Bajezas
 |
| Chilpancingo. El convivio del viernes 13. Foto: Comunicación Social de Guerrero |
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se pinta solo. Versado en el folclor, del que la televisión ha hecho mofa, es también experto en el uso de los recursos públicos para premiar a sus aduladores o castigar a quienes lo critican. Al menos así lo exhibe su discurso.
En eso comparte el gen antidemocrático de los gobernantes de México. Da lo mismo el membrete: PAN, PRI, PRD o los oportunistas llamados partidos bisagra, como el Verde Ecologista y el que fundó la expoderosa Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza (Panal).
Además del desvío, el uso de los recursos como si fueran suyos es algo que los ha caracterizado. Lo mismo para la promoción de su imagen que para comprar el silencio de la prensa.
No hay alternancia que valga. Es un signo más del fracaso de la larga y millonaria desestructuración del régimen autoritario con el que gobernó el PRI prácticamente todo el siglo pasado, pero que no se ha traducido en una auténtica democracia más allá de las formalidades.
Entre los expresidentes José López Portillo –ya fallecido–, Vicente Fox y Felipe Calderón, en eso, no hay ninguna diferencia. A ellos se acaba de sumar públicamente Ángel Aguirre. Los tres “grandes” partidos están bien representados en la utilización patrimonialista del erario para castigar a sus críticos, en particular a la revista Proceso.
En 1982, López Portillo acuñó la frase que pasó a la historia de las relaciones entre la prensa y el poder en México: “No pago para que me peguen”. Y ordenó un boicot publicitario a la revista que exponía la decadencia de su gobierno. Quiso repetir el castigo de su antecesor, Luis Echeverría Álvarez, al periódico Excélsior cuando lo dirigía Julio Scherer García. En esa ocasión, la orden presidencial incluyó al sector privado.
Ya en el fracasado “gobierno del cambio”, el de la alternancia partidista, el primer presidente de la República del PAN, Vicente Fox, repitió la fórmula antidemocrática en represalia a las publicaciones de la revista sobre la actuación de su esposa y su familia política. Fue incluso más allá al enderezar un juicio civil que después de siete años favoreció al semanario.
Su sucesor, redujo hasta la nada la publicidad oficial en la revista, a la que en reuniones privadas con periodistas llegó a calificar de golpista. Según él, la persistente crítica de la revista a la manera en que se hizo del poder equivalía al movimiento organizado por Echeverría al interior del periódico Excélsior para sacar a Scherer del periódico, en 1976.
Pero Calderón fue más allá de la exclusión publicitaria. El seguimiento periodístico a las consecuencias de su política pública de la violencia aumentó la molestia y en sendas ocasiones, la desaparecida secretaría de Seguridad Pública y la secretaría de la Defensa Nacional vincularon a la revista con grupos de delincuencia organizada, con el riesgo que ello representó para todo los trabajadores de la revista.
En ese propósito tuvo un gran aliado, Televisa, que vinculó al entonces reportero del semanario, Ricardo Ravelo, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva a partir de los dichos de un narcotraficante arrepentido.
A ellos se sumó ahora Ángel Aguirre, quien por segunda vez gobierna en Guerrero, pero ahora al amparo del PRD luego de haber sido gobernador interino por el PRI, entre 1996 y 1999.
Molesto por el texto publicado esta semana en Proceso por la periodista Gloria Leticia Díaz, sobre sus actividades sociales en momentos en que comenzaba la tragedia humanitaria en su estado por el paso del huracán Manuel, titulado Llovía y llovía y el gobernador bebía y bebía, el gobernante no pudo contenerse.
En declaraciones a dos periodistas de Radio Fórmula que le preguntaron sobre una supuesta campaña en su contra por parte de la revista y del periódico Reforma, Aguirre comenzó por la descalificación y siguió con la aplicación del principio “yo no pago para que me peguen”.
“Usted sabe que algunos medios actúan luego por términos económicos y publicitarios, no obstante que a la revista Proceso se le otorga, tengo entendido, una plana cada semana… Se trata de una bajeza…”.
Nada más antidemocrático que utilizar la propaganda gubernamental como una forma de control. El gobierno federal y los gobernadores que se han vuelto expertos en silenciar no sólo a la prensa en sus estados, sino a la del Distrito Federal, son un vivo ejemplo de los obstáculos a la democracia en México.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
Fuente: Proceso.mx
En eso comparte el gen antidemocrático de los gobernantes de México. Da lo mismo el membrete: PAN, PRI, PRD o los oportunistas llamados partidos bisagra, como el Verde Ecologista y el que fundó la expoderosa Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza (Panal).
Además del desvío, el uso de los recursos como si fueran suyos es algo que los ha caracterizado. Lo mismo para la promoción de su imagen que para comprar el silencio de la prensa.
No hay alternancia que valga. Es un signo más del fracaso de la larga y millonaria desestructuración del régimen autoritario con el que gobernó el PRI prácticamente todo el siglo pasado, pero que no se ha traducido en una auténtica democracia más allá de las formalidades.
Entre los expresidentes José López Portillo –ya fallecido–, Vicente Fox y Felipe Calderón, en eso, no hay ninguna diferencia. A ellos se acaba de sumar públicamente Ángel Aguirre. Los tres “grandes” partidos están bien representados en la utilización patrimonialista del erario para castigar a sus críticos, en particular a la revista Proceso.
En 1982, López Portillo acuñó la frase que pasó a la historia de las relaciones entre la prensa y el poder en México: “No pago para que me peguen”. Y ordenó un boicot publicitario a la revista que exponía la decadencia de su gobierno. Quiso repetir el castigo de su antecesor, Luis Echeverría Álvarez, al periódico Excélsior cuando lo dirigía Julio Scherer García. En esa ocasión, la orden presidencial incluyó al sector privado.
Ya en el fracasado “gobierno del cambio”, el de la alternancia partidista, el primer presidente de la República del PAN, Vicente Fox, repitió la fórmula antidemocrática en represalia a las publicaciones de la revista sobre la actuación de su esposa y su familia política. Fue incluso más allá al enderezar un juicio civil que después de siete años favoreció al semanario.
Su sucesor, redujo hasta la nada la publicidad oficial en la revista, a la que en reuniones privadas con periodistas llegó a calificar de golpista. Según él, la persistente crítica de la revista a la manera en que se hizo del poder equivalía al movimiento organizado por Echeverría al interior del periódico Excélsior para sacar a Scherer del periódico, en 1976.
Pero Calderón fue más allá de la exclusión publicitaria. El seguimiento periodístico a las consecuencias de su política pública de la violencia aumentó la molestia y en sendas ocasiones, la desaparecida secretaría de Seguridad Pública y la secretaría de la Defensa Nacional vincularon a la revista con grupos de delincuencia organizada, con el riesgo que ello representó para todo los trabajadores de la revista.
En ese propósito tuvo un gran aliado, Televisa, que vinculó al entonces reportero del semanario, Ricardo Ravelo, con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva a partir de los dichos de un narcotraficante arrepentido.
A ellos se sumó ahora Ángel Aguirre, quien por segunda vez gobierna en Guerrero, pero ahora al amparo del PRD luego de haber sido gobernador interino por el PRI, entre 1996 y 1999.
Molesto por el texto publicado esta semana en Proceso por la periodista Gloria Leticia Díaz, sobre sus actividades sociales en momentos en que comenzaba la tragedia humanitaria en su estado por el paso del huracán Manuel, titulado Llovía y llovía y el gobernador bebía y bebía, el gobernante no pudo contenerse.
En declaraciones a dos periodistas de Radio Fórmula que le preguntaron sobre una supuesta campaña en su contra por parte de la revista y del periódico Reforma, Aguirre comenzó por la descalificación y siguió con la aplicación del principio “yo no pago para que me peguen”.
“Usted sabe que algunos medios actúan luego por términos económicos y publicitarios, no obstante que a la revista Proceso se le otorga, tengo entendido, una plana cada semana… Se trata de una bajeza…”.
Nada más antidemocrático que utilizar la propaganda gubernamental como una forma de control. El gobierno federal y los gobernadores que se han vuelto expertos en silenciar no sólo a la prensa en sus estados, sino a la del Distrito Federal, son un vivo ejemplo de los obstáculos a la democracia en México.
jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
Fuente: Proceso.mx
Gobierno de Peña debe encarcelar a Romero Deschamps y Moreira: Zambrano
 |
| El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO, D.F. (apro).- A unos días del primer informe presidencial de Enrique Peña Nieto, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que el combate a la corrupción es uno de sus pendiente y conminó al Ejecutivo a empezar a luchar contra este flagelo dentro de su propio partido, el PRI.
“Si quiere combatir a fondo la corrupción que empiece por su propia casa”, dijo en un comunicado.
Puso como ejemplo la impunidad en la que viven el senador y líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ambos personajes que se han enriquecido a costa del erario y en el primer caso, de los trabajadores petroleros.
“No está dispuesto el gobierno de Peña Nieto a combatir a fondo la corrupción y a ir contra sus propios correligionarios, como es el caso del ex gobernador (Humberto)- Moreira o en su momento el interino Jorge Torres, que se ha revelado se investiga en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Tampoco ha estado dispuesto de ir contra el símbolo más vergonzoso para el país de la corrupción, que es Carlos Romero Deschamps; no lo han tocado, lo siguen protegiendo”, añadió.
Recordó que hay pruebas suficientes “para tener en la cárcel a Humberto Moreira”, entre ellas, dijo, “toda la falsificación que hizo de documentos para endeudar irresponsablemente al estado de Coahuila, más todo lo que ha salido como cola por toda la inversión que hizo en bienes inmuebles en Estados Unidos o este caso concreto de vínculos con el crimen organizado”.
Zambrano Grijalva consideró que estos elementos son “suficientes para que la Procuraduría General de la República le pida a un juez que le libere una orden de aprehensión, y con los compromisos, acuerdos internacionales que tenemos con la Interpol, que se traigan de inmediato a Moreira para que vaya a la cárcel”.
Fuente: Proceso.mx
“Si quiere combatir a fondo la corrupción que empiece por su propia casa”, dijo en un comunicado.
Puso como ejemplo la impunidad en la que viven el senador y líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ambos personajes que se han enriquecido a costa del erario y en el primer caso, de los trabajadores petroleros.
“No está dispuesto el gobierno de Peña Nieto a combatir a fondo la corrupción y a ir contra sus propios correligionarios, como es el caso del ex gobernador (Humberto)- Moreira o en su momento el interino Jorge Torres, que se ha revelado se investiga en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Tampoco ha estado dispuesto de ir contra el símbolo más vergonzoso para el país de la corrupción, que es Carlos Romero Deschamps; no lo han tocado, lo siguen protegiendo”, añadió.
Recordó que hay pruebas suficientes “para tener en la cárcel a Humberto Moreira”, entre ellas, dijo, “toda la falsificación que hizo de documentos para endeudar irresponsablemente al estado de Coahuila, más todo lo que ha salido como cola por toda la inversión que hizo en bienes inmuebles en Estados Unidos o este caso concreto de vínculos con el crimen organizado”.
Zambrano Grijalva consideró que estos elementos son “suficientes para que la Procuraduría General de la República le pida a un juez que le libere una orden de aprehensión, y con los compromisos, acuerdos internacionales que tenemos con la Interpol, que se traigan de inmediato a Moreira para que vaya a la cárcel”.
Fuente: Proceso.mx
La trampa del desalojo
 |
| El Zócalo capitalino tras el desalojo de ayer. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La lucha encabezada por la CNTE ha sido, en primer lugar, un síntoma más del desastre y la emergencia nacionales. Al igual que muchos movimientos sociales del país, la CNTE, con justas razones que el poder no se tomó la molestia de escuchar para realizar la reforma educativa, se apoderó de la Ciudad de México. También, y en contradicción con esas razones, la estranguló bajo el uso irracional de su fuerza movilizadora. Lejos de hacerse escuchar y ganarse la simpatía ciudadana, su palabra se ha ido perdiendo llevada por el río de una indignación sin cauce que la propaganda y la prensa se han encargado de magnificar. Ajena a una profunda táctica no-violenta, terminó, bajo la presión del poder, por retirarse del único bastión ganado legítimamente: la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
Ha sido igualmente, y en segundo lugar, otra expresión de la inoperancia del poder en su rostro priista, que se ha caracterizado por el desprecio y la lejanía de la vida ciudadana.
A la administración de Enrique Peña Nieto, que se ha convertido en un montón de discursos vacíos e intransigentes bajo el disfraz de la unidad democrática del Pacto por México –en realidad una reedición del asentimiento bovino de la antigua aplanadora del PRI–, las demandas de los maestros nunca le han importado. No ha dejado de oponerles la sordera del poder y de una reforma educativa votada a espaldas de la realidad, de las necesidades del país y de un real ejercicio de consensos democráticos. Tampoco le han importado las molestias causadas por las protestas de la CNTE a los ciudadanos. Frente a ellas no dejó de utilizar el disfraz de la democracia y de la libertad de expresión.
Lo que le ha importado es su imagen. Obnubilada por el mundo de la virtualidad y del juego mediático, la administración de Enrique Peña Nieto ha querido gobernar con un cambio de percepción y no de la realidad. Contra ésta, que es la violencia, la impunidad, la injusticia, la fragmentación, el descontento y el precipicio del estallido social, ha creído que un discurso y una imagen de fuerza cambian lo real. Así, después de tolerar las demandas de la CNTE que nunca escuchó ni tuvo la intención de negociar; después de destrozar bajo el estrés, el enojo y la impotencia a los ciudadanos, amparándose en la tolerancia democrática, decidió, para los festejos de la Independencia, desalojar con el gobierno del DF a la CNTE de la plancha del Zócalo.
Su objetivo no fue devolverle al país su estado de derecho –eso sucede sólo en el internet de su imaginario y de la virtualidad de su discurso–, sino continuar intentado cambiar la percepción. Obstinada en ello, la administración de Peña Nieto ha creído que al desalojar el Zócalo nos demostró la capacidad negociadora de un Estado fuerte. Ha creído también que al celebrar el símbolo decimonónico de la Independencia –una de las fiestas donde el viejo PRI, como un obsceno pavorreal, alardeaba de su poder– la preserva. La realidad, que es concreta y dura, dice, en cambio, que el Estado no existe porque hasta ahora ha sido incapaz de garantizar la seguridad, la paz y la justicia –condiciones fundamentales de su existencia real–. Dice también que la Independencia dejó de ser bajo el embate del neoliberalismo y del impulso de las reformas estructurales del peñismo que, orientadas hacia la subordinación del país a los poderes globales, incluyendo los del crimen organizado, continúa la rápida degradación de la autonomía nacional.
El triunfo del desalojo de la CNTE de la plancha del Zócalo y la exaltación del dispendio y el poder que la sustituyó durante el 15 y el 16 de septiembre han sido, como todo intento de cambiar la percepción sin cambiar la realidad, un triunfo pírrico, una mentira más, un estado de drogadicción imaginaria, una falsedad, una trampa tan atroz y profunda como la del delirio alcohólico, cuyos costos se miden en sufrimientos inmensos. Detrás de ese sueño virtual, la realidad sigue siendo el crimen, la destrucción sistemática de los tejidos sociales, el servilismo ante los poderes fácticos del mundo global, la reconstrucción de un Poder Legislativo bovino y obediente al garañón de la Presidencia, la balcanización del país por las fuerzas de los poderes en disputa, el ensanchamiento de los abismos sociales, la impunidad, el sufrimiento y el riesgo cada vez mayor de estallido social. En síntesis, la retardación de la catástrofe.
La política de la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado de ser lo que aparentó al inicio de su gobierno, una mediación, para convertirse en la continuación del ejercicio del estado de excepción donde cada individuo debe asumir, en la simulación de un cambio de percepción, su condición de ser subordinado, desechable, usable por cualquier tipo de poder.
En la realidad, sin embargo, hay un volcán que no encuentra su respiradero y que bulle incontenible. ¿Sabremos dominar esa fuerza para orientarla y escapar de las trampas con las que un poder extraviado pretende gobernarnos? Ese es el reto que tenemos para hacer posible la justicia en un mundo injusto y envenenado por las desgracias del siglo y sus construcciones imaginarias.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Fuente: Proceso.mx
Ha sido igualmente, y en segundo lugar, otra expresión de la inoperancia del poder en su rostro priista, que se ha caracterizado por el desprecio y la lejanía de la vida ciudadana.
A la administración de Enrique Peña Nieto, que se ha convertido en un montón de discursos vacíos e intransigentes bajo el disfraz de la unidad democrática del Pacto por México –en realidad una reedición del asentimiento bovino de la antigua aplanadora del PRI–, las demandas de los maestros nunca le han importado. No ha dejado de oponerles la sordera del poder y de una reforma educativa votada a espaldas de la realidad, de las necesidades del país y de un real ejercicio de consensos democráticos. Tampoco le han importado las molestias causadas por las protestas de la CNTE a los ciudadanos. Frente a ellas no dejó de utilizar el disfraz de la democracia y de la libertad de expresión.
Lo que le ha importado es su imagen. Obnubilada por el mundo de la virtualidad y del juego mediático, la administración de Enrique Peña Nieto ha querido gobernar con un cambio de percepción y no de la realidad. Contra ésta, que es la violencia, la impunidad, la injusticia, la fragmentación, el descontento y el precipicio del estallido social, ha creído que un discurso y una imagen de fuerza cambian lo real. Así, después de tolerar las demandas de la CNTE que nunca escuchó ni tuvo la intención de negociar; después de destrozar bajo el estrés, el enojo y la impotencia a los ciudadanos, amparándose en la tolerancia democrática, decidió, para los festejos de la Independencia, desalojar con el gobierno del DF a la CNTE de la plancha del Zócalo.
Su objetivo no fue devolverle al país su estado de derecho –eso sucede sólo en el internet de su imaginario y de la virtualidad de su discurso–, sino continuar intentado cambiar la percepción. Obstinada en ello, la administración de Peña Nieto ha creído que al desalojar el Zócalo nos demostró la capacidad negociadora de un Estado fuerte. Ha creído también que al celebrar el símbolo decimonónico de la Independencia –una de las fiestas donde el viejo PRI, como un obsceno pavorreal, alardeaba de su poder– la preserva. La realidad, que es concreta y dura, dice, en cambio, que el Estado no existe porque hasta ahora ha sido incapaz de garantizar la seguridad, la paz y la justicia –condiciones fundamentales de su existencia real–. Dice también que la Independencia dejó de ser bajo el embate del neoliberalismo y del impulso de las reformas estructurales del peñismo que, orientadas hacia la subordinación del país a los poderes globales, incluyendo los del crimen organizado, continúa la rápida degradación de la autonomía nacional.
El triunfo del desalojo de la CNTE de la plancha del Zócalo y la exaltación del dispendio y el poder que la sustituyó durante el 15 y el 16 de septiembre han sido, como todo intento de cambiar la percepción sin cambiar la realidad, un triunfo pírrico, una mentira más, un estado de drogadicción imaginaria, una falsedad, una trampa tan atroz y profunda como la del delirio alcohólico, cuyos costos se miden en sufrimientos inmensos. Detrás de ese sueño virtual, la realidad sigue siendo el crimen, la destrucción sistemática de los tejidos sociales, el servilismo ante los poderes fácticos del mundo global, la reconstrucción de un Poder Legislativo bovino y obediente al garañón de la Presidencia, la balcanización del país por las fuerzas de los poderes en disputa, el ensanchamiento de los abismos sociales, la impunidad, el sufrimiento y el riesgo cada vez mayor de estallido social. En síntesis, la retardación de la catástrofe.
La política de la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado de ser lo que aparentó al inicio de su gobierno, una mediación, para convertirse en la continuación del ejercicio del estado de excepción donde cada individuo debe asumir, en la simulación de un cambio de percepción, su condición de ser subordinado, desechable, usable por cualquier tipo de poder.
En la realidad, sin embargo, hay un volcán que no encuentra su respiradero y que bulle incontenible. ¿Sabremos dominar esa fuerza para orientarla y escapar de las trampas con las que un poder extraviado pretende gobernarnos? Ese es el reto que tenemos para hacer posible la justicia en un mundo injusto y envenenado por las desgracias del siglo y sus construcciones imaginarias.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Fuente: Proceso.mx
Los desaparecidos en México, tema visible… en Europa
 |
| Familiares de desaparecidos protestan en la PGR. Foto: Benjamin Flores |
BERLÍN (apro).- Coahuila, al igual que todo México, enfrenta una crisis humanitaria en la que la violencia y las desapariciones forzadas están a la orden del día.
Tan sólo en ese estado del norte de país se calcula que en los últimos cinco años han desaparecido mil 600 personas. La cifra se eleva si se considera que no todos los casos se conocen.
Así lo denunció Alma Rosa García, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en el marco de una gira que realizó por cinco países de Europa para hacer visible el tema de las desapariciones forzadas en México y los abusos contra migrantes centroamericanos.
De cara al próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará el 23 de octubre en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y en el que México será evaluado por segunda ocasión en el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, la joven activista se entrevistó con autoridades de Suiza, Holanda, Francia, España y Alemania para exponer la crisis humanitaria que vive su estado y plantear una serie de recomendaciones a tomar en cuenta dentro de la evaluación.
“El tema de las desapariciones forzadas nos tiene como país bajo una gran crisis humanitaria. El Estado mexicano ya ha reconocido una cifra oficial de 27 mil personas desaparecidas, pero sigue sin reconocer el grado de involucramiento que también tiene como Estado”, explica en entrevista con Apro.
Desde el año 2009, tanto el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan de Larios como el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, vinculados ambos con la labor pastoral del obispo de Saltillo, Raúl Vera, se ocupan del tema de las desapariciones forzadas en Coahuila y realizan una labor de acompañamiento y apoyo a los familiares.
“Comenzamos desde 2009 con la búsqueda de 21 personas. Hasta agosto de este año, la cifra creció a 314 casos, que nosotros personalmente tenemos documentados, pero las cifras oficiales dicen que en todo el estado el número de desaparecidos asciende a mil 600″, explica.
En todos estos años de trabajo, los activistas coahuilenses han logrado determinar el perfil y características de todos estos hombres y mujeres que de pronto, un día cualquiera y sin motivo aparente, desaparecieron.
Por principio, las ciudades donde se tienen documentados los eventos son las principales de la entidad: Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova. En la mayoría de los casos se trata de gente joven, cuya edad oscila entre los 11 y 35 años. Sólo en 17% de los casos se trata de mujeres, aunque en este último año la cifra de jóvenes desaparecidas ha aumentado, de acuerdo con la información proporcionada por García Guevara.
Al menos desde 2009 y hasta 2011, muchas de las desapariciones tuvieron lugar en carreteras o en la calle, y se trató de gente que en la mayoría de los casos no era originaria del estado. En los últimos tiempos se han sumado víctimas oriundas de la entidad y los lugares de rapto se han diversificado, al grado de que muchos de los desaparecidos han sido sacados de sus propias casas.
“La manera en la que se dan las desapariciones son de forma colectiva. Se llevan a la gente en grupos de ocho o 12 personas. Son una especie de redadas y no entendemos por qué no se hace de forma individualizada”, detalla Alma García.
Como última característica del fenómeno, la coahuilense menciona que las víctimas pertenecen a sectores profesionales muy diversos: estudiantes, ingenieros, médicos, microempresarios, técnicos en telecomunicaciones, etcétera.
Y ello lleva al tema de los motivos por los que presuntamente el crimen organizado estaría cometiendo esta práctica atroz: “Existen testimonios que hablan de trabajo forzado en el que los desaparecidos serían utilizados para el traslado y procesamiento de la droga; también es de suponer que otra parte podría ser integrada forzosamente a la estructura criminal como halcones o sicarios, al ver el perfil tan específico de algunas de las víctimas. Otros serían obligados a utilizar su conocimiento técnico para la instalación de sistemas de vigilancia o comunicación avanzados.
“Nosotros también pensaríamos en una hipótesis en la que la desaparición forzada se realiza como un método de terror, en el mismo contexto de terror de la guerra contra el crimen organizado”, añade la joven activista.
Al respecto, Alma García rechaza la táctica del gobierno federal, que para referirse a los desaparecidos utiliza el término levantados. “Ese término implica un cierto grado de involucramiento y condiciona a la gente a pensar que fueron levantados porque algo malo hicieron, lo cual no es correcto (…) Otra línea del gobierno con la que no estamos de acuerdo es la que indica que la gente desaparece por confusión, por equivocación, y que al darse cuenta de ello, los criminales los matan”.
Tal diagnóstico sobre el tema de la desaparición forzada en Coahuila fue presentado en cada una de las reuniones que García Guevara sostuvo con autoridades de distintos gobiernos europeos. Destaca, por ejemplo, el encuentro que sostuvo en Ginebra con representantes de 30 misiones diplomáticas y las reuniones con funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia, España y Alemania.
“Hubo muy buena recepción de parte de los gobiernos. Algunos se mostraron muy abiertos e interesados por conocer las versiones de las ONG (organizaciones no gubernamentales). En el caso de Francia, por ejemplo, encontré que están muy receptivos y que en absoluto desconocen la situación que hay en México. Y en prácticamente todos los casos se comentó que, por supuesto, al tema de la desaparición forzada tendría que dársele continuidad porque el asunto ya quedó planteado en las recomendaciones del primer examen (de evaluación ante la ONU)”, señala.
Y es que dentro de las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo al Estado mexicano como resultado del primer EPU, realizado hace cuatro años, se encuentra justamente la petición de tipificar la desaparición forzada y crear una ley al respecto.
“A esta recomendación no se le ha dado cumplimiento. De los 32 estados de la República Mexicana, sólo 16 han tipificado el delito. Tampoco ha prosperado la iniciativa de ley para desaparición forzada y la mantienen en el cajón en la Cámara de Diputados”, reprocha.
Como propuesta, la joven integrante del Centro Fray Juan de Larios presentó a los gobiernos con los que se entrevistó una serie de recomendaciones que podrían adoptar para, a su vez, hacerlas al Estado mexicano. Y éstas tienen que ver fundamentalmente con la creación en México de un mecanismo de búsqueda de desaparecidos que cuente con personal especializado y dedicado exclusivamente a ello; el desarrollo de una política de Estado que prevenga, investigue y sancione la práctica de la desaparición forzada; la armonización de leyes en la materia, y el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2011 por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Durante la gira europea, la activista mexicana, invitada por Brigadas Internacionales por la Paz Alemania, aprovechó también para entrar en contacto con diversas organizaciones no gubernamentales europeas con el propósito de establecer políticas y estrategias para difundir en sus respectivos gobiernos la situación en materia de derechos humanos en México.
Fuente: Proceso.mx
Tan sólo en ese estado del norte de país se calcula que en los últimos cinco años han desaparecido mil 600 personas. La cifra se eleva si se considera que no todos los casos se conocen.
Así lo denunció Alma Rosa García, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en el marco de una gira que realizó por cinco países de Europa para hacer visible el tema de las desapariciones forzadas en México y los abusos contra migrantes centroamericanos.
De cara al próximo Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará el 23 de octubre en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y en el que México será evaluado por segunda ocasión en el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de derechos humanos, la joven activista se entrevistó con autoridades de Suiza, Holanda, Francia, España y Alemania para exponer la crisis humanitaria que vive su estado y plantear una serie de recomendaciones a tomar en cuenta dentro de la evaluación.
“El tema de las desapariciones forzadas nos tiene como país bajo una gran crisis humanitaria. El Estado mexicano ya ha reconocido una cifra oficial de 27 mil personas desaparecidas, pero sigue sin reconocer el grado de involucramiento que también tiene como Estado”, explica en entrevista con Apro.
Desde el año 2009, tanto el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan de Larios como el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, vinculados ambos con la labor pastoral del obispo de Saltillo, Raúl Vera, se ocupan del tema de las desapariciones forzadas en Coahuila y realizan una labor de acompañamiento y apoyo a los familiares.
“Comenzamos desde 2009 con la búsqueda de 21 personas. Hasta agosto de este año, la cifra creció a 314 casos, que nosotros personalmente tenemos documentados, pero las cifras oficiales dicen que en todo el estado el número de desaparecidos asciende a mil 600″, explica.
En todos estos años de trabajo, los activistas coahuilenses han logrado determinar el perfil y características de todos estos hombres y mujeres que de pronto, un día cualquiera y sin motivo aparente, desaparecieron.
Por principio, las ciudades donde se tienen documentados los eventos son las principales de la entidad: Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Monclova. En la mayoría de los casos se trata de gente joven, cuya edad oscila entre los 11 y 35 años. Sólo en 17% de los casos se trata de mujeres, aunque en este último año la cifra de jóvenes desaparecidas ha aumentado, de acuerdo con la información proporcionada por García Guevara.
Al menos desde 2009 y hasta 2011, muchas de las desapariciones tuvieron lugar en carreteras o en la calle, y se trató de gente que en la mayoría de los casos no era originaria del estado. En los últimos tiempos se han sumado víctimas oriundas de la entidad y los lugares de rapto se han diversificado, al grado de que muchos de los desaparecidos han sido sacados de sus propias casas.
“La manera en la que se dan las desapariciones son de forma colectiva. Se llevan a la gente en grupos de ocho o 12 personas. Son una especie de redadas y no entendemos por qué no se hace de forma individualizada”, detalla Alma García.
Como última característica del fenómeno, la coahuilense menciona que las víctimas pertenecen a sectores profesionales muy diversos: estudiantes, ingenieros, médicos, microempresarios, técnicos en telecomunicaciones, etcétera.
Y ello lleva al tema de los motivos por los que presuntamente el crimen organizado estaría cometiendo esta práctica atroz: “Existen testimonios que hablan de trabajo forzado en el que los desaparecidos serían utilizados para el traslado y procesamiento de la droga; también es de suponer que otra parte podría ser integrada forzosamente a la estructura criminal como halcones o sicarios, al ver el perfil tan específico de algunas de las víctimas. Otros serían obligados a utilizar su conocimiento técnico para la instalación de sistemas de vigilancia o comunicación avanzados.
“Nosotros también pensaríamos en una hipótesis en la que la desaparición forzada se realiza como un método de terror, en el mismo contexto de terror de la guerra contra el crimen organizado”, añade la joven activista.
Al respecto, Alma García rechaza la táctica del gobierno federal, que para referirse a los desaparecidos utiliza el término levantados. “Ese término implica un cierto grado de involucramiento y condiciona a la gente a pensar que fueron levantados porque algo malo hicieron, lo cual no es correcto (…) Otra línea del gobierno con la que no estamos de acuerdo es la que indica que la gente desaparece por confusión, por equivocación, y que al darse cuenta de ello, los criminales los matan”.
Tal diagnóstico sobre el tema de la desaparición forzada en Coahuila fue presentado en cada una de las reuniones que García Guevara sostuvo con autoridades de distintos gobiernos europeos. Destaca, por ejemplo, el encuentro que sostuvo en Ginebra con representantes de 30 misiones diplomáticas y las reuniones con funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores de Francia, España y Alemania.
“Hubo muy buena recepción de parte de los gobiernos. Algunos se mostraron muy abiertos e interesados por conocer las versiones de las ONG (organizaciones no gubernamentales). En el caso de Francia, por ejemplo, encontré que están muy receptivos y que en absoluto desconocen la situación que hay en México. Y en prácticamente todos los casos se comentó que, por supuesto, al tema de la desaparición forzada tendría que dársele continuidad porque el asunto ya quedó planteado en las recomendaciones del primer examen (de evaluación ante la ONU)”, señala.
Y es que dentro de las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo al Estado mexicano como resultado del primer EPU, realizado hace cuatro años, se encuentra justamente la petición de tipificar la desaparición forzada y crear una ley al respecto.
“A esta recomendación no se le ha dado cumplimiento. De los 32 estados de la República Mexicana, sólo 16 han tipificado el delito. Tampoco ha prosperado la iniciativa de ley para desaparición forzada y la mantienen en el cajón en la Cámara de Diputados”, reprocha.
Como propuesta, la joven integrante del Centro Fray Juan de Larios presentó a los gobiernos con los que se entrevistó una serie de recomendaciones que podrían adoptar para, a su vez, hacerlas al Estado mexicano. Y éstas tienen que ver fundamentalmente con la creación en México de un mecanismo de búsqueda de desaparecidos que cuente con personal especializado y dedicado exclusivamente a ello; el desarrollo de una política de Estado que prevenga, investigue y sancione la práctica de la desaparición forzada; la armonización de leyes en la materia, y el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2011 por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
Durante la gira europea, la activista mexicana, invitada por Brigadas Internacionales por la Paz Alemania, aprovechó también para entrar en contacto con diversas organizaciones no gubernamentales europeas con el propósito de establecer políticas y estrategias para difundir en sus respectivos gobiernos la situación en materia de derechos humanos en México.
Fuente: Proceso.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario