UE: El veto británico
David Cameron, primer ministro británico.
Foto: AP
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LONDRES, (apro).- Mientras que Francia y Alemania, las dos principales economías de la Unión Europea (UE), buscan reformar el Tratado de Lisboa para establecer mayores controles fiscales y financieros en el bloque actualmente sumido en una profunda crisis de deuda, Gran Bretaña intenta utilizar su poder de veto para frenar cualquier reforma que no beneficie a la city financiera de Londres y le quite más poderes al país.
El gobierno de coalición que encabeza el conservador David Cameron enfrenta, además, una creciente presión de un grupo de al menos 80 parlamentarios euroescépticos “tories” (nombre que se les da a quienes apoyan al partido conservador inglés), que le exigen al primer ministro llamar a un referendo sobre el futuro de la UE, además de instar a Bruselas a “devolver” poderes al Reino Unido.
En medio de crecientes tensiones, tanto dentro de la coalición del gobierno británico, como en la relación de Londres con Bruselas, Cameron busca calmar a la oposición, que podría hacer tambalear a su gobierno.
La coalición, compuesta por conservadores y liberales democráticos, fue formada en mayo de 2010 y ya presenta grietas profundas, debido principalmente a sus diferencias sobre Europa. Según fuentes allegadas al jefe del gobierno británico, Cameron dijo el lunes 5 a sus ministros en una reunión de gabinete que un referendo por una reforma al tratado de la UE dividirá a la coalición gobernante.
En la sesión semanal de preguntas y respuestas del pasado miércoles 7, el mandatario garantizó que en caso que Gran Bretaña evalúe apoyar una reforma al Tratado de Lisboa, le dará un poder de voto al Parlamento británico para que decida al respecto, aunque sin aclarar si será necesaria o no crear una legislación especial para que esto ocurra.
De todos modos, se negó a convocar a un referendo por la membresía del país en la UE, como le exige un grupo cada vez más numeroso de parlamentarios conservadores cansados de los constantes problemas económicos europeos, y preocupados por una mayor ingerencia de Bruselas en los asuntos nacionales británicos, tema que ha dividido a los “tories” desde la administración de Margaret Thatcher (1979-1990).
Euroescépticos
Entre los conservadores que se sumaron a las presiones estuvo el alcalde de Londres, Boris Johnson, quien considera que debería convocarse un referendo si se le pide a Gran Bretaña que apruebe un nuevo tratado, como exigen tanto el presidente francés Nicolás Sarkozy, como su colega alemana, Angela Merkel. Johnson, como muchos otros parlamentarios euroescépticos, considera que el país se opondrá masivamente a cualquier cambio que establezca “un gobierno económico demasiado dominante” en Europa.
“Si a Gran Bretaña se le pide que firme semejante cosa (tratado) como al resto de los 27 (países de la UE), sería correcto vetarlo, y si sentimos que no podemos utilizar el veto, ciertamente creo que esto debería ser decidido en un referendo”, dijo el alcalde en una entrevista a la radio 4 de la BBC.
Sin embargo, aclaró que el gobierno de Cameron no podría convocar a un voto popular si el nuevo tratado sólo se limita a los 17 países que componen la zona euro.
Otros conservadores que presionan por una devolución de poderes de Bruselas a Londres fueron el secretario para Irlanda del Norte, Owen Paterson, como también el diputado Ian Duncan Smith.
En la sesión Parlamentaria del miércoles 7, el legislador oficialista John Baron dijo que Cameron debería oponerse a una unión política y fiscal de Europa, en tanto que Andrew Tyrie advirtió contra el peligro de un “asalto calculado” por parte de la zona euro contra la posición británica como centro financiero líder en la UE.
Otro parlamentario conservador, Andrew Rosindell, fue incluso más lejos, y le pidió a Cameron que se comporte como el expremier “torie” de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Winston Churchill, “y muestre un espíritu de perro bulldog” por una “resuelta defensa y sin remilgos en pos de los intereses nacionales británicos”.
El premier sostiene que si se les pide a los 27 países de la UE que firmen la reforma al tratado, Gran Bretaña pedirá “algo a cambio”, principalmente el poder para mantener un mercado y reglas financieras paralelas.
“Cuanto más pidan los países de la eurozona, mayor pediremos a cambio”, dijo Cameron ante los parlamentarios en una acalorada sesión en la Cámara de los Comunes. “Juzgaremos eso en base a lo que más le conviene a Gran Bretaña”, agregó.
Aunque el premier británico dijo que está en el interés del país que se resuelva la crisis de deuda en la zona euro, también aclaró que “hay que salvaguardar los intereses británicos”.
Hasta la oposición laborista se sumó a las presiones, al insistir que bajo la coalición, el gobierno británico ha perdido poder de opinión dentro de la UE. “El problema para Gran Bretaña es que el primer ministro ha quedado simplemente en los márgenes”, afirmó durante la sesión parlamentaria el jefe de los laboristas, Ed Miliband, asestándole un duro golpe al mandatario.
Más de 80 parlamentarios conservadores desafiaron el mes pasado la autoridad de Cameron al exigir en una moción parlamentaria un referendo que decida sobre la membresía británica en la UE. Aunque el grupo perdió esa votación en el Parlamento, la herida que produjo aún es sentida por el gobierno.
Chris Heaton-Harris, fundador del grupo Fresh Start de legisladores que buscan reformular la relación entre el Reino Unido y la UE, afirmó a la BBC el pasado 7 de diciembre que el primer ministro no debería demorar ninguna solución a la crisis de la eurozona.
En ese sentido, el Partido por la Independencia de Gran Bretaña (UKIP), que quiere que el Reino Unido abandone la UE, sostuvo que la promesa de Cameron acerca de que defenderá los intereses británicos “es borrosa e indefinida”.
“David Cameron se ha batido en retirada de tal forma para complacer a sus socios europeos que ahora apoya el sueño federalista de unión fiscal para la eurozona con el fin de salvar el euro”, dijo el jefe del UKIP, el ultra-conservador Nigel Farage.
Para el parlamentario conservador Stewart Jackson, quien renunció como consejero ministerial tras rebelarse contra el gobierno por su postura sobre la UE, sería “una verdadera lástima” que Cameron no aproveche la oportunidad en Bruselas para pedir por una devolución de poderes.
“La gente no entenderá si nuestro primer ministro no logra tomar ventaja de esta oportunidad única en generaciones para presionar por los intereses británicos, y específicamente, establezca una nueva relación más madura y distante con la Unión Europea”, indicó el legislador euroescéptico.
“La noción de que la solución a la crisis de deuda soberana es una unión política y financiera va en contra de la realidad y del veredicto aplastante de los mercados financieros” concluyó.
La postura conservadora, beligerante e individualista británica en relación a una Europa federal no es nueva, pero en el contexto de la mayor crisis de deuda soberana que enfrenta el bloque desde su creación, dicha posición podría alejar aún más a Londres del Viejo Continente, en un quiebre que tendrá consecuencias no sólo en la región, sino también en el resto del mundo.
El gobierno de coalición que encabeza el conservador David Cameron enfrenta, además, una creciente presión de un grupo de al menos 80 parlamentarios euroescépticos “tories” (nombre que se les da a quienes apoyan al partido conservador inglés), que le exigen al primer ministro llamar a un referendo sobre el futuro de la UE, además de instar a Bruselas a “devolver” poderes al Reino Unido.
En medio de crecientes tensiones, tanto dentro de la coalición del gobierno británico, como en la relación de Londres con Bruselas, Cameron busca calmar a la oposición, que podría hacer tambalear a su gobierno.
La coalición, compuesta por conservadores y liberales democráticos, fue formada en mayo de 2010 y ya presenta grietas profundas, debido principalmente a sus diferencias sobre Europa. Según fuentes allegadas al jefe del gobierno británico, Cameron dijo el lunes 5 a sus ministros en una reunión de gabinete que un referendo por una reforma al tratado de la UE dividirá a la coalición gobernante.
En la sesión semanal de preguntas y respuestas del pasado miércoles 7, el mandatario garantizó que en caso que Gran Bretaña evalúe apoyar una reforma al Tratado de Lisboa, le dará un poder de voto al Parlamento británico para que decida al respecto, aunque sin aclarar si será necesaria o no crear una legislación especial para que esto ocurra.
De todos modos, se negó a convocar a un referendo por la membresía del país en la UE, como le exige un grupo cada vez más numeroso de parlamentarios conservadores cansados de los constantes problemas económicos europeos, y preocupados por una mayor ingerencia de Bruselas en los asuntos nacionales británicos, tema que ha dividido a los “tories” desde la administración de Margaret Thatcher (1979-1990).
Euroescépticos
Entre los conservadores que se sumaron a las presiones estuvo el alcalde de Londres, Boris Johnson, quien considera que debería convocarse un referendo si se le pide a Gran Bretaña que apruebe un nuevo tratado, como exigen tanto el presidente francés Nicolás Sarkozy, como su colega alemana, Angela Merkel. Johnson, como muchos otros parlamentarios euroescépticos, considera que el país se opondrá masivamente a cualquier cambio que establezca “un gobierno económico demasiado dominante” en Europa.
“Si a Gran Bretaña se le pide que firme semejante cosa (tratado) como al resto de los 27 (países de la UE), sería correcto vetarlo, y si sentimos que no podemos utilizar el veto, ciertamente creo que esto debería ser decidido en un referendo”, dijo el alcalde en una entrevista a la radio 4 de la BBC.
Sin embargo, aclaró que el gobierno de Cameron no podría convocar a un voto popular si el nuevo tratado sólo se limita a los 17 países que componen la zona euro.
Otros conservadores que presionan por una devolución de poderes de Bruselas a Londres fueron el secretario para Irlanda del Norte, Owen Paterson, como también el diputado Ian Duncan Smith.
En la sesión Parlamentaria del miércoles 7, el legislador oficialista John Baron dijo que Cameron debería oponerse a una unión política y fiscal de Europa, en tanto que Andrew Tyrie advirtió contra el peligro de un “asalto calculado” por parte de la zona euro contra la posición británica como centro financiero líder en la UE.
Otro parlamentario conservador, Andrew Rosindell, fue incluso más lejos, y le pidió a Cameron que se comporte como el expremier “torie” de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Winston Churchill, “y muestre un espíritu de perro bulldog” por una “resuelta defensa y sin remilgos en pos de los intereses nacionales británicos”.
El premier sostiene que si se les pide a los 27 países de la UE que firmen la reforma al tratado, Gran Bretaña pedirá “algo a cambio”, principalmente el poder para mantener un mercado y reglas financieras paralelas.
“Cuanto más pidan los países de la eurozona, mayor pediremos a cambio”, dijo Cameron ante los parlamentarios en una acalorada sesión en la Cámara de los Comunes. “Juzgaremos eso en base a lo que más le conviene a Gran Bretaña”, agregó.
Aunque el premier británico dijo que está en el interés del país que se resuelva la crisis de deuda en la zona euro, también aclaró que “hay que salvaguardar los intereses británicos”.
Hasta la oposición laborista se sumó a las presiones, al insistir que bajo la coalición, el gobierno británico ha perdido poder de opinión dentro de la UE. “El problema para Gran Bretaña es que el primer ministro ha quedado simplemente en los márgenes”, afirmó durante la sesión parlamentaria el jefe de los laboristas, Ed Miliband, asestándole un duro golpe al mandatario.
Más de 80 parlamentarios conservadores desafiaron el mes pasado la autoridad de Cameron al exigir en una moción parlamentaria un referendo que decida sobre la membresía británica en la UE. Aunque el grupo perdió esa votación en el Parlamento, la herida que produjo aún es sentida por el gobierno.
Chris Heaton-Harris, fundador del grupo Fresh Start de legisladores que buscan reformular la relación entre el Reino Unido y la UE, afirmó a la BBC el pasado 7 de diciembre que el primer ministro no debería demorar ninguna solución a la crisis de la eurozona.
En ese sentido, el Partido por la Independencia de Gran Bretaña (UKIP), que quiere que el Reino Unido abandone la UE, sostuvo que la promesa de Cameron acerca de que defenderá los intereses británicos “es borrosa e indefinida”.
“David Cameron se ha batido en retirada de tal forma para complacer a sus socios europeos que ahora apoya el sueño federalista de unión fiscal para la eurozona con el fin de salvar el euro”, dijo el jefe del UKIP, el ultra-conservador Nigel Farage.
Para el parlamentario conservador Stewart Jackson, quien renunció como consejero ministerial tras rebelarse contra el gobierno por su postura sobre la UE, sería “una verdadera lástima” que Cameron no aproveche la oportunidad en Bruselas para pedir por una devolución de poderes.
“La gente no entenderá si nuestro primer ministro no logra tomar ventaja de esta oportunidad única en generaciones para presionar por los intereses británicos, y específicamente, establezca una nueva relación más madura y distante con la Unión Europea”, indicó el legislador euroescéptico.
“La noción de que la solución a la crisis de deuda soberana es una unión política y financiera va en contra de la realidad y del veredicto aplastante de los mercados financieros” concluyó.
La postura conservadora, beligerante e individualista británica en relación a una Europa federal no es nueva, pero en el contexto de la mayor crisis de deuda soberana que enfrenta el bloque desde su creación, dicha posición podría alejar aún más a Londres del Viejo Continente, en un quiebre que tendrá consecuencias no sólo en la región, sino también en el resto del mundo.
Por sospecha de fraude, prohiben a yerno del rey Juan Carlos asistir a actos oficiales
MADRID (apro).- Un alto funcionario de la Casa Real anunció hoy que Iñaki Urdagarín, yerno del rey Juan Carlos, por el momento no volverá a participar en actos oficiales de la familia Real, a los que solía acudir con su esposa, la infanta Cristina.
Rafael Spottorno, el nuevo jefe de la Casa del Rey, comentó en un desayuno informativo que dicha medida se tomó por considerar que Urdagarín ha mantenido un comportamiento “no ejemplar”, según cita la agencia Europa Press.
En enero próximo el duque de Palma podría ser imputado por cargos de evasión fiscal y el uso de facturas falsas e infladas o servicios y presupuestos ficticios en su fundación Noos y otras entidades, sin fines de lucro.
Por medio de estas operaciones obtuvo recursos públicos de comunidades autónomas como Baleares, Valencia, Cataluña, del ayuntamiento de Alcalá de Henares o de la diputación de Barcelona.
El diario Público aseguró que Hacienda ha cifrado en más de 16 millones de euros la trama del yerno del Rey que, en nueve años de gestión de una red de sociedades, captó a más de 100 clientes, la mayoría de ellos de las principales empresas españolas, y aseguró que alrededor del 40% de esos ingresos salieron de las arcas públicas.
Los medios de comunicación españoles replicaron la noticia e innumerables análisis sobre la fotografía que la semana pasada publicó la revista Hola, de la reina Sofía visitando a su hija, la infanta Cristina y a su yerno Iñaki Urdagarín, en Washington, donde residen desde hace dos años.
Todos lo interpretaron como un espaldarazo de la Casa Real al yerno frente a la investigación que encabeza el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Policía Judicial, la llamada Operación Babel.
Pero esta mañana, en reunión con algunos medios de comunicación, el nuevo jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afirmó que “no” le “parece un comportamiento ejemplar” las actividades empresariales del duque de Palma, que son investigadas por la justicia y cuyos detalles están siendo conocidos por “filtraciones” a la prensa.
Dijo que, por el momento, Urdagarín no volverá a participar en actos oficiales de la Familia Real, a los que hasta la fecha acudía acompañando a la Infanta Cristina.
El funcionario lamentó, dice Europa Press, que Urdagarín esté siendo sometido a un “verdadero juicio popular al mejor estilo de otros regímenes”, en el que no se respeta el principio de presunción de inocencia.
Por tanto, animó a las instancias judiciales a completar su trabajo “cuanto antes”.
Señaló que la pieza separa del caso Palma Arena –el juicio inicial contra el ex presidente balear Jaume Matas, ex ministro de José María Aznar, y del que deriva la operación Babel—inició en 2010, aunque hasta ahora no hay acusación formal contra el duque de Palma.
La decisión de separar a Urdagarín de los actos de la familia Real, dijo, se tomó de común acuerdo entre el monarca y su yerno.
Rafael Spottorno, el nuevo jefe de la Casa del Rey, comentó en un desayuno informativo que dicha medida se tomó por considerar que Urdagarín ha mantenido un comportamiento “no ejemplar”, según cita la agencia Europa Press.
En enero próximo el duque de Palma podría ser imputado por cargos de evasión fiscal y el uso de facturas falsas e infladas o servicios y presupuestos ficticios en su fundación Noos y otras entidades, sin fines de lucro.
Por medio de estas operaciones obtuvo recursos públicos de comunidades autónomas como Baleares, Valencia, Cataluña, del ayuntamiento de Alcalá de Henares o de la diputación de Barcelona.
El diario Público aseguró que Hacienda ha cifrado en más de 16 millones de euros la trama del yerno del Rey que, en nueve años de gestión de una red de sociedades, captó a más de 100 clientes, la mayoría de ellos de las principales empresas españolas, y aseguró que alrededor del 40% de esos ingresos salieron de las arcas públicas.
Los medios de comunicación españoles replicaron la noticia e innumerables análisis sobre la fotografía que la semana pasada publicó la revista Hola, de la reina Sofía visitando a su hija, la infanta Cristina y a su yerno Iñaki Urdagarín, en Washington, donde residen desde hace dos años.
Todos lo interpretaron como un espaldarazo de la Casa Real al yerno frente a la investigación que encabeza el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Policía Judicial, la llamada Operación Babel.
Pero esta mañana, en reunión con algunos medios de comunicación, el nuevo jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afirmó que “no” le “parece un comportamiento ejemplar” las actividades empresariales del duque de Palma, que son investigadas por la justicia y cuyos detalles están siendo conocidos por “filtraciones” a la prensa.
Dijo que, por el momento, Urdagarín no volverá a participar en actos oficiales de la Familia Real, a los que hasta la fecha acudía acompañando a la Infanta Cristina.
El funcionario lamentó, dice Europa Press, que Urdagarín esté siendo sometido a un “verdadero juicio popular al mejor estilo de otros regímenes”, en el que no se respeta el principio de presunción de inocencia.
Por tanto, animó a las instancias judiciales a completar su trabajo “cuanto antes”.
Señaló que la pieza separa del caso Palma Arena –el juicio inicial contra el ex presidente balear Jaume Matas, ex ministro de José María Aznar, y del que deriva la operación Babel—inició en 2010, aunque hasta ahora no hay acusación formal contra el duque de Palma.
La decisión de separar a Urdagarín de los actos de la familia Real, dijo, se tomó de común acuerdo entre el monarca y su yerno.
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