NACION SOBERANA VERDAD- LA ESPAÑOLA OHL, A LA CABEZA EN GANANCIAS EN 6 MESES DE 2011

Superó en utilidades a cinco de las más grandes empresas dedicadas a la construcción

La española OHL, a la cabeza en ganancias en 6 meses de 2011

Concentró 4 de cada 10 pesos de los beneficios por concesión en obras de infraestructura

Le siguen ICA, Carso, Pinfra y Grupo Mexicano de Desarrollo e Ideal, ésta de Carlos Slim

Las concesiones para obra de infraestructura han beneficiado a la empresa española, sobre todo en la ciudad de México, donde participa en la construcción de vialidades elevadasFoto Yazmín Ortega Cortés

Susana González G.

Periódico La Jornada
Lunes 1º de agosto de 2011, p. 22

La construcción y concesión de diversas obras de infraestructura, que van desde puentes, túneles y carreteras hasta plantas de perforación de pozos petroleros, libramientos, distribuidores viales o segundos pisos, tratamiento de aguas residuales, abastecimiento de agua potable, obras de urbanización, alcantarillado, puertos, aeropuertos y la nueva línea del Metro en la ciudad de México, duplicaron las ganancias de las seis empresas constructoras más importantes del país durante el primer semestre de 2011, en comparación con lo que obtuvieron en igual periodo del año pasado.

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Grupo Mexicano de Desarrollo (GDM), Empresas ICA, Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), OHL-México, y Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), acumularon en conjunto 3 mil 61 millones de pesos como utilidades consolidadas, es decir, después del pago de impuestos, de acuerdo con sus más recientes estados financieros enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Un año antes sus utilidades fueron de mil 396 millones de pesos, lo que implica un incremento actual de un 219 por ciento.

El crecimiento fue diferente en cada caso y la principal beneficiada fue OHL-México, al concentrar cuatro de cada diez pesos de esas ganancias.

Con apenas ocho años de operar en este país, la que ante los inversionistas de la BMV se presenta como uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura en México, y líder de su sector en el área metropolitana de la ciudad de México, por el número de concesiones asignadas y kilómetros administrados, ganó mil 284 millones de pesos en el primer semestre del año, lo que equivale a casi 7 millones diarios.

Controlada directamente por OHL (Obrascón-Huarte-Lain) Concesiones de España, la séptima compañía más grande del mundo en infraestructura del transporte, según asienta en su información a la bolsa, esta concesionaria de infraestructura incluso duplicó las ganancias de ICA, que con 64 años de existencia se ostenta como la empresa de ingeniería y construcción más grande de México.

ICA sólo consiguió 627 millones de pesos de utilidades netas en el periodo referido. Enseguida se ubicó Carso Infraestructura y Construcción de Carlos Slim, con 502.9 millones de pesos de ganancias, mientras Pinfra obtuvo 488 millones. El Grupo Mexicano de Desarrollo ocupó la quinta posición, con 104 millones de pesos, y por último se colocó Ideal, otra empresa de Carlos Slim, con utilidades netas por 53 millones de pesos.

No es la primera vez que OHL rebasa mil millones de pesos de ganancias en un semestre. Entre enero y junio de 2010 llegó a mil 101 millones de pesos, en un contexto donde el resto de las empresas del sector mostraron utilidades menores por los resabios de la crisis o porque sus proyectos de infraestructura apenas empezaban. Por sí sola, OHL concentró entonces 66 por ciento de los mil 664 millones de pesos que acumularon los seis consorcios mencionados.

Las ganancias de las otras compañías se ubicaron entre los 21 y 511 millones de pesos, con excepción de Ideal, que reportó pérdidas por 762 millones de pesos.

Gravísima responsabilidad

Jorge Carrillo Olea

Entre las negras cosechas que la guerra calderoniana heredará está la depreciación de las instituciones. La procuración de justicia y la seguridad pública están en el fondo del pozo de lo impresentable, por más alegatos siempre inteligentes pero nunca sustentables de Alejandro Poiré.

De acuerdo con el todavía proyecto de ley de seguridad nacional, las fuerzas armadas seguirían el mismo rumbo. Se les pretende dotar de tal cauda de atribuciones claramente inconstitucionales que las pone al borde del delito en cada comisión que su comandante supremo en su creciente vesania les endose, y al país dicha ley lo ubica muy próximo al estado de sitio.

Un país nunca estará más cerca de la barbarie que cuando sus órganos de justicia, de seguridad y sus fuerzas armadas están al capricho de un absolutista. De esto dan prueba el michoacanazo y el tema Jorge Hank. De ambos pagó pesada factura el buen nombre del Ejército. Inventar delitos, testigos y sentencias se antojaba propio del África de Idi Amín o de los pasados tiranos latinoamericanos, sostenidos por sus envilecidas fuerzas armadas.

Ahora parece que tales leyendas pueden ser una realidad mexicana, de aprobarse como está el proyecto de esa ley. El Presidente está dispuesto a llegar a lo que sea para bloquear al PRI; ello es gravísimo, pues entrañará violencia contra movimientos políticos y sociales que la endosará a las fuerzas armadas. Con ello, Calderón terminará su tarea de destructor de las fortalezas nacionales.

Es innegable que en el pasado ya casi remoto las fuerzas armadas han sido usadas para la represión de movimientos políticos y sociales, eso no puede ser soslayado. Pero a partir de ese reconocimiento debe decidirse que tales excesos no volverán. Venturosamente ya habían pasado sexenios en que las acciones militares para enfrentar descontentos sociales habían ido a la baja y eso reconociendo ese peculiar brote que fue Chiapas.

Tal tendencia, tan de acuerdo con la democracia anhelada y buscada, era una satisfacción. Ahora vamos marcha atrás. México desea unas fuerzas armadas acordes a su democracia en construcción. Las grandes democracias tienen en su ejército timbres de honor, de orgullo, de confianza y simpatía. Nosotros vamos exactamente contrario sensu.

No se trata de que las decisiones militares sean sometidas a votación; sería tonto. Democratizar las fuerzas armadas significa darles un marco legal claro, actual e insertado en la ética política. Significa que tengan una feliz relación con la sociedad, producto de su transparencia, de su fidedigna y auténtica relación con el Poder Legislativo, recordando el papel de éste como controlador del Ejecutivo. Unas fuerzas armadas democráticas son las que están abiertas a la sociedad, que no engendran misterios y menos dudas o temores. Que saben que el deber de obediencia no es ciego, que no debe reñir con la legalidad.

La Ley de Disciplina previene cómo deberá ser la conducta del militar. Particularmente el artículo 14 dispone: Queda prohibido al militar dar órdenes cuya ejecución constituya delito; el militar que las expida y el subalterno que las cumpla serán responsables conforme al Código de Justicia Militar. Ante esto y mucho más, su comandante supremo, el presidente Calderón, no sólo hace caso omiso, sino que pareciera que ha recibido el mandato de que hay que usar a las fuerzas armadas cómo para lo que sea, sin ver que el mal estructural que les produce será dificilísimo de revertir.

Me consta cómo personal de menores jerarquías habla despectivamente de su comandante supremo; cómo encuentran inexplicable aquello a lo que se les obliga. Cierto es también que abundan los que, con pagas ya satisfactorias y cierto sentido belicoso, ven en su posible entrada en combate una íntima realización. Malo que quienes por su mayor antigüedad, jerarquía y estudios pensaran igual.

Qué falta ha hecho un programa –en todos los ejércitos en operación existe– para convencer, justificar y exaltar en las tropas la razón patriótica de las tareas de cada día, aun la posibilidad de morir. Es inexplicable la omisión, porque ese recurso del ejercicio de mando, como fortalecer la autoestima individual y colectiva, se estudia en las escuelas superiores.

Así nos encontramos con que algunas de las instituciones más preciadas en toda sociedad civilizada y democrática, en México están en riesgo de ser desdeñadas. Antes de proseguir con el proyecto de ley de seguridad nacional, ¿por qué no se ha reflexionado en esto? Habría respuestas: El Presidente no tiene un deber formal por el que entender el fondo de tales situaciones, no es su profesión. Sus secretarios de Estado, de Defensa y Marina, sí.

Ellos tienen el deber de valorar y resolver cómo se manejan las tropas. Dentro hay una propensión preocupante al deterioro moral, profesional y la creciente percepción de rechazo social a su presencia. Una depresión colectiva ya endémica, que en el medio se llama fatiga de combate, trastorno que se evidencia como un síndrome de estrés y repulsión al combate. ¿Qué explicaría el creciente número de suicidios?

Hoy sucede como en aquella funesta reunión de principios de esta administración en que se ordenó desatar la guerra. Quienes debían llamar a una reflexión, a pedir un brevísimo tiempo para calcular el cómo y los alcances de la orden, callaron. Un día asumirán saber qué es connivencia. Cada vez se habla más de una comisión de la verdad en el próximo sexenio y los presuntos involucrados ya se sienten indiciados.

Ellos conocen el peso del término estrategia, que nunca ellos ni nadie han conocido expresada en un documento comprensible. Tal estrategia por sus alcances debería ser un documento que mañana sería público, pues de existir sería histórico. Imposible, pues la estrategia fueron sólo palabras. Mañana se justificará con que es información de seguridad nacional. Así seguiremos yéndonos a pique. Es por esta actitud anticipada que el tema de la comisión de la verdad toma relevancia. Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y otros países han sabido llamar a cuentas a sus violadores de derechos humanos. México no puede ser la excepción.

Con esos silencios abyectos de quienes sí saben lo que pasa y sus consecuencias se concreta la culpabilidad. Los errores de la estrategia por nadie conocida en lo concreto son carga del Presidente, pero la distorsión institucional e histórica de los cuerpos militares y policiacos es responsabilidad ética y técnica de sus jefes; ellos saben muy bien lo que pasa y hacia dónde vamos como país de seguir por el camino de la transgresión de la ética política, de la ley y del bien hacer a que las fuerzas armadas estaban acostumbradas.

hienca@prodigy.net.mx