Peña, verdugo de la clase media
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| El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- Su extrema debilidad política, la economía en fase recesiva y una firme oposición frustraron la pretensión de Enrique Peña Nieto de imponer IVA a alimentos y medicinas, pero su proyecto fiscal es claramente injusto: agrede a los contribuyentes de siempre, toca apenas los privilegios de los oligarcas y mantiene los lujos de la alta burocracia.
El aumento de impuestos afecta sobre todo a los mexicanos de clase media —que ahora pagarán 32% de sus ingresos a partir de los 42 mil pesos mensuales y 16% más de colegiaturas, hipotecas, rentas y hasta comida para mascotas—, pero también a los pobres por el aumento del IVA de 11% a 16% en la frontera, el alza a las gasolinas y el impuesto de un peso por litro de refresco, a menudo la principal fuente de calorías de este sector.
No es verdad que con el proyecto de Peña pagarán más los que más tienen ni se combaten los privilegios de los magnates y sus empresas.
Supuestamente por la desaparición del régimen de consolidación fiscal y otras modificaciones al Impuesto sobre la Renta (ISR) el gobierno recaudaría 131 mil millones de pesos, pero al eliminarse el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se dejarán de recibir 114 mil 500 millones de pesos. La recaudación neta de este sector sería de sólo 16 mil 500 millones de pesos.
Habrá que ver, también, cómo queda, al final, el porcentaje de consolidación fiscal y el que grabará las transacciones de la Bolsa Mexicana de Valores y aun las implicaciones que esto tendrá para las inversiones productivas.
El sector que menos se sacrifica en el engendro fiscal de Peña es precisamente el gubernamental, que no sólo creció exponencialmente en las dos administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino que la alta burocracia fue la más privilegiada y opulenta.
Y lo que pocos saben: gracias a un decreto de Calderón, emitido en diciembre 2008, los burócratas federales —y estatales— no pagan el ISR, como lo hacemos todos los que somos causantes cautivos.
El periodista Luis Enrique Mercado, quien fue diputado del PAN entre 2009 y 2012, publicó en su columna Perspectivas, apenas el 26 de agosto, que Calderón condonó todos los adeudos fiscales de la burocracia correspondientes a 2005 y anteriores.
Pero, también, otorgó un estímulo fiscal —“que es una condonación disfrazada”— por 60% del ISR de 2009, 30% del ISR de 2010 y 10% para 2011. Además, hizo una condonación adicional sobre los adeudos fiscales de 2006 a 2008 cuando se regularicen los ejercicios de 2009 a 2011.
“Es decir —escribió Mercado—, perdonó todo. Para 2013, ya en este gobierno, la Ley de Ingresos establece que se prorrogan los beneficios concedidos por el decreto de Calderón, lo cual quiere decir que este gobierno ratificó que los burócratas no paguen el ISR”.
Hasta donde se sabe, en la reforma fiscal de Peña no hay una rectificación de este inaceptable privilegio de la burocracia.
Y eso de que la reforma de Peña no es fiscal sino social no deja de ser una argucia propagandística: Se escucha muy bien la creación del Sistema de Seguridad Social Universal para mayores de 65 años y el seguro de desempleo por un máximo de seis meses —que, ojo, ya dejaron de ser propuestas populistas—, pero parecen ser sólo promesas para atemperar las críticas a la cascada de impuestos.
Sin presupuestos definidos y plazos precisos, ambos planteamientos son una promesa idéntica a la que hizo Calderón en 2008 de construir una refinería en Hidalgo. Pura demagogia.
En realidad, ante la imposibilidad política de imponer IVA medicinas y alimentos, Peña tuvo que crear un esperpento fiscal. ¿Qué no era —y es— su proyecto? ¿Entonces por qué la borregada priista acató su orden de eliminar los candados de su Programa de Acción? Que se lo crean los imbéciles…
Twitter: @alvaro_delgado
Fuente: Proceso.mx
Reforma educativa: cambios dictados por la jerarquía empresarial
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| El conductor Carlos Loret de Mola y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Foto: Octavio Gómez |
Mexicanos Primero –organismo que aglutina a empresarios como Emilio Azcárraga, Fernando Landeros y Claudio X. González, de Televisa– y la OCDE dictaron línea por línea la iniciativa de reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto y aprobó el Congreso. Documentos de ambas instancias demuestran lo anterior, lo mismo que los profesores disidentes ya habían advertido y en lo que coinciden especialistas del ramo. El gobierno parece decidido a privatizar no sólo los hidrocarburos y la generación eléctrica, sino también la educación, y para ello tiene un plan que incluye, por supuesto, el linchamiento mediático de quienes se oponen.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma educativa, carta de legitimación en el arranque del sexenio y punto más celebrado por Enrique Peña Nieto en el mensaje que dirigió a la nación con motivo de su primer informe de gGobierno, fue redactada para satisfacer los lineamientos impulsados por varios de los hombres más ricos del país –a través de Mexicanos Primero– y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así lo han denunciado expertos en la materia y en distintos momentos también los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que la califican de reforma laboral-administrativa de corte empresarial.
Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México (2010), Establecimientos de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México (2011), México: Mejores políticas para un desarrollo incluyente (2012) y Getting It Right: Una agenda estratégica para las reformas en México (2012), así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2024, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal.
Los documentos de la OCDE, que suman miles de cuartillas de análisis y recomendaciones para aplicar reformas en México –no sólo en materia educativa sino fiscal, energética y de telecomunicaciones, entre otras–, responden a convenios con Felipe Calderón signados en 2008 y se derivan del Acuerdo de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, firmado por Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, donde se pacta la participación de ese organismo internacional para el diseño de las reformas de este gobierno.
De los textos de la OCDE destacan las recomendaciones para la profesionalización, contratación, selección y evaluación de docentes, reflejada en el artículo 4 de la controvertida Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD): incrementar la autonomía escolar, contenida en la reforma al tercero constitucional, transitorio quinto, fracción III; fortalecer el sistema de evaluación, rendición de cuentas y de mejoramiento para estudiantes, docentes y escuelas, que se aborda en la misma reforma al tercero constitucional, así como en la sección 6 referente a la “vigilancia, transparencia y rendición de cuentas” de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Por su parte el estudio de Mexicanos Primero no se limita a fijar líneas, sino que calendariza los tiempos en que se requieren las medidas.
En Ahora es cuando: metas 2012-2024, publicado dos meses después de la elección de Enrique Peña Nieto como presidente, se demanda, entre las finalidades a corto plazo, la profesionalización docente –cristalizada en la LSPD– y la recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación, lo primero que dispuso el priista al asumir el gobierno.
Para 2012 el texto pedía el nombramiento de un secretario de Educación sin ataduras con el SNTE. Se nombró a Emilio Chuayffet, enemigo de Elba Esther Gordillo, quien encabezaba ese gremio…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1923 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La reforma educativa, carta de legitimación en el arranque del sexenio y punto más celebrado por Enrique Peña Nieto en el mensaje que dirigió a la nación con motivo de su primer informe de gGobierno, fue redactada para satisfacer los lineamientos impulsados por varios de los hombres más ricos del país –a través de Mexicanos Primero– y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así lo han denunciado expertos en la materia y en distintos momentos también los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que la califican de reforma laboral-administrativa de corte empresarial.
Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México (2010), Establecimientos de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México (2011), México: Mejores políticas para un desarrollo incluyente (2012) y Getting It Right: Una agenda estratégica para las reformas en México (2012), así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2024, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal.
Los documentos de la OCDE, que suman miles de cuartillas de análisis y recomendaciones para aplicar reformas en México –no sólo en materia educativa sino fiscal, energética y de telecomunicaciones, entre otras–, responden a convenios con Felipe Calderón signados en 2008 y se derivan del Acuerdo de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, firmado por Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, donde se pacta la participación de ese organismo internacional para el diseño de las reformas de este gobierno.
De los textos de la OCDE destacan las recomendaciones para la profesionalización, contratación, selección y evaluación de docentes, reflejada en el artículo 4 de la controvertida Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD): incrementar la autonomía escolar, contenida en la reforma al tercero constitucional, transitorio quinto, fracción III; fortalecer el sistema de evaluación, rendición de cuentas y de mejoramiento para estudiantes, docentes y escuelas, que se aborda en la misma reforma al tercero constitucional, así como en la sección 6 referente a la “vigilancia, transparencia y rendición de cuentas” de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Por su parte el estudio de Mexicanos Primero no se limita a fijar líneas, sino que calendariza los tiempos en que se requieren las medidas.
En Ahora es cuando: metas 2012-2024, publicado dos meses después de la elección de Enrique Peña Nieto como presidente, se demanda, entre las finalidades a corto plazo, la profesionalización docente –cristalizada en la LSPD– y la recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación, lo primero que dispuso el priista al asumir el gobierno.
Para 2012 el texto pedía el nombramiento de un secretario de Educación sin ataduras con el SNTE. Se nombró a Emilio Chuayffet, enemigo de Elba Esther Gordillo, quien encabezaba ese gremio…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1923 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Fuente: Proceso.mx
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