Alumnos normalistas, líderes magisteriales y miembros de
organizaciones de derechos humanos de Guerrero realizaron una marcha silenciosa
por Chilpancingo, que incluyó una parada en el palacio de gobierno, en repudio
del asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de
Jesús durante el violento desalojo policiaco ocurrido el lunes. Los
manifestantes demandaron castigo para los responsables Foto
Pedro Pardo
Represión en Guerrero
Guerrero no puede ser gobernado por un criminal como Aguirre; que se vaya del estado
Ayotzinapa está de luto; en ningún momento nos van a callar, ni con sus balas
Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
acompañados de padres de familia, exigieron justicia por la muerte de sus
compañerosFoto Óscar Alvarado
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 3
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 3
Chilpancingo, Gro., 13 de diciembre. Alumnos
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, líderes
magisteriales e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos
de Guerrero realizaron una marcha silenciosa por esta ciudad en repudio por el
asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de
Jesús, durante el violento desalojo policiaco ocurrido el lunes, y en demanda de
castigo para los responsables.
Guerrero no puede ser gobernado por un criminal como lo es Ángel Aguirre Rivero, por tanto pedimos su salida del gobierno, exigimos su destitución, que se vaya del estado. El es de los que matan al pueblo, él no es como Zeferino (Torreblanca), que golpeaba; él es un asesino, dijo uno de los dirigentes estudiantiles de ese plantel al término de la protesta, frente a palacio de gobierno.
Minutos después de las 15 horas, el contingente partió de la alameda Granados
Maldonado, en el centro de la ciudad, encabezado por la base estudiantil de
Ayotzinapa –la mayoría hijos de campesinos–, que portaba dos ataúdes y
cartulinas con leyendas como
Gobernador asesino;
Fuera gobernador represor;
Aguirre, asesino de estudiantes;
Somos estudiantes, no terroristas.
A las 16:25 la marcha llegó a las puertas del palacio de gobierno, donde uno
de los oradores expresó:
Ayotzinapa está de luto; no debemos olvidar que los dos compañeros que murieron dieron la vida por luchar por nuestros derechos. No hay que olvidar que las normales rurales se hicieron para los hijos de los campesinos y fueron promovidas por el presidente Lázaro Cárdenas, que tenía ideas socialistas.
Demandan juicio político
Por eso, agregó, “pedimos juicio político contra el gobernador
Ángel Aguire y sus funcionarios, sobre todo contra el procurador Alberto López
Rosas (quien ya fue destituido del cargo), a quien le pedimos que no se mienta a
sí mismo, y que no invente en cuanto a lo de la masacre de ayer.
Culpamos a Aguirre Rivero de la matanza de ayer, al igual que al secretario general de Gobierno (Humberto López Rosas); ellos y el gobierno federal son los culpables. Que no se venga a hacer pendejo Aguirre, porque él es el culpable, porque no quiso firmar la minuta con la Normal Rural de Ayotzinapa.
Enfatizó: “exigimos la destitución de Aguirre, que se vaya de Guerrero; no
queremos asesinos, es uno de los que matan al pueblo. Él no es como Zeferino
(Torreblanca, ex gobernador) que golpeaba; él (Aguirre) sí mata. Ayer (en el
desalojo del lunes) pudo ser cualquiera; hoy todos somos Ayotzinapa, en estos
momentos de peligro.
Quizá (Ángel) Aguirre no sabe en qué se metió. En ningún momento nos va a callar, ni con las balas. No nos asusta la muerte; si piensa que nos va a callar, le decimos que no. Que deje su silla, porque no queremos que una gente asesina gobierne al pueblo, advirtió.
Al final de la manifestación, los participantes denunciaron la desaparición
de la señora Juana Mayo Avilés, de 65 años, originaria de la comunidad de Las
Ánimas, municipio guerrerense de Tecoanapa.
Ya la buscamos en hospitales y en las cárceles de la capital, y nos preocupa porque desde ayer desapareció, es una mujer campesina, dijo uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
En la marcha, que provocó el cierre de comercios en el centro de la capital,
participaron contingentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del
Frente de Masas del Estado de Guerrero y de la APPG.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa confirmaron que el
estudiante José David Espíritu, originario de Acapulco, se encuentra en estado
de coma.
El lunes, representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México aseguraron en la ciudad de México que habría un tercer
alumno muerto luego del violento desalojo policiaco en Chilpancingo.
Compañeros de José David Espíritu confirmaron que éste sigue con vida en un
hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, aunque se encuentra en estado de coma, luego de los impactos de bala que
recibió en el estómago el pasado lunes.
(Con información de Notimex)
Pa que lo vayan sabiendo-Fisgón
Represión en Guerrero
La Ministerial es la que disparó: SSP federal
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 3
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 3
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal difundió un
presunto peritaje en el que, según la dependencia, un agente de la Policía
Ministerial de Guerrero, vestido de civil, sería el responsable de la muerte de
uno de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, fallecidos durante el desalojo violento que realizaron policías
locales y federales en la Autopista del Sol el pasado lunes.
La dependencia que dirige Genaro García Luna envió a los medios de
comunicación dos imágenes; una de ellas es una fotografía aérea de la zona del
desalojo, con gráficas sobrepuestas que supuestamente indican la manera en que
el policía ministerial abrió fuego y mató al estudiante. La otra consiste en dos
imágenes y un cuadro de texto.
La SSP federal escribió en el documento: los
impactos de proyectil de arma de fuego sobre el muro de contención, que demuestra que los impactos fueron hechos por un costado, donde estaba haciendo disparos la Policía Ministerial. Esto es acompañado con fotografías de un hombre vestido de civil disparando y agentes federales posicionados lejos y de frente al cuerpo de uno de los estudiantes abatidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) revisará las actuaciones
ministeriales realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero
relacionadas con la muerte de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Las fuentes consultadas indicaron que durante la noche del lunes y la
madrugada de ayer funcionarios de la PGR recibieron los casquillos de bala
percutidos, restos de ojivas (balas) y cada una de las armas que fueron puestas
a disposición del Ministerio Público, las que fueron sometidas a pruebas para
determinar cuál lanzó los proyectiles que provocaron la muerte de los jóvenes,
identificados como Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús,
estudiantes normalistas.
Justo reclamo-Hernández
Astillero
Las prisas
Guerrero: salvar al jefe
Sin derecho a presidir
LSN, contratos, IFE
Julio Hernández López
La Secretaría de Seguridad Pública federal difundió ayer un
peritaje en el que, según la dependencia, un agente de la Policía Ministerial
vestido de civil sería el responsable de la muerte de uno de los dos estudiantes
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. En la imagen,
policías que participaron en las acciones contra los manifestantesFoto Sebastián Luna
El gobernador de Guerrero se fabricó con rapidez sus expiatorios
ángeles caídos. Uno, dos, tres: el procurador, el secretario de Seguridad
Pública y el subsecretario encargado de cumplir las órdenes de limpieza que dice
haber recibido del mandatario en fuga y que considera haber cumplido con
eficacia. Carretera limpia le habían pedido y carretera limpia entregó el
general Arreola, ahora cesado. Pero el hilo de las responsabilidades se rompe
por lo más delgado del organigrama y, para no dejar duda de que el fuego rozó
las alturas y mantiene viva la amenaza, el entrampado Ángel Aguirre Rivero se
deshizo con prontitud de tres de sus principales compañeros de viaje
administrativo.
A diferencia de las maniobras de aligeramiento de equipaje tóxico que hizo el
ex priísta habilitado como
izquierdista, el calderonismo siempre complacido no movió ni una ceja ante las evidencias videográficas, aportadas por el mismo aguirrismo despechado, de que policías federales habían golpeado a estudiantes y habían avivado el encono en el escenario explosivo de Chilpancingo y los estudiantes normalistas en constante y aguerrida protesta. Sin embargo, más allá de los pleitos entre niveles de gobierno y las consecuencias que cada bando busque en términos partidistas y electorales, aún no se conoce con precisión el motivo por el cual se produjo una reacción a todas luces excesiva, con tiradores vestidos de civil y protegidos o cuando menos tolerados por policías de uniforme. ¿Qué fue lo que generó tan impresionante capacidad de fuego, disparos directos a la cabeza de los dos muertos, persecución y golpes? ¿Una decisión cupular de asestar un castigo ejemplar a los manifestantes frecuentes? ¿Provocación e infiltración?
Otro ser con pretensiones celestiales sigue asomado al abismo. El maniquí
habilitado por el PRI como virtual candidato presidencial continúa atorado en el
retén insalvable de las preguntas sin guión preparado. Producto inflado, con
saborizantes y conservadores artificiales, que debe mantenerse bajo protección
en lugares ajenos a la discusión intelectual, el cosmético Enrique Peña Nieto
sigue recibiendo tunda tras tunda en razón de viejos, nuevos y anunciadamente
venideros
tropezoneso
dislates, como él con gran ternura le ha llamado a la escandalosa demostración pública de ignorancia continua e irremontable que va haciendo en cuanta entrevista no arreglada le es posible.
Ayer tocó el turno del destazamiento al escritor Carlos Fuentes, a quien Pena
(sí, con ene) Nieto confundió con Enrique Krauze como autor de un libro que
decía el aspirante priísta que había leído. Fuentes dijo que el ex gobernador
del estado de México tiene derecho a no leer determinados libros ni conocer a
sus autores, pero no a querer ser presidente de México desde la ignorancia.
Tal vacuidad no es algo que pueda tolerarse en quien aspira a gobernar un
país con tan grandes y graves problemas como México, pero el PRI y el propio
Pena Nieto prefieren acomodarse bajo la sombrilla de fácil adquisición que
adjudica a oposiciones partidistas y electorales el asombro, enojo y temor que
provoca la perseverante campaña del mencionado Enrique contra sí mismo a través
de la autoflagelación intelectual. Con prisa que sigue demostrando la increíble
incapacidad del gaviotismo para remontar una crisis de más de 10 días atrás, el
candidato que no es la señora de la casa trata de convertirse en víctima de
complot cuando, en realidad, lo es día tras día de sí mismo.
En San Lázaro están tratando de aparentar responsabilidad y eficacia a
marchas forzadas. Pero, en realidad, lo que buscan es filtrar a última hora, con
el sopor de temporada encima, aprobaciones en temas polémicos que no pudieron
sacar adelante en plazos ordinarios. Muy peligroso es, desde luego, el intento
de aprobar a empujones la controvertida reforma a la Ley de Seguridad Nacional,
que facultaría al encargado de la Presidencia de la República a poner en
práctica mecanismos de virtual estado de sitio. Sin tales modificaciones,
Calderón ha convertido al país en un gran cuartel y con soldados, marinos y
policías federales ha tomado (o tratado de tomar; los resultados son otra cosa)
el control de regiones enteras.
Ahora, con la nueva letra legal, estaría en condiciones excepcionalmente
favorables para hacer más o menos lo que le dé en gana, siempre y cuando invoque
perturbaciones a la paz interior y cumpla con ciertos trámites burocráticos. Los
priístas de San Lázaro, bajo el mando del copete en jaque, están en favor de
esas reformas porque quieren dar esas facultades autoritarias a quien creen
enfilado inevitablemente a Los Pinos, sin reparar en que esas mismas
modificaciones de hoy podrían ser la llave maestra para que el calderonismo en
armas cancele, altere o cometa otro fraude en las próximas elecciones.
En la misma Cámara de Diputados se aprobó ayer la Ley de Asociaciones
Público-Privadas, que servirá para que los detentadores actuales del poder
público, de sus contratos y privilegios, hagan negocio no solamente de fin de
sexenio, sino de una transexenalidad por definirse. En un país escandalosamente
lleno de ejemplos de uso de las atribuciones gubernamentales para favorecer a
camarillas empresariales, que a su vez retribuyen económicamente a los
funcionarios
amables, se está institucionalizando la manera de colocar el erario al servicio de intereses privados. Sólo votaron en contra la bancada del PT y una parte de la del PRD. El ebrardista Armando Ríos Píter, por ejemplo, estuvo en favor, y Alejandro Encinas en contra. Año de Hidalgo que durará de aquí a diciembre de 2012, pero mediante convenios y arreglos de largo plazo seguirá dando réditos a los funcionarios salientes muchos años después.
Y, mientras los diputados nombran a los tres consejeros faltantes del IFE,
sin cumplir con la obligación de la consulta ciudadana y a través de angustiado
y apresurado arreglo entre cúpulas, ¡hasta mañana, en esta columna en busca de
posada cacahuatera!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio
Astillero
En Guerrero-Ahumada
Guerrero: ¿violencia legítima o acción criminal?
Un día después de la agresión policial en contra de estudiantes de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, a las afueras de
Chilpancingo, Guerrero, los resultados de las autopsias practicadas a Jorge
Alexis Herrera, de 21 años, y Gabriel Echeverría, de 20 –hasta ahora las
víctimas mortales de los hechos–, asentaron que murieron de tiros en la cabeza y
en el cuello, respectivamente. A ello ha de sumarse la proliferación de
evidencias gráficas que muestran a presuntos policías vestidos de civil que,
parapetados por efectivos uniformados, dispararon contra los manifestantes.
Resulta insostenible, pues, la versión del gobierno estatal de que las
muertes se produjeron en el contexto de un
enfrentamientoentre policías y manifestantes, pero también parece incorrecto afirmar que se trató de un mero acto de desalojo.
En efecto, la violencia legítima corresponde, por definición, al Estado, y
debe ser utilizada sólo en circunstancias excepcionales y extremas, cuando se
hayan agotado todas las vías de negociación y de persuasión para restablecer el
estado de derecho. En las democracias avanzadas, las prácticas represivas están
meticulosamente reglamentadas y codificadas en procedimientos precisos, no sólo
para prevenir atropellos e infracciones a la legalidad por parte de quienes
deben defenderla, sino también para que, en caso de que éstos incurran en
excesos, pueda determinarse con precisión su grado de responsabilidad.
Si se atiende a la información de los partes médicos y de los testimonios,
debe inferirse que en la tragedia en la Autopista del Sol los efectivos de las
corporaciones policiales no actuaron con base en protocolo alguno, que no
emplearon los recursos no letales de los que toda fuerza pública dispone, que
incumplieron la obligación fundamental de cualquier autoridad –preservar la vida
y la integridad de los individuos, incluida la de los inconformes– y que
simplemente tiraron a matar.
Semejante circunstancia da cuenta de irregularidades graves y
responsabilidades de tipo penal que deben ser investigadas y sancionadas. Por
desgracia, a la violencia criminal ejercida contra los manifestantes se suman
los deplorables jaloneos y manejos irresponsables de la información realizados
en las últimas horas por autoridades federales y estatales que complican las
perspectivas de esclarecimiento. Ayer, el gobierno que encabeza Ángel Aguirre
Rivero presentó un video en que se ve a agentes de la Policía Federal (PF) en el
lugar de los hechos, incluso antes del arribo de las fuerzas estatales, a
contrapelo de lo señalado la víspera por la Secretaría de Seguridad Pública
federal.
Tales intercambios declarativos amenazan con provocar una nueva confrontación
entre un gobierno estatal y el federal –algo que ha ocurrido con frecuencia en
la actual administración– y esa perspectiva se sumaría a la lista de agravios
que confluyeron en las muertes del pasado lunes: la insensibilidad para atender
las demandas sociales, el descontrol policiaco en todos los niveles y el
menosprecio de los integrantes de las fuerzas públicas hacia los derechos
humanos.
Sin embargo, el video presentado no exime de responsabilidad al gobierno
guerrerense, sobre todo cuando hay evidencia gráfica de presuntos agentes
ministeriales accionando armas de fuego contra la población. En contraparte,
incluso si se probara que la agresión vino de alguna de las fuerzas estatales,
ello no deslindaría a la PF, corporación que, entre otras funciones, tiene la
responsabilidad de vigilar el tramo carretero en que ocurrió la referida
tragedia. Si sus efectivos no realizaron los disparos que privaron de la vida a
los dos estudiantes e hirieron a muchos más, cabe atribuirles, al menos,
responsabilidad por omisión, pues habrían debido evitar las agresiones letales
contra los manifestantes.
Lo que sí han logrado las autoridades federales y estatales en estas pocas
horas es inducir cotas adicionales de descrédito para las instituciones
encargadas de esclarecer estos actos. Para restañar en alguna medida ese
descrédito resultan del todo insuficientes las remociones, anunciadas ayer por
el mandatario estatal, del procurador de justicia local, Alberto López Rosas;
del titular de Seguridad Pública guerrerense, Ramón Almonte, y del subsecretario
de la Policía Estatal, Ramón Arreola, quien estuvo a cargo del despliegue
policial.
Tales destituciones deben ir acompañadas de un esclarecimiento pleno y
verosímil de lo ocurrido, de un deslinde efectivo y transparente de
responsabilidades, y de la desarticulación de mecanismos policiales tan bárbaros
como los que se cebaron anteayer contra los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa. En caso contrario, la salida de esos funcionarios será vista como
una medida de simulación orientada a distraer a la opinión pública y a eludir la
procuración e impartición de justicia.
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