Actuales Sentimientos de la nación
Estamos celebrando el bicentenario del Congreso de Anáhuac, que se llevó a cabo de septiembre a noviembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por iniciativa de José María Morelos y Pavón. Los frutos de la lucha de Morelos son variados y únicos. Luego de que Hidalgo iniciara la lucha por la Independencia, quien la consolidó, la concretizó y la llevó a su culminación al romper no sólo con el mal gobierno sino también con la monarquía española fue Morelos. Él rompió abiertamente con las viejas instituciones y propuso las nuevas, por lo cual enfrentó una gran oposición aun dentro de las mismas filas insurgentes.
Así, uno de los frutos de Morelos fue la declaración de la Independencia el 6 de noviembre de 1813 y otros más: la organización del primer Congreso mexicano; el reparto de tierras a los indígenas; su lucha contra las alcabalas (impuesto al valor agregado, IVA) y la baja de impuestos, la suspensión de deudas y el congelamiento de precios; su lucha contra la esclavitud, contra los monopolios, el racismo y la distinción de castas; el establecimiento de la República y el desechar la monarquía, reivindicar la soberanía popular y nacional; el voto a todos los mexicanos, incluso a los analfabetas; apoyar el empleo para los mexicanos y un justo jornal; así como oponerse a la injerencia de tropas extranjeras en nuestro territorio y al uso de nuestros soldados en expediciones en el extranjero.
Todos éstos son los frutos por los que podemos conocer a Morelos mediante su obra, grande como su corazón, y reconocer su amor a México y a su pueblo, y también la enorme dignidad con que afrontó su juicio, su degradación pública y su muerte. Su ejemplo nos acompaña hoy en nuestra lucha, en el siglo XXI, por la plena independencia.
El 14 de septiembre de 1813 presentó José María Morelos ante el Congreso su documento Sentimientos de la nación. El mejor homenaje a Morelos en este bicentenario es seguir su ejemplo y continuar su lucha que está más vigente que nunca, evaluar la experiencia de 200 años de luchas, avances y retrocesos para retomar la esencia de sus mejores ideas y encontrar las soluciones a los problemas del siglo que corre. Así que nos toca ahora impulsar los actuales Sentimientos de la nación en el México del siglo XXI, para conquistar la plena soberanía popular y nacional. Al seguir uno a uno los 23 planteamientos que hizo Morelos ante el Congreso de Anáhuac, propongo para el debate los siguientes puntos:
1. Que México es libre e independiente de Estados Unidos y de cualquier otra nación, y ha de ser independiente política y económicamente ejerciendo a plenitud su soberanía y la autodeterminación de sus asuntos, preservando su identidad cultural.
2. Que se ejerza la libertad de pensamiento en el marco del Estado laico, en el que se respete la laicidad en la esfera pública y se garanticen las garantías y derechos humanos, tanto individuales como colectivos.
3. El Estado debe responsabilizarse de la asistencia social, así como del cuidado de la salud y no debe permitir que la recolección de donativos se convierta en un negocio privado con el pretexto de la asistencia.
4. La lucha de ideas garantiza el desarrollo del pensamiento que surge de la acción y la experiencia; es necesario ejercer la libertad de expresión y pensamiento evitando dogmas y para defender los derechos.
5. La soberanía pertenece al pueblo que ha de ejercerla directamente, seleccionando, eligiendo y mandatando a sus representantes con la capacidad de revocarlos. Las elecciones han de ser libres y equitativas, quedando prohibidos, anuncios, regalos y compra de votos.
6. Que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como sus representantes, estén al servicio de los intereses del pueblo, que ejercerá el poder popular.
7. Que los funcionarios representen al pueblo y ejerzan la voluntad popular, estando mandatados y controlados por los electores. Romper la partidocracia y contar con un gobierno democrático netamente popular al servicio del desarrollo del país y el bienestar de la población.
8. Los servidores públicos tendrán el sueldo de un trabajador calificado. Que todos los puestos en la función pública sean ocupados por mexicanos. El presupuesto estará controlado por el pueblo, conociéndolo para que sea estrictamente ejercido, evitando la corrupción al hacer público el manejo financiero. Como compensación, tendrán trabajo estable y una pensión decorosa al retiro que les permita vivir con dignidad.
9. Que todos los mexicanos tengan empleo eliminando los concursos, pues todos tenemos ese derecho, y que los tengan primero los mexicanos, que los extranjeros que trabajen aquí sea para apoyar el desarrollo del país.
10. Que no se admita la inversión extranjera en sectores estratégicos, y en los no estratégicos sólo tendrá participación limitada en aquellas áreas que no haya desarrollado el país, y para que aporte capacitación y desarrollo.
11. Para que el pueblo pueda autodeterminarse, el Estado ha de transformarse para contar con un gobierno democrático y soberano que rompa con todas las ligas de sujeción de los intervencionistas yanquis y de otros países que dominan a través de organismos financieros internacionales, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
12. Los derechos han de garantizarse. La sociedad se ha de estructurar de forma que se garanticen los derechos, que desaparezcan la opulencia y la indigencia. Que el salario sea suficiente para satisfacer las necesidades de la familia y que los sectores vulnerables tengan un ingreso para sobrevivir. Los medios de comunicación tendrán la misión de combatir la ignorancia y la desinformación. La rapiña y el hurto es responsabilidad principal de los de arriba y serán ellos quienes tengan mayores penas por su latrocinio.
13. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, incluyendo militares y eclesiásticos. Llevar a cabo un procedimiento de rendición de cuentas a los altos funcionarios y de juicio político a los funcionarios que traicionen a la patria.
14. Que para dictar las leyes se abran al debate los medios de comunicación; que los trabajadores y las personas involucradas en el sector que se legisla se expresen, así como la población abierta y los especialistas en el tema organicen reflexiones colectivas, en las que los representantes obedezcan la voluntad popular y no la línea de cúpulas partidarias.
15. Que se proscriba toda forma de esclavitud moderna y sus raíces, la violación de derechos y la discriminación, para que todos gocen de oportunidades equitativas y se elimine toda explotación y opresión.
16. Que nuestros puertos, playas y todo el mar territorial sean exclusivos de y para los mexicanos, que podrán ser visitados por extranjeros, manteniendo México la propiedad y el control, prohibiendo el desembarque y la injerencia de toda fuerza extranjera.
17. Que todo mexicano tenga derecho a la propiedad individual y colectiva y que ésta se guarde y se respete como un asilo sagrado, impidiendo que se infrinja este derecho y logrando que todos lo disfruten.
18. Que se impida todo tipo de tortura y sufrimiento físico, sicológico, emocional y/o moral provocado por la sociedad, y que el Estado alivie en la medida de lo posible los daños naturales, colocando en el centro el bienestar de los seres humanos.
19. Que se establezca por ley el rescate de la identidad, raíz y cultura y se reconozca el 12 de diciembre a Guadalupe-Tonantzin –nuestra Madre Tierra– como símbolo nacional de la Independencia.
20. Que las tropas extranjeras, bajo ningún pretexto, pisen nuestro suelo, tampoco invadan nuestro mar y nuestro cielo. Que se respete la soberanía militar y no se admita la participación de México en tratados militares donde intervenga el imperialismo y sus aliados contra la soberanía de otros pueblos. Hemos de ser autosuficientes y no aceptar supervisiones o fiscalizaciones de ejércitos extranjeros.
21. Que México no intervenga en misiones militares en el extranjero ni en maniobras navales o prácticas agresivas, respetando la no intervención, la solución pacífica de los conflictos y la autodeterminación de los pueblos.
22. Que se elimine el IVA y el impuesto al trabajo y se reduzca el impuesto sobre la renta a las personas a una tercera parte. El que más gana que pague más. Las grandes empresas que paguen arriba del 30 por ciento de sus ganancias; las extranjeras, más del 55 por ciento, sin exenciones ni reducciones de ningún tipo. Que se eliminen las formas de evadir impuestos.
23. Que se festejen el 16 de septiembre, el 6 de noviembre, el 20 de noviembre, el 5 de febrero, el 18 de marzo, el 5 de mayo, el 30 de junio como días de lucha y victoria mexicanas.
Es tarea de las actuales generaciones luchar contra el neocolonialismo y el neoesclavismo que impulsa el neoliberalismo, y ante el profundo retroceso en el que nos ha hundido el PRIAN [contracción de las siglas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional], retomar la lucha de héroes como Morelos hasta lograr la victoria y la construcción de un México soberano. Nos toca a nosotros recoger las banderas que han levantado nuestros patriotas a lo largo de la historia, y armados de su experiencia lograr romper las nuevas cadenas que nos someten. Ésta es nuestra tarea. Será un gusto cumplirla a cabalidad. A 200 años del Congreso de Chilpancingo: ¡Morelos vive! ¡La lucha sigue! ¡Viva la Independencia de México!
*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
Contralínea 353 / 23 septiembre de 2013
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/actuales-sentimientos-de-la-nacion/
Después de la tempestad
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/tras-la-tempestad/
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/tras-la-tempestad/
Estados y municipios: las deudas que no se ven pero se pagan
En riesgo de quiebra, estados y municipios que tienen deudas con la banca privada y de desarrollo: la propuesta del gobierno federal para centralizar el Ramo 33 dejaría en el desamparo los créditos por, al menos, 443 mil 38 millones de pesos. El problema podría ser mayor, pues la retención de las aportaciones federales que se registró en el primer semestre de 2013 habría propiciado un incremento en las deudas de entidades y municipios con la banca privada. Banorte, BBVA Bancomer e Interacciones concentran el 64.2 por ciento de los adeudos, indica información de la CNBV
En caso de aprobarse la propuesta del gobierno federal, que busca centralizar el Ramo 33, las deudas de entidades y municipios quedarían desamparadas. En su mayoría, los créditos –que suman 443 mil 38 millones de pesos– están soportados en esos recursos.
Aunado a ello, la política que asumió la administración federal para “recuperar” el control político nacional habría asfixiado las de por sí débiles economías estatales y municipales. Y es que la retención de las aportaciones federales, que se dio en el primer semestre de 2013 a la par de los multimillonarios subejercicios, derivará en el incremento de esas deudas con la banca privada, en particular con Banorte, BBVA Bancomer e Interacciones (instituciones que se han “especializado” en el manejo de cartera con este sector).
Tan sólo entre enero y junio, la deuda pública total de los estados y municipios, incluida la capital del país, aumentó 8 mil 276 millones de pesos respecto del monto registrado al cierre de 2012, pues en diciembre ascendía a 434 mil 761 millones 200 mil, refiere información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El monto, indica en entrevista el investigador Juan José Dávalos López, no es menor: es 15 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ejemplo. “No es fácil pagar esa cantidad. Es un boquete que si no se salda generará penalizaciones”, advierte.
Para las finanzas estatales y municipales, el segundo trimestre fue el más crítico. Los datos oficiales revelan que la deuda contratada entre abril y junio representó el 82 por ciento del aumento total: 6 mil 795 millones de pesos.
Pero estos pasivos reportados a Hacienda no son los únicos. En ese mismo periodo, las entidades y los ayuntamientos habrían recurrido a otros mecanismos de financiamiento privado que no están obligados a informar: los créditos a corto plazo y los quirografarios.
Uno de los factores que incide en la contratación de créditos es la falta de recursos para cubrir las cuestiones operativas y administrativas urgentes del municipio o la entidad federativa, explica el maestro Jesús Sánchez Arciniega, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre éstas se encuentra la atención médica, los servicios educativos, la colecta de basura, el alumbrado público, el pago de nóminas y de contratos con terceros.
El académico indica que, año con año, este tipo de urgencias se suelen resolver con los créditos a corto plazo y los quirografarios, que no requieren garantía y además no se reportan a la federación. “Esta deuda ha venido creciendo constantemente debido a la falta de ministraciones federales, y de ella no se conoce mucho, porque se liquida en 1 año”.
El maestro en administración y desarrollo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas explica que, debido a cuestiones operativas, la federación empieza a recibir recursos hasta marzo y abril, meses en los que se presentan las declaraciones impositivas de personas físicas y morales. Es hasta entonces cuando empieza a transferir los recursos de los ramos 28 y 33 a las entidades federativas y los municipios.
Sin embargo, en 2013 la situación para los estados, el Distrito Federal y las alcaldías se agravó, pues el gobierno federal retuvo por más de 6 meses el dinero público y aún no se pone al corriente con las transferencias.
Si las entidades no tienen un ingreso estable durante el transcurso del año recurren a los créditos. Por ello, Sánchez Arciniega considera que se debe ministrar de forma continua: “En la medida en que esto suceda, los gobiernos estatales no tendrían ninguna necesidad de acudir a tanta deuda de corto plazo”.
Respecto de los créditos quirografarios, el académico de la UNAM opina que se han convertido en la caja chica de los gobiernos locales porque las instituciones financieras no les piden nada en garantía. “Esto se tiene que transparentar. Es una de las deudas más opacas”.
Sánchez Arciniega señala que la federación sabe perfectamente que los estados necesitan recursos para poder funcionar. Sus ingresos, explica, son muy escasos porque la captación de ingresos está centralizada. “A los estados les queda lo de la tenencia vehicular, los predios y algunas actividades mercantiles. Eso es todo. La mayor parte de los ingresos son por aprovechamientos que son cobrados por la federación”.
Los beneficiarios de la deuda
Con el pretexto de resolver las urgencias administrativas, en el sexenio pasado, las entidades federativas y los municipios se consolidaron como uno de los principales clientes de la banca privada.
Actualmente, más del 60 por ciento de las deudas se concentra en tres instituciones, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de las firmas mexicanas Banorte e Interacciones y de la española BBVA Bancomer.
Aunque la deuda total de entidades y municipios que reporta la Comisión al cierre de junio de 2013 no coincide con la que registra la Secretaría de Hacienda, sí refleja la composición de este mercado: de la cartera total en el ámbito privado por 282 mil 675 millones, el 28 por ciento, 79 mil 184 millones, fue prestado por Banorte; el 20.7 por ciento, 58 mil 530 millones, por BBVA Bancomer, y el 15.5 por ciento, 44 mil 34 millones, por Interacciones.
Otros bancos que mantienen carteras multimillonarias con estados y municipios son Banamex, con 19 mil 935 millones de pesos; Multiva, con 18 mil 476 millones; Inbursa, con 15 mil 562 millones; Banco del Bajío, con 12 mil 691 millones; HSBC, con 10 mil 466 millones, y Santander, con 9 mil 265 millones.
Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, señala que los bancos tienen responsabilidad respecto de las deudas contratadas con las entidades federativas y los ayuntamientos: las instituciones financieras no deben dar créditos chatarra, deben asegurarse de que el cliente es solvente y les va a pagar.
También critica que las entidades federativas y los municipios contraten deuda para pagar los intereses de los créditos previos. “La deuda se está reciclando”, señala. “Cuando se vence el plazo, contratan deuda para pagar el crédito con la idea de que algún día, como el burro y la zanahoria, teóricamente tendrán finanzas sanas; pero eso no va a pasar, porque sólo están contratando más deuda para pagar la previa”.
El problema, explica el catedrático, es que el esquema de los estados y los municipios, así como del propio gobierno federal, no funcione con base en ingresos propios y recursos federales, sino con base en contratación de créditos con la banca extranjera, porque en México el sector está dominado por filiales de trasnacionales.
Las deudas por entidad
El maestro Jesús Sánchez Arciniega considera que de existir un problema con la deuda de estados y municipios éste se encuentra focalizado. En el caso de las entidades, cita a Coahuila, Morelos, Jalisco y Guanajuato, al tiempo que aclara que no se trata de las que registran más pasivos.
El académico señala que, aún con esos casos, no hay una situación de riesgo para la federación ni para los propios estados, porque sí tienen capacidad de pago. “En términos generales, la deuda de éstos representa menos del 5 por ciento del producto interno bruto [PIB] y del 18 por ciento de las aportaciones federales. Hay estados que superan esta media, como Coahuila, que es del 8 por ciento de su PIB. Pero por el lado de las aportaciones federales, no llega al 30 por ciento”.
Sánchez Arciniega explica que “el Distrito Federal representa el 17 por ciento del total de la deuda, y el Estado de México, alrededor del 9 por ciento, en función de la disposición de recursos que tiene cada estado; sin embargo, si lo vemos en función de los ingresos que tiene cada una de las entidades, pues en el Distrito Federal se produce la cuarta parte de toda la actividad nacional, entonces no es mucho”. Para el segundo caso, indica que las finanzas mexiquenses también solventan los créditos contratados.
Agrega que el riesgo de la deuda es que no se haya aplicado correctamente. “Las malversaciones, la corrupción en la consecución de la deuda, la mala aplicación de los recursos, pero en especial la corrupción para obtener la deuda es lo que está mal y eso es contra lo que hay que ir. Si sigue esta forma de obtener recursos entonces sí estarían en riesgo las finanzas públicas de los estados”.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, al cierre de junio pasado el Distrito Federal se mantenía como la entidad que más deuda ha contratado: 57 mil 56 millones de pesos; seguida por Nuevo León, con pasivos por 49 mil 57 millones 400 mil pesos; Veracruz, con 40 mil 682 millones 500 mil; Estado de México, con 39 mil 396 millones 600 mil; Coahuila, con 36 mil 335 millones 800 mil; Chihuahua, con 26 mil 135 millones 900 mil; y Jalisco, con 24 mil 520 millones 900 mil pesos.
Otros estados cuyas deudas superan los 10 mil millones de pesos son Chiapas, con 18 mil 317 millones; Sonora, con 17 mil 336 millones 800 mil; Michoacán, con 16 mil 402 millones 100 mil; Quintana Roo, con 16 mil 180 millones 600 mil; Baja California, con 13 mil 766 millones 600 mil; y Tamaulipas, con 10 mil 754 millones.
Para la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados resulta preocupante el “explosivo crecimiento real de la deuda estatal”, apunta en su análisis Sistema financiero y riesgos de las finanzas públicas.
Y es que, indica, “con base en las cifras de 2011 y con relación a 2009, diversos estados registraron crecimientos sin precedentes de su deuda. Entre éstos destacan los casos de Coahuila (429.4 por ciento), Morelos (266.7 por ciento), Quintana Roo (168 por ciento), Veracruz (130 por ciento), Sonora (53.6 por ciento), Tamaulipas (51.7 por ciento), Nayarit (42.2 por ciento) y Michoacán (29.6 por ciento)”.
El riesgo es que esas entidades se declaren en quiebra por su incapacidad para solventar los créditos. Algo que parece inminente en el caso de los municipios de Benito Juárez, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero.
TEXTOS RELACIONADOS:
Infografía:
Contralínea 353 / 23 septiembre de 2013
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/estados-municipios-las-deudas-se-ven-pero-se-pagan/
Temporal
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/temporal/
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/22/temporal/
Las mentiras petroleras del gobierno
Las protestas masivas contra la privatización del petróleo tienen sustento: Pemex no es poco rentable, sino que lo han quebrado en forma deliberada. El saqueo fiscal de la renta petrolera ha derivado en su endeudamiento, al tiempo que se le exige a la paraestatal la máxima producción de hidrocarburos y se castiga el resto de la cadena productiva, para cederla al empresariado
Después de padecer durante 30 años un sistemático deterioro en su funcionamiento y en su importancia estratégica dentro del desarrollo de México, son de sobra conocidas las razones que mantienen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una situación crítica, así como las medidas que tienen que aplicarse para superarla. Fingir desconocerlas y proponer la intensificación de la misma terapia causante del desastre para supuestamente tratar de superarlo no es más que una postura burda, un grosero insulto a la inteligencia de las mayorías.
A nadie debe sorprender la respuesta violenta de ellas ante las reiteradas e insultantes provocaciones montadas por las elites dominantes, obsesionadas por tensar los conflictos sociales y llevarlos hasta un punto sin retorno. Sus medidas arbitrarias, unilaterales, son las responsables de los eventuales días turbulentos. Salvo en los casos de la derecha que babea rabiosamente por sus fauces para exigir la represión abierta, los intelectuales orgánicos y los gacetilleros a sueldo del sistema, que destilan sus amargas sustancias viscerales en contra de la oposición, no existen argumentos razonables para descalificar a los descontentos que protagonizaron los enfrentamientos con los aparatos represivos del Estado al iniciarse el mes de septiembre.
¿De qué otra manera esperaban que reaccionaran los que se manifestaban ante el estado de sitio impuesto en la capital, que pensaban mostrar pacíficamente su rechazo a la reforma energética, al carnavalesco ritual del besamanos presidencial, su malestar a un gobierno que llega a su primer informe huérfano de democracia y reprobado en materia económica y social? ¿Ante los militares disfrazados de policías que fueron soltados como una jauría que les mostraban sus filosos colmillos para inhibir su derecho a disentir y que desde el principio empezaron a agredir y detener a opositores? ¿Ante la ausencia de canales institucionales que atiendan las demandas sociales y desalienten los movimientos extremistas? ¿Ante el empleo de los drones que como buitres resguardaban el edificio de San Lázaro, junto con la manada uniformada y las vallas de 3 metros de altura que vedaban el acceso a la “casa del pueblo” al mismo pueblo, medida que recuerda al congreso disuelto por Victoriano Huerta, mientras sus comisionistas “representantes” prianistas, los “vendidos” –Dolores Padierna dixit– Chuchos-perredistas y demás –los “pithecanthropus erectus”, “la aristocracia pulquera” como la calificó Ricardo Monreal–, en la casa sin pueblo, rememoraban el alemán Decreto Noche y Niebla (Nacht und Nebel-Erlass), al asestar la puñalada peñista a los maestros, con la Ley General al Servicio Profesional Docente aprobada en el sínodo nocturno, con el filo de la media noche?
Con o sin los provocadores infiltrados del Estado, el día de furia fue justificado. La cólera es legítima ante un régimen ilegítimo y autoritario, antisocial en su desacreditado proyecto oligárquico y transnacional, el cual sólo acepta la sumisión y la represión como método de domesticación. No es desdeñable el valor de quienes han perdido el miedo paralizante y decidido poner los ideales y el cuerpo por delante, aun con el riesgo de perder la libertad o incluso la vida; de quienes empiezan a decir: “ni a irse ni a quedarse, a resistir”, como diría el poeta Juan Gelman, creador de La Rosa Blindada; de los “esperanzados sin remedio”; los del “destino furioso” que, en una época donde las expectativas de cambio han retrocedido a las zonas pantanosas, gritan: “obligaremos al futuro/ a volver otra vez”. Pero tampoco hay que olvidar que las acciones aisladas son apenas un atisbo, pálidos ensayos que suelen perderse en la intrascendencia mientras los movimientos sociales no se organicen en la defensa de los intereses y los recursos de la nación, alrededor de un proyecto alternativo al capitalismo neoliberal. La fiesta de la utopía libertaria tiene que ser colectiva, en contra de las elites dominantes que sólo dejan a los vendavales sociales como la única salida para limpiar el ambiente enrarecido provocado por la descomposición del sistema.
La asociación rentable o cómo Enrique Peña Nieto aparece en la escena como una ridícula marioneta bailando al ritmo de las cuerdas movidas por las corporaciones
Difícilmente alguien puede estar en contra de la reestructuración petrolera y eléctrica, pese a la ambigüedad del concepto. Pero ipso facto surge el desacuerdo hasta la confrontación debido al sentido nada confuso de la pretendida por Peña. ¿Por qué? Primero porque la “modernización” peñista descansa en las mismas políticas causantes del desastre, las cuales fueron instrumentados por los gobiernos priístas y panistas precedentes y con quienes comparte el mismo credo neoliberal, bajo las directrices impuestas del Consenso de Washington. Después, porque su contribución radica en la mayor extranjerización energética.
Las causas del declive petrolero son obvias:
1) El saqueo fiscal de la renta petrolera. Después del pago de impuestos las ganancias de Pemex se convierten en pérdidas. Ello explica sus limitaciones financieras para cubrir sus programas de inversión en exploración de nuevos yacimientos, la producción de hidrocarburos y gas natural, de productos petrolíferos (gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel, combustóleo) y petroquímicos (amoniaco, etileno, etcétera), en infraestructura o tecnología, y la necesidad de endeudarse para compensar los recursos arrebatados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2) Lo anterior se explica, a su vez, por la política tributaria regresiva. Con dicho saqueo el Estado compensa la debilidad estructural de sus ingresos, una de las peores del mundo, provocada por el sesgo neoliberal de la recaudación de los impuestos directos a los indirectos, el estancamiento económico crónico, los escasos empleos formales o la indolencia de la Secretaría de Hacienda en la recaudación; de la baja en la tasa de impuestos marginales a la renta a las empresas y los sectores de altos ingresos, agravada por las deducciones y la evasión en sus pagos, la existencia de regímenes especiales de tributación, las exenciones a las inversiones financieras y los subsidios a la inversión, deterioro apenas compensado con el alza de los gravámenes al consumo (IVA, gasolinas, cigarros, etcétera).
3) La política de los gobiernos neoliberales para desmantelar y reprivatizar la industria petrolera: que concentra la actividad de Pemex en la máxima producción irracional de hidrocarburos y castiga el resto de la cadena productiva para cederla al empresariado.
4) La conversión de la empresa en una de las más infames fuentes de corrupción de los funcionarios públicos, a través del tráfico de influencias o el contratismo, entre otras formas, fenómeno que no es más que expresión de otro problema grave: la impunidad que carcome a Pemex, al Estado, al sistema, ante la ausencia del estado de derecho.
La información disponible de Pemex y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es irrecusable. En las gráficas 1 y 2 se observan dos fases claramente contrastantes entre los ingresos de Pemex, sus impuestos pagados y los recursos destinados a la inversión física de la empresa. La primera corresponde al periodo 1938-1982, es decir, época del “nacionalismo-revolucionario”, con su etapa cardenista y “populista”, odiada y considerada como una entelequia por los “modernos globalizados” neoliberales, incluyendo, desde luego, a los peñistas, a los que pertenece la segunda (1983-2018).
En la primera, los impuestos federales pagados equivalieron al 19 por ciento, en promedio, de los ingresos de Pemex (actualmente considerados como los beneficios obtenidos por las ventas en el mercado interno y exterior y por servicios), aunque comenzaron a elevarse en la segunda mitad de la década de 1970. Aquel año representaron el 12 por ciento; en 1975 al 20 por ciento; y en 1980 hasta el 50 por ciento. La inversión media equivalió a 30 por ciento de los ingresos, y con relación a los impuestos llegó a superarlos hasta en 65 por ciento. El mejor lapso de inversión de Pemex fue entre 1940 y 1979 cuando, en promedio, llegó a más que duplicar el pago de impuestos.
Sin embargo, la situación anterior dio un giro radical con el ascenso de los “modernizadores”, tan “preocupados” por el presente y el futuro de Pemex. La proporción de los impuestos ante los ingresos se multiplica por tres: la media pasa a 55 por ciento. Ello exige reajustes en los gastos de la paraestatal. Y la inversión es la sacrificada. Su media respecto de los ingresos baja a 11 por ciento y el peor castigo corresponde a los gobiernos panista, en la que equivale a 3 por ciento (2001-2008). La relación inversión-impuestos se desploma 30 por cierto.
En 2009-2012 la inversión muestra una mejoría importante. Pero ello se debe a una circunstancia: la participación privada, el contratismo y sus jugosas y corruptas ganancias compartidas entre funcionarios y los empresarios. Primero fueron los Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto) en exploración, producción, refinación, gas, petroquímica básica, en donde se pudo, hasta 2008, cuando se prohibieron. Sin embargo, la “creatividad” depredadora ha sido exuberante: contratos de arrendamiento, de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones, tal y como la periodista Nancy Flores ha documentado en su trabajo Con Calderón, privatización total de Pemex (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/03/13/con-calderon-privatizacion-total-de-pemex/).
Ahora Enrique Peña quiere contratos de riesgo compartido
Otra perspectiva ofrece un mejor panorama de lo que ha sido en saqueo descarado e impune de la renta petrolera, la destrucción de la industria y su desmantelamiento. Esto puede verse en la gráfica tres. Si se elimina la inflación, los ingresos acumulados de Pemex entre 1983 y 2012 ascendieron a 22.7 billones de pesos reales de 2010. Después de cubrirse los gastos, obtuvo un rendimiento antes del pago de impuestos por 12.3 billones. En ese lapso pagó 12.7 billones por concepto de gravámenes. Como buen causante cautivo y responsable, Pemex cuadró sus hojas de balance con una pérdida acumulada por 479 mil millones. En promedio, el pago de impuestos superó en 2 por ciento todos sus rendimientos. Entre 1998 y 2012, sólo en 2 años, por puro accidente, arrojó una ganancia. Esos años fueron los de voracidad extrema: los impuestos superaron hasta en 10 por ciento sus beneficios. El primer semestre de Peña no se diferenció en nada a esa rapiña de la renta.
Las dos épocas señaladas ofrecen sus contrastes. Mientras que en el odiado “nacionalismo-revolucionario” la economía creció a una tasa media real anual de poco más de 6 por ciento, con una cierta mejoría en el bienestar social, la “modernizadora” con sus abundantes capitales foráneos, apenas lo hizo en 2 por ciento, con una caudalosa estela de miseria y pobreza generalizada: 80 millones os contemplan.
Una de las diferencias fundamentales es que mientras los recursos petroleros contribuyeron a un desarrollo basado en el mercado interno, la otra contribuyó a un estancamiento crónico apoyado en el mercado externo.
Los primeros revolucionarios, dice Lorenzo Meyer, tuvieron la virtud de considerar a la reforma petrolera como una piedra de toque para un desarrollo que pretendía la autonomía y una mayor independencia frente a Estados Unidos y el exterior. Ello lo reafirmó Lázaro Cárdenas. Por eso salvaguardaron los hidrocarburos constitucionalmente. Sus herederos contrarrevolucionarios consideran lo anterior para el proyecto que impulsan, sustentado en la integración y la subordinación mundial, donde los efectos multiplicadores se trasladan hacia afuera, junto con los capitales.
Su odio hacia el cardenismo no impidió que oportunistamente Peña Nieto exhumara la zalea histórica de Lázaro Cárdenas para colocársela encima y tratar de engañar a las mayorías, para tratar de convencerlas, por medio de mentiras, para que apoyen su proyecto reprivatizador y desnacionalizador.
De los factores responsables de la crítica situación de Pemex, no pretende cambiarlos. Sólo busca darles algunos retoques cosméticos.
*Economista
TEXTOS RELACIONADOS:
Fuente: Contralínea 352 / 16 al 22 de septiembre 2013
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/18/las-mentiras-petroleras-del-gobierno/
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