Aprueba subcomité de EU aplicar tácticas de contrainsurgencia terrorista en México
WASHINGTON (apro).– El Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso federal estadunidense, aprobó un proyecto de ley para definir como narco-insurgencia-terrorista a la amenaza que representan los narcotraficantes al Estado mexicano.
La legislación HR 3401, aprobada por unanimidad durante la votacion oral en el Subcomité, exige al gobierno de Barack Obama trabajar con las autoridades de México para desarrollar “tácticas y estrategias adecuadas” para enfrentar a la narco insurgencia-terrorista que además amenaza de contagio a los Estados Unidos.
“La denominación de insurgencia terrorista puede ser muy dura, pero los hechos que están ocurriendo en México lo sustentan”, declaró Connie Mack, el legislador federal por el estado de Florida, presidente del Subcomité y promotor del proyecto de ley.
En la audiencia para llevar a cabo la votación, Mack subrayó que el tipo de asesinatos que están cometiendo grupos criminales como el cártel de Los Zetas, encajan perfectamente en la clasificacion de acciones de insurgencia terrorista.
Por su parte, Eliot Engel, legislador demócrata por el estado de Nueva York, estuvo en desacuerdo con la nueva designación que determina el proyecto de ley a la amenaza del narcotráfico en México.
“Es verdad que los ciudadanos mexicanos estan siendo aterrorizados… pero los grupos del narcotrafico de ese pais no pretenden derrocar al gobierno para reemplazarlo. No tienen objetivos políticos como los grupos insurgentes y terroristas”, puntualizó Eliot, cuyo argumento no fue suficiente para detener la aprobación del proyecto de ley.
La medida que ahora pasa a consideración del Comité de Asuntos Internacionales de la Camara de Representantes, pide al gobierno de Obama coordinarse con México para establecer las nuevas tácticas, las que básicamente acabarían con la implementación de la Iniciativa Mérida, herramienta bilateral de la lucha contra el narcotráfico que el legislador Mack, dijo no funciona.
Bajo el dominio y control de los republicanos en la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense, se espera que la HR 3401 sea aprobada por el Comité de Relaciones Internacionales. Su eventual aprobación en el Comité llevaría a la legislación al pleno de la Cámara donde se vaticina que podría ser rechazada por la mayoría de los 435 legisladores.
La legislación HR 3401, aprobada por unanimidad durante la votacion oral en el Subcomité, exige al gobierno de Barack Obama trabajar con las autoridades de México para desarrollar “tácticas y estrategias adecuadas” para enfrentar a la narco insurgencia-terrorista que además amenaza de contagio a los Estados Unidos.
“La denominación de insurgencia terrorista puede ser muy dura, pero los hechos que están ocurriendo en México lo sustentan”, declaró Connie Mack, el legislador federal por el estado de Florida, presidente del Subcomité y promotor del proyecto de ley.
En la audiencia para llevar a cabo la votación, Mack subrayó que el tipo de asesinatos que están cometiendo grupos criminales como el cártel de Los Zetas, encajan perfectamente en la clasificacion de acciones de insurgencia terrorista.
Por su parte, Eliot Engel, legislador demócrata por el estado de Nueva York, estuvo en desacuerdo con la nueva designación que determina el proyecto de ley a la amenaza del narcotráfico en México.
“Es verdad que los ciudadanos mexicanos estan siendo aterrorizados… pero los grupos del narcotrafico de ese pais no pretenden derrocar al gobierno para reemplazarlo. No tienen objetivos políticos como los grupos insurgentes y terroristas”, puntualizó Eliot, cuyo argumento no fue suficiente para detener la aprobación del proyecto de ley.
La medida que ahora pasa a consideración del Comité de Asuntos Internacionales de la Camara de Representantes, pide al gobierno de Obama coordinarse con México para establecer las nuevas tácticas, las que básicamente acabarían con la implementación de la Iniciativa Mérida, herramienta bilateral de la lucha contra el narcotráfico que el legislador Mack, dijo no funciona.
Bajo el dominio y control de los republicanos en la Cámara de Representantes del Congreso federal estadunidense, se espera que la HR 3401 sea aprobada por el Comité de Relaciones Internacionales. Su eventual aprobación en el Comité llevaría a la legislación al pleno de la Cámara donde se vaticina que podría ser rechazada por la mayoría de los 435 legisladores.
Sandoval Íñiguez: poder y soberbia
El Cardenal Sandoval Íñiguez.
Foto: Refugio Ruíz
Foto: Refugio Ruíz
MÉXICO, D.F. (Proceso Jalisco).- Sin haber coronado su paso como arzobispo de Guadalajara como él hubiera deseado, concluyendo el santuario de los mártires cristeros, el cardenal Sandoval pasa a retiro como lo establece el derecho canónico. Dicho trámite lo presentó hace tres años, acompañado entonces de reproches y movilizaciones de importantes sectores de la sociedad civil que presentaron cerca de siete mil demandas en contra de los donativos del erario ofrecidos por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez; uno de ellos de más de 90 millones de pesos, para el mencionado santuario. Bajo el principio laico de la equidad tanto el cardenal como el llamado “góber piadoso” dan marcha atrás ante la inédita presión social. Juan Sandoval se retira, asentado probablemente como el actor religioso con mayor poder en la historia reciente de Jalisco, acostumbrado a ser tomado en cuenta en las grandes decisiones políticas de la entidad como interlocutor obligado y ser al mismo tiempo factor de gobernabilidad.
El arzobispo de Guadalajara es simbólicamente la cabeza del catolicismo tradicional del Bajío. Si el censo muestra una baja promedio nacional a 83% de la población católica, en la región del Bajío se mantiene en los porcentajes cercanos a 90%. Las estructuras religiosas siempre han sido sólidas con gran incidencia en la vida social y cultural, y por supuesto en la política. No olvidemos que ahí es la cuna de la Independencia y de la cruenta Guerra Cristera. La circunscripción eclesiástica de Guadalajara es una de las más importantes del mundo católico. Se trata de una demarcación con 6.4 millones de católicos, 343 parroquias y un presbiterio compuesto por mil 432 sacerdotes, entre diocesanos y religiosos. Su seminario mayor acoge 667 estudiantes, con el mayor número de seminaristas en toda la catolicidad; los religiosos masculinos son mil 36 y las monjas unas 3 mil 250. Ante la crisis de vocaciones, los sacerdotes jóvenes son “exportados” por otras diócesis de América Latina y algunos colaboran en la Curia Romana.
Robusto, rojizo, de voz grave, rebosante de salud, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez presume sus orígenes humildes y precarios de su natal Yahualica, centro-norte de Jalisco, región de pozoles, tostadas y tejuino. Sus modestos orígenes –que le han valido el mote del “cardenal ranchero”– contrastan con el lujo y confort con el que vive actualmente. La revista Quién nos mostró fotos de su lujosa mansión en Tlaquepaque en que destaca su piscina techada y su bien equipado gimnasio. El cardenal es un clérigo a la antigua, eclesiocéntrico con tendencias teocráticas de someter el poder a los intereses y agenda de la Iglesia. Un sacerdote tradicionalista de ideas fijas y rígidas, al que le cuesta trabajo comprender los cambios de época que atraviesa la sociedad. Su terquedad y autoritarismo explican los absurdos pleitos que ha provocado con grupos de derechos humanos, colectivos de mujeres, homosexuales, intelectuales, académicos, dirigentes de partidos políticos y periodistas. Es decir con todos aquellos sectores pensantes y actores seculares.
Tras el trágico asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993 todos pensaban que el sucesor natural sería su obispo auxiliar Martín Rábago, que guardaba gran ascendencia entre el clero; sin embargo, el Vaticano realizó cambios y enroques bajo la influencia del entonces nuncio Girolamo Prigione; inclina la balanza por Juan Sandoval, quien era obispo de Ciudad Juárez, ya candente entonces por la influencia del narco. De inmediato el nuevo arzobispo de Guadalajara utilizó la causa de Posadas, defenderlo como mártir, para posicionarse no sólo ante el difícil clero tapatío sino para ganar notoriedad en la clase política regional y de paso hacerse sentir en el Vaticano. Con terquedad ha denunciado una y otra vez su hipótesis de complot y de crimen de Estado pero no ha podido o no ha querido demostrarlo de manera contundente. Dicha posición lo llevó a enfrentarse con muchos obispos que querían llevar la fiesta en paz; recordamos aquel sonado episodio en el que el extinto obispo de Cuernavaca Luis Reynoso, y José Fernández Arteaga, de Chihuahua, formaron parte del grupo interinstitucional que en 1998 integró una nueva investigación del caso Posadas. En su reporte final y en su carácter de jurista, Reynoso consideró que no existen pruebas suficientes para demostrar que hubo un complot contra el religioso. Gracias a su tenacidad Sandoval ha convencido tanto a los obispos como a la Santa Sede de que el magnicidio fue un crimen de Estado y por tanto, de iniciar un proceso de beatificación.
Como Norberto Rivera en la Ciudad de México, bajo las instrucciones de Roma combatió con saña todo brote de progresismo católico en los ochenta, las corrientes de la Teología de la Liberación y de la pastoral de las comunidades eclesiales de base son reprimidas y todavía ahora se jacta de tal iniciativa: “La Teología de la Liberación ya pasó de moda. Esa estuvo muy activa hace 30 años. Por ahí quedan ‘grupillos’, pero ya no, ya no los calienta ni el sol”.
Juan Sandoval proviene de la región de Los Altos de Jalisco, cuna de la Guerra Cristera y de los sectores católicos más conservadores del país. Sus modales hoscos y sus polémicas declaraciones lo han llevado a tener fricciones con diversos actores de la sociedad. Es un cardenal que se refugia en la impostura del personaje claridoso, sus planteamientos no guardan matiz ni sutilezas, son contundentes y no admiten mediación, como cuando declaró que: “Se necesita no tener madre para ser protestante”, provocando la reacción airada de los Testigos de Jehová y otras iglesias. A los homosexuales los llama “maricas” y estableció que “las desviaciones de algunas personas no deben servir para condenarlas, pero tampoco para presumirlas; que las mantengan más bien en secreto”. O sobre el acoso a las mujeres, el cardenal estipuló que “las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas”, lo que le valió duras críticas de los colectivos femeninos, por lo que se vio obligado a desdecirse (EFE, 25/09/2003). Sus confrontaciones con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco son sonoras: en 2007 arremetió contra sus militantes al llamarlos “hijos de las tinieblas” (La Jornada, 9/5/2007).
Estos ejemplos muestran el efervescente temperamento del cardenal, que lo lleva a imprudencias costosas. Después acusa a los medios de fabricar una imagen falsa. Sin embargo el 15 de agosto de 2010 sus declaraciones rebasaron sus habituales exabruptos al afirmar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran “maiceados” por Marcelo Ebrard, cuando éstos deliberaban el tema de las adopciones de parejas del mismo sexo. Sin embargo su diatriba provocó justamente lo contrario y la forma en que se posicionó fue reprobada por una buena parte de la opinión pública, así como de diversos actores políticos e incluso eclesiásticos.
No obstante siempre fue un actor poderoso en Jalisco. Su secreto ha sido articularse con la iniciativa privada y con el gobierno, estableciendo redes triangulares de complicidad, apoyo y fortalecimiento institucional mutuo que han posibilitado la gobernabilidad en la entidad. Cada vez que alguno enfrenta una controversia o alguna adversidad, es respaldado por los otros. Sin duda el episodio más delicado que ha enfrentado el cardenal son las acusaciones en 2003 por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, así también su estrecha relación con José María Guardia, el zar del juego; dicha denuncia fue promovida, como todos recordamos, por el exprocurador Jorge Carpizo McGregor. Así, sus cuentas, nexos familiares, movimientos y negocios fueron investigados. Si bien fue finalmente exonerado, el cardenal en un momento pareció zarandeado por la presión mediática que se generó en su contra. Esta sombra lo borró de la lista de posibles candidatos latinoamericanos para suceder a Juan Pablo II en el cónclave de 2005.
En la designación del cardenal José Francisco Robles Ortega el Vaticano mantiene la misma línea conservadora, pero el hasta hace poco arzobispo de Monterrey está alejado del estilo hosco, rudo y majadero de Sandoval. Es suave de modales y aparentemente mediador. Robles Ortega desde 2003 se posicionó con los grandes empresarios regiomontanos, amigo cercano del Opus Dei e íntimo de los Legionarios de Cristo. Se caracterizó por haber desmontado la labor social y pastoral de su antecesor Adolfo Suárez Rivera, ensañándose particularmente con el Secretariado Social. Llama la atención que en sus primeras declaraciones no ha mencionado el santuario cristero por lo que es presumible que don Juan, en retiro, continúe con su obsesión. Robles Ortega tuvo un largo paso por Toluca, de 1991 a 2003, donde condescendió de manera entusiasta con el inexistente Grupo Atlacomulco y el priismo de la clase política mexiquense; por lo que es presumible que haya ciertas tensiones con las posturas abiertamente panistas no sólo del ahora cardenal en retiro sino de gran parte del clero del Bajío. l
____________
* Especialista en el estudio de las religiones.
El arzobispo de Guadalajara es simbólicamente la cabeza del catolicismo tradicional del Bajío. Si el censo muestra una baja promedio nacional a 83% de la población católica, en la región del Bajío se mantiene en los porcentajes cercanos a 90%. Las estructuras religiosas siempre han sido sólidas con gran incidencia en la vida social y cultural, y por supuesto en la política. No olvidemos que ahí es la cuna de la Independencia y de la cruenta Guerra Cristera. La circunscripción eclesiástica de Guadalajara es una de las más importantes del mundo católico. Se trata de una demarcación con 6.4 millones de católicos, 343 parroquias y un presbiterio compuesto por mil 432 sacerdotes, entre diocesanos y religiosos. Su seminario mayor acoge 667 estudiantes, con el mayor número de seminaristas en toda la catolicidad; los religiosos masculinos son mil 36 y las monjas unas 3 mil 250. Ante la crisis de vocaciones, los sacerdotes jóvenes son “exportados” por otras diócesis de América Latina y algunos colaboran en la Curia Romana.
Robusto, rojizo, de voz grave, rebosante de salud, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez presume sus orígenes humildes y precarios de su natal Yahualica, centro-norte de Jalisco, región de pozoles, tostadas y tejuino. Sus modestos orígenes –que le han valido el mote del “cardenal ranchero”– contrastan con el lujo y confort con el que vive actualmente. La revista Quién nos mostró fotos de su lujosa mansión en Tlaquepaque en que destaca su piscina techada y su bien equipado gimnasio. El cardenal es un clérigo a la antigua, eclesiocéntrico con tendencias teocráticas de someter el poder a los intereses y agenda de la Iglesia. Un sacerdote tradicionalista de ideas fijas y rígidas, al que le cuesta trabajo comprender los cambios de época que atraviesa la sociedad. Su terquedad y autoritarismo explican los absurdos pleitos que ha provocado con grupos de derechos humanos, colectivos de mujeres, homosexuales, intelectuales, académicos, dirigentes de partidos políticos y periodistas. Es decir con todos aquellos sectores pensantes y actores seculares.
Tras el trágico asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993 todos pensaban que el sucesor natural sería su obispo auxiliar Martín Rábago, que guardaba gran ascendencia entre el clero; sin embargo, el Vaticano realizó cambios y enroques bajo la influencia del entonces nuncio Girolamo Prigione; inclina la balanza por Juan Sandoval, quien era obispo de Ciudad Juárez, ya candente entonces por la influencia del narco. De inmediato el nuevo arzobispo de Guadalajara utilizó la causa de Posadas, defenderlo como mártir, para posicionarse no sólo ante el difícil clero tapatío sino para ganar notoriedad en la clase política regional y de paso hacerse sentir en el Vaticano. Con terquedad ha denunciado una y otra vez su hipótesis de complot y de crimen de Estado pero no ha podido o no ha querido demostrarlo de manera contundente. Dicha posición lo llevó a enfrentarse con muchos obispos que querían llevar la fiesta en paz; recordamos aquel sonado episodio en el que el extinto obispo de Cuernavaca Luis Reynoso, y José Fernández Arteaga, de Chihuahua, formaron parte del grupo interinstitucional que en 1998 integró una nueva investigación del caso Posadas. En su reporte final y en su carácter de jurista, Reynoso consideró que no existen pruebas suficientes para demostrar que hubo un complot contra el religioso. Gracias a su tenacidad Sandoval ha convencido tanto a los obispos como a la Santa Sede de que el magnicidio fue un crimen de Estado y por tanto, de iniciar un proceso de beatificación.
Como Norberto Rivera en la Ciudad de México, bajo las instrucciones de Roma combatió con saña todo brote de progresismo católico en los ochenta, las corrientes de la Teología de la Liberación y de la pastoral de las comunidades eclesiales de base son reprimidas y todavía ahora se jacta de tal iniciativa: “La Teología de la Liberación ya pasó de moda. Esa estuvo muy activa hace 30 años. Por ahí quedan ‘grupillos’, pero ya no, ya no los calienta ni el sol”.
Juan Sandoval proviene de la región de Los Altos de Jalisco, cuna de la Guerra Cristera y de los sectores católicos más conservadores del país. Sus modales hoscos y sus polémicas declaraciones lo han llevado a tener fricciones con diversos actores de la sociedad. Es un cardenal que se refugia en la impostura del personaje claridoso, sus planteamientos no guardan matiz ni sutilezas, son contundentes y no admiten mediación, como cuando declaró que: “Se necesita no tener madre para ser protestante”, provocando la reacción airada de los Testigos de Jehová y otras iglesias. A los homosexuales los llama “maricas” y estableció que “las desviaciones de algunas personas no deben servir para condenarlas, pero tampoco para presumirlas; que las mantengan más bien en secreto”. O sobre el acoso a las mujeres, el cardenal estipuló que “las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas”, lo que le valió duras críticas de los colectivos femeninos, por lo que se vio obligado a desdecirse (EFE, 25/09/2003). Sus confrontaciones con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco son sonoras: en 2007 arremetió contra sus militantes al llamarlos “hijos de las tinieblas” (La Jornada, 9/5/2007).
Estos ejemplos muestran el efervescente temperamento del cardenal, que lo lleva a imprudencias costosas. Después acusa a los medios de fabricar una imagen falsa. Sin embargo el 15 de agosto de 2010 sus declaraciones rebasaron sus habituales exabruptos al afirmar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia eran “maiceados” por Marcelo Ebrard, cuando éstos deliberaban el tema de las adopciones de parejas del mismo sexo. Sin embargo su diatriba provocó justamente lo contrario y la forma en que se posicionó fue reprobada por una buena parte de la opinión pública, así como de diversos actores políticos e incluso eclesiásticos.
No obstante siempre fue un actor poderoso en Jalisco. Su secreto ha sido articularse con la iniciativa privada y con el gobierno, estableciendo redes triangulares de complicidad, apoyo y fortalecimiento institucional mutuo que han posibilitado la gobernabilidad en la entidad. Cada vez que alguno enfrenta una controversia o alguna adversidad, es respaldado por los otros. Sin duda el episodio más delicado que ha enfrentado el cardenal son las acusaciones en 2003 por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, así también su estrecha relación con José María Guardia, el zar del juego; dicha denuncia fue promovida, como todos recordamos, por el exprocurador Jorge Carpizo McGregor. Así, sus cuentas, nexos familiares, movimientos y negocios fueron investigados. Si bien fue finalmente exonerado, el cardenal en un momento pareció zarandeado por la presión mediática que se generó en su contra. Esta sombra lo borró de la lista de posibles candidatos latinoamericanos para suceder a Juan Pablo II en el cónclave de 2005.
En la designación del cardenal José Francisco Robles Ortega el Vaticano mantiene la misma línea conservadora, pero el hasta hace poco arzobispo de Monterrey está alejado del estilo hosco, rudo y majadero de Sandoval. Es suave de modales y aparentemente mediador. Robles Ortega desde 2003 se posicionó con los grandes empresarios regiomontanos, amigo cercano del Opus Dei e íntimo de los Legionarios de Cristo. Se caracterizó por haber desmontado la labor social y pastoral de su antecesor Adolfo Suárez Rivera, ensañándose particularmente con el Secretariado Social. Llama la atención que en sus primeras declaraciones no ha mencionado el santuario cristero por lo que es presumible que don Juan, en retiro, continúe con su obsesión. Robles Ortega tuvo un largo paso por Toluca, de 1991 a 2003, donde condescendió de manera entusiasta con el inexistente Grupo Atlacomulco y el priismo de la clase política mexiquense; por lo que es presumible que haya ciertas tensiones con las posturas abiertamente panistas no sólo del ahora cardenal en retiro sino de gran parte del clero del Bajío. l
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* Especialista en el estudio de las religiones.
Los riesgos sociales
Familiares de las víctimas caídas por el crimen organizado en la Caravana del Sur.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- En tiempos electorales es muy fácil que partidos políticos, gobiernos y medios de comunicación concentren su interés en las campañas de los candidatos sin tomar en cuenta que la sociedad sigue su propio camino, lleno de conflictos, retos y vicisitudes.
No obstante, esto lleva riesgos y peligros en estos momentos en los que se empiezan a avizorar señales de inestabilidad social por el crecimiento del poder del crimen organizado, los actos de represión social, los recientes casos de asesinatos y desapariciones de líderes sociales, así como la ‘criminalización’ de las familias de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Como nunca el país va a entrar a un proceso electoral enmarcado en una espiral de violencia y muertes que no podrá eludir. Ni siquiera en la elección de 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se compara con el contexto en el que se desarrollarán las elecciones de 2012, pues en aquella época no había 50 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país como ahora.
Tampoco en aquellos años estaba la imperativa presencia del crimen organizado que hoy controla diversas regiones en las cuales difícilmente podrán realizarse los procesos electorales.
Hasta el momento ninguno de los precandidatos y sus partidos han manifestado preocupación por los riesgos de estallidos sociales que se están perfilando por la falta de justicia para miles de familia afectadas por la guerra contra las drogas, así como por los actos de represión a movimientos sociales, estudiantiles, indígenas y campesinos, y la persecución a líderes sociales y de derechos humanos.
Los partidos políticos y sus candidatos sólo se están mirando a sí mismos tratando de evadir la realidad para concentrarse en su juego de ajedrez electoral, moviendo sus piezas de manera estratégica, pero sin darse cuenta que el tablero está manchado de sangre.
Seguramente en los “cuartos de guerra” los estrategas de los tres principales candidatos están midiendo las fuerzas de los adversarios, pensando cómo darles un golpe y hacer que pierdan simpatía ciudadana.
No se observa que estén preocupados en ver que en la sociedad hay sectores que están en contra de las elecciones, que hay gente furiosa porque les mataron o desaparecieron a uno de sus familiares, que hay personas que están hastiadas de los gobiernos que no atienden sus llamados desesperados por justicia y seguridad.
Es muy probable que en estos grupos de estrategas nacionales y extranjeros ni siquiera se acuerden de que en México aún hay grupos guerrilleros que por años han trabajado en la clandestinidad y que están dispuestos a salir a la luz pública para hacerse presentes, pues permanecen vigentes sus declaraciones de guerra o sus llamados al cambio social a través de la violencia.
Tampoco están en sus escenarios mediáticos y electorales la presencia de grupos anarquistas que en los últimos años han usado explosivos en contra de instalaciones bancarias o investigadores, y que bien podrían extender sus actuaciones al campo de la política.
Hay muchos actores y elementos sociales que al parecer no están siendo considerados por los grupos políticos y de poder que van a jugar en estas elecciones.
Y esto es una grave señal porque además de demostrar el menosprecio que hay desde las cúpulas del poder hacia la ciudadanía, representa un grave error por no atender los indicios de protestas sociales que ya estamos viendo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como por las represiones de normalistas en Chilpancingo, que dieron como resultado la muerte de dos estudiantes.
Las elecciones de 2012 entrarán en un contexto muy difícil de manejar, sobre todo si se pretende realizar campañas en aquellos sitios en los que no hay otra autoridad que los grupos del crimen organizado. Las denuncias tardías de Felipe Calderón de que en Michoacán actuaron bandas criminales a favor del PRI, es apenas un indicio de lo que podría haber el año entrante.
Los riesgos de inestabilidad social son muchos y pocas son las alternativas de darles una salida pacífica, sobre todo porque no se ven actores políticos con voluntad de negociación en el gobierno federal ni en los gobiernos de los estados.
Aún es tiempo de tomar medidas de pacificación, pero estas pasan necesariamente por la voluntad de dar justicia a quienes la están demandando desde hace años y, hasta el momento, no han sido escuchados.
No obstante, esto lleva riesgos y peligros en estos momentos en los que se empiezan a avizorar señales de inestabilidad social por el crecimiento del poder del crimen organizado, los actos de represión social, los recientes casos de asesinatos y desapariciones de líderes sociales, así como la ‘criminalización’ de las familias de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Como nunca el país va a entrar a un proceso electoral enmarcado en una espiral de violencia y muertes que no podrá eludir. Ni siquiera en la elección de 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se compara con el contexto en el que se desarrollarán las elecciones de 2012, pues en aquella época no había 50 mil muertos y miles de desaparecidos en todo el país como ahora.
Tampoco en aquellos años estaba la imperativa presencia del crimen organizado que hoy controla diversas regiones en las cuales difícilmente podrán realizarse los procesos electorales.
Hasta el momento ninguno de los precandidatos y sus partidos han manifestado preocupación por los riesgos de estallidos sociales que se están perfilando por la falta de justicia para miles de familia afectadas por la guerra contra las drogas, así como por los actos de represión a movimientos sociales, estudiantiles, indígenas y campesinos, y la persecución a líderes sociales y de derechos humanos.
Los partidos políticos y sus candidatos sólo se están mirando a sí mismos tratando de evadir la realidad para concentrarse en su juego de ajedrez electoral, moviendo sus piezas de manera estratégica, pero sin darse cuenta que el tablero está manchado de sangre.
Seguramente en los “cuartos de guerra” los estrategas de los tres principales candidatos están midiendo las fuerzas de los adversarios, pensando cómo darles un golpe y hacer que pierdan simpatía ciudadana.
No se observa que estén preocupados en ver que en la sociedad hay sectores que están en contra de las elecciones, que hay gente furiosa porque les mataron o desaparecieron a uno de sus familiares, que hay personas que están hastiadas de los gobiernos que no atienden sus llamados desesperados por justicia y seguridad.
Es muy probable que en estos grupos de estrategas nacionales y extranjeros ni siquiera se acuerden de que en México aún hay grupos guerrilleros que por años han trabajado en la clandestinidad y que están dispuestos a salir a la luz pública para hacerse presentes, pues permanecen vigentes sus declaraciones de guerra o sus llamados al cambio social a través de la violencia.
Tampoco están en sus escenarios mediáticos y electorales la presencia de grupos anarquistas que en los últimos años han usado explosivos en contra de instalaciones bancarias o investigadores, y que bien podrían extender sus actuaciones al campo de la política.
Hay muchos actores y elementos sociales que al parecer no están siendo considerados por los grupos políticos y de poder que van a jugar en estas elecciones.
Y esto es una grave señal porque además de demostrar el menosprecio que hay desde las cúpulas del poder hacia la ciudadanía, representa un grave error por no atender los indicios de protestas sociales que ya estamos viendo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como por las represiones de normalistas en Chilpancingo, que dieron como resultado la muerte de dos estudiantes.
Las elecciones de 2012 entrarán en un contexto muy difícil de manejar, sobre todo si se pretende realizar campañas en aquellos sitios en los que no hay otra autoridad que los grupos del crimen organizado. Las denuncias tardías de Felipe Calderón de que en Michoacán actuaron bandas criminales a favor del PRI, es apenas un indicio de lo que podría haber el año entrante.
Los riesgos de inestabilidad social son muchos y pocas son las alternativas de darles una salida pacífica, sobre todo porque no se ven actores políticos con voluntad de negociación en el gobierno federal ni en los gobiernos de los estados.
Aún es tiempo de tomar medidas de pacificación, pero estas pasan necesariamente por la voluntad de dar justicia a quienes la están demandando desde hace años y, hasta el momento, no han sido escuchados.
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