Reforma laboral: debate sin plazos
El dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo, aprobado en lo general y lo particular por el Senado el pasado martes, fue enviado de regreso a la Cámara de Diputados luego que el primero ratificó la grave afectación a los derechos laborales aprobada por la segunda: la legalización de los contratos a prueba, el outsourcing o subcontratación y el pago por hora, que colocan a los asalariados en un estado de desprotección aún mayor que el que padecen actualmente. Sin embargo, la cámara alta incorporó aspectos positivos a la propuesta de reforma, como los relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia sindicales.
flexibilidad laboral, en la medida en que han generado un amplio descontento social que no fue recogido, sin embargo, por ninguna de las dos instancias legislativas. En la discusión senatorial de antier, las bancadas del PRI y el PAN mostraron una cohesión similar a la que habían mostrado antes en la Cámara de Diputados y aprobaron las directrices demandadas por las cúpulas patronales. Las fuerzas de izquierda, por su parte, si bien rechazaron la reforma en lo general y formularon reservas a los aspectos más lesivos de la misma, volvieron a mostrarse incapaces de articular una política de resistencia eficaz para oponerse a las modificaciones mencionadas; los representantes de los tres partidos progresistas en el Senado se limitaron a votar en contra de la iniciativa calderonista, sin ensayar una discusión a profundidad en defensa de los intereses laborales.
En tal circunstancia, sería improcedente y peligroso que los legisladores terminaran por ceder a las presiones del gobierno federal y de los organismos empresariales en el sentido de acelerar la aprobación de la reforma laboral y su consecuente promulgación. Sería saludable, en cambio, que antes de seguir por ese rumbo los diputados revisaran los escenarios de confrontación social a que han dado lugar los recortes de derechos laborales en España, Portugal y Grecia.
Una vez que se ha cumplido con el proceso de dictaminación en ambas cámaras –como lo demanda la figura de
iniciativa preferente–, es procedente y necesario que el Poder Legislativo induzca las formas de consulta ciudadana y convoque a los debates públicos que habrían debido realizarse aun antes de las deliberaciones, y que se disponga a escuchar el punto de vista de sindicatos, juristas, científicos sociales, organismos de la sociedad civil y otros sectores interesados, en el entendido de que el laboral no es un asunto menor, sino una de las piezas fundamentales del pacto social que, maltrecho y todo, ha impedido que el país se desarticule a pesar del desastre social causado por tres décadas de políticas neoliberales.
Es claro que dicha tarea no puede ni debe estar circunscrita a los plazos del actual periodo de sesiones legislativas, y ni siquiera a la duración de la presente legislatura, sino debe tomarse el tiempo que sea necesario para lograr que la modificación legal refleje el sentido nacional mayoritario. De actuar en ese sentido, los consensos se producirán más temprano que tarde. En cambio, si se cede a las presiones del poder político y económico, se estará poniendo en riesgo la armonía social y política de la nación.
Mala suerte charra-Rocha
El recuento de Acuña viola la libertad sindical
Napoleón Gómez Urrutia
La reciente experiencia del Sindicato Nacional de Mineros en Ciudad Acuña, Coahuila, donde un recuento por la titularidad del contrato colectivo en la maquiladora multinacional Arnesesy Accesorios de México, PKC, plagado de inadmisibles trampas, ilegalidades y fraudes, dio un amañado triunfo a la fórmula CTM coahuilense y a esa empresa, ha dejado la muy importante lección de que los trabajadores, en cualquier parte del país, ya no están dispuestos a seguir siendo arrastrados ni aplastados por la fuerza coaligada de los obsoletos empresarios, el viejo sindicalismo corporativo y los gobiernos federal y estatales, en contra de sus legítimos intereses y de sus muy justos derechos.
Esto nos lleva a varias importantes conclusiones. La inicial, que no ganaron los auténticos trabajadores, sino la corrupción y la traición de la CTM de Coahuila, en claro contubernio con la ambición y el terrorismo empresarial de PKC, solapados por los gobiernos municipal, estatal y federal. El desprecio de los gobiernos panistas hacia la clase trabajadora es lo que ha permitido el surgimiento de estos nuevos campos de concentración esclavistas.
La segunda conclusión es que se inició la construcción de un gran movimiento obrero democrático en la frontera de Ciudad Acuña y en todas las industrias maquiladoras, lo cual es un gran avance histórico para una clase trabajadora que ha sido abandonada durante muchos años y condenada a una vida de miseria y marginación. A pesar de los esfuerzos del capital multinacional, aliado con las élites políticas coahuilenses y con el concurso mercenario de los medios de comunicación locales, así como el servilismo corporativo de la débil CTM de Coahuila, hoy los trabajadores de la maquiladora Arneses y Accesorios de México, filial de la empresa PKC, de capital finlandés, han dado el primer paso para romper sus cadenas. Los mineros y las organizaciones democráticas del mundo entero continuarán apoyando este movimiento, para garantizar su derecho a la libertad de asociación y a la victoria política y moral, como en todos estos años han hecho de manera decidida e incondicional.
La tercera conclusión es que las cifras del recuento sindical fueron elocuentes al expresar, mejor que ningún argumento, que los trabajadores, hombres y sobre todo mujeres, que constituyen más de 60 por ciento de la planta laboral de las empresas maquiladoras instaladas en todo el país, ya no serán conducidos a una explotación brutal como producto de su necesidad económica, sin derechos ni protección legal o social, sin conocimiento de los contratos de protección que las empresas arreglan en la oscuridad con sindicatos blancos, con el objeto de abusar despiadadamente de su esfuerzo. El hecho de que en un padrón de de 7 mil 528 trabajadores se hayan cancelado nada menos que 2 mil 546 votos (33.8 por ciento) configura la grave irregularidad tolerada o promovida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Las otras proporciones fueron, entonces, de 2 mil 311 votos para la fórmula de los trabajadores con el sindicato minero (30.7 por ciento) y de 2 mil 509 para PKC-CTM (33.3 por ciento). La diferencia fue de sólo 198 votos entre las dos opciones (2.6 por ciento).
La cuarta conclusión es que, para este recuento, es evidente que las autoridades locales y federales se juntaron para impedir la libre determinación de los trabajadores para escoger a la organización que los represente, en complicidad con la empresa PKC, que en todo momento bloqueó y prohibió el paso a las instalaciones fabriles a los miembros de la opción sindicato minero-trabajadores democráticos, e intimidó durante tres meses a todos los obreros, permitiendo a los contrarios de la CTM-PKC el tránsito proselitista en horas laborales. La carga en los medios de comunicación locales, que sabemos son manejados desde el palacio de gobierno de Coahuila, fue igualmente asimétrica: todo el tiempo y el apoyo para PKC-CTM, y cero minutos para la propuesta de los mineros, con el agregado calumnioso de un mensaje de terrorismo empresarial, intimidación y chantajes permanentes, en el sentido de que el triunfo del sindicato minero provocaría que la empresa PKC emigrara de Acuña, lanzado por la propia compañía y por la débil y entreguista CTM de Coahuila.
Este recuento sindical es un ejemplo de la degradación inmoral en que han convertido la política laboral los gobiernos panistas, desde que Vicente Fox designó a Francisco Javier Salazar y Felipe Calderón a Javier Lozano, que han sido los peores secretarios del Trabajo que ha tenido el país. Cuánto le han costado a México en conflictos ilegales estos mediocres, improvisados y corruptos, que los ubican en el basurero de la historia. Estos funcionarios han sido una vergüenza y merecen el juicio político nacional e internacional, aunque por ahora se sientan protegidos y en la impunidad.
Nuestro país no puede ni debe estar soportando este maridaje cómplice entre gobiernos, empresas y sindicatos blancos, pues con ello toda política respetable naufragará. En estas circunstancias, la aprobación de la reforma laboral vendrá a formalizar la explotación que hoy se practica en la ilegalidad.
No se confundan-Hernández
Democracia sindical
Adolfo Sánchez Rebolledo
Es importante no perder de vista que la minuta de reforma laboral aprobada por la mayoría en el Senado resulta ser, en términos generales, un retroceso para las clases asalariadas del país. Véanse al respecto las inauditas expresiones del sector empresarial en torno a la
productividadpara comprender de inmediato que esta reforma responde a los más estrechos intereses económicos de la patronal menos audaz y emprendedora, así como al intento
estratégicode formalizar en la ley, para beneficio de futuros inversionistas trasnacionales, un régimen laboral que consagra el precarismo como matriz de la competitividad.
Como sea, es una buena noticia que, por fin, el tema de la democracia sindical ocupe el lugar privilegiado que los estrategas de la transición, los partidos y las autoridades se rehusaron a darle a pesar de la importancia que el asunto tenía (tiene) en la vida social mexicana de finales de los años 70, cuando se aprueba la reforma política que Reyes Heroles había impulsado para encauzar el descontento por medio de la vida partidista y la competencia electoral. En esos duros años, son los grupos asalariados los que ponen en la agenda la cuestión de la democracia, la necesidad de clausurar el corporativismo, como condición para acceder a la ciudadanía universal. Para actuar y sobrevivir en las circunstancias de una economía internacional en crisis, los asalariados debían recuperar sus organizaciones, que estaban, como hoy, en manos de mafias sindicales, secuestradas por los charros que administraban la fuerza de trabajo como requisito para la estabilidad del sistema. Pero luchar por la democracia sindical, en esos años, llevaba al enfrentamiento directo con los órganos de gobierno que protegían los intereses de las burocracias gremiales, piezas claves del régimen imperante. Era una genuina refundación. De ahí la inmediata politización de casi cualquier acción reivindicativa, a la que solía caerle encima
todo el peso del Estado. Con el tiempo, la represión y la crisis, la insurgencia sindical fue derrotada, pero la adopción de la ruta neoliberal puso en la picota incluso la necesidad del sindicato: en el reino del individualismo y la competencia se quedaron los viejos cascarones de las grandes organizaciones corporativas, y aparecieron nuevas formas de simulación, como los llamados contratos de protección, incapaces de dar cuenta de las terribles nuevas realidades del precarismo y la informalidad que anida sobre la desigualdad estructural mexicana.
En la vorágine de la transición democrática (y de la modernización fallida), el mundo del trabajo se fue perdiendo en el imaginario de los partidos y de la crítica intelectual, incluso de la izquierda. El tema pasó de moda. Aquel México de trabajadores que se asumía como fuente del progreso nacional se extinguió como idea (y como política pública) en aras de cierta visión de la modernidad propia de los nuevos ricos que se habían encaramado al poder, con gran capacidad de imitación, pero con gesticulaciones atávicas arraigadas en una cultura de servidumbre autoritaria. Aunque la ley preserva el papel de la organización colectiva para la defensa de los intereses legales e históricos de los asalariados, la ideología, las prácticas del poder y la empresa reforzaron los prejuicios clasistas contra la autonomía y la democracia sindical. Así, la degradación del papel de los trabajadores se continúa como si fuera tarea pendiente de la supuesta ciudadanización en marcha, cuando es obvio que la pérdida de peso específico de las masas organizadas no era otra cosa que la condición requerida para dar impulso al modelo actual, el mismo que ha fracasado en la creación de empleo. Ante este gigantesco vacío que corroe la vida nacional, no extraña que el panismo teja una reforma laboral sin gran oposición de las centrales de siempre, salvo, claro está, en la parte que toca los intereses políticos del PRI. ¿Es esta la reforma laboral que nos permitiría un cambio de perspectiva en favor del crecimiento y la plena ciudadanía de las masas excluidas? Evidentemente no, como bien y oportunamente lo han dicho la UNT y los heroicos abogados laborales independientes.
Gracias a la votación en el Senado, el PAN se siente vigorizado. Lástima que no lo hubiera intentado a partir del año 2000, pues el tema de la democracia sindical es tan viejo como el sindicalismo auténtico. Por ello me parece refrescante recordar las palabras contenidas en las resoluciones de la primera Conferencia Nacional de la Insurgencia Obrera, Campesina y Popular, realizada en 1976:
Parte básica de la democracia sindical es, sin duda, la elección democrática de los dirigentes. Pero la democracia sindical es, sobre todo, un funcionamiento sindical permanente basado en asambleas frecuentes y en el acatamiento de los acuerdos colectivos; es información constante y amplia a la base para que ésta pueda intervenir activamente en toda la vida sindical; es la responsabilidad ineludible de los dirigentes; es más, es el derecho a revocar el mandato a estos dirigentes si no cumplen, sea por la parte de la asamblea, o en general por el organismo que los haya nombrado; es manejo honrado del patrimonio sindical y rendición regular de cuentas.
Hoy que está en juego la sobrevivencia del verdadero sindicalismo, estas indicaciones son más vigentes que nunca. Las fuerzas progresistas y los demócratas convencidos tienen que admitir de una vez por todas que sin una vida sindical sana la democracia es un cuerpo mutilado, deforme... una simulación.
Gran beneficio-Helguera
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