Criminalización de la protesta social
Miguel Concha
El pasado primero de septiembre supimos una vez más de personas que habían sido detenidas arbitraria y violentamente durante las manifestaciones a las que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa. Recordamos los hechos del primero de diciembre del año pasado, y lo acontecido el 10 de junio. Aunque con diferencias de matiz, en esencia se mantiene la criminalización de las protestas en momentos coyunturales y decisivos para el país.
Las y los jóvenes aprehendidos han expresado que fueron arrestados por su apariencia o porque documentaban con fotografías y videos lo que en medio de la movilización se presentaba. Algunas personas fueron incluso retenidas en zonas alejadas al lugar de la movilización, como sucedió con los periodistas alternativos. Una vez más, es motivo de preocupación el intento en el DF de inhibir la protesta social por medio de actuaciones que criminalizan a quienes ejercen este derecho. Las detenciones arbitrarias se han vuelto un problema constante en momentos en los que las protestas son fundamentales para la participación de la gente en el debate público.
En repetidas ocasiones hemos señalado que el derecho a la protesta está reconocido en diversos instrumentos internaciones que protegen derechos humanos, y que, con base en la reforma constitucional de 2011, el Estado tiene la obligación de garantizarlo, junto con todos aquellos otros derechos que se le interrelacionen, como el de asociación, libre manifestación de las ideas, y el derecho a defender derechos humanos. Hemos visto cómo los operativos policiales que se llevan a cabo se realizan con poca o nula sensibilidad hacia la dignidad de las personas. Y en esta ocasión fueron implementadas deliberadamente nuevas estrategias de aislamiento y dispersión, pues las personas detenidas fueron remitidas a ministerios públicos muy alejados del lugar de los hechos. Esto complica la articulación civil para su defensa y retrasa los procesos, pues la accesibilidad a estos lugares es difícil, tanto para sus familias como para las personas que intentan acompañar los casos. Cuando se preguntó por qué se había procedido así, la respuesta simple y llana era que
en el centro de la ciudad están llenos de trabajo. A nuestro juicio, este tipo de estrategia está destinada a impedir la organización de la sociedad para exigir a las autoridades la liberación de personas que han sido violentadas en sus derechos fundamentales. Y podemos asegurar que con ella se violenta a todas luces el derecho de acceso que tienen a una justicia pronta y expedita.
Otro hecho que es importante señalar es la actitud de los elementos de la policía frente a los intentos de la ciudadanía por dejar constancia de sus arbitrariedades en los operativos policiales. A través de videos y testimonios se documentó la forma como el operativo trató de impedir que se fotografiaran o filmaran los hechos de violencia y los arrestos arbitrarios. Se alega que los policías tienen derecho al honor y protección de sus identidades como cualquier ciudadano. El problema es que se les fotografía o se les graba sólo cuando están realizando un servicio público, y si en ese momento están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Para efectos de documentación, es entonces necesario recabar pruebas, ya sea para demandas penales o para presentar quejas ante las comisiones de derechos humanos. También para generar registros audiovisuales y memorias sobre las maneras como el Estado hace uso de la fuerza y de la represión en las protestas sociales.
El antecedente más inmediato que tenemos es lo sucedido el primero de diciembre y el 10 de junio pasados. Los hechos del primero de septiembre nos confirman sobre la importancia que tiene el que las autoridades acaten sin reparo las recomendaciones que hacen organismos públicos de derechos humanos, como es el caso de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, surgida a raíz del primero de diciembre. Allí se contienen propuestas que pueden impedir que se repitan sucesos como los que ahora comentamos. Sabemos que el GDF se ha quedado corto en la reforma a fondo de su policía, y que es poco afecto para integrar el enfoque de derechos humanos en la normatividad y políticas que implementa. Si esto no fuera así, entonces no seguiríamos lamentando manifestaciones mancilladas por violaciones a los derechos humanos. La realidad nos muestra en cambio la criminalización de personas que pacíficamente expresan sus disensos frente a las actuaciones del Estado. Es legítimo entonces exigir a las autoridades que liberen a las personas que arbitrariamente fueron remitidas a reclusorios, y a quienes aparentemente se les elevó de adrede la fianza a cifras imposibles de solventar de inmediato.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
La indefensión laboral como falsa solución
Arturo Alcalde Justiniani
Esta semana, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron varios temas de gran importancia para el futuro de los derechos humanos en nuestro país. Sus decisiones están relacionadas con el alcance del artículo primero constitucional, reformado hace tan sólo dos años, cuando se creó un nuevo paradigma respecto de la aplicación e interpretación de los tratados internacionales en esta materia. Estamos hablando de derechos relacionados con la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente, la alimentación, la igualdad y los derechos humanos laborales, entre otros.
La Suprema Corte resolvió tres temas a raíz de diversas contradicciones de criterios generadas en el seno del Poder Judicial Federal. El primero, relacionado con la jerarquía entre la Constitución política y los tratados internacionales. El segundo responde a la pregunta de qué hacer en caso de que haya contradicción entre una disposición expresa en la Constitución y derechos garantizados en tratados internacionales. El tercero se refiere a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los jueces mexicanos. El próximo lunes el pleno abordará un tema adicional en relación con la impugnación a leyes que contravienen un tratado internacional que reconozca un derecho humano.
Por nuestra parte, compartimos la opinión de buena parte de los defensores de derechos humanos y sectores especializados, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil, que califican de regresiva la decisión de la Corte en lo relacionado a la prevalencia de la Constitución cuando existe una restricción expresa de los derechos garantizados por tratados internacionales. Esto contradice a la reforma de derechos humanos de 2011 y a otros criterios que ya había expresado la misma SCJN. Los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional deben subsistir en todos los casos.
No obstante lo anterior, la decisión de la Corte tendrá un gran impacto en muchos de los asuntos que se encuentran ahora en los escritorios de los ministros por las limitaciones que operan en otras instancias de la justicia mexicana que no garantizan cabalmente los derechos contenidos en los compromisos que ha asumido nuestro país. Uno de los casos que ha generado particular interés está relacionado con la solicitud de registro sindical de los trabajadores al servicio del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes han sufrido las consecuencias de una tendencia creciente en nuestro país que busca reducir los derechos laborales bajo la excusa de supuestas condiciones especiales de la actividad.
En el pasado, la segunda sala de la SCJN había negado la protección constitucional a los trabajadores de esta institución, avalando la legalidad del artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dispone que quien labore en esta dependencia debe ser considerado personal de confianza, sujeto además al régimen de excepción contenido en el apartado B del artículo 123 constitucional. Anclados en estas limitaciones, se les negó además el derecho a su libre sindicalización.
No obstante los obstáculos impuestos, los trabajadores del IFE no se han dado por vencidos, y ahora con renovados bríos intentan de nuevo su reconocimiento legal, cobijados en la vigencia de los convenios internacionales que sustentan con plenitud el derecho que reclaman. Alegan, con razón, que no existe restricción constitucional para el otorgamiento de su registro gremial, ya que la discriminación proviene de una ley de orden inferior. La segunda sala del máximo tribunal ha decidido asumir la competencia para resolver el caso en esta nueva perspectiva.
Colocar a los trabajadores en estado de indefensión por la supuesta importancia de su labor, responde a una visión corporativa y autoritaria que agravia no solo a los trabajadores directamente afectados sino a toda la sociedad. Además, envía el mensaje de que los compromisos asumidos con la comunidad internacional a través de los convenios no son tomados en serio. Con ésa misma lógica, se ha maltratado a los trabajadores de las comisiones de Derechos Humanos, a los trabajadores que laboran en funciones de seguridad pública y en días pasados, a los maestros del país. En cada caso, se han inventado argumentaciones distintas para justificar los prejuicios y la indefensión laboral como una solución. Recientemente, la ley aprobada al vapor en contra del magisterio nacional, evidenció esta tendencia. La intención de la Ley, más que buscar la calidad educativa, es crear un nuevo control burocrático suprimiendo la estabilidad laboral, ampliando la discrecionalidad del despido y limitando los mecanismos de representación y defensa.
Urge detener esta visión depredadora que cancela derechos fundamentales especialmente para las futuras generaciones.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Dinero
Frustración: no ha habido mejoría
Balance de los primeros meses
Todavía no ha llegado lo peor
Enrique Galván Ochoa
El presidente Peña Nieto presentó su primer Informe de gobierno. ¿Has sentido alguna mejoría en tu persona, familia o negocio en sus primeros nueve meses de gobierno? 97% de las personas que participaron en esta encuesta dijeron que
noy sólo 2% opinó que
sí. Así mismo, 92% evalúa como
malo(5 puntos o menos) el desempeño del presidente Peña Nieto. 7% le otorga una puntuación
regular(6-7). Y el 1%
bueno(8-9).
Metodología
Enviamos un cuestionario a 3 mil personas, cuyos buzones electrónicos tomamos al azar entre los miembros de El Foro México. Contestaron mil 855. Enseguida reproducimos algunas opiniones.
Opiniones
Voté por él, pero para mí está reprobado. Todo lo que dijo en su informe existe sólo en su mundo, porque los políticos una cosa es lo que dicen, otra cosa lo que escriben y lo más malo es lo que hacen. Y si no, vea lo que estamos viviendo en nuestro querido México lindo y jodido.
Cruz de la Cruz Faustino/Atlacomulco
Cada vez vamos como los cangrejos, ahí tienen las marchas de maestros, la compra de votos con tarjetas Soriana, la campaña de Cárdenas vendiendo el petróleo y esperen el reformón fiscal: IVA en alimentos y medicinas. Comeremos pasto porque no alcanza el minisalario que ganamos.
Consuelo Oropeza/Distrito Federal
Yo creo que este hombre Enrique Peña Nieto nació reprobado.
Maestra Cristina Aguirre Beltrán/Puebla
Si este señor no sabe cuál es el salario mínimo, el precio de las tortillas, la capital de Veracruz, por mencionar algunos casos, qué podemos esperar de él: puro rollo, marketing y corrupción de sus mentadas reformas estructurales, y al país que se lo lleve la tiznada. Calificación: menos cero.
Jaime Corona Acosta/Distrito Federal
No sólo mal hasta ahora, sino que sabemos bien que falta lo peor....
Juan Carlos Barrientos Carvajal/Puebla
¿Que si he mejorado en lo individual? Nada, absolutamente nada. Soy jubilado y mis aumentos anuales son fijados conforme a lo que aumentan los salarios mínimos, lo cual es una falacia. Mi auto sólo lo uso para lo más esencial, los gasolinazos me han obligado a ello. Yo realizo las compras de despensa y mercado –sí se lo que vale el kilo de tortilla–, por lo que detecto que cada vez gasto más y compro menos. ¿La seguridad? Una promesa de campaña de Peña Nieto. Las pruebas están a la vista. ¿El apoyo en presupuesto a educación y tecnología?, por más que lo busco, ni con lupa o el más sofisticado microscopio, no lo veo –al igual que al Srio. de Educación (un hampón de triste historia).
Roberto Hernández Amezcua/Distrito Federal
Deberíamos aplicarle las leyes que aprobó para los maestros el mismo Peña; si no aprueba en su desempeño, que lo corran.
Martha García Ramírez/Distrito Federal
Reprobado. No cumple, ni puede.
Orlando Gil Salinas/Mérida
Absolutamente reprobado. Calderón dejó al país en arenas movedizas y Peña con "Moviendo a México" nos está llevando al fondo. ¿Será estrategia para presionar por las reformas?
Ramón Alvarez Velázquez/Cuernavaca
Más que evaluar a Peña Nieto, deberías preguntar: ¿cómo evalúas el segundo gobierno del pelón Salinas? De cualquier manera, la respuesta es: ¡pésimo!
Gerardo González/Iztapalapa
Estoy harto de los mediocres por abundantes y homogéneos...
José Luis Morales/Cd. Victoria
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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