Recuperando el poder del Estado
Gustavo Gordillo/I
La reciente reforma a las telecomunicaciones impulsada por el gobierno federal y las tres fuerzas políticas principales ha contando con un amplio consenso. Hay desde luego muchas voces críticas que subrayan los puntos que habrían de añadirse o modificarse. En sus imperfecciones –y qué iniciativa política no lo es– esta reforma condensa el centro de la estrategia del gobierno de EPN. Recuperar el poder del Estado delimitando el campo de acción de los poderes fácticos. Desde el discurso de toma de posesión hasta esta reciente reforma, pasando por la iniciativa educativa y el encarcelamiento de la maestra Elba Esther ese ha sido el eje articulador. El arreglo institucional utilizado, el llamado Pacto por México, ha roto la inercia política.
Una de las tarea básicas: dirimir con reglas claras los conflictos terminaba siendo un ejercicio casuístico que sólo abonaban más al deterioro. La otra función central de una coalición de gobierno: representar los intereses y las pulsiones de distintos segmentos de la ciudadanía ni qué decir. Estábamos pues, en presencia de un sistema de partidos quebrado y un poder de estado fragmentado.
Todos los actores se sabían víctimas y prisioneros de un arreglo que basado en la desconfianza mutua y el agandalle, llevaba a la decadencia. No existían incentivos para tomar riesgos que rompieran la parálisis.
Se ensayaron varios atajos institucionales. El más notorio consistía en modificar las reglas de composición en el Congreso para garantizar mayorías parlamentarias con un porcentaje minoritario del voto nacional efectivo. El rechazo fue grande.
Después las estrategias electorales de los tres partidos siguieron la ruta de las elecciones anteriores: forzar un plebiscito entre dos de las tres opciones. La estrategia del PRI en realidad buscaba ganar antes del día de la votación. La irrupción del #YoSoy132 modificó sustancialmente el panorama electoral. Los resultados con todo y sus cuestionamientos volvieron a mostrar lo que habíamos visto desde 1997: un electorado dividido en tres partes que impedían la emergencia de una mayoría nítida.
Entonces surge desde el campo conservador otra fórmula enunciada así: dado que las reformas
que se necesitanno serán apoyadas por las izquierdas lo esencial para gobernar sería un pacto PRI-PAN. Esa opción transportaba un potencial enorme de desestabilización al marginar a las izquierdas, habría fortalecido las posiciones extremas en el espectro político y no garantizaba siquiera la ruptura de la inmovilidad política.
La respuesta fue el Pacto por México incluyendo a los tres partidos principales en una especie de cogobierno desde el congreso y que ha roto la inercia porque ha generado una dinámica en donde todos ganan, pero todos pueden perder. No es obviamente un pacto simétrico: estar en la dirección del gobierno federal da una mayor ventaja. El punto unificador ha sido recuperar el poder del estado y reconstituir un poder fragmentado que estaba siendo usufructuado por los poderes fácticos.
¿Es este un pacto de largo plazo premonitorio de un cambio de régimen? ¿Lleva a una restauración autoritaria? ¿Qué gana la oposición? Me gustaría explorar estos temas en mi siguiente artículo.
Twitter: gusto47
Otro juicio viciado-Fisgón
Los de abajo
Víctima de la represión
Gloria Muñoz Ramírez
Sólo mueve la mano y la pierna derecha. No habla, ni ve, ni escucha. Come a través de una sonda, tiene constante fiebre, vómito y diarrea. Juan Francisco Kuykendall Leal personifica el saldo de la primera represión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Una bala de goma, de esas que dicen que no dispara la policía capitalina, le pegó en el cráneo durante las protestas por la llegada al poder del actual Ejecutivo, el pasado primero de diciembre.
no cuente con los medios necesarios ni la preparación que se requiere para su atención médica. No importó que viva en un cuarto piso sin elevador y que no tenga ni implementos ni enfermera. Se trata de
quitarse esa papa caliente de encima, de sacarlo del hospital sin medir las consecuencias, pues es un caso político, advierte Bárbara Zamora, abogada de Eva.
Hoy, reporta su esposa, “sigue inconsciente y su estado de salud es grave, con secuelas neurológicas, con tubos para comer y en condiciones muy complicadas, porque no puede desarrollar por sí solo ninguna de sus funciones físicas, ni las más básicas…En estos momentos no quieren volver a recibirlo en el Siglo XXI, por lo que tuvimos que ingresarlo al Hospital General de Zona Los Venados, del IMSS, donde está en el área general, sin cuarto siquiera”.
El Estado no ha tomado la responsabilidad del caso. No hay culpables y el caso se mantiene impune. El bufete Tierra y Libertad, junto con Eva Palma, presentó ante la Procuraduría General de la República
una denuncia de hechos constitutivos de delitos en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Manuel Mondragón y Kalb, comisionado nacional de seguridad; y contra los policías federales que resulten responsables de haber disparado las armas de fuego contra de Juan Francisco, que le ocasionaron la lesión grave en el cráneo.
Este caso es eminentemente político, insiste Zamora,
por eso la decisión de mandarlo a su casa, aunque el alta la haya firmado una doctora cualquiera del hospital.
Tan bueno él-Helguera
Magisterio: inconformidad multiplicada
El amplio descontento magisterial que se originó con la aprobación de las reformas constitucionales en materia de educación volvió a quedar de manifiesto ayer, con una multitudinaria marcha en la capital de país y con la presentación de decenas de miles de amparos en contra de las referidas enmiendas legales, además de los bloqueos que llevaron a cabo docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero en la Autopista del Sol, las movilizaciones de estudiantes de escuelas rurales en Chiapas y el anuncio de un paro docente en Oaxaca.
respetan los derechos de los docentes, persisten las críticas de especialistas por el supuesto simplista en que descansa la legislación referida: los maestros son los responsables casi únicos del retraso, sin que existan directrices claras que indiquen la forma en que se conseguirá mejorar la calidad de la enseñanza. Los docentes, por su parte, ven en las modificaciones legales un atentado contra sus derechos y conquistas laborales.
En las jornadas de protesta de ayer, por lo demás, pudo verse una articulación de la lucha magisterial en contra de la reforma educativa con añejas demandas del gremio, como la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –sometido recientemente a un relevo en su dirigencia que a primera vista parece meramente cosmético– y la defensa de la educación pública. No es descabellado suponer, ante esa apertura del abanico de reivindicaciones magisteriales, que la lucha gremial sume fuerzas más allá de los ámbitos tradicionalmente opositores, y que se termine por configurar un conflicto de alcance nacional como consecuencia de la orientación neoliberal y de la actitud excluyente con que los sucesivos gobiernos han conducido la política educativa en sexenios recientes.
El gobierno federal, en suma, tiene ante sí la disyuntiva de suscribir la línea autoritaria y punitiva que reivindican algunos de sus funcionarios –particularmente el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, quien insiste en que se debe sancionar económicamente a los profesores que decidan participar en protestas públicas, paros de labores y otras muestras de inconformidad, y ha dicho que
se aplicará la leyen contra de ellos–, o mostrar oficio político y altura de miras, lo que implica necesariamente reconocer la procedencia de las demandas de los docentes y sentarse a negociar con ellos.
De la forma en que las autoridades del país resuelvan esa disyuntiva dependerá el crecimiento, o no, de un conflicto social de consecuencias aún imprevisibles, pero necesariamente negativas para la estabilidad política nacional.
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