Renuncio para no dañar a Peña Nieto y por la «guerra mediática», justificó Moreira Y .......MAS

Joaquín Coldwell, probable sucesor en la presidencia partidista

Moreira sintió que hacía daño a Peña, señalan en el PRI

Redes de corrupción en el tricolor no desaparecen, apuntan diputados

Aspirantes de AN a Los Pinos exigen que el coahuilense rinda cuentas

Relevo tricolor

Renuncio para no dañar a Peña Nieto y por la guerra mediática, justificó Moreira

Recordó que en su gestión se ganaron cinco gubernaturas

Cristina Díaz encabeza de manera interina al PRI

Fue una decisión personal: Gamboa

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Sábado 3 de diciembre de 2011, p. 2

Humberto Moreira Valdés renunció ayer a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impedir, argumentó, que la guerra mediática en su contra dañe al tricolor y al precandidato Enrique Peña Nieto.

Moreira presentó su renuncia durante la 28 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI. De inmediato se nombró dirigente interina a Cristina Díaz –quien se desempeñaba como secretaria general– mientras se elige al nuevo dirigente sustituto, que todo indica será el senador Pedro Joaquín Coldwell.
Antes de la sesión del consejo, Moreira se reunió en la sede del PRI con dirigentes estatales, a quienes adelantó la decisión, concertada en la madrugada con Peña Nieto, ante el avance del escándalo por la contratación irregular de deuda pública millonaria en Coahuila.
Después del mediodía, ya ante el Consejo Político Nacional, con el rostro desencajado Moreira anunció su renuncia: La presento porque lo más importante que tenemos los priístas es nuestra institución y nuestro instituto político, porque no voy a permitir que por una guerra mediática se esté tratando de dañar a mi partido, que tantas oportunidades me ha dado.
Agregó: Lo hago también porque confío en un hombre que es la esperanza de México, que es Enrique Peña Nieto.
El discurso lo pronunció ante la cúpula priísta reunida en el auditorio Plutarco Elías Calles y un grupo numeroso de porristas, traídos desde Saltillo, Coahuila, en varios autobuses, a la misma hora que se concretó la salida del profesor Moreira.
Por ello, cuando éste anunció que dejaba la presidencia del CEN priísta, a mitad de su discurso comenzaron a gritarle no te vayas y un grupo con tamboras seguía echándole porras, como si no estuviera dejando el cargo al que se había aferrado en recientes semanas.
El ahora ex dirigente del PRI reivindicó que se va pese a los triunfos electorales que le ha dado al tricolor. Desde hace años no existía en el partido un comité que ganara todas y hoy ganamos todas las elecciones.

Humberto Moreira presentó su renuncia durante la 28 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRIFoto José Antonio López

Mencionó los casos del estado de México, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Michoacán, donde todas las apuestas decían que íbamos a perder, donde viví momentos muy intensos, trabajando con un gran ser humano, que es Fausto Vallejo.

No aludió de manera directa al escándalo por la deuda de más de 34 mil millones de pesos en el estado de Coahuila, sólo dijo que esa entidad tenía graves problemas de desempleo, marginación social y pobreza antes de que él la gobernara y logró que fuera el primer lugar nacional con mayor disminución de pobreza. Terminó su intervención con vivas al PRI y a Peña Nieto.

El ambiente era tenso. El secretario técnico del consejo, Enrique Jackson, puso a votación la renuncia de Moreira y se aceptó, pese a los lamentos de la nutrida porra coahuilense.

Desde las primeras filas se escuchó la voz de la diputada Beatriz Paredes para demandar un reconocimiento a Moreira por su actitud viril, limpia, decidida y valiente.

El dirigente del sector popular, Emilio Gamboa Patrón, se sumó a ello y todos aplaudieron. Al final, en entrevista, sostuvo que está seguro de que Moreira defenderá su causa. Estoy convencido de que dará la cara en torno a la deuda millonaria de Coahuila y que no va a ir a la cárcel.

Gamboa Patrón aseguró que Peña Nieto no le pidió la renuncia a Moreira, sino que fue una decisión personal de éste, porque sentía que estaba haciendo daño al ex gobernador del estado de México y hoy precandidato presidencial.

Otros priístas, como el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, consideraron que Moreira ya terminó su ciclo y hay que pensar en lo que sigue.

Crea fama...-Helguera

ahelguera@jornada.com.mx

Moreira: reacomodos y control de daños

A 272 días de haber asumido el cargo como presidente nacional del PRI, Humberto Moreira anunció su dimisión ayer, con el telón de fondo de los señalamientos públicos por irregularidades y manejos dudosos de los recursos durante su paso por el gobierno de Coahuila, por el crecimiento exorbitante de la deuda pública de esa entidad y por la presunta falsificación de documentos oficiales.

El precedente ineludible de esa dimisión es lo dicho por el precandidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quien la víspera sostuvo que el priísmo está a la espera y atento a las definiciones personales que él asuma, y advirtió que los señalamientos en contra del ex mandatario coahuilense le han generado desgaste como presidente nacional del partido. Así, la renuncia de Moreira no puede interpretarse sino como una operación de control de daños: de hecho, los cuestionamientos a la probidad del hasta ayer dirigente partidista han empezado a afectar la imagen del ex gobernador del estado de México –si se atiende a la caída en las preferencias que le atribuyen varias encuestas a raíz del llamado moreirazo– y es previsible una intensificación de ese daño, sobre todo si el golpeteo contra el primero llega a traspasar la línea entre lo político y lo legal.
Por otra parte, más allá de lo que Moreira haga o deje de hacer para defender su posición, la conducta del priísmo en las horas posteriores a su renuncia da cabal cuenta de un ambiente enrarecido y de virtuales reacomodos políticos dentro del tricolor. A raíz de la dimisión de Moreira, e incluso antes de que ésta se hiciera oficial, se realizaron pronunciamientos a favor de los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Coldwell, como candidatos para relevar al ex mandatario coahuilense. Asimismo, durante varias horas cundió la percepción pública de que la cúpula priísta buscaba hacer un nombramiento fast track del nuevo dirigente, como ocurrió a finales de 2005, cuando César Augusto Santiago sustituyó por unos minutos a Roberto Madrazo sólo para que se nombrara, en ese mismo día, a Mariano Palacios Alcocer como nuevo líder del partido.
Posteriormente, se anunció que la presidencia priísta sería asumida en forma interina por Cristina Díaz, la ex secretaria general, y que el nombramiento del nuevo dirigente tendría lugar el próximo 8 de diciembre. Más tarde, sin embargo, en los corrillos del priísmo cobró fuerza la versión de que Pedro Joaquín Coldwell será el elegido.

Con independencia de que esto se confirme o no el próximo jueves, la incertidumbre que imperó es indicativa de pugnas por el control de la estructura política del partido. En fechas recientes, esas fricciones se han expresado con la renuncia del propio Beltrones a continuar en la contienda por la candidatura presidencial del tricolor por inconformidades de su parte ante la convocatoria correspondiente –a la sazón redactada por el propio Joaquín Coldwell, en su condición de presidente de la Comisión de Procesos Internos–, así como con sus cuestionamientos a la política de coaliciones establecida con los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza. Adicionalmente, es inevitable sospechar que la determinación de no dar la dirigencia nacional del PRI a Beltrones está relacionada en alguna medida con la animadversión personal que existe entre la dirigente vitalicia del magisterio, Elba Esther Gordillo, y el líder de la bancada priísta en el Senado, y con la creciente capacidad de veto que la segunda ha adquirido dentro del tricolor en fechas recientes, a raíz de su acercamiento político con Peña Nieto y pese a no pertenecer formalmente a la estructura de ese partido.

Ciertamente, el eventual nombramiento de Joaquín Coldwell puede ser interpretado –como hicieron ayer diversos analistas– como gesto de distensión hacia el Senado y el legislador sonorense. Pero también es posible que sea indicativo de lo contrario: un realineamiento, dentro del partido, entre los intereses de su único precandidato y las fuerzas gordillistas que hace seis años salieron defenestradas del PRI; una victoria parcial de éstas en la confrontación política con la corriente que representa Beltrones, y un pago a los buenos oficios prestados por el ex gobernador de Quintana Roo a operadores políticos de Peña Nieto que, como ocurre con el ex mandatario hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, tienen una gran influencia en la estrategia política y electoral del partido. En días y meses próximos podrán confirmarse o descartarse estas posibilidades.

Situación delicada-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Por una nueva política laboral en la ciudad de México

Arturo Alcalde Justiniani

Alentadora ha sido la jornada de movilización contra el decreto antisindical emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF). En sólo tres semanas convocó a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, académicos, abogados democráticos y ciudadanos, todos defendiendo el derecho de los hombres y mujeres de nuestra ciudad a organizarse libremente en defensa de su salario y sus condiciones de trabajo. Buena noticia fue la acertada protección constitucional otorgada por los jueces primero y sexto de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal y el pronunciamiento unánime de la Asamblea Legislativa.

Cada vez es más claro no sólo el carácter ilegal de este decreto, sino la red de intereses que motivaron su aprobación; así quedó de manifiesto en la reunión del pleno de este tribunal, realizada el pasado 1º de diciembre, convocada por el presidente de la junta para revisar o revocar dicho decreto; los representantes del sector patronal generaron una contraofensiva e impidieron el regreso a la legalidad. Ahora resulta que son estos representantes los que están decidiendo la suerte sindical de los trabajadores. Por cierto, las centrales obreras tradicionales no han dicho hasta ahora esta boca es mía, ni siquiera para despistar.
Conviene subrayar que existe la equivocada idea de que todos los problemas laborales y sindicales son de carácter federal. En razón de la división de competencias, al gobierno de la ciudad le corresponde administrar la justicia y promover las acciones necesarias para las ramas de actividad local; se trata de miles de centros laborales en los que impera una gigantesca red de corrupción, que priva a los trabajadores del derecho a decidir el gremio de su preferencia, donde operan sindicatos fantasma que extorsionan a empresas y particulares hasta en la más modesta obra de construcción familiar. Camine usted por las calles de nuestra ciudad; imagínese qué tipo de relaciones laborales hay en cada comercio, en cada taller, en cada supermercado. Esta red de intereses que inhibe la posibilidad de un modelo laboral justo, sostenible y socialmente productivo no puede ser tolerada con la excusa de que es un mal necesario o un tema espinoso que es mejor soslayar para no inquietar a los empresarios.
Un factor que impide el diseño de una política laboral justa consiste en que los empleadores, incluyendo el propio gobierno, buscan evitar que salgan a flote las omisiones laborales en que incurren. Esta contradicción existe en los medios de comunicación; con motivo del decreto antisindical de la JLCADF, una periodista nos decía: En nuestro diario se prefiere no tratar estos temas, porque nuestro director también tiene un contrato de protección patronal para impedir cualquier intento de organización. Nos tienen también impuesto un representante sindical que designó el abogado de la empresa. El contrato colectivo ni lo conocemos, pero sabemos que está depositado en la propia Junta Local. ¡Qué bueno que en La Jornada exista un sindicato democrático y no haya resistencia para tocar estos temas; por el contrario, se promueve su discusión sin tapujos!

Una política laboral para la ciudad depende, como buena parte de la gestión pública, de la asignación presupuestal. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, por ejemplo, carece de los medios elementales para cumplir sus fines; basta señalar que la inspección laboral, instrumento fundamental para vigilar el respeto a las normas de trabajo, prácticamente no existe, entre otras causas, por falta de recursos. La Organización Internacional del Trabajo ha recomendado la existencia de cuatro inspectores por cada 100 mil empleados, en nuestra ciudad hay sólo 28 para 4 millones. Según datos de la Secretaría del Trabajo local, cada inspector debe vigilar 10 mil 714 centros laborales. Hoy sería el momento oportuno para que la Asamblea Legislativa otorgue recursos a esta área estratégica.

Es gigantesco el trabajo que podría desarrollarse si se toma la decisión de contar con una nueva política laboral, empezando por realizar un diagnóstico objetivo de los problemas de la ciudad, incluyendo sus vicios y posibilidades; promover concertaciones entre empleadores y empleados en las ramas de industria en las que hay urgencia de garantizar el respeto a los derechos básicos, incluyendo las condiciones de seguridad e higiene; promover convenios entre el gobierno de la ciudad e instituciones educativas, y de investigación para complementar propuestas de políticas públicas, que hasta ahora han soslayado el tema del mundo del trabajo. En el proceso de evaluación del desarrollo social no debe exceptuarse el tema de la justicia laboral o del modelo de relaciones de trabajo entre el gobierno-patrón y sus trabajadores. Como asignaturas pendientes están el servicio civil de carrera y profesionalizar la labor de los denominados trabajadores de base, condenados en su mayoría a un esquema de bajo de- sempeño y salarios raquíticos.

En materia sindical compartimos la reflexión de Graciela Bensusán, quien sostiene que en este momento están en juego dos visiones en nuestra ciudad: una que propone la flexibilidad y un blindaje autoritario para supuestamente acabar con los vicios mediante la cancelación del ejercicio de los derechos, y otra que sostiene que es necesario diseñar políticas de protección para recuperar el derecho de los trabajadores a organizarse, a decidir, por ejemplo de manera directa, la contratación colectiva sin el condicionamiento del patrón o de la autoridad. Apoyada en diversas investigaciones afirma que no hay sociedad que tenga una distribución equitativa de la riqueza sin considerar la voz colectiva de los trabajadores, expresada por medio de organizaciones sindicales auténticas.

El diseño y aplicación de una política laboral sustentada en la libertad de asociación, la contratación colectiva legítima y la concertación de los factores de la producción, es fundamental no sólo para la ciudad, también para generar un efecto de imitación en otras entidades del país que sufren problemas similares a los nuestros.