Tanquetas contra maestros
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| La Policía Federal desaloja a los maestros de la CNTE del Zócalo. Foto: Hugo Cruz. |
MÉXICO, DF, (apro).- Los vehículos los compró Felipe Calderón y, al igual que el costoso avión presidencial, todo ello heredó a Enrique Peña Nieto: se trata de las tanquetas con agua a presión para disuadir, replegar y “encapsular” a manifestantes que este viernes 13 estrenó el gobierno peñista.
Después de que el gobierno de Peña Nieto –dirigido en su política represora por el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda– engañara –y no una sino dos veces, sólo que en la segunda fue tan evidente que ni los medios pudieron callar– y azuzara la satanización mediática durante dos semanas consecutivas contra la disidencia magisterial, accionó el botón de la refriega.
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a la capital el 19 de agosto y desde entonces “tomaron” la plaza pública más representativa del país, la Plaza de la Constitución, el Zócalo, para desde ahí denunciar el engaño del gobierno en torno a la mal llamada “reforma educativa”.
Desde ahí los maestros evidenciaron las marrullerías de Luis Miranda quien, mientras les extendía la mano para dialogar, con la otra preparaba un desalojo justificado con “infiltrados”.
A partir de las diez de la mañana de este día, maestros de la CNTE empezaron su operación hormiga en retirada; lentamente fueron abandonando el campamento del Zócalo, pero desde el gobierno se siguió presionando. El ultimátum de dos horas, que acabó a las cuatro de la tarde de este viernes, fue el campanazo para el arranque de la refriega.
Por la radio, un reportero de MVS describía cómo un maestro, que emprendía la retirada, fue interceptado por la Policía Federal (PF) para luego ser molido a golpes; o cómo estos mismos uniformados intentaron allanar una escuela de avenida Chapultepec porque ahí supuestamente se habían refugiado los “revoltosos” o “vándalos”, como les encanta a los panistas calificar a los docentes.
En varios puntos cercanos al centro histórico, maestros y grupos de anarquistas se enfrentaron con granaderos o la PF, pero al final, según los programas radiales, “fue un operativo limpio” en el que en diez minutos “se recuperó el Zócalo”. Todo para que Peña Nieto festeje no sé qué, desde el balcón presidencial este 15 de septiembre.
Pero el “limpio operativo” del que tanto se jactan las autoridades no fue sino una muestra más de la ausencia de operación política, de la ausencia de un hombre de Estado que ante la inconformidad sepa escuchar, o de un hombre de Estado que no impone sino consulta.
La noche del miércoles pasado preguntaba a un avezado político si los asesinatos, el primero de un diputado local de Oaxaca y maestro integrante de la sección 22 de esa entidad, así como la de otro legislador local en Michoacán, no eran eventos aislados y tenían que ver con el inicio de la represión contra el movimiento magisterial.
Aislado, fue la respuesta, mera coincidencia que fuera maestro el diputado asesinado.
Menos mal, le dije, pensé que ya había iniciado la represión. “Todavía no”, atajó.
Efectivamente, el mensaje estaba dado y la represión abierta arrancó este viernes 13 de septiembre. Con todo contra la sección 22 de la CNTE, a la vez que en Guerrero se detenía a dos dirigentes de la combativa CETEG que puso de cabeza al estado durante abril y mayo por movilizarse en contra de la reforma educativa.
La estrategia de Luis Miranda, el mismo hombre que maquinó los enfrentamientos de Atenco cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, ahora se centra en Oaxaca y su sección 22. En sus líderes principales, descabezarlos, como ya se evidenció en Guerrero.
Reduce o acaba con la combativa sección 22 en Oaxaca y finiquitará el movimiento magisterial disidente, parece ser el pensamiento que desde Gobernación se materializa con la actuación en las calles de las fuerzas policiacas federales.
La sección 22 ya había acordado abandonar el Zócalo, y desde las diez de la mañana diversos grupos de maestros empezaron la retirada, públicamente lo habían anunciado, entonces, ¿por qué cuando quedaban algunos profesores en la plaza central ingresó la Policía Federal? ¿Por qué ir a buscar y enfrentar a los docentes, quienes ya se encontraban en las calles aledañas rumbo al monumento a la Revolución?
¿De quién fue la orden para ir a perseguirlos, si de cualquier manera el Zócalo ya empezaba a vaciarse? ¿De quién también fue la orden de infiltrar a los “anarquistas” para que se enfrentaran con las fuerzas públicas? El guión parece repetirse.
Si los gobiernos federal y local habían aguardado 25 días para que los mentores abandonaran el Zócalo, ¿por qué no esperar unas horas más? Resulta extraño, pareciera que las policías buscaban provocar, enfrentar y ya no sólo amedrentar e intimidar a los maestros.
La lucha magisterial puede no gustar a muchos, y efectivamente ten más de una ocasión trastornó la vida de los capitalinos, de quienes tranquilamente y con sus propias luchas internas y problemas económicos sobreviven el día a día, pero también es cierto que en toda lucha por una mejor educación, un mejor gobierno y una mejor vida, hay afectaciones.
Unos cuantos días de afectación no se comparan con años de sumisión que, a final de cuentas, es el saldo que encierra la reforma educativa: hacer hombres para producir, no para pensar y ser libres.
El gobierno de Peña Nieto ha demostrado que lo suyo es la imposición. Así fue su llegada al poder mediante la manipulación de las carencias económicas, así lo evidenció con su famoso Pacto por México, mediante el cual borró de tajo al Poder Legislativo, imponiéndose el poder metaconstitucional e ilegal del presidente.
Y así ha sido en realidad con todo el conflicto magisterial. Desde que éste inició, producto de la imposición de una ley, el gobierno ha sido el único que decide, aunque ante los medios de comunicación juegue a establecer “mesas de diálogo”.
Un gobierno que exhibe en su primer informe tanquetas de agua a presión, que deja avanzar los movimientos ante la falta de respuesta y atención a sus demandas, un país que tiene grupos de autodefensa, que enfrenta tomas de carreteras por gente harta de tanta burla, un gobierno que saca a las calles a cientos de elementos de la Policía Federal no es un país democrático, es un país sordo que sólo ayuda a prender fuego en la pradera.
Se puede recuperar el Zócalo, pero ningún zócalo debiera estar tomado, porque debe entender el gobierno que no sólo es un conflicto magisterial. Se pueden sacar las tanquetas a las calles y hacer gala de poder, pero ningún país digno debe ni tendría necesidad de hacerlo si escucha a su pueblo. Se puede tener una noche de gala el 15 de septiembre, pero no será buen augurio hacerlo de forma amurallada y resguardado por cientos de elementos de la PF y, de paso, del Ejército.
Lo ocurrido hoy sólo mostró ausencia de hombre de Estado y presencia de mano dura, impositiva y traicionera… se avecinan más nubarrones.
Y la lección para los inconformes, al final de este viernes 13, es que en la era peñista ya no se reprime, ahora “se encapsula”.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
En Twitter: @jesusaproceso
La bendición de tener un padre preso
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| Gabriela Patishtán y Héctor Patishtán, hijos de Alberto. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Desde que tiene memoria, Héctor sólo recuerda a su padre tras las rejas. La detención de Alberto Patishtán ocurrió cuando él tenía cuatro años de edad. Al cumplir ocho, su madre los abandonó a él y a su hermana María Gabriela. Desde entonces sólo tiene una misión en la vida: ver libre a su progenitor.
Ayer recibió una fétida noticia, como todo lo que ha obtenido del sistema judicial mexicano: Magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación ratificaron la sentencia de 60 años de prisión a su padre. Una noche antes platiqué con él, no tenía mucha esperanza: “Soy realista, no es la primera vez que ha pasado, desgraciadamente siempre nos han salido con la injusticia”.
El 12 de junio del año 2000 el profesor indígena bilingüe Alberto Patishtán fue acusado de participar en un hecho inverosímil que, a lo lejos, lo hace ver cómo un vengador extraído de un mito hollywoodense. El gobierno de Chiapas lo responsabilizó de asesinar él solo a siete policías estatales y herir a dos más. Los cargos incluían: delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y lesiones calificadas. Fue detenido sin orden de aprehensión. Cuando rindió su declaración en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia estatal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no tuvo un abogado defensor de su lado.
Los días previos, la policía patrullaba el municipio de El Bosque, donde radicaba Patishtán, debido a que tenía noticias de que grupos civiles armados querían tomar la presidencia. Aquél 12 de junio, un comando emboscó en la carretera, cerca de la comunidad Las Limas, una patrulla con nueve personas, conducida por el hijo del entonces presidente municipal, Manuel Gómez Ruiz.
Cuando ocurrió la emboscada, Patishtán participaba en una asamblea en el municipio de El Bosque. “Estábamos en la fiesta de San Antonio, son varios lo que hablaron con el profesor, yo hablé personalmente con él” relató Julio Marcos, uno de los tantos testimonios presentados por la asociación civil Defensa Estratégica Derechos Humanos. El profesor no sólo no sabía manejar armas, sino que se encontraba geográficamente en un punto muy diferente al área del crimen. Nada de esto fue tomado en cuenta por el ciego, brumoso y clasista sistema judicial del país.
Una vez preso, Alberto Patishtán encabezó una huelga de hambre junto con otros maestros injustamente encarcelados; llamaron a su movimiento: “La voz de la dignidad rebelde”. Pablo Salazar, entonces gobernador de Chiapas, quien al terminar su mandato fue encarcelado, acusado de corrupción por su sucesor, Juan Sabines, prometió liberar al profesor si ponía fin a su protesta. Los indígenas cumplieron su palabra, Salazar, no.
El 15 de febrero de 2008 Patishtán encabezó una huelga de hambre indefinida en el penal de El Amate, donde fue catalogado como “peligroso”. El movimiento se extendió a más reclusorios, entre ellos el de San Cristóbal de las Casas, Playas de Catazajá y la cárcel de Tacotalpa, Tabasco. Clamaron por su libertad cientos de almas injustamente presas y recluidas en espacios hacinados, donde los derechos humanos son letra muerta. La huelga concluyó 41 días después, cuando el gobierno de Chiapas excarceló a la mayoría de los demandantes, menos a Patishtán.
En estos 13 años Alberto Patishtán ha tenido a la tortura como su compañera incondicional. Observadores de derechos humanos han documentado: desnudez, privación, negación y mala atención médica, llegó a estar nueve meses aislado, mala alimentación, humillación durante las revisiones, vigilancia permanente, deprivación sensorial… A pesar de que las autoridades mexicanas se han empeñado en destruir su esperanza, el profesor indígena responde con amor; ha sido maestro animador en el penal El Amate, fue nombrado ministro de la eucaristía por la Diócesis de Tuxtla y enseña español a presos indígenas monolingües. Por su heroico ejemplo, el finado obispo emérito Samuel Ruiz le entregó en enero de 2010 el reconocimiento Jcanan lum jtatik Samuel.
Héctor, su hijo, cada quince días viaja al penal para ver a su padre. Trasborda en tres ocasiones y tarda un promedio de 180 minutos para obtener dos horas de convivencia. Ese tiempo lo comparte con abogados, defensores de derechos humanos y otros visitantes que acuden a ver a Alberto Patishtán.
Desde los catorce años vive solo, su hermana ya es madre, trabaja y estudia en San Cristóbal de las Casas. La defensa de su padre es trabajo de tiempo completo; dejó la preparatoria inconclusa y vendió el único bien que le había heredado Alberto: un terreno de aproximadamente una hectárea.
A pesar de todo, Héctor observa que algo bueno le trajo la detención de su padre: “Como dicen, todo mal trae un bien; si no lo hubieran encarcelado no estaríamos aquí hoy en día luchando, no sólo por mi papá, sino por las demás injusticias que hay en el país, yo sería un muchacho ignorante, normal, que sólo respira y camina, pero ese no el caso de vivir”.
La noche previa a que fuera ratificada la sentencia de 60 años de prisión, organizaciones sociales celebraron una velada para exigir la libertad de Alberto Patishtán. Ahí platiqué con Héctor. Entre otras, le formulé dos preguntas.
— ¿Qué pasaría si liberan a tu padre?
— No lo tengo pensado, para mí va a ser algo emotivo pero a la vez extraño, nunca he estado con él afuera, disfrutando o comiendo juntos, nunca he convivido en el aire libre. Quisiera platicar con él, de padre a hijo, platicar todo el tiempo posible y todo lo que no he platicado estos 13 años.
— ¿Y si el fallo es desfavorable?
— Independientemente de lo que digan los magistrados, yo en lo personal no dejaré de luchar, juro que mi papá va a salir, cueste lo que cueste, así sea mi vida.
El sistema judicial mexicano, el mismo que otorga libertad a los más fétidos depredadores y quiebra la vida de miles de miserables inocentes, decidió que Patishtán debía cumplir 60 años en prisión.
Su hijo Héctor tiene pensado concluir la preparatoria y estudiar derecho para evitar, en lo posible, más tragedias como la que ha sufrido su familia: “Tengo este coraje que heredé de mis ancestros y lo que me han enseñado mi abuelo, los ancianos de mi pueblo y mi padre, a no rendirnos nunca, a pelear por lo que queremos, a no conformarnos con lo que el gobierno nos da”.
Twitter: @juanpabloproal
www.juanpabloproal.com
El general Naranjo
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| El general Óscar Naranjo y el virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO, D.F. (apro).- El asesor en seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, el general en retiro de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, reapareció esta semana en México para reiterar su discurso de administración policial y hacer una velada crítica a sus antiguos aliados del gobierno de Felipe Calderón.
Con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tuvo un gran acercamiento cuando el entonces gobierno de México quiso replicar parte de la experiencia de Colombia en el combate al narcotráfico.
García Luna y Oscar Naranjo fueron contemporáneos en su ejercicio como máximos jefes de la policía de sus respectivos países. García Luna, de diciembre del 2006 a diciembre de 2012. Naranjo, de mayo de 2007 a junio de 2012, nombrado por el alter ego de Calderón, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Renunció tras el triunfo de Juan Manuel Santos.
García Luna incluso le envió en 2008 como un enlace directo a su protegido y amigo cercano Javier Garza Palacios, luego de que éste fuera investigado por su supuesta complicidad con el narcotráfico.
En 2007, Garza Palacios era coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal y fue señalado como responsable, junto con otros jefes policiales, de dejar circular a lo largo de 300 kilómetros de carreteras federales en el estado de Sonora a un convoy de 50 sicarios que asesinaron a policías del estado.
Garza Palacios fue exculpado del hecho por la Procuraduría General de la República y el órgano de Control Interno de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública que manejó García Luna.
La secretaría fue uno de los costosos juguetes de los que dispuso Calderón para la guerra que le declaró al narcotráfico, tal y como lo hizo Uribe.
Ahora, Naranjo dice que un error en América Latina ha sido la de reducir el tema de la seguridad al combate al narcotráfico, crear una y otra vez instituciones y adquirir equipos como si fueran “juguetes”, termino que el propio Calderón utilizó en noviembre de 2010 durante una entrevista con la televisión estadunidense para informar a los ciudadanos de ese país —no a los mexicanos— que había creado un centro de espionaje policial dentro de la secretaría de Seguridad Pública.
El general en retiro fue clave en los golpes del gobierno de Uribe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de los más importantes fue el de la Operación Fénix en marzo de 2008, cuando la Fuerza Área Colombiana bombardeó un campamento de las FARC en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, a unos dos kilómetros de la frontera con Colombia.
En el ataque murió el segundo al mando de las FARC, Luis Edgar Devia Silva Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos de la UNAM. Otra más, Lucía Morett, sobrevivió al ataque.
Con ese antecedente inmediato, Naranjo fue contratado en México. El propósito era que trabajara directamente con García Luna si ganaba el PAN la presidencia. En un gesto hacia Estados Unidos, Peña Nieto lo recuperó en un intento de convencer al gobierno y a la prensa de ese país que el retorno del PRI al gobierno federal no iba a significar una protección a la delincuencia organizada, en especial del narcotráfico.
Más que su experiencia y conocimientos del mundo narco de Colombia y sus conexiones con los narcotraficantes mexicanos, Naranjo tiene otra experiencia: la de negociar con el narcotráfico, según lo denunció el exagente de la DEA, Baruch Vega, quien escribió un libro sobre el papel del general Naranjo en el combate al narcotráfico en Colombia y reiteró sus reservas hacia el general en una entrevista con el periódico Reporte Índigo.
Además de la “asesoría externa” a Peña Nieto, el general Naranjo tiene otra cobertura: El Instituto Latinoamericano de Ciudadanía, auspiciado por el Tecnológico de Monterrey, donde coincide con el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
@jorgecarrascoa
Con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tuvo un gran acercamiento cuando el entonces gobierno de México quiso replicar parte de la experiencia de Colombia en el combate al narcotráfico.
García Luna y Oscar Naranjo fueron contemporáneos en su ejercicio como máximos jefes de la policía de sus respectivos países. García Luna, de diciembre del 2006 a diciembre de 2012. Naranjo, de mayo de 2007 a junio de 2012, nombrado por el alter ego de Calderón, el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Renunció tras el triunfo de Juan Manuel Santos.
García Luna incluso le envió en 2008 como un enlace directo a su protegido y amigo cercano Javier Garza Palacios, luego de que éste fuera investigado por su supuesta complicidad con el narcotráfico.
En 2007, Garza Palacios era coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal y fue señalado como responsable, junto con otros jefes policiales, de dejar circular a lo largo de 300 kilómetros de carreteras federales en el estado de Sonora a un convoy de 50 sicarios que asesinaron a policías del estado.
Garza Palacios fue exculpado del hecho por la Procuraduría General de la República y el órgano de Control Interno de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública que manejó García Luna.
La secretaría fue uno de los costosos juguetes de los que dispuso Calderón para la guerra que le declaró al narcotráfico, tal y como lo hizo Uribe.
Ahora, Naranjo dice que un error en América Latina ha sido la de reducir el tema de la seguridad al combate al narcotráfico, crear una y otra vez instituciones y adquirir equipos como si fueran “juguetes”, termino que el propio Calderón utilizó en noviembre de 2010 durante una entrevista con la televisión estadunidense para informar a los ciudadanos de ese país —no a los mexicanos— que había creado un centro de espionaje policial dentro de la secretaría de Seguridad Pública.
El general en retiro fue clave en los golpes del gobierno de Uribe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de los más importantes fue el de la Operación Fénix en marzo de 2008, cuando la Fuerza Área Colombiana bombardeó un campamento de las FARC en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, a unos dos kilómetros de la frontera con Colombia.
En el ataque murió el segundo al mando de las FARC, Luis Edgar Devia Silva Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos de la UNAM. Otra más, Lucía Morett, sobrevivió al ataque.
Con ese antecedente inmediato, Naranjo fue contratado en México. El propósito era que trabajara directamente con García Luna si ganaba el PAN la presidencia. En un gesto hacia Estados Unidos, Peña Nieto lo recuperó en un intento de convencer al gobierno y a la prensa de ese país que el retorno del PRI al gobierno federal no iba a significar una protección a la delincuencia organizada, en especial del narcotráfico.
Más que su experiencia y conocimientos del mundo narco de Colombia y sus conexiones con los narcotraficantes mexicanos, Naranjo tiene otra experiencia: la de negociar con el narcotráfico, según lo denunció el exagente de la DEA, Baruch Vega, quien escribió un libro sobre el papel del general Naranjo en el combate al narcotráfico en Colombia y reiteró sus reservas hacia el general en una entrevista con el periódico Reporte Índigo.
Además de la “asesoría externa” a Peña Nieto, el general Naranjo tiene otra cobertura: El Instituto Latinoamericano de Ciudadanía, auspiciado por el Tecnológico de Monterrey, donde coincide con el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón.
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