Mineras: poder fáctico inaceptable
Como si no hubiera sido bastante y excesivo con el aluvión de recortes a los derechos laborales aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores durante el proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo, los propietarios de los grandes consorcios mineros del país lograron que se retirara de los dictámenes correspondientes partes de un artículo (el 343) originalmente incluidas en la propuesta del Ejecutivo y aprobadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, que estipulaba la aplicación de disposiciones de seguridad en
todas las minas de la República, y prohibía el trabajo
en tiros verticales de carbón a profundidades menores de 100 metros
Un ejemplo obligado de lo anterior es la tragedia ocurrida hace más de seis años en Pasta de Conchos, Coahuila, en donde murieron 65 trabajadores del gremio. Desde el momento en que las autoridades federales renunciaron a su tarea de investigar esos hechos y sancionar a los responsables, se alinearon a los intereses de Grupo México de Germán Larrea, y emprendieron una ofensiva en contra del sindicato minero que continuó durante la actual administración, otorgaron a los empresarios del sector una patente de impunidad, de presión y de chantaje que ha sido utilizada, ahora, para retirar uno de los contados aspectos rescatables de la propuesta de reforma laboral calderonista.
Por lo demás, hay indicios contundentes de que el poder real de las mineras no es ejercido únicamente para garantizar la persistencia de condiciones de trabajo no muy distintas de la esclavitud en sus socavones: deben añadirse, también, las múltiples irregularidades y omisiones que operan en los títulos de concesión de esas compañías, como han documentado organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de deudos de mineros muertos en accidentes, así como las recientes declaraciones del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, en el sentido de que en esa entidad operan empresarios mineros coludidos con el crimen organizado.
Semejante confrontación de los intereses empresariales con los principios republicanos más elementales y, en última instancia, con la legalidad sólo puede tener un desenlace deseable: la acotación del referido poder fáctico acumulado por los propietarios de grandes consorcios mineros, el establecimiento de regulaciones estrictas que les impidan abusar de la necesidad de los trabajadores; la adopción de mecanismos de transparencia para el otorgamiento de títulos de concesión para operar yacimientos, así como el inicio de las pesquisas correspondientes para esclarecer y sancionar cualquier tipo de actividad ilícita en que puedan estar involucrados esos grupos. Si la autoridad no actúa en esos sentidos estará enviando a la opinión pública una señal inequívoca de debilidad, ineficiencia e irresponsabilidad, y se agudizarán las pretensiones de impunidad de importantes empresarios del gremio, para quienes la ley es un mero formulismo susceptible de ser violentado e incluso borrado.
En Michoacán-Fisgón
Peña Nieto: reforma laboral con salud y seguridad social en los mínimos
Gustavo Leal F.*
Al final, la momentáneamente atrancada reforma impulsada por el PRI dejó intacto el entero articulado económico que afecta severamente a los trabajadores, particularmente a los jóvenes: tipos de contratación,
regulacióndel outsourcing, equidad, género así como enfermedades y accidentabilidad laboral, entre muchos otros. Ahora será preciso laborar mucho más para alcanzar menores prestaciones.
judicializacióndel nuevo concepto constitucional de derecho humano a la salud, desde la reformas al artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011 al imparable flujo de demandas por su incumplimiento situación que podría derivar en una saturación del aparato judicial y en crecientes indemnizaciones a cargo de instituciones sanitarias.
Lo expresa así: “el cambio en materia de derechos humanos tuvo una primera dimensión semántica. La expresión ‘garantías individuales’ fue sustituida por la de ‘derechos humanos’. El cambio no es sólo semántico. La cantidad de reivindicaciones que pueden hacerse por la vía constitucional del cumplimiento de derecho es enorme y mucho muy compleja. ¿Hasta dónde pueden llegar los jueces en su tarea de protección a partir de los reclamos litigiosos? La verdad, muy lejos. Pueden ordenar el otorgamiento de prestaciones en favor de determinadas personas, lo que obliga a la asignación de los recursos presupuestales” (El Universal, 04/09/12).
Ese cambio alude al contenido del artículo 1 constitucional:
en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
En un sentido similar al de Cossío se pronunció el mismo presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, quien sostuvo que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación
estamos preparados para enfrentarla problemática derivada de la exigencia de justiciabilidad del derecho a la salud, el cual está previsto en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU. Las implicaciones jurídicas del derecho humano a la salud
exigen de los juzgadores gran capacidad de reflexión y la disposición intelectual para echar mano de todos los conocimientos en la materia, porque de acuerdo con los citados ordenamientos
toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud(La Jornada, 19/10/12).
Frente a este escenario y con el nuevo marco laboral impulsado por el PRI, a la tecnocracia sanitaria que implantó en 2004 el Seguro Popular, encabezada por Julio Frenk, y la que –acaudillada por Santiago Levy– articula la propuesta de seguridad social
universalque asumió el candidato Peña Nieto, no le queda otra alternativa que seguir achicando ese derecho humano a la salud, a través de la imposición de paquetes esenciales
universalesbásicos.
Achicamiento de la seguridad social a sus verdaderos mínimos, para que nadie pretenda exigir aquello que el Estado no podrá cumplir. Tal y como –sin atreverse a discutir siquiera la creación de empleo formal– gusta promover hasta la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, con el argumento de que el
reto es avanzar hacia un cambio de paradigmasarticulando un
piso de protección social con la prestación de servicios esenciales, por ejemplo en salud(La encrucijada de la seguridad social, La Jornada, 19/10/12).
Ese acotamiento del derecho humano a la salud vía racionamientos tecnocráticos se publicitó, primero, como
ampliaciónde los derechos sociales en el caso del Seguro Popular de Frenk y, ahora, como derechos
exigiblesen el caso del seguro
universalde Levy.
La propuesta del seguro
universalde Peña-Levy sólo contempla cuatro prestaciones
básicasaún no definidas: atención médica
de calidad, seguro de desempleo temporal, seguro contra riesgos de trabajo y pensión para la vejez.
Constituye un minimalismo de la protección social que atenta contra la integralidad de los derechos contenidos en la legislación IMSS-Issste, mientras procura el franco abandono del derecho humano a la seguridad social para sustituirlo, ahora, por un paquete mínimo –o piso básico de protección social en el lenguaje de la OIT/Tinoco– de
derechosacotados.
Ellos se definirán siguiendo priorizaciones o racionamientos tecnocráticos de intervenciones en paquete esencial, siguiendo experiencias ya cursadas por las 13 intervenciones del componente de salud del Programa Progresa-Oportunidades; las 284 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales (Causes), las 58 del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGF) del Seguro Popular y las 131 del Seguro Médico para una Nueva Generación.
En el cuadro de la reforma laboral regresiva impulsada por el PRI de Peña Nieto, el
nuevoderecho humano a la salud y a la seguridad social se reduce –en dos versiones tecnocráticas (Frenk-Levy y el acompañamiento de la OIT-Tinoco) que hoy se disputan la
conduccióndel racionamiento de la política pública– a un miniderecho
exigible, hiperacotado que no guarda relación ni con el cuadro real de prestaciones que requiere la ciudadanía del siglo XXI, ni con aquello que enferma y mata efectivamente a los mexicanos. Pero que es ¡
esencial,
universaly
exigiblepor todos! Una seguridad social en los verdaderos mínimo.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Excedentes deficitarios-Helguera
Gobernabilidad: una idea cuyo tiempo ya pasó
Gustavo Gordillo/II
Que las
las reformas-que-el país-necesitase pueden llevar a cabo como en los 90 es una idea cuyo tiempo ya pasó. Justamente la confesión nunca dicha del Consenso de Washington era que para implantar esas reformas se necesitaba de dictaduras militares o de gobiernos autoritarios o de estados fuertes en términos de legitimidad. Hay que ver los problemas en Europa o aquí con la llamada reforma laboral.
No que no sea importante discutir la necesidad de una reforma energética, pero antes de pensar en abrir Pemex al sector privado, habría que hacer de ésta una verdadera empresa pública, es decir, revisar el régimen fiscal expropiatorio al que está sujeta, precisar y diferenciar sus relaciones con el sindicato petrolero y sanearla internamente de las muy diversas formas de corrupción al que se ve sujeta.
Y para entrar a la reforma crucial, que es la fiscal, habría que analizar los privilegios fiscales y entrar a la discusión de la progresividad de los impuestos y de la revisión del gasto público.
La idea de las reformas estructurales está desfasada por lo que presupone. Presupone un consenso prexistente. Supone una lectura del contexto internacional. Supone fortaleza en las intervenciones del Estado.
20 años después del punto álgido de las reformas estructurales, la construcción de consensos requiere un enorme esfuerzo de negociación política y una profunda y deliberada reconstrucción institucional. Implica entender la diferencia entre un contexto internacional acicateado por los inicios de la globalización y por el triunfo del capitalismo sobre el socialismo real; y otro contexto, el actual, donde la crisis cuestiona el proceso mismo de globalización y el tipo de capitalismo financiero que ha establecido su hegemonía, donde las prácticas neo-proteccionistas se multiplican, el prestigio de los tecnócratas reformistas está cuestionado por decir lo menos y la gente, de las clases medias para abajo anda en las calles protestando.
La gran paradoja del momento actual es que en términos de los centros financieros internacionales y sus órganos de producción intelectual se sigue promulgando mercados autorregulados, pero se prescriben mayores intervenciones estatales. Lo cual aclara lo que siempre se objetó: el intervencionismo estatal para todos. Pero no para unos cuantos como terminó ocurriendo.
En ninguna parte están más claras las opciones de hoy que en las elecciones en Estado Unidos. Una opción que quiere hacer más ricos a los ricos –y se puede disfrazar de conservadurismo benevolente en los debates televisivos. La otra opción, la de Obama a pesar de sus indecisiones y ambigüedades sabe que la misma desarticulación social en Estados Unidos exige una intervencionismo a favor de la mayoría de la población. Todo esto se da en medio de tendencias incipientes que apuntan a una recuperación económica de Estados Unidos, un estancamiento prolongado europeo y una reducción del crecimiento en China que afectará grandemente a los países sudamericanos exportadores de materias primas. Pero en todas partes afloran fuertes tendencias proteccionistas.
Por todo lo anterior se me ocurre exclamar con Karl Polanyi –aunque él se refería a otro momento– que
ninguna interpretación errónea del pasado ha sido más profética del futuro. Por cierto que Polanyi –y su La gran transformación– debería estar de moda nuevamente.
Sí hay narcopolicías-Ahumada
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