Por Rogelio Velázquez
Estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, exigían una mesa de trabajo con el gobernador y el reconocimiento de su pliego petitorio. Bloquearon la Autopista del Sol como media de presión; el saldo del operativo de desalojo: dos estudiantes asesinados; al menos cinco heridos de bala y 18 detenidos. “Fue la Policía Federal la que nos disparó; muchos huimos a los cerros y hasta allá nos persiguieron con helicópteros”, comentan en entrevista
El pasado 12 de diciembre alrededor de las 11 de la mañana, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, comenzaban a bloquear el tránsito de la Autopista del Sol que va del Distrito Federal a Acapulco. Sus demandas eran claras: una mesa de diálogo con el gobierno estatal y el cumplimiento de un acuerdo adquirido verbalmente por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero: ampliar la matrícula de 140 a 170 alumnos y el otorgamiento de 30 plazas de profesores para los egresados de la normal.
El operativo de desalojo fue encabezado por la Policía Federal, acompañada por la Policía Ministerial y la Policía estatal.
“Éramos como 400 personas, entre estudiantes y gente de organizaciones sociales. Bloqueamos la autopista por que el gobernador nada más dice que sí, pero no firma nuestro pliego petitorio, el cual tendría que estar firmado antes de que acabe el año”, comenta a Contralínea uno de los estudiantes que participaron en los hechos, escondido en algún lugar de Chilpancingo.
“Llegaron las fuerzas especiales de la Policía Federal para quitar nuestro bloqueo, nosotros estuvimos dialogando con ellos: uno de los policías hizo una llamada, no sabemos a quién; al colgar, dijeron que ya tenían luz verde para hacer lo que quisieran.
“Fue cuando los policías federales empezaron a lanzarnos gas lacrimógeno, algunos corrimos; inmediatamente después empezaron a dispararnos a quemarropa, no les importo que hubiera niños y mujeres entre nosotros; los disparos seguían; todos corrimos en diferentes direcciones.”
Alcanzados por las balas, cayeron sobre la carretera los cuerpos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 y 21 años, respectivamente; los dos jóvenes eran estudiantes de la normal.
“Después, nos persiguieron en vehículos y a pie mientras nos seguían baleando; algunos que nos escondimos en el cerro fuimos perseguidos por helicópteros hasta allá. No podemos comunicarnos con nuestros compañeros porque los celulares no dan línea”, comenta, aduciendo que les cortaron la comunicación y finaliza: “aún nos están buscando”.
Bertoldo Martínez presidente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero explica que la protesta también incluía la exigencia de la aparición con vida de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, desaparecidos desde el pasado 6 de diciembre, cuando se dirigían de Chilpancingo al Distrito Federal.
El luchador social y defensor de derechos humanos, señala al gobierno de Guerrero de ser el responsable de lo que está sucediendo: “es grave y vergonzoso lo que pasa en el estado; no se esclarecen este tipo de situaciones; por ejemplo, el supuesto suicidio de Joel Santana Villa fue un asesinato de Estado”, comenta, refiriéndose a la muerte del ecologista recluido en el penal de Iguala desde junio pasado? ocurrida el pasado 2 de diciembre en el interior del penal.
Por otro lado, estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México comentaron en conferencia de prensa –realizada en las instalaciones de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– que aún no se ha informado el paradero de los detenidos (alrededor de 24) y culpan al gobernador Ángel Aguirre, a la Policía Federal, a la Policía Estatal y al Ejército Mexicano por el asesinato de los normalistas.
“El ataque se dio en medio de una situación de calma; era una protesta normal, como las que siempre hacemos. Ahora, después de esto, va haber movimiento”, lo que significa que tomaran acciones más contundentes y habrá más movilizaciones. “Hace meses se presentó el gobernador en la normal para platicar con nosotros pero no quiso firmar nada. Si el ex gobernador Zeferino Torreblanca nos dejaba sin comer, este gobernador nos mata”.
Además, comentaron que la normal rural se encuentra sitiada por el Ejército Mexicano: aproximadamente 14 convoyes rodean la escuela; mientras que alrededor de 20 de sus compañeros se encuentran dentro, y temen que la normal sea tomada en próximas horas por las fuerzas armadas.
También, señalan que la Secretaria de Educación en Guerrero no ha dado respuesta a sus demandas, y responsabilizan directamente a Felipe Calderón por la estrategia de guerra que se está llevando a cabo y por políticas neoliberales impuestas que han deteriorado la educación en el país.
En un comunicado la Secretaría de Gobernación señaló que trabaja en coordinación con las autoridades guerrerenses para investigar los hechos y deslindar responsabilidades contra quien resulte responsable por los homicidios. Mientras que la Procuraduría General de la República integró la averiguación previa PGR/GRO/CHI/CASO/387/2011 por delitos federales que resulten de los hechos.
En ese sentido, José Ramón Salinas vocero de la Policía Federal señaló que ésta no había participado en el desalojo; sin embargo, Ramón Miguel Arreola Ibarra, subsecretario de Control Policial del Gobierno del Estado, contradijo esta versión y comentó que los federales fueron quienes disuadieron la manifestación.
El Gobierno de Guerrero se pronunció al respecto, a través de su página web; explicó que el gobernador se ha reunido en varias ocasiones con los normalistas y se han resuelto la mayoría de sus demandas; las que no, “es porque se salen de la capacidad resolutiva inmediata” del gobierno.
Así mismo se reitera la disposición del gobierno para resolver los problemas y demandas de los diversos sectores de la sociedad, respetando la libre expresión de las ideas y manifestaciones.
Ante esto, los estudiantes mencionaron: “No les creemos; cómo es posible que quieran dialogar mientras preparan el desalojo de la escuela; lo que quieren es cerrarla porque dentro de ella practicamos el autogobierno”.
Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició la queja de oficio CGCP/309/11 por la agresión a los estudiantes, en un comunicado mencionan que se dará acompañamiento, apoyo jurídico, sicológico, y atención medica si es requerida a los familiares de las víctimas. Además, califica a los hechos como “lamentables y condenables, que por ningún motivo deben de quedar impunes”.
Ayotzinapa otra vez
Luis Hernández Navarro
Angel Aguirre Rivero y el gobierno federal se vistieron de gloria. A las 12 horas del 12 de diciembre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a balazos. El saldo provisional es de dos muchachos muertos, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21, varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.
Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas son relativamente sencillas de resolver. Piden que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandan que se reparen los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitan que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigen que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Requieren becas para los egresados.
Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron. El gobernador Ángel Aguirre y el gobierno federal pueden sentirse orgullosos.
El requisito más importante para ingresar a Ayotzinapa es la falta de recursos económicos. Cada año, se organiza una selección en que participan tanto las autoridades educativas como los estudiantes. Ellos vigilan que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres y que sepan trabajar el campo. Cada muchacho que entra a la escuela tiene el consentimiento de la sociedad alumnos.
En Guerrero hay nueve escuelas normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. Fue fundada hace 83 años. Allí comenzaron sus estudios de normalismo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar. La matrícula escolar es de cerca de 500 alumnos, todos de extracción humilde. Son hijos de campesinos pobres de la Montaña, Sierra y Costa Chica de Guerrero, y de comunidades rurales de Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Sonora.
El rezago educativo en la entidad es enorme. Según el Censo de Población de 2010, de los 3.4 millones pobladores que tiene Guerrero, 680 mil no están alfabetizados y 1.3 millones no concluyeron la primaria o la secundaria. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: estamos rezagados en alfabetización, en educación preescolar, en primaria y en secundaria.
Las normas rurales son una de las pocas vías de movilidad social al alcance de los jóvenes en el mundo campesino. En ellas se tiene acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, con suerte, trabajo calificado. Los niveles de escolaridad y de vida existentes en estas escuelas son muy precarios. La contradicción entre escasez de medios materiales y pujanza juvenil y espíritu de superación provoca que dentro de estas instituciones prosperen las actitudes y posiciones políticas radicales. Las expectativas de ascenso social no son solamente un hecho individual, sino que involucran a las familias de los estudiantes y con frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de sus comunidades. Lo que sucede con sus escuelas no es un hecho ajeno a ellas.
Las normales rurales son una herencia de la escuela rural mexicana y del cardenismo. De las 36 instalaciones que funcionaron en el país hoy sólo sobreviven 16. Muchas de ellas fueron cerradas a raíz del movimiento estudiantil de 1968. Otras, como resultado de la huelga general que protagonizaron entre julio y agosto de 1969.
Los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Sus objetivos originales pueden resumirse en: proporcionar una educación democrática; participar en la vida económica de las escuelas, sobre todo en el manejo correcto de los dineros destinados a la alimentación; mejorar la salud, vestuario y alimentación; respetar, conservar y usar adecuadamente los edificios, talleres, equipos de dormitorio, comedor y bienes destinados por el gobierno federal para uso de los alumnos; respetar el funcionamiento de las sociedades de alumnos, y, la selección del personal, especialmente de los catedráticos.
Gobernadores, autoridades educativas de todos los niveles y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han propuesto acabar con las normales rurales. Especialmente, Elba Esther Gordillo las detesta. El 5 de agosto de 2010, al participar en el seminario La nueva sociedad: una nueva educación y una nueva política, sentenció: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades –dijo– que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo”.
Formalmente, durante dos sexenios Guerrero ha estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública. Sin embargo, su mandatario hasta 2011, Zeferino Torreblanca, quiso reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la alumnocracia y el desorden, que, según él, privan en la institución escolar. Se negó a dar empleo a alumnos egresados de esa institución porque –dijo– son vándalos.
El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de este año, se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios, hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día. Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre.
Cansados de que no se les hiciera caso, los normalistas tomaron la carretera, como han hecho tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados. Esa es la democracia guerrerense, así es la democracia mexicana.
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