uso faccioso e indebido de la
procuración de justicia y las fuerzas del Estado para tales
fines.
Para finalizar, la excarcelación de Jorge Hank resulta un botón de
muestra por demás emblemático de la guerra contra la delincuencia organizada
emprendida por el calderonismo hace cuatro años, la cual ha arrojado, en materia
de procuración e impartición de justicia, un saldo casi tan alarmante como la
cuota cotidiana de muertos: en los pasados cuatro años, sólo 15 por ciento de
los presuntos delincuentes detenidos por esta guerra han recibido sentencia, y
casi tres de cada cuatro han sido liberados, sea por deficiencias en la
integración de las acusaciones, por falta de pruebas, por corrupción judicial o
por una combinación de esos factores. A este contexto de impunidad para los
criminales, y de desamparo para la población, ha de sumarse la circunstancia de
injusticia y atropello que padecen ciudadanos inocentes a manos de las
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, quienes no cuentan
con los recursos económicos ni los reflectores mediáticos de que gozó el ex
alcalde de Tijuana, sin los cuales su liberación habría sido
improbable.
Obviamente, la orden de intervenir provino de la Secretaría de la
Defensa Nacional: general Garfias
Jesús Aranda
Periódico La
Jornada
Miércoles 15 de junio de 2011, p. 4
Miércoles 15 de junio de 2011, p. 4
La intervención del Ejército en el decomiso de armas y la detención
de Jorge Hank Rhon en su domicilio –el sábado 4 de junio–, que culminó con su
liberación por falta de pruebas, es una profunda estupidez, una pifia espantosa
y un error garrafal, aseveró el general de división retirado, Luis Garfias
Magaña.
En tanto, fuentes militares revelaron que el Ejército y la Armada
de México tienen protocolos para dar seguimiento a las denuncias anónimas, y con
ello evitar errores como el que cometieron los soldados en el caso
Hank.
Revelaron que para llevar a cabo un operativo –el cual según
la Defensa Nacional empezó a partir de una denuncia ciudadana sobre la presencia
de personas armadas– como el que tuvo lugar en la casa del empresario priísta la
madrugada del sábado 4 de junio, y por el personaje involucrado, necesariamente
se contó con la aprobación del titular de la Sedena para autorizar el ingreso al
domicilio sin contar con una orden de cateo.
En entrevista con este diario, Garfias, quien fue comandante de
zonas y regiones militares, lamentó que nuevamente el Ejército haya sido usado y
lo hayan metido contra el ex candidato priísta a la gubernatura de Baja
California.
El Ejército no debe estar en esas cosas; ahora todo mundo lo va a
criticar, siendo que junto con la Fuerza Aérea y la Armada de México es bastión
en el combate al narcotráfico, sostuvo.
Con la experiencia que tuvo en el mando de tropas, el militar
comentó que, obviamente, para actuar contra Hank el comandante de la zona
militar recibió una orden de arriba.
Ahora pueden justificar que hubo flagrancia, pero el hecho es que
hay videos que muestran a los soldados cuando entraron al domicilio del ex
alcalde de Tijuana, y ahora todos “vemos el papelazo” que hizo el
Ejército, dijo Garfias, quien hizo un nuevo llamado al Congreso y al Ejecutivo
federal a regular la actividad del Ejército en el combate al
narcotráfico.
Los soldados –subrayó– cumplimos órdenes, como fue en el 68 (cuando
intervinieron en la matanza de Tlatelolco); a uno le ordenan y uno va, por eso,
subrayó que en la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad
pública debe aplicarse el artículo 29 constitucional, que establece que en los
casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el Presidente de la República
pueda suspender las garantías, previa aprobación del Congreso, en todo el país o
en un lugar específico, determinando las garantías que sean obstáculo para hacer
frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero por un tiempo
limitado.
Por su parte, mandos castrenses reconocieron que ésta no es la
primera vez que el Ejército se equivoca en atender una denuncia anónima, y que
incluso la Armada de México llegó a tener problemas al
respecto.
Indicaron que por eso toda denuncia sobre narcotráfico es revisada
inicialmente por personal de inteligencia que acude a verificar la información,
y sólo después de que se tiene la certeza de que tiene lugar un ilícito, es que
actúan sus elementos.
Comentaron que debido a la desconfianza existente hacia los
ministerios públicos, las operaciones se realizan con el mayor sigilo, y que
cuando hacen falta órdenes de cateo en los inmuebles sospechosos, se llega al
grado de solicitar el apoyo de ministerios públicos de otras ciudades para
evitar la fuga de información.
También existe un protocolo de cadena de custodia que deben
respetar los marinos y los militares, que consiste en videograbar el desarrollo
del operativo para que no quede duda de cómo estaban las cosas en el
inmueble desde el momento en que llegaron los militares hasta que se retiraron.
Esto para dejar en claro que no se sembraron armas ni
drogas.
Esta cadena de custodia debió estar presente en el caso Hank,
dijeron los entrevistados, quienes comentaron que para llevar una acción contra
un personajes tipo Hank Rhon, cualquier comandante de zona militar o naval
necesariamente cuenta con el permiso del secretario de la Defensa Nacional o de
la Marina, según sea el caso
Las rebanadas del pastel
Carlos
Fernández-Vega
Para las presidenciales de 2012 el candidato Felipe Calderón de nueva
cuenta amarró el apoyo propagandístico y financiero del Consejo Coordinador
Empresarial. Ya lo dijo su cabeza visible, Mario Sánchez Ruiz: “de cara a un año
electoral (…) la continuidad es un elemento que no podemos perder de vista”, o
lo que es lo mismo, la versión maquillada del apostarle a algo distinto
implicaría retroceso utilizada por el organismo en 2006, en abierta violación de
la ley electoral. Prepárense, pues, para campañas y propaganda aún más negras y
sucias que las de cinco años atrás.
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