Colombia: El cazador de Escobar… cazado
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| Aguilar Naranjo con el cuerpo de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993. Foto: Especial |
BOGOTÁ (apro).- El 2 de diciembre de 1993 la imagen del mayor de la policía Hugo Aguilar Naranjo dio la vuelta al mundo mientras exhibía el cadáver del narcotraficante Pablo Escobar.
Apenas unos instantes antes lo había ejecutado con un disparo en el corazón cuando el temible jefe del Cártel de Medellín intentaba huir en chanclas y echando tiros con su Sig Sauer 9 milímetros por el tejado de una casa en el barrio Los Olivos de Medellín.
Aguilar Naranjo, jefe de operaciones del Bloque de Búsqueda que perseguía a Escobar, posó para la foto junto al muerto que con tanto ahínco había rastreado durante más de un año. Se le aprecia con una gran sonrisa, vestido de civil, en pantalón de mezclilla y chamarra azul marino. En la mano izquierda sostiene un fusil R-15 y con la derecha levanta el brazo del cadáver de Escobar, jalando la manga de su camisa, para que la cámara pueda registrar el rostro del capo que yace en el tejado.
Ese fue un momento de gloria para el mayor Aguilar Naranjo, un oficial recio, bragado y con buena puntería. “El tiro mío, que se lo pegué en toda la espalda, le cogió el corazón”, había de recordar años después, cuando ya era un coronel retirado de la Policía Nacional de Colombia e incursionaba en la política.
En 2001, llegó a ser diputado local en su natal Santander y, para sorpresa de muchos, en 2003 se convirtió en gobernador de ese pujante departamento nororiental. Todo un logro para un policía de carrera sin mayor trayectoria política.
Ya había rumores e indicios públicos de varios hechos oprobiosos en la historia personal del competente oficial policiaco. Como premio por su participación en el aniquilamiento de Escobar –quien había desatado una guerra terrorista contra el Estado colombiano en la que murieron cientos de inocentes–, la Policía Nacional de Colombia (PNC) lo envió a Estados Unidos a cursar una especialización denominada Comando Estado Mayor y Problemas Latinoamericanos. Regresó en 1995 y adquirió el grado de teniente coronel pero, de manera sorpresiva, el director de la institución, general Rosso José Serrano, le pidió la renuncia.
Era hora de comenzar a reparar el “daño colateral” que dejó a la PNC la operación que acabó con el jefe del Cártel de Medellín dos años antes. A esas alturas ya era inocultable que, en su cruzada contra el enemigo público número uno del país, el famoso Bloque de Búsqueda –integrado por 30 oficiales y 300 efectivos de elite de la policía y las Fuerzas Armadas— selló una alianza con los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), una coalición de la elite mafiosa de Colombia en la cual se congregaron los principales enemigos del sanguinario jefe del narcotráfico con el único propósito de eliminarlo.
En esa empresa delictiva, que declaró objetivo militar a familiares, amigos, socios y lugartenientes de Escobar, confluyeron capos de la droga como los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cártel de Cali; Diego Fernando Murillo, Don Berna, creador de la Oficina de Enviado, y los líderes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes financiaban la guerra contra la guerrilla con fondos provenientes del narcotráfico.
Aguilar Naranjo fue un protagonista relevante de la alianza entre el Bloque de Búsqueda y los Pepes y, según investigaciones judiciales, fue en esa época cuando el oficial de la policía comenzó a tejer una red de complicidades con comandantes de la AUC que habían de llevarlo años después a los primeros planos de la política nacional y, a la postre, a su debacle.
El 14 de agosto anterior, el autor del disparo que cegó la vida de Escobar hace casi dos décadas fue sentenciado a nueve años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de “concierto para delinquir agravado”, debido a sus vínculos con jefes paramilitares que financiaron su campaña para gobernador de Santander en 2003, a cambio de lo cual él incorporó a su administración (200-2007) a varios hombres allegados al comandante de las AUC, Ernesto Báez, un estrecho socio de los hermanos Castaño, involucrado en el negocio de la droga y en decenas de crímenes atroces contra población civil.
Doble moral
El politólogo e investigador de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, dice a Apro que el caso del coronel Aguilar Naranjo pone de relieve la doble moral que caracteriza a la estrategia antidrogas que se ha seguido a nivel hemisférico desde hace más de dos décadas y la cual “se ha convertido en una especie de administradora de los cárteles de narcotráfico porque, en forma cínica, las policías se alían con un cártel para combatir a otro y con base en ella deciden a quién atacar y a quién no”.
“Está documentado que, aquí en Colombia, el Bloque de Búsqueda (que comandaba el coronel Hugo Martínez Poveda) estableció alianzas con el Cártel de Cali y con los paramilitares para acabar con Escobar, y que esto lo hizo al menos con la complacencia de los altos mandos y de la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos), que siempre estuvo involucrada en esta operación”, añade el experto en temas de seguridad y crimen organizado.
El Bloque de Búsqueda, cuyos integrantes fueron entrenados por comandos de elite de Estados Unidos, fue creado en 1989 por el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990) para buscar a Escobar y a sus socios del Cártel de Medellín a fin de detener la guerra narcoterrorista que desató esa organización delictiva contra el Estado.
La unidad policiaca fue disuelta luego de que Escobar se entregó a la justicia, en junio de 1991, pero se reactivó por orden del presidente César Gaviria (1990-1994) en julio de 1992, cuando el jefe del Cártel de Medellín se fugó de la cárcel La Catedral, ubicada en una zona rural cerca de Medellín, unos 260 kilómetros al noroccidente de Bogotá.
Un día después de la fuga de Escobar, ocurrida el 22 de julio de 1992, el coronel Martínez Poveda, quien se encontraba en España como agregado policial en la Embajada de Colombia, recibió la orden de regresar al país a reconstituir el Bloque de Búsqueda que tan bien conocía los métodos del capo para huir de las autoridades. Lo primero que hizo el coronel fue llamar al mayor Aguilar Naranjo, su brazo derecho, y al también mayor Danilo González, un especialista en inteligencia. Ambos se encontraban en Buenos Aires, la capital argentina, cursando una especialización en criminalística. De inmediato regresaron a Bogotá.
Jefes paramilitares desmovilizados y delincuentes que trabajaron con los Pepes han declarado a la justicia que el mayor González –asesinado en marzo de 2004 cuando se había retirado de la policía y trabajaba para el Cártel del Norte del Valle– fue el principal enlace entre el Bloque de Búsqueda y el grupo delictivo que cazaba a Escobar. Él viajaba a Cali en helicóptero para llevar grandes sumas de dinero a la escuela de policías Carlos Holguín, de Medellín, centro operativo del bloque, y patrullaba las calles de esa ciudad con Don Berna.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y cumple sentencia en ese país, declaró ante un juez colombiano que Aguilar Naranjo había enfrentado a Escobar en alianza con los Pepes.
“Todos estos oficiales del Bloque de Búsqueda que manejaron las relaciones con los Pepes acabaron como aliados del narcotráfico y los paramilitares. Esa es la gran lección que deja el Bloque de Búsqueda: que los cuerpos especializados pueden resultar incontrolables y reproducir las dinámicas delictivas de los grupos que combaten”, asegura Reyes.
El general retirado de la Policía Nacional, Jairo Delgado, afirma que la dificultad de conseguir información del mundo del narcotráfico hace que los organismos de seguridad recurran a informantes-delincuentes “y en lo que se conoce como la administración de fuentes humanas existe el riesgo de que se pueda producir una contaminación y los policía pueden cruzar la línea roja”.
La fundación estadunidense The National Security Archive logró desclasificar hace cinco años documentos del gobierno de ese país que establecen los vínculos de la DEA con los Pepes en la operación policiaca contra Escobar, así como el intercambio de información de inteligencia que hacía esa agencia con los hermanos Fidel y Carlos Castaño. El primero de ellos fue asesinado por el segundo y éste, a su vez, fue victimado por encargo de Vicente, otro de sus hermanos.
La acción coordinada del Bloque de Búsqueda y los Pepes permitió abatir a Escobar pero incubó alianzas como la de Aguilar Naranjo con los paramilitares que, en 2003, lo convirtieron en gobernador de Santander cuando nadie pensaba que la incipiente carrera política del coronel retirado tendría futuro, menos en ese departamento colombiano que es bastión del tradicional Partido Liberal.
El hombre que disparó la bala calibre 9 milímetros al corazón de Escobar fue postulado a la gubernatura en 2003 por un movimiento irrelevante en Colombia, Convergencia Ciudadana, un brazo político del paramilitarismo que gracias al millonario financiamiento con recursos procedentes del tráfico de cocaína logró tener dos senadores, Luis Alberto Gil y Oscar Josué Reyes, quienes purgan condenas de siete año de prisión por esos vínculos, uno menos que Aguilar Naranjo.
Apenas unos instantes antes lo había ejecutado con un disparo en el corazón cuando el temible jefe del Cártel de Medellín intentaba huir en chanclas y echando tiros con su Sig Sauer 9 milímetros por el tejado de una casa en el barrio Los Olivos de Medellín.
Aguilar Naranjo, jefe de operaciones del Bloque de Búsqueda que perseguía a Escobar, posó para la foto junto al muerto que con tanto ahínco había rastreado durante más de un año. Se le aprecia con una gran sonrisa, vestido de civil, en pantalón de mezclilla y chamarra azul marino. En la mano izquierda sostiene un fusil R-15 y con la derecha levanta el brazo del cadáver de Escobar, jalando la manga de su camisa, para que la cámara pueda registrar el rostro del capo que yace en el tejado.
Ese fue un momento de gloria para el mayor Aguilar Naranjo, un oficial recio, bragado y con buena puntería. “El tiro mío, que se lo pegué en toda la espalda, le cogió el corazón”, había de recordar años después, cuando ya era un coronel retirado de la Policía Nacional de Colombia e incursionaba en la política.
En 2001, llegó a ser diputado local en su natal Santander y, para sorpresa de muchos, en 2003 se convirtió en gobernador de ese pujante departamento nororiental. Todo un logro para un policía de carrera sin mayor trayectoria política.
Ya había rumores e indicios públicos de varios hechos oprobiosos en la historia personal del competente oficial policiaco. Como premio por su participación en el aniquilamiento de Escobar –quien había desatado una guerra terrorista contra el Estado colombiano en la que murieron cientos de inocentes–, la Policía Nacional de Colombia (PNC) lo envió a Estados Unidos a cursar una especialización denominada Comando Estado Mayor y Problemas Latinoamericanos. Regresó en 1995 y adquirió el grado de teniente coronel pero, de manera sorpresiva, el director de la institución, general Rosso José Serrano, le pidió la renuncia.
Era hora de comenzar a reparar el “daño colateral” que dejó a la PNC la operación que acabó con el jefe del Cártel de Medellín dos años antes. A esas alturas ya era inocultable que, en su cruzada contra el enemigo público número uno del país, el famoso Bloque de Búsqueda –integrado por 30 oficiales y 300 efectivos de elite de la policía y las Fuerzas Armadas— selló una alianza con los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), una coalición de la elite mafiosa de Colombia en la cual se congregaron los principales enemigos del sanguinario jefe del narcotráfico con el único propósito de eliminarlo.
En esa empresa delictiva, que declaró objetivo militar a familiares, amigos, socios y lugartenientes de Escobar, confluyeron capos de la droga como los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cártel de Cali; Diego Fernando Murillo, Don Berna, creador de la Oficina de Enviado, y los líderes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los hermanos Fidel y Carlos Castaño, quienes financiaban la guerra contra la guerrilla con fondos provenientes del narcotráfico.
Aguilar Naranjo fue un protagonista relevante de la alianza entre el Bloque de Búsqueda y los Pepes y, según investigaciones judiciales, fue en esa época cuando el oficial de la policía comenzó a tejer una red de complicidades con comandantes de la AUC que habían de llevarlo años después a los primeros planos de la política nacional y, a la postre, a su debacle.
El 14 de agosto anterior, el autor del disparo que cegó la vida de Escobar hace casi dos décadas fue sentenciado a nueve años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de “concierto para delinquir agravado”, debido a sus vínculos con jefes paramilitares que financiaron su campaña para gobernador de Santander en 2003, a cambio de lo cual él incorporó a su administración (200-2007) a varios hombres allegados al comandante de las AUC, Ernesto Báez, un estrecho socio de los hermanos Castaño, involucrado en el negocio de la droga y en decenas de crímenes atroces contra población civil.
Doble moral
El politólogo e investigador de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, dice a Apro que el caso del coronel Aguilar Naranjo pone de relieve la doble moral que caracteriza a la estrategia antidrogas que se ha seguido a nivel hemisférico desde hace más de dos décadas y la cual “se ha convertido en una especie de administradora de los cárteles de narcotráfico porque, en forma cínica, las policías se alían con un cártel para combatir a otro y con base en ella deciden a quién atacar y a quién no”.
“Está documentado que, aquí en Colombia, el Bloque de Búsqueda (que comandaba el coronel Hugo Martínez Poveda) estableció alianzas con el Cártel de Cali y con los paramilitares para acabar con Escobar, y que esto lo hizo al menos con la complacencia de los altos mandos y de la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos), que siempre estuvo involucrada en esta operación”, añade el experto en temas de seguridad y crimen organizado.
El Bloque de Búsqueda, cuyos integrantes fueron entrenados por comandos de elite de Estados Unidos, fue creado en 1989 por el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990) para buscar a Escobar y a sus socios del Cártel de Medellín a fin de detener la guerra narcoterrorista que desató esa organización delictiva contra el Estado.
La unidad policiaca fue disuelta luego de que Escobar se entregó a la justicia, en junio de 1991, pero se reactivó por orden del presidente César Gaviria (1990-1994) en julio de 1992, cuando el jefe del Cártel de Medellín se fugó de la cárcel La Catedral, ubicada en una zona rural cerca de Medellín, unos 260 kilómetros al noroccidente de Bogotá.
Un día después de la fuga de Escobar, ocurrida el 22 de julio de 1992, el coronel Martínez Poveda, quien se encontraba en España como agregado policial en la Embajada de Colombia, recibió la orden de regresar al país a reconstituir el Bloque de Búsqueda que tan bien conocía los métodos del capo para huir de las autoridades. Lo primero que hizo el coronel fue llamar al mayor Aguilar Naranjo, su brazo derecho, y al también mayor Danilo González, un especialista en inteligencia. Ambos se encontraban en Buenos Aires, la capital argentina, cursando una especialización en criminalística. De inmediato regresaron a Bogotá.
Jefes paramilitares desmovilizados y delincuentes que trabajaron con los Pepes han declarado a la justicia que el mayor González –asesinado en marzo de 2004 cuando se había retirado de la policía y trabajaba para el Cártel del Norte del Valle– fue el principal enlace entre el Bloque de Búsqueda y el grupo delictivo que cazaba a Escobar. Él viajaba a Cali en helicóptero para llevar grandes sumas de dinero a la escuela de policías Carlos Holguín, de Medellín, centro operativo del bloque, y patrullaba las calles de esa ciudad con Don Berna.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y cumple sentencia en ese país, declaró ante un juez colombiano que Aguilar Naranjo había enfrentado a Escobar en alianza con los Pepes.
“Todos estos oficiales del Bloque de Búsqueda que manejaron las relaciones con los Pepes acabaron como aliados del narcotráfico y los paramilitares. Esa es la gran lección que deja el Bloque de Búsqueda: que los cuerpos especializados pueden resultar incontrolables y reproducir las dinámicas delictivas de los grupos que combaten”, asegura Reyes.
El general retirado de la Policía Nacional, Jairo Delgado, afirma que la dificultad de conseguir información del mundo del narcotráfico hace que los organismos de seguridad recurran a informantes-delincuentes “y en lo que se conoce como la administración de fuentes humanas existe el riesgo de que se pueda producir una contaminación y los policía pueden cruzar la línea roja”.
La fundación estadunidense The National Security Archive logró desclasificar hace cinco años documentos del gobierno de ese país que establecen los vínculos de la DEA con los Pepes en la operación policiaca contra Escobar, así como el intercambio de información de inteligencia que hacía esa agencia con los hermanos Fidel y Carlos Castaño. El primero de ellos fue asesinado por el segundo y éste, a su vez, fue victimado por encargo de Vicente, otro de sus hermanos.
La acción coordinada del Bloque de Búsqueda y los Pepes permitió abatir a Escobar pero incubó alianzas como la de Aguilar Naranjo con los paramilitares que, en 2003, lo convirtieron en gobernador de Santander cuando nadie pensaba que la incipiente carrera política del coronel retirado tendría futuro, menos en ese departamento colombiano que es bastión del tradicional Partido Liberal.
El hombre que disparó la bala calibre 9 milímetros al corazón de Escobar fue postulado a la gubernatura en 2003 por un movimiento irrelevante en Colombia, Convergencia Ciudadana, un brazo político del paramilitarismo que gracias al millonario financiamiento con recursos procedentes del tráfico de cocaína logró tener dos senadores, Luis Alberto Gil y Oscar Josué Reyes, quienes purgan condenas de siete año de prisión por esos vínculos, uno menos que Aguilar Naranjo.
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