Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

miércoles, 13 de marzo de 2013

Autodefensas: ilegalidad y síntoma- Educación: ¿formar o capacitar?- DINERO

Autodefensas: ilegalidad y síntoma


Ayer, al abordar el tema de los grupos comunitarios de autodefensa que han proliferado en entidades del país, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, dijo que esas organizaciones nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad en aquellos lugares donde grupos criminales tienen presencia y actividad. La declaración del ombudsman coincide en el tiempo con la retención y posterior liberación de elementos militares por pobladores de Buenavista Tomatlán, Michoacán –denunciada por el procurador de esa entidad, Plácido Torres Pineda–, en supuesta represalia por la detención de 51 integrantes de la guardia comunitaria de esa localidad por presuntos vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
 
Sin desconocer el carácter intrínsecamente ilegal de toda expresión que dispute al Estado el monopolio de la violencia legítima, y sin justificar acciones como la registrada en la localidad michoacana, debe reiterarse que declaraciones como las formuladas por Plascencia Villanueva encierran una visión distorsionada de ese fenómeno, por cuanto soslaya que es un síntoma, más que una causa, del quebranto generalizado del estado de derecho que padece el país. En efecto, el principal obstáculo para recobrar la paz y la tranquilidad en los sitios afectados por la criminalidad organizada no es, en sentido estricto, la operación de grupos de autodefensa, sino la falta de capacidad del Estado para contener a las organizaciones criminales en esas regiones, las escandalosas niveles de impunidad en el país y los estragos de una estrategia de seguridad pública que no sólo ha sido incapaz de poner un alto a las organizaciones delictivas, sino que ha multiplicado la violencia ejercida por éstas y ha exhibido a las propias autoridades como protagonistas de frecuentes atropellos a las garantías individuales. Tales elementos, que fueron el signo distintivo de la pasada administración federal, persisten en la actualidad a pesar del giro discursivo y el anuncio de un cambio de estrategia por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
 
Por lo demás, la innegable vulneración de los referidos grupos de autodefensa al precepto constitucional que prohibe el ejercicio de la justicia por propia mano (artículo 17) está precedida por un incumplimiento generalizado del numeral de la Carta Magna que señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal y los municipios, y que dicha tarea comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas (artículo 21).
 
La exasperante falta de cumplimiento en dicho mandato constituye un factor mucho más subversivo del orden constitucional que la existencia misma de las autodefensas, por cuanto alienta a una ciudadanía desamparada a hacer justicia por mano propia, pone en tela de juicio el imperio de la legalidad y propicia que el país caiga en la ley de la jungla.
 Reforma en telecomunicaciones-Helguera
Educación: ¿formar o capacitar?

Simón Vargas Aguilar*
Desde hace poco más de dos décadas, es­tudiantes de todo el mundo han sido sometidos a diversas evaluaciones internacionales estandarizadas, diseñadas y coordinadas por agencias internacionales, con el objetivo de recoger información sobre su nivel de progreso en la adquisición de conocimientos y habilidades para participar activa y plenamente en la sociedad moderna. Sin embargo, dichos conocimientos y habilidades evaluados obedecen a la lógica económica neoliberal, cuyo principal interés es conocer el grado de articulación de la educación con la economía.
 
De acuerdo con teóricos como Carter y O’Neill, el paradigma neoliberal en la educación pretende “mejorar las economías nacionales a través de vínculos entre escolarización, productividad y mercado (…) mejorar el aprendizaje relacionado a las competencias y destrezas que requiere el mundo laboral (…) lograr un mayor control de los sistemas educativos sobre los contenidos curriculares y la evaluación (…) y reducir el gasto del gobierno”. En este sentido, las pruebas internacionales constituyen un factor importante para alcanzar dichos objetivos, y se les ha dado a este tipo de evaluaciones legitimidad y poder para ser los ejes articuladores de la política educativa.

En nuestro país, a finales de la década de 1980 se acordó la participación del sistema educativo en tres programas de pruebas internacionales, Timss, Llece y PISA, atendiendo a las recomendaciones de organismos financieros internacionales. A este respecto, Noam Chomsky afirma que “no es posible conocer ni explicar los objetivos de los programas y políticas públicas de Latinoamérica sin considerar las recomendaciones de las agencias internacionales, que detallan cada área de la vida de los países…”

Año con año, la publicación de los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos es motivo de crítica al sistema educativo nacional, por la cual los maestros son señalados como los principales responsables de la mala calidad educativa reflejada en rankings internacionales. Bajo esta lógica, algunas organizaciones de la sociedad civil justifican sus afanes privatizadores señalando que tardaremos 50 años para alcanzar el promedio de la OCDE en matemáticas, y 327 para estar a la altura de Shanghai.

Los magros resultados de las pruebas estandarizadas comparativas de carácter internacional buscan incidir en un proceso de selección natural de los alumnos –para que sólo quienes cumplen ese perfil, de acuerdo con sus lineamientos y necesidades, puedan avanzar en el sistema educativo–, en la disminución de la planta docente, y del eventual abandono del Estado para con la educación pública, en favor de la privatización de ésta, la cual, según la OCDE, representa un presupuesto anual de 30 mil millones de dólares, y tiene una proyección de 263 millones de estudiantes a nivel global para 2025.
 
Evaluar el desempeño de los estudiantes, así como la calidad de la educación que imparten los docentes a través de pruebas estandarizadas, tiene efectos perniciosos, ya que académicos e investigadores han señalado que, en materia de evaluación, lo que se mide es la condición socioeconómica del estudiante, no su inteligencia, al reconocer que 80 por ciento del resultado del aprendizaje corresponde a las condiciones socioeconómicas de la vida de las familias de los alumnos. A este respecto, Robert Glaser, sicólogo estadunidense que contribuyó a la creación de las pruebas estandarizadas, afirmó que éstas no miden lo que los alumnos saben, sino la capacidad de recordar procedimientos, o reconocer un resultado cuando se les presentan opciones múltiples.
 
La calidad educativa no es equivalente al puntaje en una prueba estandarizada, la presión que éstas generan ha contribuido a la desigualdad y la segmentación social; además, hace que la enseñanza en el aula se enfoque a la preparación de los alumnos para resolverlas, dejando de lado elementos fundamentales de una formación integral como aprender a pensar, a respetar, a vivir con otros, a cuestionarse, así como el desarrollo moral, afectivo y social.
 
Por ello, es urgente replantear los objetivos, la metodología y los contenidos de las evaluaciones, dejando de lado los estándares, en beneficio de los alumnos y los maestros, quienes deben ser valorados como señala Andy Hargreaves: un recurso de alto calibre y un socio responsable para la modernización educativa.
*Presidente de Educación y Formación con Valores AC y analista en temas de seguridad, educación y justicia
Twitter: @simonvargasa
Facebook: simonvargasa
Dinero
Sólo un raspón a los poderes fácticos
Urgen tarifas radicalmente disminuidas
Dólares baratos
Enrique Galván Ochoa
Los poderes fácticos llegaron a temer algo peor; seguramente respiraron tranquilos ahora que finalmente fue dado a conocer el proyecto de legislación de telecomunicaciones que presentó el presidente Peña Nieto, con el aval del Pacto por México. Empresas como América Móvil (Telcel y Telmex) y Televisa no serán forzadas a una desarticulación radical de sus divisiones, como ha ocurrido en países donde se ha actuado a fondo contra los monopolios. Un nuevo organismo burocrático –supuestamente bien dotado con ‘‘dientes’’– resolverá la eventual desincorporación de algunos activos en mercados donde tengan una participación dominante superior a 50 por ciento. Telmex controla 80 por ciento de la telefonía fija; Telcel, entre 70 y 75 por ciento de los celulares e Internet, y Televisa, 70 por ciento de la tv abierta. Comparativamente, la compañía más grande de Estados Unidos, AT&T, controla 20 por ciento en telefonía fija y 16 de la celular. En este último mercado, el más productivo y creciente, debe competir con Verizon, Sprint, T-Mobile, Cricket, US-Cellular, MetroPCS, Virgin Mobile, Boost Mobile, TracPhone y Liberty Wireless. Por otro lado, en Internet son incontables los proveedores. En televisión, las grandes cadenas poseen un rating inferior a 30 por ciento cada una: CBS, NBC y ABC. Si Carlos Slim y Emilio Azcárraga tienen seguro 50 por ciento de sus respectivos mercados pueden dormir tranquilos; quizá se verán forzados a competir más, y en su peor escenario, a ganar menos, pero continuarán siendo poderes fácticos. Las probables desincorporaciones las decidirá un nuevo instituto burocrático, y ya sabemos cómo se las gastan. La Comisión Federal de Competencia en una ocasión decretó una multa de mil millones de dólares al Grupo Slim y luego metió reversa; es uno de los sucesos más sobresalientes del anecdotario del sospechosismo nacional. Sólo faltaría para indocumentar nuestra confianza que sus integrantes, y también los de Cofetel –con los líos de Mony de Swaan en el manejo de contratos–, vayan a pasar a formar parte del futuro organismo. Y, por último, está el recurso de las letras chiquitas de los reglamentos, que a veces modifican y son más efectivas que las letras grandotas de la Constitución.
 
 
El reparto del poder y los recursos
 
Por el lado del gobierno, en la distribución de poder y recursos que está llevando a cabo el PRI en su rencarnación, Peña Nieto sale con una buena ganancia, primero en imagen; le puso al gato un cascabel que no se atrevieron ni Fox ni Calderón. Habrá espacios en televisión y radio para que entren nuevos jugadores, probablemente de su grupo cercano. El valor del mercado de las telecomunicaciones de México es de 30 mil millones de dólares. Hay para todos, y los neopriístas, dicen los que saben, quieren su rebanada del pastel.
 
 
¿Y los consumidores, apá?
 
Todos contentos, pues, con el reformón de las telecomunicaciones, menos los consumidores, porque no ven claro qué ganaron o qué ganarán. Fuera de México, cruzando la frontera de Estados Unidos, con mil pesos al mes un proveedor de telefonía celular da lo siguiente: 450 minutos de tiempo aire entre lunes y viernes de 7 de la mañana a las 7 de la noche, incluyendo larga distancia nacional y roaming. El servicio nocturno es gratuito, también lo es sábado y domingo. Acceso a Internet ilimitado, en algunas regiones con red de última generación, la 4G. Puede consumir un mega, un giga, 10 gigas o 100 gigas al mes y no le van a cobrar más. Mensajes de texto sin límite y servicios como GPS, identificador de llamadas, voicemail y otros, todo incluido. ¿Cuánto tendría que pagar por lo mismo un consumidor mexicano? Ninguna compañía tiene un paquete así, hay que pagar los servicios adicionales aparte. Pregunten por favor, tal vez la cotización llegue a 15 mil o 20 mil pesos mensuales, todo depende del consumo de la red de datos. También la televisión de paga es muy cara. Un paquete triple play con teléfono fijo, 120 canales de televisión por cable e Internet cuesta menos de mil pesos mensuales. Eso explica por qué los concesionarios mexicanos figuran entre los personajes más ricos del mundo. Para que la reforma tenga significado para nuestros consumidores debe comenzar por las tarifas, radicalmente reducidas.
 
 
Dólares baratos
 
Parece que estuvieran en barata. Los dólares se cotizaron ayer a $12.46 en Banamex –para los buenos clientes el precio todavía es mejor– y en algunas casas de cambio de la frontera llegó increíblemente a $12.00.
e@Vox Populi
Asunto: SOS Infonavit
Tengo una casa en el fraccionamiento Ex Hacienda Catano, en Oaxaca; mi crédito es del Infonavit. La ayuda que le solicito es para orientarme sobre a quién me puedo dirigir para solicitar mi restructura. Ya he agotado todo lo posible para conservar la vivienda, pero me dijo un licenciado del despacho Acse, que ya no se puede hacer nada y que tengo que entregar la casa en la primera semana de abril. Es mi patrimonio, yo estoy sola, ya que mi pareja murió hace un año.
Maritza Arias/Oaxaca
R: ¡Chispas! El tiempo ya está encima. Voy a ponerte en contacto con el director general del instituto, Alejandro Murat.
Twitter
Ya se presentó la #Reforma de Telecomunicaciones. Tiempo de grandes retos y también de oportunidades. Bienvenida la competencia.
Emilio Azcárraga @eazcarraga
Saludo y aplaudo la inédita y valiente iniciativa en telecomunicaciones, que sin duda será para beneficio de México.
Joaquín Vargas G. @JoaquínVargasG
A ver, resumiendo. Fumata negra: no tenemos Papa. Fumata blanca: tenemos Papa. Fumata multicolor: tenemos un problema.
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa

No hay comentarios:

Publicar un comentario