¿Cacería de activistas?
El secuestro y posterior asesinato del líder comunero Trinidad de la Cruz –ocurridos entre el martes y ayer en localidades de la costa michoacana–, así como el levantón –en el trayecto de Petatlán a Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero– de los activistas campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), son los eslabones más recientes de una cadena de agresiones en contra de activistas de esa organización. Apenas el pasado 6 de octubre, en Santa María Ostula, Michoacán, fue asesinado a tiros el comunero Pedro Leyva Domínguez, quien se desempeñaba como integrante de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunitaria, y como representante del MPJD en ese municipio michoacano. Menos de dos meses después, el 28 de noviembre pasado, Nepomuceno Moreno Núñez fue abatido en Hermosillo, Sonora, tras haber recibido amenazas anónimas por parte de presuntos policías estatales.
La lista, sin embargo, no se circunscribe a integrantes del citado movimiento: hace casi dos años –en enero de 2010– fue asesinada la activista juarense Josefina Reyes, quien desde 2008 emprendió movilizaciones por la desaparición de uno de sus hijos, y el hecho marcó el inicio de una cadena de agresiones contra varios miembros de su familia. En diciembre de ese mismo año, Marisela Escobedo, madre de una joven asesinada, fue ultimada de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua. Y apenas el viernes pasado, Norma Andrade, dirigente de la organización humanitaria Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue herida de gravedad a las afueras de su domicilio.Este cúmulo de asesinatos y ataques, en conjunto con la falta de capacidad de las autoridades para esclarecerlos y sancionarlos, hacen inevitable sospechar que, con el telón de fondo de la violencia desatada a raíz de la
guerra contra el narcotráfico, el país asiste a una cacería de activistas sociales, de defensores de derechos humanos y de ciudadanos que han decidido alzar la voz y reclamar justicia. Es difícil concebir que todas las agresiones referidas sean producto del azar; por el contrario, pareciera que conllevan un mensaje ominoso dirigido a los sectores de la sociedad que se han movilizado por la pacificación del país y la justicia para las víctimas y sus deudos, que han criticado la estrategia de seguridad en curso y que hoy, con la muerte de algunos de sus integrantes, ven confirmadas sus advertencias en forma particularmente trágica.
Ante el quebranto generalizado del estado de derecho que tiene lugar en amplias franjas del territorio, y frente a los indicios de lo que pudiera ser una campaña de eliminación de activistas, luchadores sociales, integrantes de comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y ambientalistas, los gobiernos de los distintos niveles, empezando por el federal, no pueden mantenerse en la línea argumentativa de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la adecuada y que no debe, por tanto, ser modificada: la continuidad en las agresiones comentadas exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad en curso. Se ha puesto en evidencia que las autoridades no son capaces de dar protección, cuando menos, a aquellos sectores de la sociedad a los que han erigido como sus propios interlocutores.
En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de los gobiernos estatales y federal investigar las muertes y agresiones referidas. En caso contrario, cobrará fuerza la percepción pública de que dos de los saldos nefastos de la actual estrategia de seguridad pública –además de los más de 50 mil muertos y de una creciente descomposición institucional– son la ampliación de los márgenes de maniobra para la eliminación de activistas políticos y sociales, y el retroceso del país a escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos.
Dinero
El mayor escándalo de corrupción del calderonismo
Involucra a la esposa del secretario de la Función Pública
Presuntamente ligada a una red de extorsionadores
Enrique Galván Ochoa
Se trata quizá del mayor escándalo de corrupción de los 10 años de panismo, por los personajes que involucra: Gladis López, esposa del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el propio funcionario, ya que supuestamente tienen cuentas de cheques con firma mancomunada. Antes fue la contraloría, creada en el gobierno de Miguel de la Madrid, como eje del programa –fallido– de la renovación moral de la sociedad, y tiene a su cargo vigilar que no se cometan actos de corrupción. El gobierno ha hecho lo imposible por impedir que llegue el escándalo a la opinión pública, es la puntilla a la política de
manos limpiasque prometió Felipe Calderón en su campaña política. Esta es la historia: un grupo de gasolineros denunció a funcionarios y verificadores de la Profeco por extorsión. Les pedían 50 mil pesos mensuales a cambio de hacerse de la vista gorda en la revisión de las bombas de gasolina, de manera que pudieran vender a los automovilistas litros incompletos. Es el colmo, ¿no les parece? No son suficientes los gasolinazos, aparte tenían que robar al automovilista dándole litros incompletos. La esposa del secretario de la Función Pública es señalada como presunta involucrada en la red de extorsión. Era importante funcionaria de la Profeco y aunque ya renunció, al parecer sigue relacionada con los extorsionadores.
Piden diputados su separación
La Cámara de Diputados tomó el acuerdo de solicitar al Presidente de la República que separe temporalmente de su cargo al secretario Vega Casillas para facilitar la investigación que involucra a su esposa, Gladis López. Sólo los panistas votaron en contra del acuerdo, que salió adelante con 247 votos en favor, 87 en contra y ocho abstenciones.
Vale reproducir la parte medular, porque es un monumento que a las generaciones futuras les hará recordar la corrupción que caracterizó a los gobiernos panistas y, en particular, al calderonismo: Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que separe del cargo de forma temporal al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para el mejor proveer de las averiguaciones previas y procedimientos administrativos que involucran a su esposa en una red de extorsionadores a gasolineros.
La reacción de Vega Casillas fue singular. Si México fuera otro país, si el funcionario tuviera una pizca de vergüenza, tal vez se hubiera separado de su cargo con la finalidad de salvar del bochorno al gobierno al que sirve. No fue así. Ayer por la tarde envió a los medios una declaración en la que
se rechazan categóricamente las acusaciones sin sustento de los diputados. La investigación a la que hacen referencia ha sido resuelta y sus conclusiones, que son del conocimiento público, señalan con claridad que en el actuar de los ex funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor no existe vínculo alguno con el desempeño de la entonces subprocuradora de Verificación de la misma procuraduría, como se pretende hacer pensar. La entonces subprocuradora es su esposa.
@Vox Populi
Asunto: retención del dinero por Profuturo
A mis 60 años, después de cotizar más de cuarenta en el IMSS, acudí a la institución a tramitar mi jubilación con fecha 13 de marzo del presente año. Me indicaron que ya tenía unificadas mis cuentas con ellos, pero que mi afore necesitaba también unificarla para proceder a mi jubilación. En la misma fecha inicié el trámite ante Profuturo, oficina Mexicali. El 25 de julio, cuatro meses después, volví y me indicaron que todo estaba en trámite. El 18 de noviembre, ocho meses después, me presenté nuevamente y después de mucha presión el gerente de la oficina, E. Carlos Castellanos, me informó que el trámite de marzo no aparecía en el sistema, que necesitábamos iniciarlo de nuevo y que para el 6 de diciembre me tendrían información. El 5 de diciembre me comuniqué y me indicaron que no había ningún trámite a mi nombre ni con mi clave. Creo que nuestro dinero les está produciendo ganancias y tal parece que no lo quieren poner a disposición para mi jubilación.
Dolores Laura Velázquez Verdín/ Mexicali
R: Y eso que en fecha reciente pusieron en operación una ventanilla para resolver en poco tiempo los trámites en las afores. Tanto dinero que ganan, pero qué mal atienden a sus clientes.
Asuntos: despedidos, sin aguinaldo ni vales
En días pasados publicó en su sección el despido de trabajadores del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Se nos ha informado por parte de recursos humanos del instituto que no hay entrega de vales ni aguinaldo para nosotros, puesto que no estamos vigentes en la nómina al 15 de diciembre. ¿Qué opinión tendrán los interesados en gobernar la ciudad de México, principalmente del PRD? ¿Esta medida responde a políticas de equidad y justicia, y legalmente es correcto?
Despedidos del Instituto del Deporte
R: Una cosa es lo que opinan cuando andan en campaña, en plan de suspirantes, y otra muy distinta cuando ya se sienten los dueños del poder. Sin lugar a dudas es una injusticia.
Twitter
14 años prisión para el gober de Illinois por tratar de vender el puesto de congresista. ¿Moreira será siquiera acusado de robo?
El sexenio de Calderón se resumirá en un chiflidito… pero no será el de su spot.
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Pararrayos-Magú
Pemex: entrega total
Javier Jiménez Espriú
El amplio reportaje aparecido el viernes 25 de noviembre en el diario La Jornada, sobre la entrevista que Israel Rodríguez J. le hace al doctor Rogelio Gasca Neri, miembro del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, es –si no jurídica, ciertamente política– una grave denuncia de la inaceptable entrega de la riqueza petrolera mexicana a las empresas extranjeras que tendrán a su cargo, si no se para de tajo ese atentado contra los recursos nacionales de hidrocarburos, todas las actividades que la Constitución y la Ley de Petróleos Mexicanos asignan al organismo paraestatal y parte de la renta petrolera, que la Carta Magna reserva a la nación.
El consejo de administración, integrado por los secretarios de Estado designados por el Presidente, los representantes del sindicato de trabajadores de Pemex, al servicio de las órdenes del Ejecutivo por obra y gracia de las generosas aportaciones que recibe, y cuatro consejeros profesionales, tres de los cuales aceptan –hasta la ignominia antes que la renuncia– lo que manda el patrón –como en el caso de la operación con Repsol, en la que fueron vergonzosamente ignorados, aunque obviamente no en sus pagos y sus prestaciones–, sirve únicamente para
legalizarcon su presencia y su obsecuente aceptación cuanto decide el alto mando, independientemente de que sea legal o no, o que sea razonable y conveniente o no.
El doctor Gasca el único que ha alzado la voz en ese órgano: ha hablado, con toda claridad, de la ilegalidad, las arbitrariedades y los inconvenientes de los contratos incentivados, los tres primeros firmados hace unos meses y los seis ahora autorizados para licitarse antes de que termine el año (peores aún que los primeros, y lesivos para Petróleos Mexicanos, en palabras de Gasca).
El consejero Gasca, que presentó su
voto razonado, fue nuevamente –como en la autorización de los contratos anteriores, ocasión en la que hizo lo mismo– olímpicamente ignorado. Se diría que así funcionan las cosas en la democracia: si 12 gentes apoyan y una se opone a algo, se hace lo que diga la mayoría. En este caso, sin embargo, la mayoría es uno, y tiene sus comparsas bien alineadas y bien maiceadas, que levantan la mano cuando se les hace la seña. Ninguno razonó su voto. Eso sucede una y otra vez en nuestra agobiada República, pero en este caso, como lamentablemente en varios más, por la indigna actitud de quienes esto aceptan, con el agravante de que están autorizándose contratos ilegales, expresamente prohibidos en la Constitución y traicionando sus postulados y su espíritu.
Piso de perforación en la plataforma de exploración Bicentenario de Industrial Perforadora Campeche, Grupo R, pozo Talipao 1, en agosto pasadoFoto José Carlo González
Aquí es necesario reiterar lo que hemos dicho una y otra vez. Los contratos incentivados no han sido, como aseguran las autoridades del sector energético –incluso en documentos oficiales como la Estrategia Nacional de Energía–, validados como constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La SCJN lo que señaló como constitucional, frente a una controversia constitucional presentada por legisladores hace tiempo, es la facultad del consejo de administración de Pemex para definir las formas de contratación, pero esta facultad está, desde luego, inscrita en el marco legal que regula las funciones de la empresa, y éste prohíbe los contratos como los aprobados, por los que se entregan a empresas privadas las funciones de Pemex, y parte de la renta petrolera, como denuncia Gasca.
Tarde o temprano, la razón legal aparecerá y la rendición de cuentas –cuento demagógico de esta administración– pondrá a cada quien en su sitio, refiriéndome a su sitio frente a la opinión pública, pues el sitio que debiera ser el destino de quienes violan la ley está reservado para quienes no tienen recursos para comprarse una buena justicia.
Mientras, la
espada de Damoclesde nuestro
año de Hidalgo–¡a ver si de nuestros hidrocarburos nos dejan algo!– amenaza como nunca al patrimonio nacional. El Presidente calla sobre la legitimidad o ilegitimidad de los contratos autorizados; continuará, como en todo, aferrado a su estrategia. Ya después, seguramente, asumirá la socrática
posición Moreirade que
él sólo sabía que no sabía nada, y en todo caso, si es absolutamente necesario, habrá que demandar al que puso los sellos de las sesiones del consejo en las que se autorizaron los contratos ilegales.
Ahí está la denuncia del consejero Gasca hoy retomada por otros diarios nacionales, en espera de algún eco redentor.
En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás, dijo hace muchos años el presidente López Mateos. Hoy podríamos interpretar lo que piensa el actual Presidente –y también el recién registrado
precandidato único del PRI–:
En la privatización de Pemex, ni un paso atrás.
Patio trasero-Rocha
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