El Despertar
Tres retos de Morena
José Agustín Ortiz Pinchett
Esta mañana en el Zócalo los seguidores de AMLO se volverán a reunir. En la plaza volverá a vibrar el espíritu de las grandes jornadas. El movimiento se está convirtiendo en un partido y el primer síntoma de su fuerza es el éxito de la concentración. No es poca cosa: se requiere un buen nivel de organización y una gran energía. Se disolverá la ilusión de que el líder y su aparato se han desgastado. Morena emerge en hora sombría. El régimen se desmorona y el nuevo partido apenas inicia su proceso; tendrá que crecer a contracorriente del repudio popular a los partidos y a la política y además superar escollos. El triunfalismo no se justifica.
Segundo reto. Morena debe definir su identidad. No puede parecerse a los partidos de izquierda tradicionales. Debe mostrar su capacidad para provocar una revolución de las conciencias. Esto significa impugnar la corrupción y la impunidad que la garantiza y la simulación que la encubre. No basta enarbolar los principios, tiene que vivirlos en la acción cotidiana y volverse un ejemplo de lo que proclama.
Tercer reto. Es muy importante que Morena entienda que su objetivo no sólo es convencer, conmover y despertar conciencias sino alcanzar el poder para transformar a México. Esto significa una estructura organizativa con estrategia y tácticas bien definidas. Con capacidad para promover el voto y para defenderlo. Con disciplina, puntualidad, coordinación, autocontrol. Cualidades que no han sido hasta hoy de las agrupaciones de
izquierda. Es peligrosa la tentación de renunciar al poder en aras de no contaminarse. Sin el poder Morena no realizará sus propósitos históricos. Pero si no sabe utilizarlo para un fin más alto terminará por comerse a la organización y volverla una estructura burocrática.
Morena es un fenómeno único en la historia contemporánea de México, como lo es también su dirigente que ha sabido asociar la rectitud con la astucia y con la capacidad de hacer política y organizarla. La primera prueba será defender los intereses materiales de México, sin los cuales la independencia del país se debilitaría al extremo, y despertar en todos la certeza de que el patriotismo está vivo y actúa en nosotros.
Twitter: @ortizpinchetti
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Qué va a decir Michelle-Hernández 
Movilización contra la reforma energética
Antonio Gershenson
Hoy es la movilización en el Zócalo contra la reforma energética. Y hubo más en el pasado fin de semana. Y ha habido más en otros estados y ciudades.
Debemos impulsar la unidad del movimiento. No sólo tuvimos movimientos recientes el pasado fin de semana y el actual. El 18 de marzo, tuvimos en la capital casi 10 movimientos. Uno de ellos era de sindicatos combativos, no de ningún partido. También hubo dos actos del mismo partido, uno de la dirección nacional y otro de la dirección del Distrito Federal.
El próximo martes 10 se anunciará el resultado de la consulta en todo el país. El resultado parcial, con 70 por ciento de los participantes, apoya básicamente los mismos resultados que las mencionadas movilizaciones.
Los movimientos, sobre todo si ya están desembocados en uno solo, deben aprobar en masa un programa de lucha.
Deben, también, aprobar medidas de lucha. Así, entre una y otra de las grandes movilizaciones, la lucha seguirá.
El programa de lucha que se apruebe debería incluir:
Integración de Pemex en una sola entidad. Entre las actuales empresas no debe haber, como sucede, ventas como la del petróleo crudo.
Deben construirse refinerías por Pemex, para que no se siga importando gasolina y otros compuestos.
Debe impulsarse la petroquímica en manos del Estado.
El gas natural no sólo debe quemarse para generar energía. Debe procesarse para fines industriales en las plantas, y usarse en la petroquímica. Menos aún debe usarse para liberarse a la atmósfera, como se ha estado haciendo.
Se deben apoyar las luchas del magisterio, las de las policías comunitarias y otras del pueblo mexicano.
Debe cumplirse la Constitución, incluyendo que la generación, transmisión, distribución, etcétera, de la electricidad, sean del Estado.
Debe cumplirse que la perforación, explotación y procesamiento del petróleo crudo y del gas natural estén y sean ejecutados por Pemex.
Se debe cumplir con las penalidades establecidas a los funcionarios que acepten dinero por la asignación de concursos, que compren para Pemex en condiciones similares.
Las movilizaciones de 2008, especialmente de la fase final de la lucha en torno a la leyes enviadas por el presidente en torno a Pemex, jugaron un papel muy importante. Hubo de todos modos cambios de retorno, como un mayor contratismo. Pero fueron detenidos intentos de retroceso, como el de la privatización de las refinerías.
Esta movilización es ejemplar. La lucha se dio con plena unidad. Los que no estuvieron unidos fueron algunos intelectuales o legisladores, que
negociaroncon el enemigo. Fue por ellos que las conquistas fueron menos y que lo que persistió del gobierno fue más.
Todo esto muestra que no es inútil la movilización, mientras más unida y más amplia sea. El día de hoy deberá ser un paso importante en este sentido.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Golpiza más IVA-Fisgón 
Tratados, derechos humanos y Constitución
Arnaldo Córdova
¿Puede darse una contradicción entre tratados internacionales sobre derechos humanos y la Constitución? La contradicción en lógica jurídica supone una contraposición excluyente e irreconciliable: o es A o es B y no puede haber composición posible. Claro que puede darse una contradicción entre ambos instrumentos del derecho, cuando en ambos se plantean tesis que se excluyen por su propia naturaleza. Pero el destino de los tratados internacionales no es de por sí contraponerse al orden constitucional interno, sino complementarse con éste para lograr su cambio y su adecuación a los consensos internacionales sobre derechos humanos.
Que en ciertos puntos puedan diferir los tratados y la Carta Magna es entendible y natural. Pero los tratados no fueron concebidos, desde su origen, como posiciones que debían sobreponerse a los órdenes constitucionales de cada país, sino como consensos entre naciones que buscaban la adecuación de los textos constitucionales particulares a esos consensos. En derechos humanos el principio rector es siempre la defensa y la preservación de la persona humana, tomada individualmente o en su asociación con otras. Dicho de modo diferente, no buscan derogar las constituciones, sino su reforma y adecuación a los acuerdos que en esa materia se van logrando.
La tesis definitoria no debería plantearse como una contradicción, sino como una complementación entre ambos instrumentos jurídicos. Los tratados fueron concebidos para ayudar a mejorar los órdenes constitucionales internos en materia de derechos humanos. En todo caso, podría hablarse de una contrariedad, con opuestos que pueden componerse, no de una contradicción cuyos opuestos se excluyen por su propia naturaleza de modo radical.
Nuestra Constitución ha sido mejorada a la luz de ese consenso internacional que se ha logrado en materia de derechos humanos. La reforma del artículo primero de 2011 es el último y más preclaro ejemplo de ello. No se llevó a cabo con el espíritu de contraponer ambos instrumentos, sino con el afán de complementarlos y hacerlos coherentes entre sí. Sigue habiendo, desde luego, contrariedades entre ambos y muchas veces ni siquiera son entre la Carta Magna y los tratados, sino entre éstos y ciertas leyes, como ocurre con la polémica y anticonstitucional legislación sobre el arraigo.
En todo caso, es necesario concluir y ponerse de acuerdo en que la relación entre los tratados y la Constitución encierra, naturalmente, no una contradicción sino una complementariedad ineliminable que hace funcional esa misma relación. Por ello, más que pensar en hacer prevalecer uno de los contrarios, se debe buscar el nexo de jerarquía que los pone en contacto. Los tratados se conciben para que las constituciones mejoren y se adecuen a aquellos consensos internacionales que se logran en cuanto a los derechos humanos.
Hay, por lo tanto, una relación de jerarquía en el tiempo: los tratados vienen después de las constituciones y son, por lo mismo, garantías más amplias que deben ser tomadas en cuenta para reformar y adecuar a las segundas. La condición ineludible es que esos tratados sean signados por el gobierno de México y consentidos por el Senado. De otra manera no hay esa relación jerárquica. Y, como puede verse, no hay contradicción ninguna. Si no se aceptan los tratados, el problema es inexistente. Si se aceptan, hay una relación jerárquica que culmina con las adecuaciones de la Carta Magna.
Los tratados no se inventaron para que los juristas se entretuvieran o para atormentar a los jueces. Tienen la función de optimizar la justicia en los órdenes internacional e interno. Jamás se ha pensado en ellos como obstructores de la justicia ni tampoco como usurpadores del orden jurídico interno de los diferentes países. Se les procesa y se les elabora para coadyuvar a la justicia en el mundo y proponen metas a alcanzar en esa materia en cada uno de los órdenes internos. Si se les acepta, entonces deben prevalecer, pero no anulando la Constitución, sino, justamente, complementándola y reformándola.
Es lógica la hipótesis de que la Constitución pueda ser mejor, a la vista de un juez, con relación a los tratados. El deber del juez no es declararse sobre qué instrumento debe prevalecer con exclusión del otro, sino aplicar aquel que sirva mejor al más importante principio del derecho internacional y nacional de los derechos humanos: el principio pro persona. Este principio resume en sí la fuente del deber del juzgador. Eso, por supuesto, admitiendo, sin conceder, que la Constitución pudiera estar más adelantada en esa perspectiva que los tratados. Parece ser que fue en ese sentido que acabó definiéndose la Corte, pero sosteniendo, inconsecuentemente, el principio de la prevalencia de la Carta Magna.
Aceptar la preeminencia de la Constitución sobre los tratados vuelve ridículo e inútil que éstos sean suscritos por un gobierno. Si se aceptan es porque se acepta también que son necesarios para mejorar nuestro sistema de impartición de justicia, nuestra Constitución y nuestras leyes y no simples adornos de nuestra representación diplomática. Tampoco es admisible que a los tratados se les ponga a un lado de nuestro orden constitucional interno y, en esa condición, en el fondo no sepamos para qué diablos pueden servir. Hace pocos años, la Suprema Corte decidió, por la vía jurisprudencial, que los tratados y la Constitución están en una relación de complementariedad necesaria y que, por tanto, forman parte igual de nuestro sistema jurídico de justicia, por encima de las leyes secundarias.
La Carta Magna y los tratados deben estar siempre a tono, aun cuando haya contrariedades entre ellos, vale decir, aun cuando expresen conceptos diferentes. La hipótesis de derecho constitucional internacional es que esa diferencia debe desaparecer y, para ello, sólo existe un camino: adecuar la Constitución a lo que dictan los tratados sobre derechos humanos o, de plano, no signar esos tratados. Una vez firmados y aceptados no hay ni puede haber excepciones o contradicciones: la Carta Magna debe ser modificada para acoger las propuestas de los tratados.
Quien piense que con ello se produce un demérito para la Constitución, simplemente, está equivocado. Si se tiene en mente la majestad de los derechos humanos, lejos de ser demeritada o sobajada, la Carta Magna se dignifica y se pone al gran nivel de la defensa de la persona humana y entra en el concierto internacional de la civilización del derecho.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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