Panamericanos: El juego de los millones perdidos
Emilio González y Mario Vázquez Raña. Negocios en lo
oscurito
Foto: Rafael del Río
Foto: Rafael del Río
Una auditoría realizada por la contraloría de Guadalajara al Comité
Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag) detectó un manejo
irregular de 320 millones de pesos en el periodo comprendido entre enero de 2010
y junio de 2011. En el informe respectivo, los investigadores enumeran los
ilícitos: compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores,
licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y hasta
nepotismo.
GUADALAJARA (Proceso Jalisco) Asignaciones multimillonarias directas por
orden de Mario Vázquez Raña, compras a empresas que no se encuentran en el
padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no
cubiertas y nepotismo son algunas de las muchas irregularidades detectadas al
Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), en una
auditoría efectuada por la Contraloría tapatía.
El 22 de junio de 2011, el entonces titular de la dependencia, Francisco
Javier Morales Aceves, notificó al director del comité, Carlos Andrade Garín,
sobre la revisión y sus alcances. La investigación se restringió en el ejercicio
presupuestal de ingresos y egresos de 2010 y el primer semestre de 2011. Los
auditores detectaron gastos no comprobados por casi 320 millones de pesos
durante ese periodo.
La auscultación se concentró en las áreas de adquisiciones, nóminas, horas
extras, normatividad, patrimonio y recursos financieros. Entre las anomalías
destaca la contratación de la empresa Internacional Sport Broadcasting, a
propuesta directa de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), cuyo
titular es Mario Vázquez Raña, para la producción y transmisión de la señal de
la justa continental.
Al principio se autorizó la transmisión por 500 horas, con un costo de 14
millones de dólares; pero se amplió a 700, por lo que la cuenta se elevó a 16
millones.
“La Comisión de Adquisiciones determinó contratar a la empresa por
recomendación de la Odepa sin observar los procedimientos contenidos en el
Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Guadalajara; al no cumplirse lo
estipulado por la normatividad correspondiente, se considera una adjudicación
irregular”, apuntan los auditores.
En agosto pasado Vázquez Raña denunció que el Copag tenía una “escandalosa
deuda” de más de mil millones de pesos debido a un desorden administrativo
(Proceso 1870).
Juan Ángel Guadarrama Faya, Edith Alejandra León Díaz y Alejandro Villaseñor
Tatay, adscritos a la Secretaría de la Contraloría, comentan la opacidad del
personal del Copag durante la revisión. Cuando pidieron al área jurídica del
comité copias de los contratos relacionados con las prestación de servicios,
adquisición de bienes y patrocinios, la respuesta fue: “Allí están, son
cientos”, pero no les fue entregado ninguno. Al final, el Copag entregó sólo
70.
Los auditores también hicieron observaciones a los fondos revolventes que
manejaron Idalia Echegollen Mestas y Vladimir Hurtado Burgos, directores general
y administrativo, respectivamente. Según las copias de los documentos, ambos
funcionarios compraron bebidas alcohólicas, cigarrillos, y sólo entregaron
facturas y comprobantes que no cumplían con los requisitos fiscales.
Hasta el momento de la revisión, el Copag tenía adeudos por un millón de
pesos a diversos acreedores, entre ellos Fábricas Selectas, la Secretaría de
Finanzas, OTI Internacional LLC, GDF Suez Gas NA LLC y Terra Network Chile.
En relación con los gastos de los funcionarios –que incluyen pasajes,
transporte, hospedaje y consumo de alimentos–, la dependencia no aplicó el
tabulador del Reglamento de Visitas Oficiales, por lo cual sus directivos ni
siquiera presentaron comprobantes de consumo, según el reporte de los auditores.
Incluso en algunas facturas cargaron consumos extras, aun cuando la contratación
incluía todos los servicios.
En lo concerniente al consumo de gasolina, la dependencia ni siquiera entregó
documentos de los modelos y placas de los vehículos. Lo que sí detectaron los
auditores es el pago de la cuenta del celular del director de comercialización y
mercadotecnia, Horacio de la Vega Fuentes.
Asimismo, las diferencias en el tipo de cambio provocaron pérdidas, sobre
todo en la cuenta de Rendimientos Financieros de la comisión. Según la
documentación analizada, la diferencia fue por 2 millones 317 mil pesos en el
periodo.
En cuanto a las adquisiciones, los auditores detectaron compras directas
injustificadas a favor de empresas no incluidas en el padrón de proveedores del
municipio ni del Copag; en ocasiones ni siquiera se especifica el monto del
contrato ni a quién adjudicaron la compras, en los casos en los cuales hubo
concurso.
Un dato curioso: la información proporcionada por la comisión indica que el
servicio de transporte para la Olimpiada Nacional 2010 se contrató vía
telefónica, pero sólo se menciona la empresa ganadora.
Otras irregularidades son: la de la compra de equipo de telefonía y 400
celulares a Telmex, cuando la plantilla de la dependencia es de sólo 186
personas; el pago de mil 840 viajes al servicio de transporte TTUR Autobuses de
la Piedad, cuando en realidad fueron mil 400, lo que implicó una erogación extra
injustificada de 500 mil pesos.
Las trácalas
Una de la empresas favorecidas por el Copag fue Operadora de Centros de
Espectáculos (OCESA), a la que se le adjudicaron contratos por casi 6.6
millones de pesos en una presunta licitación pública para la realización de
eventos deportivos. No obstante, los auditores no encontraron el nombre de las
otras empresas concursantes.
En la revisión de la licitación pública para contratar un seguro para la
transmisión de la señal International Sports Broadcasting (ISB) observaron la
misma irregularidad. No encontraron el nombre de los proveedores participantes
ni el cuadro comparativo; sólo obtuvieron el dictamen técnico, según el cual se
adjudicó un contrato por 1 millón 39 mil 188 dólares a Grupo Mexicano de
Seguros.
Asimismo, en las actas del Comité de Adquisiciones del Copag se detectó la
erogación de 1 millón 212 mil 702 pesos que no estaban previstos en los gastos
de la comisión por la develación del reloj de la cuenta regresiva para la
inauguración de los Juegos Panamericanos en la glorieta Minerva, así como por la
difusión de los eventos “campaña de ciclismo, gimnasia y se acerca el
espíritu”.
Respecto a las compras del área médica, el reporte consigna: “No se tiene una
estadística de los servicios otorgados ni de los medicamentos y materiales de
curación solicitados y consumidos durante 2010 y 2011, únicamente se registró el
evento al que fueron destinados”.
También destacan el desaseo en el organismo dirigido por Andrade Garín con
relación al resguardo de los bienes muebles, algunos de los cuales ya están
semidestruidos o abandonados. Algunas de las facturas, dicen, no concuerdan con
el monto ni con el contenido, o simplemente los bienes no se encuentran en la
base de datos.
Y mencionan el caso del almacén general, donde las existencias no coincidían
con el material de los registros; algunos de los bienes no aparecían en el
inventario, aun cuando por reglamento deben ser registrados cuando ingresan. Los
auditores tampoco hallaron 18 facturas correspondientes a muebles asignados al
área de tiro con arco.
Algo similar observaron en lo relativo a los siete celulares, las dos laptops
y un radio Nextel desaparecidos, que nunca fueron reportados a la Procuraduría
de Justicia del estado, pues, dicen, no se encontró ningún documento en el cual
se “detalle el compromiso de cubrir el costo del bien extraviado”.
Y aun cuando detectaron “pagos a extranjeros”, no se les retuvo el 25% de
impuestos correspondiente. Es el caso de la empresa Cuba Deportes, S.A., que se
embolsó 96 mil 368 dólares (equivalente a 1 millón 252 mil 784 pesos) por
asistencia técnica sin pagar los 24 mil 92 dólares de ISR.
La Contraloría municipal menciona también a 21 proveedores a los cuales se
les pagaron 12 millones 476 mil 726 pesos, aun cuando incumplieron con las bases
del Reglamento de Adquisiciones del ayuntamiento. Entre las anomalías destacan:
duplicidad de pagos y adjudicación directa so pretexto de que “es la única
empresa que puede dar el servicio en los términos requeridos”.
Tampoco especificaron las características ni el valor del producto, fianza,
contrato posterior a la adjudicación ni otras propuestas de presupuesto ni el
acta del Comité de Adquisiciones.
Además, se asignaron compras con un giro distinto al requerido. Por ejemplo,
la fabricación de dos relojes grandes utilizados para llevar la cuenta regresiva
en Plaza Liberación y las avenidas Chapultepec y Vallarta, se le asignó a Blanca
María Eugenia Guzmán Hernández, quien se dedica a la fabricación de botes de
basura y mobiliario urbano.
En la develación del reloj panamericano, que tuvo un costo de casi 2 millones
de pesos, varios proveedores fueron descartados “no por motivos económicos, sino
por razones de índole subjetiva”. La empresa ganadora, Productora Master Links,
S.A. de C.V., recibió del Copag más de medio millón de pesos adicionales después
de la firma del contrato, aunque esa cantidad no se reportó.
Los auditores aluden también a un gasto de 881 mil 112 pesos para hospedar a
15 personas durante seis noches, aunque sólo se mencionan los nombre de 13. Las
otras dos, según la comisión, eran de la “Oficina Guadalajara”, aunque no
entregó ningún oficio para justificar su presencia. La misma situación se
repitió en un viaje a Mérida que tuvo un costo de 278 mil 219 pesos para la
realización de una asamblea de la Odepa.
Parientes y aviadores
En la plantilla del Copag se registró Carlos Armando Andrade Durán, sobrino
del director general de la dependencia, Carlos Andrade Garín, quien fue nombrado
como analista de Televisión y Medios. Su sueldo mensual: 15 mil 816 pesos.
Los auditores apuntan que la contratación violó el artículo 61, fracción XV
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco,
según el cual los funcionarios deben abstenerse de intervenir en el
nombramiento, contratación o promoción, o por conducto de otro servidor de
personas con las que se tenga parentesco consanguíneo o por afinidad (…) para
ocupar algún cargo público.
Otra irregularidad es la de Ofelia Medina Valadez, quien perdió uno de los
siete celulares durante la realización de la justa deportiva continental. Ella
ingresó a la nómina del Copag como directora de Relaciones Públicas el 16 de
octubre de 2010. No obstante, continuó laborando en el ayuntamiento de
Guadalajara hasta el 31 de diciembre siguiente como coordinadora NA3. Ahí
cobraba cada mes 62 mil 76 pesos.
De acuerdo con los auditores, Medina Valadez infringió los artículos 8, 9 y
10 de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos. Lo mismo pasó
con Roberto Kenny Espinosa, contratado como subdirector de Televisión a partir
del 1 de febrero de 2011, aunque fue hasta el 25 de ese mes cuando la Comisión
de Adquisiciones del Copag autorizó el nombramiento. Su sueldo mensual: 100 mil
pesos.
Al revisar su caso, los auditores detectaron varias irregularidades: su
contrato carece de firmas, comenzó a cobrar a partir de enero y sus percepciones
mensuales eran superiores a los 111 mil pesos:
“De acuerdo con los registros contables, se encontró un pago mediante el
cheque número 5748, con fecha 12 de mayo de 2011, por la cantidad de 333 mil 566
pesos; es decir que se pagaron 111 mil 188 pesos por mes, cuando el contrato
marcaba un sueldo de 100 mil pesos, por lo que resulta improcedente el
pago.”
Refieren también que muchos expedientes estaban incompletos: algunos no
tenían el acta de nacimiento de los funcionarios, en otros faltaban las cartas
de policía, altas en el Seguro Social; en casos como el del director comercial y
mercadotecnia, Horacio de la Vega Flores, faltaba la declaración
patrimonial.
En situación similar estaban otros directivos del Copag: Anahí Quezada
Becerra; Carlos Alberto Ramírez Cuéllar, Miguel Ángel Wong Álvarez y Ana Paula
González Horn, jefa de traducción.
Respecto del personal eventual, la mayoría de los empleados laboró durante el
periodo de la Olimpiada Nacional y, según los auditores, dos personas cobraron
doble sueldo: como eventual y de confianza.
La contraloría encontró que ninguno de los contratos verificados tenía la
firma del titular del Copag, Carlos Andrade Garín, ni la del coordinador legal
ni la de la encargada del departamento de Recursos Humanos.
Otro detalle: las fechas de firma de los contratos son posteriores a las
actividades del prestador de servicio, e incluso después de su terminación. En
ninguno de los casos se menciona fecha de ingreso, sueldo y adscripción.
Los auditores detectaron una falta de control del parque vehicular, puesto no
se tomó nota del rendimiento de cada vehículo ni del kilometraje recorrido ni de
los servicios realizados, menos aún de los vales de gasolina de cada vehículo.
Además, detectaron gastos adicionales no autorizados.
La revisión fiscal reveló también duplicidad de cuentas bancarias, la no
correspondencia de los conceptos que manejaba la empresa o que las requisiciones
carecían de las firmas autorizadas del Comité de Adquisiciones. Incluso se
comprobó que hubo pagos antes de ser autorizados, con lo cual se incumplió el
artículo 36 del Reglamento Interno del Copag.
Otros proveedores entregaron al comité organizador documentos que no reunían
los requisitos fiscales, estaban vencidas o eran consecutivas. Por ejemplo,
Maquinaria de Elevación y Carga, S.A. de C.V., emitió las facturas consecutivas
del número 1253 al 1256 por 104 mil 798 pesos.
Un detalle más es que la empresa no estaba registrada en el padrón de
proveedores de Guadalajara ni en el del Copag, y la requisición carecía de las
firmas del director administrativo.
Otras facturas fueron “infladas” o el costo del producto resultó elevado. La
requisición para rentar mobiliario a Rivera Equipo para Eventos, S.A. de C.V.,
para la posada de los empleados fue de mil 400 pesos, pero la factura salió por
10 mil 370 pesos.
El 11 de febrero de 2010, Casa Arte Mexicano, S.A. de C.V., cobró 3 mil 830
pesos por blusas de rebozo, pero no se especificó para qué evento se adquirieron
ni a quiénes se le entregaron; tampoco se emitió una requisición. Según los
auditores, “el costo de cada blusa –680 pesos– fue excesivo”.
Un gasto innecesario fue la contratación de servicios de traducción cuando el
Copag contaba con una jefatura externa de traducción, por lo que no “tiene
justificación la erogación realizada”.
Lo mismo sucedió con las empresas Legal Solutions Servicios, S.C. y Media
Planning Group, S.A. de C.V., contratadas para elaborar los contratos para
socios comerciales, patrocinadores, proveedores, colaboradores y benefactores,
cuando el Copag tenía un área jurídica consultiva con las mismas “facultades y
conocimientos”. Por lo anterior, dicen los auditores, “es evidente la duplicidad
de pagos por concepto de esos servicios”.
La duplicidad de funciones se repitió con la contratación de Partida Morales,
S.C., para registrar el nombre y propiedad industrial e intelectual de los
Juegos Panamericanos 2011, cuando dentro del organismo existía una gerencia de
uso de marcas.
Más abusos
Los auditores también señalaron que el Copag realizó gastos para la Olimpiada
Nacional, cuando eso correspondía al Code –del cual Andrade Garín también es
titular–, que en 2010 manejó un presupuesto de 110 millones 136 mil 574
pesos.
De las 68 observaciones de la Contraloría municipal al Copag, el organismo
sólo atendió 20 de manera parcial, según los auditores.
Entre las recomendaciones, la dependencia pide al Copag que los deudores del
organismo finiquiten los saldos pendientes; en caso contrario, indica, debe
darse inicio al procedimiento que permite la recuperación de los adeudos.
Por lo que atañe a las exfuncionarias Claudia Téllez Balcázar y Ofelia
Medina, quienes perdieron dos laptops y un nextel, la Contraloría municipal
recomendó que reintegren otros aparatos de iguales características o paguen su
equivalente en efectivo y que se inicien los procedimientos administrativos
contra cada una de ellas, a “efecto de determinar su responsabilidad por el robo
o extravío”.
Asimismo, recomienda abrir una investigación y, en caso de ser necesario, un
procedimiento contra del gerente de adquisiciones del Copag, cuyos directivos
modificaron el fallo de adjudicación, con lo cual causaron un daño al erario al
pagar 200 mil pesos extras a la empresa TPS Empresarial, S.A. de C.V., por el
servicio de transporte para la Olimpiada Nacional de las delegaciones, jueces y
personas VIP.
Según el reporte de los auditores, el convenio de construcción y comodato de
la Villa Panamericana que firmó Corey Integra, S.A. de C.V., con el gobierno
estatal se incumplió con la garantía y con la fianza pactada entre las
partes.
El documento estipuló que si Corey demoraba la entrega del inmueble, “por
causa imputable a ella (…) autoriza al Copag para que, de considerarlo
necesario, tome las medidas oportunas para remediar el retraso; y cualquier
costo que estos trabajos generen para remediar el retraso, serán pagados a más
tardar dentro de los 30 días naturales, posteriores a la notificación que haga
(el organismo a la constructora)”.
Además, fijó una pena convencional por 10 millones de pesos, que entraría en
vigor “sólo en el caso de que Corey omita entregar al Copag en tiempo y forma la
posesión física y jurídica del bien”, como en realidad ocurrió.
Para dar mayor certeza al cumplimiento de la sanción, la empresa
presuntamente debió emitir un pagaré, el cual debió generar un interés moratorio
anual “que resulte de multiplicar la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio), vigente al momento en que se incurrió en mora, más cinco puntos,
por el periodo que dure el pago”.
Los auditores no encontraron evidencia del cumplimiento de la garantía y
refieren que la Villa Panamericana debió entregarse a más tardar el 30 de junio.
Corey la entregó hasta el 4 de octubre.
En el convenio también se especificó que el edificio –donde se alojaron los 8
mil 400 atletas durante los Juegos Panamericanos– estaría a disposición del
Copag a partir del día de su entrega en comodato y hasta el 15 de enero de 2012.
Durante ese periodo, el Copag debió cubrir todos los gastos de agua, energía
eléctrica, servicio telefónico y de “cualquier otro tipo por la utilización del
inmueble”.
La villa se construyó en cuatro predios ubicados en la zona de El Bajío,
pertenecientes, entre otros, a Francisco Cornejo, dueño de Corey. En el contrato
se mencionó que la edificación correría a cargo del gobierno del estado de
Jalisco a través de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público
(Iprovipe).
La villa tuvo un costo de mil 200 millones de pesos, de los cuales 865
millones fueron aportados por Iprovipe con recursos de los burócratas, según
informó en su momento el Ejecutivo.
En las 16 hectáreas donde se levantó el conjunto habitacional, se encuentran
942 departamentos que no han podido ser vendidos puesto que Corey no cuenta con
el permiso de habitabilidad del municipio de Zapopan (Proceso Jalisco 404).
Así como Corey incumplió con la garantía especificada en el convenio, la
misma irregularidad cometió el Copag, cuyos directivos debieron obtener una
fianza que respaldara la “devolución de los bienes inmuebles que integran la
villa en las mismas condiciones en que los recibió y en el plazo establecido”.
Los auditores indican que “no se encontró evidencia del cumplimiento de la
fianza referida”.
Otro punto en el contrato, con un claro favoritismo para la constructora, es
que al término de la vigencia del comodato, el Copag debía restituir la posesión
de la villa en el mismo estado en que la recibió, reponiendo materiales y
equipos dañados, “pudiendo contratar a Corey para la realización de esos
trabajos”.
Los auditores expusieron también que, por falta de documentación, “no fue
posible verificar que el Copag contratara un seguro que amparara “los rubros de
responsabilidad civil, daños y gastos médicos a terceros que incluya daños
causados por sismo, por la naturaleza, por terrorismo, vandalismo o cualquier
otro que pudiera afectar los inmuebles, así como a los atletas y demás personas
que sean albergadas o utilicen la Villa Panamericana durante los juegos”.
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