El despertar
La impunidad: ¿quién puede atajarla?
José Agustín Ortiz Pinchetti
La aprehensión de Elba Esther Gordillo permite observar cómo se administra en México la impunidad. Durante 30 años la lideresa sindical pudo acumular riqueza y poder a una escala que desafía a la imaginación, y se dio el lujo de organizar fraudes electorales y un nuevo partido sin que ningún poder se moviera para atajarla. Hace dos años pronostiqué su caída. No había ningún grupo político importante que no tuviera agravios contra ella, pero además su cinismo rampante la volvió inmensamente impopular. Era el blanco perfecto para un gobierno que necesita legitimarse y a la vez someter a magnates corruptos. No se trata de iniciar una campaña de renovación moral. No se irá a fondo. Es imposible, porque, como dice Gabriel Zaid, la corrupción no es una plaga del sistema, sino el sistema mismo. Al intentar restaurarlo Peña Nieto sabe que lo primero que tiene que hacer es demostrar que él es quien finalmente decide hasta dónde llega la impunidad. Si intentara ajustar las cuentas a los corruptos tendría que empezar por su propio equipo. Desquiciaría al sistema, que en su caída lo arrastraría a él. Eso no sucederá.
Será necesaria una fuerza externa muy bien articulada y que abarque toda la nación. Cuando Hércules se propuso limpiar los establos del rey Augías repletos de estiércol, como hoy está el Estado mexicano, tuvo que desviar el poderoso curso de dos ríos. La esperanza para acabar con la impunidad en México está en que una fuerza política y organizada tuviera la capacidad para imponer nuevas reglas éticas e iniciar un renacimiento espiritual. Eso quisiéramos que fuera Morena. No será fácil porque sus militantes tendrán que liberarse del lastre de una cultura de abuso que en gran medida tenemos introyectada. Como lo demostró, por desgracia, la forma en que el Partido Acción Nacional se plegó a la inercia perversa del sistema.
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Pa' qué arriesgarse-Hernández
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Cómo se está ya entregando Pemex
Antonio Gershenson
Vamos a ver cómo se ha estado entregando ya Pemex, en pedazos, a empresas extranjeras, y los discursos en ese sentido no son sino la intención de extender esa entrega. Primero vinieron los contratos de servicios múltiples de Burgos, del sexenio antepasado y luego los contratos de Chicontepec. Una de las diferencias entre ambas es que en Chicontepec ya no hay contratos por 15 o 20 años. Se violaban las leyes con ellos, y eso los frenó después de la entrega a las primeras siete transnacionales.
Las principales características de los anteriores contratos de servicios múltiples son las siguientes:
“Oficialmente llamados contratos a precios unitarios, son de hecho concesiones a largo plazo para diversas obras y servicios que van surgiendo en determinada región o zona, la cual se entrega a la empresa ‘ganadora’ de la licitación. En todos los ‘concursos’ hubo sólo una oferta en el momento del fallo final: o bien se retiraron las otras o hubo sólo una desde el principio. O sea que hubo un solo ‘ganador’.
La duración del contrato, que de hecho es una concesión, es de 15 a 20 años.
“Los trabajos incluyen todo lo relacionado con el desarrollo, explotación y suministro a Pemex del gas natural de la región asignada. Esto incluye desde la perforación o modificación de pozos y el tendido de ductos, hasta obras auxiliares como construcción de caminos y demás. Los precios unitarios establecidos tienen factores de ajuste con las variables que afectarían el costo: tasas de interés de referencia, tipo de cambio, etcétera, Todos los riesgos de esa naturaleza los absorbe Pemex.
“Si se rebasa un ‘límite de pago mensual’, se acumula el remanente no pagado con el resto de la deuda. Cuando el contratista termina una obra, ese límite ya no cuenta y se debe pagar entre el mes de la terminación y el siguiente mes. Este programa de trabajo sustituye a lo que entre nosotros sería el proyecto de obra. En vez de que la entidad pública tenga el proyecto y lo use como base de la licitación, es la empresa misma la que va desarrollando proyectos en la zona que le fue asignada. Suponiendo que se supervisara la obra, ¿cuál sería la base de la supervisión? De hecho, no la hay.
“Hubo oposición de organismos judiciales y sobre todo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También se opusieron a la llamada subasta descendente, que afectaría la calidad de las obras y su cumplimiento, y tampoco aceptó la vigencia de largo plazo de los contratos (de 15 a 20 años). Después de los primeros siete contratos, la duración de los contratos más recientes llega a cuatro años.
Las similitudes de los contratos de servicios múltiples y los recientes firmados por Pemex, las podemos encontrar en el contrato con Weatherford. Por ejemplo, las funciones de Pemex y las de
El Contratista.
Para tener una idea de las condiciones que Pemex otorga a las transnacionales a través de los contratos, veamos el contrato de Pemex Exploración y Producción (PEP) con Weatherford firmado el 25 de junio de 2008 (antes de la vigencia de la actual legislación), para perforar y terminar pozos petroleros en Chicontepec (anexo b, página 72):
Responsabilidades de Ingeniería y Operación:
Para la perforación de los pozos designados, PEP es responsable de proporcionar el diseño básico de la perforación en cuanto a profundidad y geometría del pozo. El contratista es responsable de la ingeniería de operación de las actividades de perforación de pozos, así como de la instalación, desmantelamiento, transporte y programas de mantenimiento de los equipos de perforación. Para la etapa de perforación de los pozos designados, el Contratista es responsable de elaborar el programa de fluidos de perforación, programa y selección de barrenas, programa hidráulico y condiciones de operación, diseño de los aparejos de fondo y planeación de la perforación direccional y diseño de la cementación de las tuberías de revestimiento.
Con base en la información básica del pozo que proporciona PEP, el Contratista proporcionará la planeación, los diseños detallados, cálculos, pruebas de laboratorio y recomendaciones de ingeniería de perforación, así mismo son funciones del Contratista coordinar, dirigir y ejecutar los trabajos de perforación, previstos en el programa de perforación de los pozos.
El Contratistahace casi todo, desde lo que se llama proyecto ejecutivo hasta la obra misma. PEP tiene el derecho de supervisar, aunque no prohíbe que lo pueda hacer a través de una empresa supervisora privada.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que Pemex infló el costo de las bases de licitación de dos contratos de servicios múltiples para la exploración, perforación y mantenimiento de pozos de gas no asociado en la cuenca de Burgos por 20 años, que fueron adjudicados en 2003 a la trasnacional española Repsol y a la italo-argentina Techint –asociada con Industrial Perforadora de Campeche–, para que otras empresas no pudieran participar (La Jornada, 29 de mayo de 2009).
“Con ello –determinó el órgano fiscalizador– se maniobró para limitar la participación de empresas concursantes. Con ello, la ASF dio respuesta a una solicitud de la Cámara de Diputados para investigar los presuntos actos de corrupción y enriquecimiento del ex subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción en Veracruz, Alfredo Guzmán Baldizán, designado integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 20 de mayo pasado.”
Ya mencionamos irregularidades en la adjudicación de contratos de Burgos. Hace poco se dieron a conocer los resultados de las investigaciones de la ASF para 2007. En el Informe de Resultados se señala que los trabajos en varias áreas, incluida Aceite Terciario del Golfo, que es el nombre oficial de Chicontepec, se hicieron con Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida) , o sea se contrató deuda pública disfrazada como privada. En este y otros casos,
PEP no llevó a cabo un proyecto definido que sustente que la inversión producirá los recursos suficientes para su amortización y obligaciones asumidas.
Según la ASF, esta situación “incumple el artículo 18, párrafo primero, de la Ley General de Deuda Pública, que establece que ‘los proyectos a cargo de dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamiento para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su amortización y obligaciones que asuman’”. Sabemos que la impunidad de los funcionarios es cotidiana, pero esta auditoría al menos les quita autoridad moral para defender públicamente estos proyectos ilegales. Además, por si fuera poco, confirma la reiterada afirmación de que los trabajos en Chicontepec no son costeables.
Los actuales funcionarios presumen de que van a dar entrada a Pemex a empresas privadas. ¿Más? ¿Más ilegalidades como las de Burgos y Chicontepec? ¿Más entrega de lo que le queda de productivo a Pemex?
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A la mitad del foro
Rectoría del Estado o imperio del espectáculo
León García Soler
Vamos a restablecer la rectoría del Estado, dijo Enrique Peña Nieto el 1º de diciembre de 2012. En febrero de 2013, aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión la reforma educativa, Emilio Chuayffet diría que se trataba de una decisión del constituyente permanente, que con esa reforma se restauraría la rectoría del Estado en la educación. Elba Esther Gordillo ha sido encarcelada. Que se trata de un asunto jurídico, de cargos bien documentados, declaró lacónicamente Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.
No basta. Es un paso firme en el proceso de restablecer la rectoría del Estado; dejar atrás la sumisión del Estado mismo a los dueños del dinero, a los oligarcas encumbrados por la persistencia del antiguo régimen (y esta no se reduce a los años del priato de todos tan temido), pero no basta. La reforma educativa, en tanto restauradora de la rectoría estatal, ha de fincarse en la expresa declaración de atender a la educación pública, gratuita y laica; ha de afirmar las bases científicas, la primacía de la razón, el reconocimiento expreso de ser inversión y no gasto, aunque así se incluya en los presupuestos de ingresos y egresos. Y ese primer paso facilitaría la conciliación de las reformas energética y hacendaria, consolidaría el pacto tripartita por medio del cual pudo hacer política el gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto tomó posesión del Poder Ejecutivo.
Hasta hoy todo ha girado en torno al poder que la maestra Elba Esther Gordillo ejerció por tácita renuncia de los titulares del poder constituido. Unos días antes de su aprehensión, entrevistada por Adela Micha en Televisa, hablaría del momento en el que vio a Carlos Jonguitud Barrios subir cabizbajo, derrotado, las escaleras de Los Pinos que conducían al despacho de Carlos Salinas de Gortari: A mí nunca me sucedería eso, dijo Elba Esther Gordillo, quien recibió del poder presidencial el liderazgo. Y de inmediato pactó con Manuel Camacho Solís. Llegó la dura caída. Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Pero en el viejo sistema político se iban a rumiar su caída, con su riqueza a salvo.
En 1943 se consolidó el SNTE. Su primer dirigente, Luis Chávez Orozco, duró un año en el cargo. Paso a paso el combativo sindicato se integraría al sindicalismo oficialista. Pero el apostolado del magisterio rural y la rebeldía urbana se expresaron en movimientos sociales combativos, irreductibles como el encabezado por Othón Salazar. Manuel Sánchez Vite, cuyas huelgas derribaron a un secretario de Educación, llegó a ser presidente del CEN del PRI de 1970 a 1972; luego a gobernador y al olvido. Caciques de prolongado control hubo apenas dos: Jesús Robles Martínez y Carlos Jonguitud Barrios. Pero sólo la hoy encarcelada impuso su voluntad al inquilino de Los Pinos y convenció a los alternantes que podían contar con millones de votos para el triunfo electoral de quien dispusiera la voluntad de la
maestra milagrosa.
Lo de Vicente Fox resultó parodia de Gogol y la pareja presidencial premió con almas muertas a la dirigente magisterial que elaboró un catecismo de moralinas en honor a Marta Sahagún. Pero lo de Felipe Calderón empezó con la tarea de convencer a gobernadores priístas a no apoyar a Roberto Madrazo; alto fue el pago de la gestión jesuítica: la inusitada concesión, no de influencia sino de la facultad de designar a los directores del Issste y de la Lotería Nacional, así como al subsecretario de Educación, su yerno, para que no hubiera duda alguna. Lo del pleito con Roberto Madrazo siguió al fallido intento de imponerse a Manlio Fabio Beltrones en la CNOP; y a la insurgencia de los diputados del PRI que la desconocieron como coordinadora de la bancada. A su expulsión del PRI.
Pero no bordaba en el vacío la maestra que vio a Jonguitud subir las escaleras de Los Pinos para hundirse en el olvido. La creyeron dueña de facultades extraordinarias, capaz de hacer o deshacer cualquier carrera política. En política lo que parece, es. La hicieron poderosa.
El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, dice Lord Acton. Y enloquece a quienes lo ejercen sin más control que el de una opinión pública tan veleidosa que manifiesta admiración por las galas de los poderosos al tiempo en que las condena con indignación. En los primeros días de 2012, el PRI de Enrique Peña Nieto anunció que no iría en coalición con el Panal a las elecciones de julio. No entendió o no quiso aceptar la realidad.
El 1º de diciembre Enrique Peña Nieto dio a conocer a los integrantes de su gabinete: secretario de Educación, Emilio Chuayffet; el mismo que encabezó el movimiento de la bancada del PRI que desconoció el liderazgo de Elba Esther Gordillo en San Lázaro. Y después de rendir protesta ante el Congreso de la Unión, Enrique Peña Nieto anunció que emprendería la reforma educativa; prioridad de la nación, que demandaba restablecer la rectoría del Estado en la educación. El conflicto no puede atribuirse y menos todavía extenderse al sindicalismo. Estamos ante una severa crisis del Estado. Mientras aquí se hablaba de crisis de gobierno por la incapacidad del Ejecutivo para acordar con el Poder Legislativo, en el mundo entero declaraban
Estado fallidoal mexicano.
Elba Esther Gordillo ya está ante un juez de lo penal. Los tres partidos del pacto que reivindicó el quehacer político emprenden su respectiva adaptación al proceso de gobernar sin mayorías absolutas; al rediseño de sus proyectos, de su narrativa, de sus programas. De sus ideologías aunque las hayan declarado muertas quienes se adelantaron al fin de la historia.
Hoy concluye la asamblea nacional del PRI. Los prolegómenos eludieron la crisis del Estado cuya rectoría llama a restablecer. La atención fija en el IVA a medicinas y alimentos; en las confusas adaptaciones a Pemex. La conversión en empresa eficiente, pero sin precisar cómo liberarla de la expoliación del fisco. Un PRI libre de tabús, dijo César Camacho. Sí, pero ante todo el del neoconservadurismo que impuso el dominio del mercado sobre el gobierno, sobre el Estado mismo; la austeridad a costa de los pobres y el gasto público al servicio de los ricos.
No es tabú el petróleo propiedad de la nación. Es base fundamental de la rectoría económica, del Estado que convocan a restaurar. La reforma energética ha de seguir a la hacendaria. Sea cual sea la agenda legislativa. No es lo mismo atrás que en ancas.
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Ingresos petroleros: caída y vulnerabilidad
El reciente desplome de más de 20 por ciento en los ingresos petroleros obtenidos por el Estado –la peor caída desde 2009– hace necesario reflexionar sobre la dependencia que acusan las finanzas nacionales respecto de esos ingresos, y sobre la vulnerabilidad que ello supone para el país en un momento en que se prepara una nueva intentona privatizadora de la industria nacional de los hidrocarburos.
En tal contexto, una reforma legal que permita una mayor participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos (Pemex) generaría afectaciones particularmente graves a los ingresos gubernamentales, en la medida en que obligaría a la paraestatal a compartir la renta petrolera con los inversionistas, y sometería a las finanzas públicas a una doble vulnerabilidad: la que se deriva de los ciclos económicos, las fluctuaciones en las cotizaciones internacionales de crudo y en los mercados cambiarios –fenómenos aludidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para explicar el reciente desplome en la renta petrolera–, y la que supondría la obligación de transferir las ganancias petroleras a manos privadas.
En cuanto a la supuesta pretensión gubernamental de complementar la reforma energética con una reforma fiscal para proveer de mayores recursos a los gobiernos, dicha intención, en principio plausible, sólo podrá justificarse en la medida en que no afecte a los sectores más depauperados de la sociedad –por ejemplo, mediante incrementos generalizados a los impuestos al consumo– y se centre en el cobro de impuestos a las grandes fortunas, en gravar las operaciones bursátiles y en abatir los regímenes de privilegio fiscal. Por lo demás, mientras que los efectos positivos de una reforma fiscal, en caso de haberlos, se manifestarían al cabo de algún tiempo, las afectaciones causadas a los ingresos públicos por una eventual privatización petrolera se activarían en forma inmediata y ello es una razón adicional para cuestionar y rechazar cualquier intento de permitir la enajenación de la industria petrolera por particulares.
El Estado debe mantenerse, en primer lugar, de una recaudación impositiva proporcional y justa, y el petróleo debe usarse para fomentar el desarrollo social y económico del país, no para nutrir la desigualdad, el boato y la corrupción, como ha ocurrido hasta ahora. En vez de exportar el crudo como materia prima, el país debe orientarse a su transformación, mediante la petroquímica secundaria, a fin de impulsar la creación de empleos, el desarrollo tecnológico y la reconstrucción de la planta productiva, y ello sólo podrá lograrse mediante el relajamiento del régimen fiscal asfixiante que hoy padece Pemex. Más que reformas legales, el país requiere de un cambio de enfoque y de rumbo en la conducción oficial de los rubros fiscal y energético.
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