Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 10 de septiembre de 2013

Nuestra tragedia persistente- EPN: enturbiar el río- La CNTE contra el conocimiento

Nuestra tragedia persistente

Pedro Salmerón Sanginés
Hace 15 días, al señalar en estas páginas a Enrique Peña Nieto como falsificador de nuestra historia, al mostrar su interesada mentira, comenté que los más reconocidos estudiosos de la historia del petróleo en México y del gobierno de Lázaro Cárdenas demuestran el irreductible nacionalismo económico de aquel gobierno y varios de ellos (como mis maestros Arnaldo Córdova, Adolfo Gilly y Rolando Cordera) han rechazado, en La Jornada, la insultante mentira de Peña Nieto.
 
Lorenzo Meyer va más allá. No podía ser más oportuna la publicación de Nuestra tragedia persistente: la democracia autoritaria en México (Editorial Debate). La radiografía de la clase política y de la fallida transición, de la falsa democracia en que vivimos, es certera, despiadada, contundente y bien fundamentada. El profesor Meyer se reconfirma como uno de los más lúcidos analistas de la realidad nacional, fincado en su profundo conocimiento del pasado. Pero el tema de estos días es el petrolero y pocas voces tan autorizadas como la de Lorenzo Meyer para recordarnos de qué se trata, qué es lo que quiere hacer una clase política cada vez más reducida y ensimismada, cada vez menos representativa.

Lorenzo Meyer nos recuerda algo que conoce muy bien (véase Las raíces del nacionalismo petrolero en México) y que Lázaro Cárdenas señaló, palabra por palabra, en su manifiesto a la nación del 18 de marzo de 1938: cuán pequeño fue el beneficio que dejó a México el petróleo en manos de las empresas extranjeras y por qué los hidrocarburos son, para los mexicanos, algo más importante que un recurso natural: un elemento que en buena medida y durante más de un siglo, ha determinado la relación política y económica de México con los grandes poderes, en particular con la potencia hegemónica de nuestro hemisferio.

La trascendental decisión de Lázaro Cárdenas, que llevó al Estado a asumir enteramente la propiedad y el manejo de los hidrocarburos, mostró también a los propios mexicanos sus capacidades y que un nacionalismo a la vez defensivo y constructivo era un buen camino para ganar y mantener el respeto de los otros y el propio. Eso fue lo que se ganó para México aquel 18 de marzo, algo que va más allá, mucho más allá del manejo de un recurso natural. El libro también hace un certero diagnóstico de la situación a que han llevado a Pemex la incapacidad y voracidad de una clase política sin visión de Estado (de la que forma parte la corrupta cúpula sindical).
 
Quitar a la gran empresa estatal todas sus utilidades e incluso endeudarla para dejarla en números rojos y mantener la impunidad del sindicato y obligarlo a firmar contratos con favoritos del gobierno en turno pareciera una locura, o bien calculada estrategia, que busca dos metas: a) proporcionar al gobierno federal los recursos para comprar la paz social y política sin tener que recurrir a una reforma fiscal y b) sentar las bases para hacer inviable a Pemex y en consecuencia, volver inevitable una reforma energética que abra el petróleo mexicano al capital privado nacional y extranjero.
 
La irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos en materia petrolera se explica con detalle y fundamento, hasta mostrarnos el desastre de la empresa. De tal modo que más que irresponsabilidad, sus decisiones se revelan como parte de un proyecto de largo plazo de la derecha (en un capítulo anterior se define con precisión a la derecha), que no difiere gran cosa del instrumentado hace más de 100 años por la oligarquía porfirista.
 
Termino: no es esto una reseña, es sólo una invitación para leer este libro indispensable, leerlo ya y actuar en consecuencia, pues el libro también presenta y explica la viabilidad de la alternativa nacionalista para enfrentar la crisis de Pemex.
 
Pd uno: Retomo su definición de Iturbide, breve e impecable, con dedicatoria a los desmitificadores que falsifican: su honradez no pasa ninguna prueba histórica.
 
Pd dos: Acaba de realizarse un merecido homenaje al doctor Alfredo López Austin, a 40 años del primero de sus libros indispensables. Si hemos tratado en estas páginas algún tema que nos avergüenza como universitarios, siempre es bueno recordar que la Universidad es la Universidad gracias a la inteligencia, la profundidad y la generosidad de sabios como don Alfredo.
 
Pd tres: Al entregar este artículo, seguía en la cárcel el profesor Alberto Patishtán. En cambio, se pasean libremente Mario Marín, Arturo Montiel, Genaro García Luna y Carlos Romero Deschamps. Esa es la justicia en México.
Twitter: @salme_villista
 
FUENTE: LA JORNADA OPINION
EPN: enturbiar el río

Pedro Miguel
Con el primer cuadro del Distrito Federal repleto de opositores a sus modificaciones legales devastadoras, el régimen formalmente encabezado por Enrique Peña Nieto presentó el domingo pasado una más: la hacendaria. La reforma laboral para el sector educativo tiene a decenas de miles de maestros movilizados en todo el país, y a muchos de ellos en campamento en el Zócalo capitalino.
 
Con toda la razón del mundo, por supuesto: para cualquier gremio resulta inaceptable que le mutilen de un plumazo derechos históricos y garantías laborales y, para colmo, que lo responsabilicen de un fracaso que tiene sus causas reales en la política de desmantelamiento y pillaje de lo público practicada por esa misma gente del poder que ahora pretende quitarle la seguridad en el empleo y la jubilación. Asimismo, los maestros conscientes del país luchan por preservar la obligación del Estado de garantizar la enseñanza universal, una obligación descaradamente afectada con la pretensión de transferir a los padres de familia el deber de administrar (y de sufragar en parte) las escuelas.

Por su parte, el empecinamiento en traspasar a la empresa privada el único negocio rentable que le queda al Estado, que es el de la industria petrolera, ha dado lugar a expresiones de protesta como la marcha por el Paseo de la Reforma que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas el pasado 31 de agosto y la concentración que organizó antier el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en diversas ciudades del país, con epicentro en la avenida Juárez, y en la que Andrés Manuel López Obrador definió la línea de resistencia al pretendido saqueo peñista: la movilización popular pacífica, única forma de detener la privatización de la industria petrolera, habida cuenta que el régimen cuenta, para imponerla, con la mayoría absoluta que conforman en las cámaras sus legisladores priístas, panistas y perredistas.

Con este telón de fondo de descontento social es probable que el gobierno oligárquico haya juzgado prudente optar, a última hora, por presentar una variante de su propuesta de reforma fiscal desprovista del componente de IVA a alimentos y medicinas, una medida claramente provocadora e incendiaria. También es posible que haya leído mal la decisión del Morena de mover el sitio previsto de su concentración del Zócalo a un costado de la Alameda, ante la imposibilidad física de hacer coincidir en la plaza principal de la República a decenas de miles de asistentes al acto con el campamento de los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Dos reformas distintas, dos descontentos diferentes, pudieron haber interpretado los estrategas del régimen, y concluido que las modificaciones legales del peñato tenían la capacidad de impulsar una fuerza centrífuga a los malestares sociales.
 
Lo cierto es que la iniciativa de modificaciones legales en el tema hacendario, en la versión que finalmente fue presentada, constituye un tiro de escopeta contra diversos sectores de la sociedad, todos los cuales tendrán ahora sobrados motivos para el descontento: las clases medias, por la imposición del IVA en adquisición de vivienda y colegiaturas; los empresarios, por la eliminación del régimen de consolidación fiscal y el gravamen sobre operaciones bursátiles y dividendos; la población en general, por el impuesto especial a combustibles y el incremento al ISR.
 
Con esas medidas se pretende, por lo demás, recaudar 240 mil millones de pesos que no necesariamente bastarían para tapar el hueco de los miles de millones de dólares que perdería el Estado al transferir parte de las ganancias petroleras a las corporaciones energéticas privadas. ¿Qué hacer, entonces? Pues endeudar más al país: financiar el desbalance, todo o en parte, mediante un déficit fiscal progresivo.
 
En suma, la iniciativa hacendaria es la culminación de un paquete de reformas que, en su vertiente política, busca sembrar en el país inconformidades confrontadas, desorientar a la sociedad con la maraña de menudencias legales y provocar un estado de ánimo de sálvese quien pueda, a fin de atomizar los descontentos; enturbiar el río para maximizar la pesca –es decir, incrementar los márgenes de discrecionalidad y opacidad– de los operadores y logreros de la administración pública.
 
Tal vez se trate, sin embargo, de una táctica desesperada disfrazada de audacia reformadora. Hace décadas que el régimen chapotea en sus propias ineficiencias, contradicciones y corruptelas y sus renovaciones sucesivas electorales, con o sin fraude, no han logrado más que erosionar la legitimidad y la autoridad institucional. Y en una de ésas, el conjunto de reformas del peñato consigue unificar al país, pero en contra del régimen.
Twitter: @Navegaciones
 
La CNTE contra el conocimiento

José Blanco
No habría que dejar de insistir en el abandono que los gobiernos priístas y panistas hicieron de la educación básica desde mediados de los años 60. Fue una decisión política clasista: la educación pública sería para los pobres y los paupérrimos. Por supuesto ha sido una política clasista ciega como un topo. Jamás se les ocurrió a los gobernantes la inmensa ventaja de haber impulsado el desarrollo del talento del mayor número posible de niños mexicanos, provinieran del estrato social de donde provinieren. No, la educación básica fue entregada a un puñado de vivales, de educación nula, caciques (enriquecidos) de un magisterio en general de baja calidad educativa, que servirían de instrumentos para convertir a los profesores en masa de maniobra político electoral.
 
Pero llegó la sociedad del conocimiento y a México lo encontró con bajísimos niveles de calidad educativa. Hace años que sabemos que el conocimiento es con mucho la palanca fundamental del desarrollo socioeconómico de las sociedades.

Una prueba de nuestro atraso educativo son los resultados de los exámenes PISA (Program for International Student Assessment, por su siglas en inglés). Aplicados a estudiantes de 15 años, ocupamos el último lugar de los miembros de la OCDE.

Hay en México una crítica equivocada respecto a los exámenes PISA que aplica la OCDE. La OCDE es referida como un organismo internacional del tipo FMI que nos impone sus disposiciones. No es así. La OCDE es una asociación (voluntaria) de los gobiernos de los países más industrializados del mundo. Si México está ahí es porque la firma del TLCAN fue visto en su momento como el inicio de una integración (indefinida, en su momento), de América del Norte y, dada esa expectativa, la OCDE nos abrió sus puertas. Salinas creyó que ya éramos del primer mundo. Pero somos en realidad, en ese espacio, el pariente pobre de la familia.

El examen PISA se aplica a petición de los gobiernos (y aún de escuelas en particular). Por supuesto obtenemos el último lugar porque la mexicana, como casi en todo el mundo latino, sigue siendo una enseñanza memorística y esa enseñanza fracasa irremediablemente frente a un tipo de examen como PISA.

Aplicado cada tres años, el examen abarca ciencias naturales, matemáticas y capacidad lectora. No hay una biología italiana, una física holandesa, una química francesa, unas matemáticas rusas; el conocimiento es universal. Pero México fracasa porque el examen pide que el estudiante resuelva problemas (es decir aplique sus conocimientos), de esas áreas. Puesto que ese conocimiento es universal, puede aplicarse en cualquier parte; los contextos sociales, el atraso y la pobreza, no son el problema; sino que el examen pide razonamientos con los conocimientos, para resolver problemas. El conocimiento memorístico está impedido de resolver ese examen.
 
Como el examen es solicitado por países no perteneciente a la OCDE, hallamos que Chile y Uruguay obtienen mejores resultados y Argentina peores que México (2009), y esos tres países tienen un PIB per cápita superior al de México: si se revisan todos los países evaluados se verá que no hay correlación entre los niveles de ingreso y los resultados PISA. Si quiere relacionarse con la desigualdad, Chile tiene una desigualdad socioeconómica peor que México.
 
El propio examen indica su propio alcance: lo que es y lo que no es. El diseño y la implementación de los estudios para la conformación del examen se llevan a cabo bajo la dirección de un secretariado de la OCDE, que es un consorcio internacional encabezado por el Australian Council for Educational Research (ACER, Consejo Australiano de Investigación Educativa). El consorcio incluye a otros organismos como el Netherlands National Institute for Educational Measurement (CITO, Instituto Nacional Holandés de Evaluación Educativa), el Service de Pédagogie Expérimentale de l’Université de Liège (SPE, Servicio de Pedagogía Experimental de la Universidad de Lieja), y la empresa WESTAT. Este consorcio establece el marco conceptual que subyace a la evaluación llevada a cabo por el proyecto OCDE/PISA.22. Y es el propio consorcio quien lleva a cabo las evaluaciones.
 
Si se quiere un examen más completo, existe el examen TIMS que evalúa las tendencias en ciencias y matemáticas en 4º y 8º grados, y evalúa a estudiantes, profesores y escuelas. Pero México, no ha sido evaluado por TIMS. El único país latinoamericano que ha solicitado esta evaluación ha sido El Salvador.
 
En tanto aquí sigue la juerga: el pasado domingo primero de septiembre la CNTE negoció en Gobernación medidas retrógradas que fueron incluidas en la Ley del Servicio Profesional Docente, según informó el dirigente perredista Jesús Zambrano: pactaron el domingo pasado para que se incorporaran sus propuestas, pero previó, desde luego nunca lo van a reconocer. Algunas de esas incorporaciones que muy mal hablan del gobierno fueron: el monopolio por dos años para los egresados de las normales en los concursos para la ocupación de nuevas plazas; la decisión de ¡no transparentar los resultados de las evaluaciones a los docentes!, el recorte de ¡dos años a seis meses! del periodo de inducción previo a obtención de la definitividad.
 La izquierda en peligro-Magú
Fueron 13 enmiendas. Si nos pusiéramos optimistas y se instrumentara una reforma educativa seriamente con un modelo pedagógico moderno, ¿cómo saben los profesores y las autoridades que seis meses serán suficientes para la inducción susodicha? Esta claro que estas enmiendas significan a todas luces que los profesores de la CNTE no quieren ni estudiar ni aprender. Pero han aprendido a marchar mejor y así continuarán.
FUENTE: LA JORNADA OPINION

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