Recetas para el desastre
John Saxe-Fernández
En momentos en que la economía mundial tiende a la parálisis por la caída de la demanda agregada, la baja salarial, el desempleo y la precarización del trabajo, continuar con el diseño económico y de seguridad de Estados Unidos en México es contribuir al desplome del país, la región y el orbe. Se trata de la segunda economía más importante de América Latina. En contraste con otros países latinoamericanos, la prognosis para México es sombría: Peña Nieto (EPN), bajo inercias regresivas, avala la multifacética embestida de Calderón contra los trabajadores, al alentar la
reforma laboral, parte de los programas de ajuste estructural (PAE) del Banco Mundial-FMI-BID, que han sido y son
la rutaseguida por sus antecesores, en realidad, country managers de esos entes subrogados al Departamento del Tesoro, que han devastado al país, sus recursos y patrimonio: De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora EPN y sus tecnócratas.
no traumáticaal deterioro del mercado interno, del aparato productivo y al incremento de pobreza, desempleo e informalidad económica, atropellando la economía popular y de la clase media con regresivos esquemas fiscales (aumentos y ampliación del IVA) manteniendo los gasolinazos y la riesgosa liberalización y desregulación de la entrada y salida de capitales golondrinos. Lo sabe Hacienda: hay riesgo de contagio de la crisis en los países
centralesdonde va Peña, sea en pos de inversión o al
rescatede España, donde Pemex es botín empresarial.
Con las bases socioeconómicas y político/militares fragilizadas, desviadas de sus funciones y corroídas por la corrupción, los costos sociales de los programas de ajuste estructural son monumentales. Magnifican la hecatombe humanitaria que hereda el PRI del siniestro régimen de terror que concluye bajo el peso de más de 90 mil cadáveres y decenas de miles de familias enlutadas por una tragedia incalificable, repleta de ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos, torturados, desempleados, pobres y un endeudamiento y deterioro colosal del país, de sus estados y el notorio desgaste patrimonial de Pemex, su principal fuente de ingresos.
Ante la inusitada entrada de capital especulativo, los programas de ajuste estructural mutan en
errores tectónicos, con un potencial de caos y muerte mayor al de la
guerra irregulardel Pentágono adoptada por Calderón y que padecemos bajo facha de
guerra al narco. Nos exponen a otro
rescatey saqueo como el de diciembre de 1994, ejecutado por Goldman Sachs, Citigroup et al, y los Robert Rubin de siempre, junto a especuladores de dentro y fuera, políticos y magnates saca-dólares.
Datos del Banco de México ayudan a calibrar el riesgo: la deuda interna es de más de 4.1 millones de millones de pesos, con una inversión extranjera de cartera que ya rebasa los 94 mil 500 millones de dólares, que pueden fugarse en cuestión de microsegundos, esta vez dejando tras de sí un terremoto sociopolítico y humanitario –y no sólo económico– por ser 51 por ciento mayor que la deuda externa pública, la mayor porción de deuda interna de la historia, en manos extranjeras.
Se dice que EPN ampliaría y elevaría el IVA. Mejor que lo piense. Los del FMI-BM saben que gasolinazos y más IVA impulsan estallidos sociales, colocando al país de rodillas. Ya es muy grave el registro diario de muertos, robos y operaciones de grupos armados.
En lugar de situar la carga del gasto corriente sobre Pemex, los trabajadores y la golpeada clase media, que lo haga con los sectores de alto ingreso. Es mejor atender las sugerencias de Guido Mantega, ministro de finanzas de Brasil, para quien a corto plazo debe estimularse
el crecimiento de la demanda agregada y la creación de empleos. Advierte que
los países en desarrollo no pueden soportar pasivamente las consecuencias de las políticas de las naciones avanzadas expresadas a través de mayores y más volátiles flujos de capital y movimientos del tipo de cambio(La Jornada, 13/X/12, p.31).
En este medio volátil, procede, en materia de seguridad y crimen organizado, tratar con ciudadanos, no con
enemigos, depurar y fortalecer al Ministerio Público, atender el lavado, el flujo de armas y una gradual desmilitarización. Sería torpeza mayor, como hizo Calderón, no seguir los protocolos de la Convención de Palermo, que México firmó y entró en vigor en septiembre de 2003.
Si EPN se guía por los programas de ajuste estructural y lo hace con los diseños militarizados y represivos de Estados Unidos, se generarían, como advirtió Miguel Angel Mancera,
sistemas de violencia a manera de guerras civiles(La Jornada, 13/X/12, p.30). Con cientos de miles de bajas.
Normalista-Ahumada
Sindicatos y democracia
Octavio Rodríguez Araujo
Una extraña simbiosis que no se dio en todos los países ocurrió en el México posrevolucionario entre sindicatos y gobiernos. Cuando acá aludimos al sindicalismo oficial nos referimos a aquellas organizaciones de trabajadores que el gobierno en turno ha usado y usa para su provecho, tanto como formas de control como medios de apoyo, a cambio de brindar, supuestamente, mejores condiciones a sus agremiados que a los sindicatos llamados independientes.
Somos uno de los pocos países en proceso de desarrollo económico que ha logrado integrar a la clase obrera en el sistema institucional de la nación. Eufemismos a un lado, la realidad de la clase obrera organizada (y de otros sectores de la producción) es que ha sido dependiente de los gobiernos más que de las instituciones.
Esa dependencia de los sindicatos, federaciones y confederaciones surgió cuando los trabajadores consideraban que vivían en un régimen de Estado proteccionista, de ahí que sus demandas fueran básicamente reivindicativas y no formadoras de una conciencia de clase. Los gobiernos posrevolucionarios los usaron para darse apoyos cuando disminuía su legitimidad, pero también para controlarlos para favorecer la acumulación de capital. Los sindicatos oficialistas y no pocos que se autodenominan independientes son en realidad organizaciones de control de los trabajadores en favor del capital y cuando han presentado batallas contra éste ha intervenido el Estado para someterlos, desde la injerencia gubernamental en sus contratos colectivos y su vida interna desconociendo a dirigentes
no convenientes, hasta la represión más brutal desde dentro (el surgimiento del charrismo) y desde fuera como ocurrió con ferrocarrileros, mineros, electricistas y otros más mediante el uso de la fuerza pública, incluso del Ejército.
El común denominador de los gobiernos de antes y de ahora ha sido impedir al costo que sea la democracia en el interior de los sindicatos. Aun sindicatos que no se expresaron contra el capitalismo ni su Estado, pero sí en contra del charrismo y la antidemocracia, como fueron los electricistas dirigidos por Rafael Galván, fueron reprimidos de diversas formas hasta ser derrotados. La democracia sindical no es compatible con los modos de dominación del capital, igual se trate de los modos directamente adoptados por los empresarios (como los sindicatos blancos formados por éstos) que de los cooptados por los gobiernos para restarle obstáculos al enriquecimiento de la iniciativa privada.
Los priístas aprendieron de sus abuelos y de las experiencias de los regímenes totalitarios que los trabajadores deben ser corporativizados sin dosis peligrosas de democracia interna. De manera semejante a los fascistas y los comunistas hicieron depender a los principales sindicatos de su partido, siempre de forma corporativa y nunca por afiliación individual. Los panistas, en cambio, han defendido en general, como liberales que aspiran a ser, la afiliación individual a su partido, aunque no han sido igual de benévolos en relación con la democracia interna de las organizaciones de trabajadores. Ya lo vimos en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas: Calderón prefirió quitarles la empresa y dejarlos sin materia de trabajo que reprimirlos directamente, como lo hubieran hecho López Mateos, Díaz Ordaz o Echeverría. El resultado, obviamente, fue el mismo y habría de estudiarse cuál fue de peores consecuencias. Lo que también sabemos es que los gobiernos del PAN optaron por no meterse con los sindicatos y dejarlos hacer en la medida de sus posibilidades siempre y cuando no estorbaran sus políticas privatizadoras; tal vez porque saben que las mismas relaciones de producción han cambiado con el neoliberalismo y que los sindicatos ya no tienen la fuerza de antaño (de hecho ha disminuido considerablemente la tasa de sindicación en el país y en casi todo el mundo).
El 27 de septiembre me referí en este espacio a la propuesta genérica de reforma laboral presentada por Calderón y su clara intención en contra de los trabajadores, pero dicha propuesta tuvo y tiene un aspecto positivo que ahora destaco: la posibilidad de que en los sindicatos haya democracia y transparencia internas. Son polvos de aquellos lodos liberales del panismo original. Pero dicha parte de la propuesta no es compatible con los intereses de las cúpulas de los sindicatos, ni siquiera de los autodenominados independientes, autónomos y democráticos (que no lo son), ni con los priístas que no quieren perder lo que tan bien les funcionó en el pasado: el control obrero negociado y corrupto.
Lo más probable es que la ley laboral cambie todavía más en favor del capital y sus nuevos métodos de dominación neoliberal, pero que la antidemocracia interna de los sindicatos no se vea afectada. La cuestión es que al final, en un cierto tiempo no muy lejano, los sindicatos no se democratizarán como probablemente querrían muchos trabajadores, pero sí se debilitarán todavía más hasta casi desaparecer, como ocurre en otros países y en muchas industrias que operan en México. El tema es seguirle quitando estorbos a los empresarios. Para panistas y priístas el asunto central es regalarle el país a la iniciativa privada, nacional o extranjera (les da lo mismo), y mantener el gobierno como una gerencia nacional al servicio de aquella. Ellos saben que de continuar el modelo económico vigente los sindicatos no se democratizarán ni serán órganos de defensa de los trabajadores. Serán, como han sido, órganos de control con una diferencia importante con el pasado: el Estado no es más proteccionista ni mucho menos popular o de bienestar.
Rescate a España-Ahumada
Estado laico, derechos sexuales y reproductivos en la agenda política
Patricia Galeana
La construcción del Estado laico mexicano ha costado una guerra civil, la intervención extranjera más prolongada de su historia, una rebelión cristera y muchos enfrentamientos más. Ha sido muy difícil superar la cultura de la intolerancia impuesta desde la conquista española.
En realidad las leyes de Reforma se aplicaron con todo rigor sólo en el gobierno de Sebastián Lerdo, ya que durante la dictadura porfirista la Iglesia retomó su poder político. Al apoyar la jerarquía católica a la usurpación de Victoriano Huerta, los constituyentes de 1917 consideraron que no era suficiente la separación entre el Estado y la Iglesia, sino que había que establecer la supremacía del Estado. En los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la jerarquía religiosa se enfrentó al Estado, y éste respondió con toda su fuerza. Después, la laxitud dependió del gobernante en turno.
La institución eclesiástica ha presionado al Estado mexicano para que se deroguen las leyes que le incomodan, o para que haga las que considera acordes a sus posiciones. La institución clerical tiene el derecho de hacerlo, lo que es inadmisible es que en un Estado constitucionalmente laico se adopten políticas confesionales. Es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El presidente Felipe Calderón intentó frenar la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante la acción de inconstitucionalidad que promovió su procurador. Afortunadamente la Corte falló la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo. Después, el Presidente se encargó de que algunos ministros que ingresaron al máximo tribunal de la nación fueran afines a sus ideas confesionales. El hecho quedó de manifiesto en los últimos dos casos que se han presentado sobre el tema, correspondientes a Baja California y San Luis Potosí, donde no se alcanzó la votación necesaria para declarar la inconstitucionalidad de las leyes contrarias a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Por intereses políticos, no sólo el PAN, cuya ideología es afín a las ideas confesionales, sino el PRI, y aún los partidos de izquierda, como el PRD, PT y Convergencia, en busca del apoyo político de la Iglesia mayoritaria del país votaron las reformas que criminalizan a las mujeres en 18 estados del país.
Para solucionar la situación, se ha propuesto modificar el Código Penal federal, adoptando exactamente la misma forma que ya tiene el del Distrito Federal, en cuanto a que la interrupción del embarazo sólo sería penada después de las primeras 12 semanas de gestación, con lo que se podría aplicar en los hospitales federales en todo el país. Sin embargo, dada la división prevaleciente entre las cámaras y el proceso de sucesión presidencial, no se ha tomado en cuenta la propuesta.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no están contemplados en la agenda política de ninguno de los partidos. Los que quieran congraciarse con la Iglesia seguirán promoviendo que el óvulo fecundado sea considerado igual que una persona.
Las organizaciones feministas y de derechos humanos tenemos que concientizar a las mujeres del valor de su voto y presionar a los candidatos para que tengan que pronunciarse respecto de este tema fundamental de derechos humanos, salud pública y justicia social.
Corderito despistado-Rocha
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