Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 17 de diciembre de 2011

Comisión de seguimiento exige solución al conflicto del SME‏


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Paco Ignacio Taibo II
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Comisión de seguimiento exige a la SG solución para conflicto del SME
El problema tiene impacto social por el “deterioro en el servicio”
La Comisión de seguimiento de las negociaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), envió ayer una carta a la Secretaría de Gobernación, en la que señala que “después de más de dos años, no puede ni debe retrasarse más la salida a este grave conflicto social, propiciado por el propio gobierno federal”.
Esta comisión de la cual forman parte Rosario Ibarra, Raúl Vera, Miguel Concha Malo, Gilberto López y Rivas, Enrique González Ruiz y Carlos Fazio, señala en la misiva que postergar una solución sólo puede profundizar el conflicto con los electricistas en resistencia, con las consecuencias siempre agravadas para los miles de trabajadores, sus familias y para la sociedad entera, y “significa también el deterioro en la provisión del servicio público de electricidad”.
En el documento indican que esta representación –integrada por personas comprometidas desde diversos ámbitos de la sociedad con los derechos humanos y civiles– decidió dar seguimiento a dichas negociaciones, preocupada por la prolongación del conflicto que afecta a más de 16 mil trabajadores y a miles de jubilados de lo que fuera la empresa pública Luz y Fuerza del Centro.
Pero también lo hace por las consecuencias públicas del conflicto y las alteraciones que ha traído a la vida cotidiana de los habitantes del centro del país y el alto impacto social, por lo que un arreglo es del interés de la sociedad en general.
En el documento los integrantes de la comisión piden al secretario Alejandro Poiré que no se postergue más la solución, le solicitaron una entrevista y le recordaron que ya se habían reunido con el anterior titular de la dependencia, Francisco Blake Mora.
Explicaron que la comisión compuesta también por John Saxe, Magdalena Gómez, Manuel Fuentes, Alfonso Bouzas y Héctor de la Cueva, entre otros, se creó bajo los siguientes propósitos: dar seguimiento a las negociaciones y acuerdos emanados de las mesas; observar el cumplimiento de los compromisos y, en caso contrario, actuar en consecuencia para exigirlo ante las instancias necesarias; mediar y actuar ante cualquier otra instancia involucrada en el conflicto en caso de considerarse necesario.
Fuente: La Jornada
Fraude de 23 mdd de CFE en favor de Sempra en BC
Jaime Martínez Veloz
En las últimas semanas, la opinión pública ha conocido de la consignación de varios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por diferentes casos de corrupción.
Altas tarifas, opacidad en la definición de las mismas, altos costos, cobros locos y múltiples circunstancias conforman el desbarajuste y caos que caracterizan el funcionamiento de esta paraestatal, a partir de la abierta y descarada privatización de la energía eléctrica en nuestro país.
Los negocios turbios afloran cada día en perjuicio de los ciudadanos y las arcas nacionales. Baja California no es la excepción, en donde Sempra Energy ha sentado sus reales, con la complicidad de funcionarios federales y estatales, que le han permitido toda clase de tropelías.
El periodista bajacaliforniano Fausto Ovalle, director del diario electrónico http://la-ch.com/, ha realizado sendos trabajos de investigación sobre las actividades de esta trasnacional y su relación con las dependencias federales y estatales.
En este caso ha demostrado mediante un estudio riguroso cómo la CFE ha regalado a Sempra Energy 23 millones de dólares, a causa de convenios lesivos para el patrimonio nacional en donde durante nueve años la paraestatal compró gas natural a Sempra Energy, mucho del cual no utilizó, y lo revendió a la trasnacional de marras a un costo 20 por ciento menor del que lo había adquirido.
Señala el estudio que en 1998 Sempra Energy, a través de su filial Gasoducto Rosarito S de RL de CV, obtuvo el contrato para el suministro de gas natural para la Termoeléctrica Presidente Juárez de Playas de Rosarito, en el cual se incorporaba el concepto “take or pay”, que significa la obligación a la CFE de pagar un consumo mínimo, aunque no utilizara la totalidad del gas natural de importación adquirido.
Del año 2000 al 2009 la CFE tuvo un sobrante de gas natural que revendió a Sempra Energy a un precio más barato. Al finalizar el contrato, la CFE tuvo pérdidas por 23 millones de dólares, señala la investigación realizada.
En el año 2000 la CFE compró a Sempra 339 mil 544 gigacalorias por las cuales pagó 50 millones 805 mil 622 dólares. En la transacción de reventa la CFE vendió esa misma cantidad de gigacalorías a un precio de 42 millones 535 mil 56 dólares. Sólo en esta operación la CFE pierde 8 millones 270 mil dólares. Es decir, el juego consiste en comprarle caro el gas a Sempra y revendérselo barato. ¿Así, o más sinvergüenzas?
Con datos obtenidos en el Instituto Federal de Acceso a la Información se detalla que al finalizar el año 2009 la CFE con este sistema de comprar caro y vender barato la energía le había revendido a Sempra Energy 4 millones de gigacalorías. Pagó por el gas 159 millones 776 mil dólares y revendió a la misma trasnacional en 136 millones de dólares 157 mil dólares, lo que significa una pérdida de 23 millones de dólares, que a la cotización actual asciende a una cantidad aproximada de 320 millones de pesos
En el año 2006, la Auditoría Superior de la Federación detectó las irregularidades y recomendó acciones para evitar las pérdidas millonarias. El informe de ese año detalla que la CFE pagó 2 mil 124 millones de pesos a la empresa Gasoducto de Rosario, filial de Sempra, por concepto de adquisición de gas natural. En los meses de marzo, abril, junio, septiembre, octubre y noviembre del mismo año, la CFE revendió (barato) a la misma trasnacional el gas que ésta le había vendido (caro), perdiendo en la operación 2 millones 186 mil 315.22 dólares, IVA incluido (23 millones 478 mil pesos), especifica el informe de la ASF.
El desfalco a las arcas nacionales en 2006 se produce porque la CFE revendió en 83 millones de pesos un volumen de gas por el que había pagado 106 millones de pesos a la trasnacional. Este tipo de trácalas se producen gracias al contrato leonino SDG-07/98 firmado entre la CFE y la empresa filial de Sempra, donde se estipula la compra de un volumen de gas que la paraestatal no estaba en condiciones de cumplir, por lo que se obligaba a revender el mismo a la trasnacional suministradora a un precio más barato.
En el informe de la ASF se establece textualmente lo siguiente: “Cabe señalar que las condiciones de nominación en firme están enmarcadas en la práctica internacional del concepto ‘take or pay’, definido como un contrato de compraventa en el que el comprador (CFE) queda obligado a pagar por la nominación efectuada, aunque no haya consumido la totalidad del gas de importación, en la fecha prevista”. Es decir, la famosa práctica internacional es jódanse a los que se pueda, con lo que más puedan. Para resarcir esta pérdidas al erario están las alzas de las tarifas eléctricas, las cuales en Baja California tienen un costo alrededor del doble que en los estados de California y Texas, donde el precio del kilovatio-hora ronda los 14 centavos de dólar, aunque el gas natural haya bajado de precio en 55 por ciento, que no se refleja en las tarifas eléctricas en Baja California.
Además de lo anterior, cabe señalar que en una clara maniobra por proteger a las trasnacionales que hacen negocio con el gas de importación, el Estado mexicano las exenta con el pago de aranceles, en cambio a los nacionales que quisieran explotar el gas en territorio mexicano se les imponen altísimas tasas impositivas, con el evidente propósito de desestimular la competencia que le pudieran generar a los nuevos mandarines extranjeros apropiados de la distribución del gas y la energía en detrimento de las instituciones mexicanas.
Este tipo de prácticas son las que en los hechos han mandado al diablo a las instituciones. Lo demás es lo de menos.

Demandan chiapanecos crear empresa eléctrica local
Afectados por la presa La Yesca acusan a la CFE de no indemnizarlos ni construir obras
Unos 600 miembros de la organización civil Dos Valles Valientes, provenientes de diferentes regiones de Chiapas, marcharon hoy por la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para protestar por las altas tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los manifestantes exigieron al Congreso de la Unión modificar el artículo 27 constitucional para que los estados puedan disponer de los recursos hidráulicos, a fin de que las represas que generan electricidad beneficien a sus habitantes.
“Este año hemos hecho más de 150 mil peticiones al Congreso de la Unión con nombre y firma de usuarios en Chiapas para que se modifique el artículo 27, pero no hemos tenido respuesta”, dijo el dirigente de la agrupación, Amín Cholac Manzur.
La marcha comenzó a las 11 horas en la zona poniente de la capital chiapaneca y después de recorrer gran parte del centro de la ciudad concluyó con un plantón frente al Congreso local, donde una comisión de manifestantes fue recibida por diputados.
Los inconformes señalaron a los legisladores que la solución es crear una comisión estatal de electricidad, para lo cual se requiere reformar el artículo 27.
Insistieron en que es urgente que en Chiapas se apliquen tarifas preferenciales, pues el estado genera 30 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.
Por otra parte, habitantes de los municipios de Nayarit y Jalisco ubicados en la zona colindante con la presa La Yesca acusaron a CFE de no pagar indemnizaciones por uso de tierras forestales y de cultivo, y de negarse a construir caminos e infraestructura.
En rueda de prensa, Alejandro López, abogado de los inconformes, informó que se interpusieron cinco amparos en juzgados de ambas entidades.
Los lugareños denunciaron que los presionaron para que firmaran documentos en los que aceptan el proyecto hidroeléctrico. Dimas Salinas, propietario de casi siete hectáreas, dijo que fue amenazado por no aceptar 260 mil pesos a cambio de sus tierras.
Los denunciantes son campesinos, pequeños propietarios y habitantes de Tequila, Magdalena y Hostotipaquillo, en Jalisco, y La Yesca, en Nayarit, quienes aseguran vivir de la agricultura y la ganadería de autoconsumo.
Fuente: La Jornada

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