Salvador Allende: memoria y causa
Rolando Cordera Campos
Este miércoles 11 de septiembre se cumplirán 40 años del golpe militar contra el pueblo chileno y su república. El criminal que lo encabezó, traidor a su ejército y a su presidente, se encaramó en el poder por casi dos décadas y abrió para su país y buena parte de América Latina un largo momento de sangre, tortura y violencia, merced a las cuales se implantó y hasta quiso legitimarse el terrorismo de Estado como forma de dirimir litigios regionales o locales de la guerra fría y sofocar la movilización y el reclamo democrático de las masas que exigían nuevas rondas de inclusión política y social: un cambio estructural redistributivo como, precisamente, lo había ofrecido y buscaba el presidente Allende, cuya figura heroica y visionaria crece con los años.
La agresión contra la democracia, protagonizada por las fuerzas armadas y arropada sin chistar por gobiernos y personeros políticos de diferentes naciones, cubrió de ignominia y vergüenza a los militares y la derecha chilenos, a buena parte de la democracia cristiana nacional e internacional y desde luego al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Nixon y el nefasto Henry Kissinger. Fue el aldabonazo para que la barbarie se entronizara y Argentina empezara a vivir un pavoroso baño de sangre que llevó a la desaparición y muerte de decenas de miles, combatientes y opositores o no. Por su parte, Uruguay sufrió el silencio de las tumbas y el secuestro asesino de centenas y, junto con chilenos, argentinos y brasileños, el exilio que unos cuantos países, México destacadamente, les otorgaron.
Se llegó a niveles tales de sevicia, que un experto brasileño en esos menesteres, invitado por sus congéneres chilenos, comentó no sin sorna: lo que nosotros tratamos de hacer es cirugía; aquí lo que hay es una carnicería. Y así siguió por lustros, hasta que los pueblos y algunas de sus elites se arriesgaron a recuperar la libertad y la democracia buscó volver por sus fueros, así se tratara de una democracia administrada y condicionada por la propia dictadura que hasta el final quiso emular a Franco y dejarle a los demócratas un Chile
atado y bien atado. Cosa que consiguió y duraría hasta hace muy poco.
Aquel 11 de septiembre conmovió al mundo de entonces y no confirmó sino mostró su complejidad y dificultad intrínsecas, la imposibilidad del cambio social por la vía de la democracia y la participación colectiva. Fue un momento salvaje y traumático, sin duda, pero constituye también una experiencia valiosa en materia de liderazgo y decisión, congruencia y valor, por parte de demócratas y socialistas comprometidos hasta el final con un empeño que su gran dirigente, Salvador Allende, convirtió en causa histórica.
A sus distintos ritmos, ésta es hoy la causa que inspira, lo sepan o no, a los indignados de España y Europa, los ocupantes de Wall Street y los demandantes de un mundo distinto. Quiso ser, por ejemplo, el núcleo de un afán extraordinario cultivado por el comunista extraordinario que fue Enrico Berlinguer y compartido a su manera por el democristiano Aldo Moro, cuyas simpatías por el
compromiso históricopropuesto por el primero se dice que están en las raíces de su posterior secuestro y asesinato. No se trató pues, de un exotismo propio del
extremo Occidente, sino de una coyuntura intensa, algunos de cuyos significados todavía están por ser dilucidados para convertirse en nuevas olas de política histórica, a través de aquellas grandes alamedas que prometió Allende en su discurso inolvidable de despedida y condena de los traidores.
En unos cuantos meses, la patria y el pueblo de Neruda y Gabriela acudirán a las urnas y elegirán presidenta entre dos hijas de generales: uno, encarcelado y sacrificado por haber sido leal a su presidente y su mandato popular; el otro, incorporado a la Junta tiempo después del golpe, amigo del general Bachelet pero sometido de principio a fin a la disciplina castrense que Pinochet, el cruel, convirtió en complicidad y pasividad criminales.
A pesar de los inauditos esfuerzos empeñados en Chile y fuera de ahí por banalizar su figura y trivializar su gesta, Allende vive y vivirá, y año con año su memoria pondrá en su lugar a los fariseos para reivindicar la causa de los pobres… de su tierra entrañable y más allá.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Chile: del golpe militar al país de las maravillas
Marcos Roitman Rosenmann/II
Fracasaron. Pero se guardaron una carta. El secuestro del general en jefe del ejército, René Schneider, a manos de miembros de las fuerzas armadas, encabezados por el general Viaux. Su objetivo, decantar la decisión del Congreso eligiendo a la segunda mayoría relativa, Jorge Alessandri, quien obtuvo 34.4 por ciento de votos. La resistencia que opuso el general Schneider, haciendo uso de su arma reglamentaria, acabó en asesinato. Desde ese instante el imperialismo, la derecha política, la oligarquía terrateniente y la burguesía chilena unieron fuerzas. El 11 de septiembre de 1973 su estrategia había triunfado. Las fuerzas armadas alzaban sus armas contra el gobierno legítimo y constitucional, y el pueblo chileno enarbolando para la ocasión los valores patrios amenazados por el marxismo-leninismo y la subversión comunista. Así lo hizo saber en el bando número cinco del 11 de septiembre de 1973:
Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general, a una digna y segura subsistencia; que el gobierno ha quebrantado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probablemente fracasadas (...), las fuerzas armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría social, la cual de por sí, ante Dios y ante la historia hace justo su actuar y, por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir.
2. Las justificaciones del golpe.
Tres fueron los elementos esgrimidos por las fuerzas armadas para romper el orden constitucional: I) el caos económico y la violencia política; II) la inconstitucionalidad del gobierno en el ejercicio del poder; III) un supuesto autogolpe, adjetivado como plan Zeta, orquestado por la Unidad Popular para tomar el poder, destituir a la cúpula del ejército y los partidos políticos de la derecha, decretando la instauración de la República Popular bajo la bandera de la dictadura del proletariado y, de paso, asesinar a los principales opositores.
Estos tres elementos fueron urdidos como parte de la estrategia para dar
legitimidadal golpe de Estado del 11 de septiembre. El primero de ellos, el caos económico y la violencia política, sigue vigente para explicar el periodo y la política económica de la Unidad Popular. Los ejemplos para dar credibilidad a su argumento se centran en la condescendencia del gobierno hacia las tomas de terrenos de pobladores, fundos por campesinos e industrias por trabajadores, así como la expropiación de grandes empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica y ataque a la propiedad privada. Nada dice del acaparamiento de mercancías, repuestos automotrices, alimentos, etcétera, destinados a fomentar el mercado negro y el desabasto. Una trama perfectamente diseña para provocar desazón popular y desafección al gobierno. Los primeros productos en desaparecer de los establecimientos fueron aquellos que sicológicamente producen un estado de ánimo bronco. El jabón, la pasta de dientes, el azúcar, el papel higiénico, la harina, el aceite, el té o el tabaco. Así lo señala Eduardo Frei a la hora de justificar el apoyo de la Democracia Cristiana a la Junta Militar y Pinochet, en carta dirigida a Mariano Rumor el 8 de noviembre de 1973, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: “¿era la DC fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, el mercado negro, la escasez y el hambre? Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberían venir y recorrer las poblaciones periféricas, los campos y las ciudades, y preguntar cómo era necesario hasta 10 horas de colas para conseguir 1/4 de litro de aceite, cuando se conseguía, o un kilo de pan, cuando se conseguía, o medio kilo de azúcar, cuando se conseguía. ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, escasez y mercado negro? ¿Es fascismo y golpismo denunciarlo? (...) Las fuerzas armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición. Más aún: se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuando más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida”.
La Unidad Popular pasó a la historia oficial como articuladora de un proyecto económico fracasado, totalitario y estatista, generador del caos. De tal manera las fuerzas armadas estarían facultadas para intervenir, restablecer la estabilidad económica, la libertad de mercado y la paz social. Así nace el discurso neoliberal de un nuevo Chile ganador, de un país diferente al resto de América Latina y moderno, precursor de la globalización gracias a la acción eficaz de las fuerzas armadas.
El segundo argumento, la ilegitimidad del gobierno en el ejercicio del poder, se fue construyendo poco a poco. Sólo hacía falta poner en consonancia los poderes Judicial y Legislativo, así como la contraloría general del Estado, a lo que se sumarían colegios profesionales, universidades y medios de comunicación controlados por la derecha. Sin pudor se trató de arrinconar y vetar todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo, cuestionando la posible constitucionalidad de sus medidas. Primero fueron acusaciones a sus ministros y una campaña mediática perfectamente orquestada. Y a partir del frustrado intento de la derecha de conseguir los dos tercios del Congreso para destituir constitucionalmente al presidente en elecciones del 4 de marzo de 1973, se opta por el golpe de Estado. La intentona del 29 de junio será un punto de inflexión. Lo siguiente, elaborar un estudio demostrando el fraude electoral cometido por la UP en las legislativas de marzo. Dicho estudio se financió desde la Universidad Católica y fue presentado a la opinión pública en julio de 1973. Sus argumentos: la progresión de los votos de la UP, según ellos, iba en franco retroceso y no podía, salvo fraude, obtener más de 35 por ciento. Cualquier cifra superior, llegó a 47 por ciento, significaba que el censo electoral había sido modificado en su beneficio. Las elecciones eran papel mojado. Nada más qué decir. Para corroborar su hipótesis apostillaban que el sentir mayoritario de los chilenos era destituir al Presidente. El documento circuló profusamente entre las fuerzas armadas. A continuación, como parte de la trama, la Contraloría General del Estado declara parcialmente inconstitucional el decreto que reformaba las tres áreas de la economía presentado por el Ejecutivo. Nada más producirse ese hecho, el 8 de julio, Eduardo Frei, presidente del Senado en conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, en declaración conjunta señalan que Chile vive un momento de crisis de extrema gravedad, debido a que una minoría ha querido
imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza. A continuación, El Colegio de Abogados declara que en Chile se ha roto el ordenamiento jurídico. Y en un acto sin precedente, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redacta una declaración cuyo destinatario es el presidente Allende. En su interior se subraya la ilegitimidad del gobierno. En su epígrafe quinto y sexto señala:
5º (...) es un hecho que el actual gobierno de la república, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por el Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; 6º Que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Postmortem Yasuní ITT
Joan Martínez Alier*
El 15 de agosto el presidente Correa de Ecuador anunció la extracción de petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el llamado Plan B. El plan A consistía en dejar 850 millones de barriles en tierra (nueve días de consumo mundial) y contribuir así a la lucha contra el cambio climático, ya que ese petróleo no se quemaría, conservar una diversidad biológica realmente única y proteger los derechos de los grupos indígenas allí presentes. El Plan A incluía la petición a gobiernos o ciudadanos del mundo de contribuir con 3 mil 600 millones de dólares en 12 años a un Fideicomido auspiciado por el PNUD, la mitad de lo que se estimaba que Ecuador dejaría de ganar. Eso en virtud de la responsabilidad diferenciada en el cambio climático, o como un pago a cuenta de la deuda ecológica del Norte al Sur.
El presidente Correa y su coro dicen ahora que la culpa es de los extranjeros lo cual es en parte verdad. Y lo rematan con el ataque habitual a ecologistas e indigenistas de su propio país. Correa pidió en febrero de 2013 al Foro de Sao Paulo que se suprima el consentimiento previo informado ante los proyectos extractivos. Dice también que saldrá del extractivismo mediante más extractivismo. Coincide todavía con un amplio sector de la izquierda latinoamericana y mundial que sostiene que el ecologismo es un lujo de los ricos, panzas llenas. Eso es lo que cree el presidente Correa. No es el único. Pero quienes son más ecologistas son muchas veces la gente pobre y los indígenas empobrecidos.
Correa nunca ha reconocido los muchísimos casos de ecologismo popular e indígena de quienes temen perder su agua limpia, sus medios de subsistencia, su tierra. Cerca de Ecuador en Cajamarca en Perú contra la empresa Yanacocha al igual que en Cajamarca, Tolima, Colombia, contra la Anglo Gold Ashanti, como los kañaris en Lambayeque, Perú contra la minería de cobre, los wixárikas defendiendo el territorio sagrado de Wirikuta contra la mineria de plata en México, los dongria kondh en Niyamgiri en Odisha en India que acaban de derrotar en consultas populares la minería de bauxita, ¿son acaso ecologistas de barrigas llenas? Hay miles de tales casos. Quienes en Sarayaku lucharon contra empresas petroleras o en Esmeraldas las mujeres que defendieron el manglar contra las camaroneras desde 1990, ¿son barrigas llenas? Chico Mendes en Acre, Brasil, en 1988, fue asesinado, un pobre seringueiro, un sindicalista rural, defendiendo los bosques hasta su muerte. Igualmente lo fueron José Caludio Ribeiro y Maria do Espírito Santo en Pará en 2011 y tantos otros. ¿Los recuerdan en las reuniones del Foro de Sao Paulo? En América Latina en los últimos 25 años de rápida expansión minera, sojera, ganadera, petrolera en las fronteras de la extracción, ha habido cientos de ecologistas populares asesinados.
Queda ahora la esperanza de que se permite y se logre una consulta popular en la que Ecuador, el país y no el gobierno, le dé una lección al mundo diciendo no a la extracción del petróleo del ITT. Eso tal vez haga pensar a personajes prepotentes e incompetentes al estilo de Dirk Niebel, que tienen parte de responsabilidad en el fracaso de la iniciativa Yasuní ITT. Fue asqueroso ver a Noruega, con su Fondo Petrolero de cientos de miles de millones de dólares de sucio dinero, negándose a contribuir a la iniciativa ITT. A quienes en Noruega tratan ahora de excluir a las Islas Lofoten de la extracción petrolera, a quienes en el Delta del Niger han sido contaminados, asesinados por la Shell y por sus propios gobiernos e inventaron la idea de
dejar el petróleo en tierra, a todos los que se han mirado en el espejo de la Iniciativa ITT contra el fracking del gas en Francia o en Neuquén, Argentina (por la Chevron), en la isla de Lanzarote al igual que los
raizalesde las islas de San Andrés y Providencia contra el petróleo, a quienes luchan contra el carbón en los páramos de Colombia y también en La Guajira y El César, les han quitado fuerza. Estamos tristes pero también rabiosos los que, llegando a 401 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera, vemos que al cinismo e inoperancia de los gobiernos del Norte se añade el falso pragmatismo y anti-ecologismo de un presidente del Sur que había levantado tanta simpatía y adhesión.
ICTA-Universidad Autónoma de Barcelona
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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