Astillero
Efectismo fiscal
Malabares políticos
Banderas de izquierda
Presión empresarial
Julio Hernández López
LÍDERES. El ex secretario de Hacienda Guillermo Ortiz; el director de la revista Líderes Mexicanos, Raúl Ferráez, y el titular de la SHCP, Luis Videgaray, en la comida anual de
Los 300 líderes más influyentes de México, realizada este lunes en el Museo Nacional de Antropología
Foto Guillermo Sologuren
A las crecientes presiones a la economía nacional, Enrique Peña Nieto ha agregado un paquete de propuestas que de inmediato ha multiplicado las tensiones en ciertos partidos y grupos de poder y que pareciera obedecer más a una vocación de malabarismo múltiple y de efectismo político que a un intento de reformar a fondo el enredado e injusto andamiaje fiscal mexicano.
De entrada, las iniciativas presentadas el domingo recién pasado por el peñismo fueron caracterizadas por una ausencia: a pesar de la insistente exploración de esa posibilidad, no se planteó la extensión del impuesto al valor agregado a los alimentos y las medicinas (IVAam). Según las explicaciones dadas por el gobierno federal, se mantuvo esa exención a partir del reconocimiento de la difícil situación económica actual, atribuida en parte a factores externos pero también derivada de una crítica situación interna que en diagnóstico de impensable sinceramiento fue reconocida en el texto entregado por el secretario Luis Videgaray a diputados federales. En diez puntos concretos, bajo el título
¿Por qué? La situación de México(http://bit.ly/17lShj2), Hacienda reconoce tajantemente el fracaso de cuando menos los treinta años recientes de gobierno federal, repartidos entre administraciones priístas y panistas.
El retiro del tema del IVAam generó protestas en el medio empresarial y en una de sus vertientes partidistas, la de Acción Nacional, mientras que en el aliado PRD dirigido por el grupo de Los chuchos motivó algarabía, pues les permite desarrollar un discurso de éxito negociador, atribuyendo a esa izquierda pactista el freno de tan polémico punto. Desde el flanco del partido en construcción, Morena, también hubo militantes que quisieron encontrar visos de victoria en el mencionado retiro, adjudicándolo específicamente al impacto que habrían tenido tanto su movilización dominical en la ciudad de México como el anuncio de protestas en curso de organización.
Las primeras lecturas permiten asumir que en un giro sorpresivo el peñismo
arrebatóbanderas a la izquierda y se contrapunteó con el segmento derechista que hasta ahora le ha apoyado. El empresariado y la clase media aparecieron como principales damnificados en grado de tentativa (recuérdese que, a fin de cuentas, Peña Nieto está dando un inmediatista golpe político y mediático, pero las presiones de fuertes grupos de interés podrían hacer que en el congreso se
corrijanalgunas de las propuestas): en términos genéricos, sin que aún se conozcan los detalles que serán los que definan profundidad y extensión de esas medidas, se ha hablado de eliminar las normas que permiten la consolidación fiscal, tan utilizada para pagar menos impuestos al repartir ganancias entre firmas volátiles que intencionalmente registran pérdidas, de acotamiento de regímenes preferenciales y de gravar las operaciones en el mercado de valores.
Los señuelos de
justicia socialmediante la reforma hacendaria incluyen una pensión universal para mayores de 65 años (parecida a lo que Andrés Manuel López Obrador hizo en el gobierno capitalino y se ha sostenido y extendido a otras entidades, antes tachada esa política de
populista), seguro de desempleo (con un guiño especial a quienes trabajan en el sector informal, al que desean incorporar a la base tributaria), más inversión en infraestructura (pastel a repartir entre grandes firmas) y
más y mejor educación(otro guiño presupuestal, esta vez al magisterio en lucha, a los oficialistas del SNTE y a los gobernadores para atender los conflictos locales).
En la búsqueda de recursos para financiar tan ambiciosos proyectos, el peñismo recurre al intento de reducir hasta donde le sea políticamente posible el régimen de consolidación fiscal y otras formas de excepción que han favorecido históricamente al cerrado grupo de grandes empresarios que constituyen uno de los principales apoyos de Peña Nieto, tanto para su apropiación del poder como en su sostenimiento actual. Otra exacción que ha causado turbulencia es la pretensión de aumentar de 30 a 32 por ciento la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), aunque a cambio se retiran otros instrumentos de control como han sido el impuesto especial a tasa única (IETU) y el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), éste supuestamente establecido para inhibir las operaciones provenientes del sector informal de la economía y detectar negocios relacionados con el crimen organizado.
Pero también ha decidido el peñismo luisista (por Luis Videgaray) entrar a galope a los bolsillos de los segmentos populares y de clase media: impuesto a las bebidas azucaradas (ya los productores han advertido que tendrán que aumentar entre 15 y 20 por ciento el precio de sus líquidos, entre los que se encuentran las bebidas de cola que en el caso de la Coca casi forman parte de la canasta básica nacional), a la renta, venta e hipoteca de bienes inmuebles, a los chicles (que, efectivamente, no son alimento), a las colegiaturas o pagos de estudios en instituciones particulares y a la comida para mascotas (algunos pícaros creyeron ver en esta medida un golpe gastronómico a ciertas cúpulas partidistas). Además, la zona fronteriza recibe un golpe tremendo al emparejarse el cobro del IVA, de 11 a 16 por ciento. Los gasolinazos se mantienen aunque con la promesa de que serán en una proporción menor a la alcanzada hasta ahora.
Una propuesta de reformas constituida de malabares políticos, ansiedad por contener la protesta popular y necesidad imperiosa de aparentar giros hacia la izquierda, aunque sin claridad en cuanto a las formas de sustentar tales propuestas y con el
riesgode que los propósitos de EPN sean frenados en las cámaras por una auténtica o acordada reacción empresarial, panista y de clases medias. En ese ofrecimiento de presuntos logros en materia fiscal, Los Pinos ha cedido a la tentación del déficit tan satanizado por algunos tecnócratas. Y, desde luego, esta zanahoria económica y hacendaria tiene como condicionante la aprobación clara de otras reformas, especialmente la energética. ¡Hasta mañana!
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FUENTE: LA JORNADA OPINION
El país se radicaliza-Fisgón 
Reforma hacendaria: gatopardismo fiscal
Alejandro Nadal
La estrategia del gobierno consiste en llenar de reformas la agenda del Congreso. Entre más polvo, más confusión y menos debate. Por eso todo parece ser objeto de reformas, todo menos el modelo neoliberal. Y por ello el paquete económico para 2014 se anuncia como reforma hacendaria y social. Se dice que constituye un ejercicio de justicia social y que servirá como motor de crecimiento por ser contracíclico. La realidad es que el paquete no reducirá la desigualdad y tampoco permitirá crecimiento sostenido.
sin precedente, como dice el gobierno. No cambian las cosas de manera sustancial, pero sí ayudarán a endulzar el trago amargo de la entrega del sector energético a las empresas trasnacionales.
La reforma hacendaria toca la estructura del impuesto sobre la renta (ISR) para hacerla un poco menos regresiva, extiende el IVA a la zona fronteriza (pero deja exentos alimentos y medicinas), elimina el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y algunos privilegios especiales (como el régimen de consolidación y la deducción inmediata de la inversión) y establece un nuevo gravamen sobre ganancias en la bolsa de valores.
Estos cambios son insuficientes para revertir la desigualdad que ha generado el modelo neoliberal, en especial mediante el castigo a los trabajadores de la ciudad y del campo. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 80 por ciento de los trabajadores que perciben un ingreso reciben hasta cinco salarios mínimos y 50 por ciento reciben hasta tres. La iniciativa del gobierno parece que nos hace un gran favor: no habrá IVA sobre alimentos y medicinas. Pues nada más eso faltaba en una economía con 60 por ciento de la población en o por debajo de la línea de pobreza.
No se justifica tanta retórica triunfalista. La desigualdad en México se tiene que combatir con una política de ingresos bien cimentada en un contexto de crecimiento sostenido. El modelo neoliberal no permitirá alcanzar esta meta porque siempre rechazará aumentar salarios.
Quizás la novedad que más ruido genera es el impuesto de 10 por ciento a las ganancias en la bolsa de valores. Es bueno romper el tabú de no tocar la rentabilidad en ese monumento a la especulación que es la bolsa de valores. Pero, ¿por qué gravar con sólo 10 por ciento esas ganancias derivadas de actividades parecidas a las de un casino mientras se grava con el ISR a las empresas productivas?
Se dice que el presupuesto tendrá un papel contracíclico y la economía mexicana crecerá 3.9 por ciento en 2014. Esa meta es inalcanzable por varias razones. Primero, el entorno internacional no será tan favorable como lo pinta el gobierno. Segundo, los desajustes que ya viene arrastrando la economía mexicana le restan flexibilidad y reducen sus fuentes de crecimiento. Tercero, porque el paquete fiscal de 2014 no constituye un impulso contracíclico suficiente.
El gobierno piensa que la economía estadunidense crecerá 2.6 por ciento en 2014. No es del todo seguro, pero si así lo fuera, lo más probable es que la Reserva Federal ponga freno a su programa de compra de activos. En ese caso, la salida de capitales en México llevará la paridad cambiaria a niveles que no corresponden al previsto de 12.6 pesos por dólar, con lo que la meta de inflación tampoco será alcanzada.
El presupuesto contempla un gasto total de 4 billones 480 mil millones de pesos, pero 60 por ciento corresponde a gasto corriente y sólo 18 por ciento es inversión física. La inversión de capital equivale a 4.5 por ciento del PIB y podría tener algo de tracción si fuera complementada por la inversión del sector privado, pero eso no está garantizado.
¿Fortalece el presupuesto el desarrollo social, como afirma el gobierno? El costo financiero del sector público asciende a 384 mil millones de pesos (mmdp), muy superior al gasto en los rubros más importantes del gasto social: educación (290 mmdp), salud (130 mmdp) y desarrollo social (115 mmdp). O sea que el rubro individual más importante del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde a cargas financieras.
Las medidas contempladas en el paquete económico de 2014 ni acaban con la desigualdad ni con el sometimiento al capital financiero y tampoco son una plataforma para el crecimiento y desarrollo económico. Eso sí, conllevan cambios de maquillaje para que todo siga igual. El gatopardismo fiscal acaba de aterrizar en México. Su camuflaje es perfecto, pero su esencia neoliberal es la misma.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Buenas noticias-Hernández 
Reforma fiscal: ¿nuevo plan de choque?
La iniciativa de reforma hacendaria enviada el domingo pasado al Congreso de la Unión por la presidencia de Enrique Peña Nieto representaría, en caso de ser aprobada, un conjunto de severos perjuicios para casi todos los sectores económicos y para la población en su conjunto.
Las clases medias se verían afectadas por los gravámenes a las operaciones inmobiliarias, los impuestos a las colegiaturas, la elevación de 30 a 32 por ciento del ISR a personas de ingresos anuales mayores a 500 mil pesos, la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repeco) y la limitación de los gastos personales deducibles para personas físicas.
Las grandes empresas se beneficarían con la eliminación del impuesto empresarial de tasa única (IETU), pero se verían perjudicadas por la eliminación del régimen de consolidación fiscal y el establecimiento de gravámenes a operaciones bursátiles; el impacto benéfico de estas dos últimas medidas, que han sido insistentemente reclamadas desde hace años porque han permitido la existencia de un régimen fiscal injusto y perpetuador de las desigualdades sociales, quedaría, sin embargo, diluido en el conjunto de esta reforma fiscal marcadamente antipopular.
Por otra parte, las propuestas de carácter
ecológico, como el impuesto a combustibles, o
sanitarias, como el gravamen a bebidas azucaradas –con el argumento de que se combatiría la obesidad–, serían saludables y plausibles si hubiese habido un impulso sostenido al desarrollo de fuentes de energía menos contaminantes y si desde antaño se hubiese alentado la sustitución de tales productos por alternativas más saludables. En el contexto actual del país, sin embargo, las consideraciones ambientales y nutricionales suenan a meros pretextos para ampliar la recaudación.
En cuanto a la eliminación del impuesto a los depósitos bancarios en efectivo, esto no parece que pudiera tener más efecto que alentar la informalidad económica y facilitar las operaciones de lavado de dinero.
Visto en conjunto, el paquete fiscal propuesto –que prevé además un déficit fiscal progresivo– implicaría un ingreso fiscal adicional cercano a 240 mil millones de pesos para el gobierno y nada para la población, salvo la borrosa meta de un crecimiento económico de 3.9 por ciento para el año próximo (objetivo de todos modos insuficiente para los requerimientos del país y de su población) y la promesa insustancial y no vinculante de crear un sistema de seguridad social al que Peña Nieto llamó
universal, pero al cual sólo tendrían acceso, según los documentos presentados, quienes ya cuentan con un empleo formal. Por lo demás, tal incorporación sería sufragada por las aportaciones patronales; otro tanto ocurriría con el seguro de desempleo propuesto por el Ejecutivo federal. Así las cosas, el gobierno sólo quedaría comprometido a “otorgar las facilidades administrativas de carácter temporal a los patrones (…) para que den cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social respecto a la inscripción de sus trabajadores y el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes”.
Con los elementos de juicio enunciados puede concluirse que la reforma fiscal propuesta constituye una suerte de plan de choque como los que se han impuesto tantas veces a la población en el curso del ciclo de gobiernos neoliberales, salvo que en esta ocasión no existe –al menos formalmente– una crisis económica que lo justifique. El Legislativo tiene ante sí el deber de suprimir la mayor parte de los contenidos de la iniciativa y de elaborar una reforma fiscal que realmente ataque las causas del estancamiento económico, las lacerantes inequidades sociales y la discrecionalidad y la opacidad con que el Ejecutivo ha venido gastando los recursos que recibe de la población.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Habiendo gasolinazos-Rocha 
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