Las mañas del Pentágono
Raúl Zibechi
La concentración de poder se ha convertido en la tendencia global más importante en los recientes 50 o 100 años. En este proceso, el poder militar juega un papel decisivo, aunque el pensamiento crítico se ha concentrado, quizá excesivamente, en el poder económico, sin visualizar que es el poder duro el que asegura la continuidad de la acumulación de capital.
El historiador William McNeill, en su magnífica obra La búsqueda del poder, nos advierte que para estudiar
el macroparasitismo entre las poblaciones humanas(que podría ser asimilado al imperialismo), deben estudiarse en especial
los cambios en los tipos de equipamiento empleados por los guerreros.
Fiel a su más conocido trabajo, Plagas y pueblos, sostiene:
Las alteraciones en el armamento se parecen a mutaciones genéticas de microrganismos en el sentido de que pueden, cada tanto, abrir nuevas zonas geográficas de explotación, o destruir antiguos límites mediante el ejercicio de la fuerza dentro de la propia sociedad que los cobija. Nada más parecido a una historia de la conquista de América.
La carrera de armamentos ultra sofisticados que lleva adelante Estados Unidos, seguido de lejos por un puñado de emergentes, parece estar buscando esas
mutacionesa las que alude McNeill, para asegurar y ensanchar la brecha de poder de los más poderosos respecto del resto de la humanidad. La ciberguerra en curso y algunas armas especiales, como el avión supersónico capaz de volar a 20 veces la velocidad del sonido que está desarrollando la estadunidense DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa), forman parte de esa ambición de poder.
El reciente discurso de Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, pronunciado el 11 de octubre en el portaviones Intrepid, convertido en museo anclado en Nueva York, estuvo íntegramente dedicado a la ciberguerra. Anunció que su país está viviendo
un momento pre 11 de septiembreya que
los atacantes están tramandoun ataque. Acusó directamente a China, Rusia e Irán.
Esta vez Panetta no mencionó el terrorismo como fuente de posibles agresiones, sino un probable
ataque cibernético perpetrado por Estados-naciónque perpetrarían un
ciber Pearl Harbor. Exigió que se apruebe pronto la Ley de Seguridad Cibernética que otorga al Pentágono poderes extraordinarios en relación a la ciberseguridad. Omitió decir, y este es el punto clave, que su departamento está preparado para lanzar el primer golpe (contra Irán o Venezuela), algo difícil de demostrar en una guerra inmaterial, pero con cuantiosos daños materiales.
Panetta también habló de ciberguerra el 8 de octubre en Punta del Este, en la décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Llegó con un documento de 12 páginas titulado La política de defensa para el hemisferio Occidental, con el que pretendió delinear la estrategia militar del Pentágono con base en
enfoques innovadores, económicos y con una mínima huella.
Se enfrentó con varios ministros de Defensa de la Unasur, aunque contó con el apoyo entusiasta de Chile –que se encargó de elevar las propuestas previamente negociadas con el Pentágono– y de Colombia, sus aliados sudamericanos. No pudo impedir que Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Surinam y Venezuela se negaran a aceptar un sistema de
asistencia humanitariacoordinado por militares, mientras que Guyana y Uruguay se abstuvieron. Tuvo que tragar el apoyo mayoritario a la soberanía argentina de las islas Malvinas (sólo Estados Unidos y Canadá votaron en contra).
Los países de la región aún no están en condiciones para poner en pie un sistema de defensa colectivo y autónomo, pero avanzan en la desarticulación de las iniciativas del Pentágono. Días antes de la conferencia, el Ministerio de Defensa de Uruguay desarticuló lo que hubiera sido una nueva
base dormidaen el centro del país, junto al único aeropuerto internacional fuera de la franja costera.
El proyecto consistía en la construcción de apenas
un barracón, pero el modo de operar es significativo. Fue elaborado por el Comando Sur y propuesto directamente a las fuerzas armadas uruguayas, con financiamiento estadunidense y con la excusa de capacitar frente a desastres naturales, pero sin consultar al Ministerio de Defensa. De haberse concretado,
supondría otorgarle la llave del país a Estados Unidoscon la excusa de la capacitación humanitaria (Brecha, 12 de octubre de 2012).
Días atrás, militares uruguayos participaron en ejercicios en Florida, sede del Comando Sur, pasando por encima de las autoridades civiles, que suelen enterarse cuando los militares ya están volando. Situaciones muy similares suceden en Argentina, no así en Brasil y Venezuela. El Pentágono negocia directamente con los militares, como si se tratara de
TLC entre las fuerzas armadas. La desarticulación de este modo subversivo de operar generó malestar diplomático en Montevideo y en Buenos Aires, donde también cortaron las alas del grupo militar de Estados Unidos en Argentina.
El Consejo de Defensa Sudamericano de la Unasur aún no pudo concretar su
doctrinapara una defensa regional coordinada. Cada paso adelante cuesta meses y arduas negociaciones, mientras la potencia que nos considera su patio trasero sigue desarrollando la
capacidad para proyectar poder y fuerza, como dijo Panetta.
Sin embargo, la ofensiva lanzada en Punta del Este chocó con la oposición de un grupo de países que no están dispuestos a dejarse imponer las políticas que Washington ensaya desde hace medio siglo, como le dijo el ministro brasileño Celso Amorim al jefe del Pentágono.
La encrucijada de la seguridad social
Elizabeth Tinoco*
En América Latina y el Caribe más de 70 por ciento de la población en edad de trabajar no contribuye con ningún sistema de pensión. Es un dato abrumador en una región donde las tasas de natalidad se desploman y el envejecimiento de la sociedad no tiene precedente. En este escenario, tenemos el reto de avanzar hacia un cambio de paradigmas cuando hablamos de la seguridad social del presente y del futuro.
Las más recientes estimaciones de la OIT indican que solamente 27.6 por ciento de las personas entre 15 y 64 años cotizan para su pensión en la región. Esto incluye tanto aquellas personas que se consideran económicamente activas como a las que no pertenecen a la fuerza de trabajo. Pero la verdad es que todos envejecemos, y todos necesitaremos un ingreso para esquivar la pobreza a una edad avanzada.
Por otra parte, la brecha de cobertura en la protección es significativa, pues 40 por ciento de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión. La proporción es similar para los servicios de salud de la seguridad social donde, por cierto, los adultos mayores son usuarios que demandan gran cantidad de servicios.
Además, debemos considerar que los sistemas de protección social deben apuntar a otros grupos vulnerables de la población, como enfermos y discapacitados, personas sin ingresos o desempleadas, a niños que de lo contrario son obligados a trabajar o a quienes sobreviven a un trabajador fallecido y no tienen de qué vivir.
En este contexto, la seguridad social debe ser vista como una herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Un primer paso para el cambio de paradigmas tiene que ver con entender que los sistemas de protección social no pueden ser vistos como gasto ni caridad, sino que representan una oportunidad de fortalecer las economías y de contribuir a un desarrollo que permita eliminar la pobreza y la desigualdad actuales.
Una región con muchas más personas mayores, la mayor parte desprotegidas, sin ingresos y, por lo tanto, en situación de pobreza, con sistemas sanitarios colapsados, no parece el retrato del futuro que queremos hoy.
La baja proporción de personas que logran contribuir una parte de sus ingresos nos indica que será imposible financiar los sistemas de seguridad social solamente con cotizaciones personales, más aún si habrá cada vez más adultos mayores y menos jóvenes.
Es indudable que, tal como ocurre en muchos países avanzados, corresponde un papel al Estado así como a la sociedad en su conjunto. Los sistemas de seguridad social basados exclusivamente en regímenes contributivos son ideales pero pertenecen al pasado, y ahora es necesario generar opciones no contributivas también.
Desde las Naciones Unidas se ha abordado el desafío de la brecha en seguridad social con una propuesta que busca maximizar la cobertura hasta hacerla universal, mediante un uso eficiente y creativo de los recursos disponibles. Se llama la iniciativa del Piso de Protección Social, y busca combinar la garantía de un ingreso básico para todas las personas con la prestación de servicios esenciales, por ejemplo en salud.
La iniciativa del Piso, que es una de las prioridades de acción para la OIT, parte de la base que si las iniciativas de protección social están bien diseñadas pueden ser financiadas con diversas fuentes de recursos pero, sobre todo, son rentables, pues contribuyen a mantener en la economía a personas que de otra forma estarían marginadas.
Durante la crisis internacional, en los países donde se sintieron efectos más moderados y donde la recuperación fue más rápida, las medidas de protección social, desde los seguros de desempleo hasta las pensiones de gracia o las transferencias condicionadas de recursos, tuvieron un efecto positivo, pues permitieron mantener la demanda y contribuyeron a la productividad laboral.
La seguridad social vista con una mirada más moderna debe considerarse como medidas de impacto multidimensional, que benefician a las personas, a las comunidades, a los lugares donde trabajan o viven y por lo tanto actúan como estabilizadores económicos.
En cierto sentido estamos en una encrucijada. Enfrentamos el dilema de parchar sistemas que no han funcionado bien nunca y que serán sobrepasados, o seguir el camino de iniciativas que contribuyan al bienestar ciudadano como base de sociedades económicamente más competitivas y socialmente más inclusivas.
Sin protección social adecuada será imposible tener sociedades de calidad capaces de plantearse con éxito la globalización.
*Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe
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