Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 24 de mayo de 2013

Astillero- Derechos humanos: sigue el desastre- Fuga de cerebros/II

Astillero
Abuelo procurador
¿Conciliar golpes a mujer?
Graco, acomedido
Julio Hernández López
Foto
ALIANZA DEL PACÍFICO PERMITE MAYOR INTEGRACIÓN: PEÑA NIETO. En el marco de la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que este acuerdo regional permitirá a los países que lo conforman tener una mayor integración y compartir un mercado de más de 210 millones de consumidores. El mandatario mexicano participó en una conferencia de prensa conjunta con sus homólogos de Colombia, Chile y Perú
Foto Presidencia
 
No ha sido un tratamiento ordinario, y mucho menos justiciero, el que se ha aplicado al caso de Alexia Imaz Chavero y Gerardo Saade Murillo, hija y nieto, respectivamente, de altos funcionarios del gobierno federal. A diferencia de otros casos de escándalo relacionados con miembros de la élite peñanietista (por ejemplo, el de Profeco, utilizado en realidad para dar ejemplo de presunto compromiso con la legalidad sacrificando a un político en retirada, de tercer nivel y con escaso peso político), el de la hija del director del centro de inteligencia y espionaje de la administración federal y el nieto del procurador general de la República pareciera haberse encaminado eficazmente hacia una pendiente de olvido y un sugestivamente tramposo camino de conciliación entre partes.
 
La denuncia que a través de Internet hizo la joven golpeada (quien colocó fotografías en las que se aprecian los hematomas que en el rostro le fueron causados), luego confirmada por su propia hermana, derivó en una serie de reacomodos que parecen provenir de arreglos cupulares y no necesariamente de la libre voluntad de la afectada. A pesar de que en un principio acudió a la procuraduría de justicia del estado de Morelos con la intención de presentar una denuncia de hechos, la hija del director del Cisen se abstuvo de hacerla (o la retiró, o se la hicieron retirar) y dejó el camino abierto para que, en un lance hasta ahora no explicado ni justificado, la oficina de prensa de Jesús Murillo Karam, procurador federal de justicia y abuelo del presunto agresor, entrara en acción para presentar al joven Saade (mencionándolo como presunto familiar del titular de la PGR) como alguien arrepentido de sus acciones y en busca de resolver los problemas que en mal momento había generado.
 
Como si fuese una agencia de relaciones públicas o una piadosa oficina lavatoria de imágenes en entredicho, la PGR difundió que de la declaración rendida ante la procuraduría estatal (de Morelos), Gerardo Saade manifestó sentirse arrepentido de haber cometido tan lamentable error y, no obstante que esta reprobable conducta la cometió por sentirse profundamente afectado emocionalmente, éste no encuentra justificación alguna y está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.
 
La procuraduría de justicia del estado bajo gobierno de Graco Ramírez, a su vez, dio a conocer el siguiente paso de algo parecido a un guión acordado: Gerardo Saade Murillo compareció ante esta institución con el propósito de solicitar la apertura de un expediente, al que se le asignó el número CJA/ SC/0532/2013-05, ante la Dirección General de Justicia Alternativa, para llevar a cabo una sesión conjunta de carácter conciliatorio por hechos que pudieron suscitarse en una relación sentimental con la C. Alexia Imaz Chavero. ¿Una sesión conjunta de caracter conciliatorio entre alguien que según los primeros testimonios se metió sin derecho a un domicilio particular y golpeó a una mujer? ¿El expediente no busca indagar las presunciones de allanamiento de morada, amenazas, lesiones y otros delitos, sino hechos que pudieron suscitarse en una relación sentimental?
 
La aberrante pretensión de salvar de castigo judicial al nieto del procurador general de la República fue señalada de forma contundente por Adriana Mújica Murias, directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, al recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2007, http://bit.ly/11e4hg2) ordena en su artículo 8, fracción cuarta,  evitar procedimientos de mediación y conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima, indicación confirmada en el artículo 22, fracción sexta, de la normativa correspondiente al estado de Morelos, donde se instruye evitar procedimientos de conciliación, mediación o en modalidades terapéuticas de pareja, tal y como lo señala la ley general (http://bit.ly/14Wsfkk).
 
Los escándalos de juniorismo ofensivo se han multiplicado en la nueva etapa del PRI en el poder, de manera escandalosa y generalmente impune (salvo el caso de la Profeco, con un Humberto Benítez que no forma parte del círculo central del peñismo), de tal manera que la versión de negociaciones políticas en las alturas encaja sin problema en una opinión pública que ha visto retorcimientos de leyes y procedimientos para favorecer determinadas instrucciones políticas (desde el caso Paulette hasta los gases acumulados en Pemex). Murillo Karam, por lo demás, está rodeado de una bien ganada fama de truculencia política, y el estado de Hidalgo, de donde provienen las historias políticas de Miguel Ángel Osorio Chong, Imaz y Murillo (miembros del parque temático México en Paz, uno de los cinco en que EPN dividió su gabinete) tiene historias sin sustento judicial respecto a presuntos crímenes sin castigo cometidos por gobernantes contra esposas (especulaciones también persistentes en otras entidades, alguna de ellas hoy rectora política nacional).
 
Y, mientras la moneda de Tabasco es rolada en diversos casilleros partidistas y políticos con la misma idea del Pacto por México: negociar, en esta ocasión ofreciendo la cabeza de Granier a cambio de acercamientos con factores reticentes (por lo pronto, la guillotina se ha detenido en el ex secretario de administración y finanzas, y aun cuando se emitan citatorios estatales al alquimista del erario el trayecto judicial podría ser muy largo y lleno de chicanas) ¡feliz fin de semana, con la afición futbolera en pleno!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Derechos humanos: sigue el desastre
Ayer, durante la presentación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el director de Amnistía Internacional-México, Daniel Zapico, señaló que el cambio de discurso del actual gobierno en materia de seguridad y combate a la delincuencia no se ha traducido en modificaciones significativas en el ámbito del respeto a las garantías individuales, respecto de la administración anterior. Las declaraciones se suman a los señalamientos formulados en el referido documento, de los cuales se dio cuenta ayer mismo en estas páginas, de que el gobierno de Felipe Calderón concluyó con una estela de numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la fuerza pública y ‘‘se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales’’, lo que derivó en un ambiente de impunidad generalizada.
 
Ciertamente, los señalamientos formulados por AI sobre la pasada administración no constituyen novedad alguna: la multiplicación de los casos de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria y cateos ilegales, entre otros atropellos a las garantías individuales, ha sido amplia y reiteradamente documentada a lo largo de los pasados seis años, tanto por organizaciones humanitarias –el caso de la propia AI– como por organismos públicos, empezando por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por luchadores sociales y por medios de información y actores políticos, académicos y culturales. La negativa a reconocer la gravedad de tales atropellos es fiel reflejo de la mentalidad que caracterizó al pasado gobierno federal y a su titular, reacios a entender que la defensa de la legalidad no puede emprenderse violando las leyes que se pretende defender.

Mucho más preocupante, en todo caso, son las afirmaciones en torno a la falta de un cambio visible en la observancia de las garantías individuales en el momento actual, pues ello da cuenta de una inaceptable continuidad en el patrón de violaciones a los derechos humanos y de impunidad generalizada que suelen gozar los responsables.
 
Cuando la administración encabezada por Enrique Peña Nieto está por cumplir su sexto mes, tal persistencia resulta particularmente desesperanzadora, no sólo porque cuestiona la intención presidencial de poner distancia ante la desastrosa línea de acción del sexenio anterior, sino también porque sugiere que se mantiene vigente la cadena de impunidades de Estado que recorre la historia reciente del país: desde la masacre de Tlatelolco, la guerra sucia de Luis Echeverría y José López Portillo, la proliferación de homicidios políticos durante el salinato y la política contrainsurgente de Ernesto Zedillo, hasta los excesos represivos del sexenio de Vicente Fox –Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca– y los abundantes atropellos a la población en el contexto de la guerra contra la delincuencia emprendida por Calderón.
 
La continuidad de uno de los principales componentes de la descomposición institucional, legal y política del país mina la perspectiva de reorientar el rumbo nacional con miras al restablecimiento pleno del estado de derecho y la recuperación de la gobernabilidad. Es urgente, por ello, que el actual gobierno formule cuanto antes un deslinde, emprenda un viraje en los usos policiales y militares de años recientes y muestre voluntad política para garantizar la observancia de los derechos humanos. Y ese viraje debe tener un punto de partida obligado y concreto: el pleno esclarecimiento de las violaciones a las garantías individuales perpetradas tanto en el sexenio anterior como en lo que va del actual, y la aplicación de sanciones a los responsables.
 
Los gustos de Granier-Fisgón
Fuga de cerebros/II
Simón Vargas Aguilar *
La fuga de cerebros es un fenómeno mundial que en nuestro país se ha incrementado en años recientes, y si bien existe limitada información sobre las razones que motivan a los estudiantes mexicanos a residir en el extranjero, el doctor Francisco Marmolejo, director ejecutivo del Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, refiere que encuestas realizadas por académicos en Estados Unidos señalan que las principales razones para que éstos no vuelvan son la escasa inversión en investigación, 30 por ciento; la falta de salarios competitivos, 26 por ciento; falta de desarrollo académico, 17 por ciento; poca cultura de investigación, 15 por ciento; nepotismo en lo relacionado a nombramientos y designación de plazas, y falta de oportunidades laborales, con 11 por ciento cada una.
 
De acuerdo con datos de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) publicados en 2011, de cada 3 mil doctores que egresan anualmente, sólo mil consiguen empleo o la oportunidad de continuar con sus investigaciones, y por cada investigador que no encuentra empleo el país pierde 2 millones de pesos en su capacitación. Mientras el entonces presidente de la AMC, Arturo Menchaca Rosas, refirió que entre 2006 y 2011 se contrató un investigador joven cada cuatro días; es decir, menos de cien científicos por año. Por otra parte, en un comunicado reciente del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) se informó que más de 11 mil doctores mexicanos residen en Estados Unidos, cifra preocupante si se considera que sólo existen 30 mil mexicanos con ese grado.

El doctor Alfredo Álvarez Padilla, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destaca que la existencia de redes de conocimiento y empresariales, la participación de capital financiero en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la calidad de las instituciones educativas y la existencia de políticas de atracción de talento, son las principales desventajas respecto de países como Estados Unidos y Canadá.

En 2009, Juan Carlos Romero Hicks, entonces director del Conacyt, negó la existencia de una diáspora masiva; explicó que aquellos becarios que no regresaron al país lo hicieron por motivos personales, y aseguró que existían vacantes suficientes para éstos, ya que anualmente se crearon mil plazas en los centros públicos de investigación e instituciones que dependen la Secretaría de Educación Pública (SEP). No obstante, aclaró que aunque la oferta y la demanda a veces no coincide, hay una gran colocación.
 
Mientras, en abril pasado, el actual director del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, reconoció que casi la cuarta parte de los doctores mexicanos se encuentran en el exterior y no vuelven, y por ello informó que el gobierno ha comenzado a modificar el Programa de repatriación de investigadores para convertir a éstos en socios del desarrollo nacional, por lo cual han comenzado a trabajar en un proyecto para atraer a los investigadores mexicanos en el extranjero para que realicen estadías en el país, así como en la mejora de los laboratorios y centros de investigación.
 
En este contexto, aunado a la diáspora de capital humano, se debe considerar un fenómeno poco analizado: la fuga interna; es decir, aquellos profesionales de alto nivel que permanecen en el país pero realizan trabajos ajenos a su formación y competencias ante la falta de oportunidades. El periodista de ciencia Antimio Cruz, en un reportaje sobre esta problemática refiere que se desconoce el número exacto, pero podrían ser más de 25 mil mexicanos con posgrado los que se encuentran en esta situación. Por su parte, Heriberta Castaños-Lomnitz, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señala que hay abogados con maestría que trabajan como choferes; especialistas en química molecular que se dedican a vender medicamentos, o pymes creadas por científicos que no siempre funcionan.
 
¿Y si la cura para el cáncer o el diseño de un procesador más pequeño y eficiente se encuentran atrapados en la mente de un mexicano altamente calificado que no tiene oportunidades para desarrollarse? Redefinir una política integral de educación posgradual de alta calidad, realizar acercamientos con industriales y empresarios, destinar al menos uno por ciento del PIB a ciencia y tecnología, y proteger a los talentos mexicanos es imprescindible para unir esfuerzos en favor de la solución de los grandes problemas nacionales y el incremento de nuestra competitividad a escala global.
* Presidente de Educación y Formación con Valores AC, y analista en temas de seguridad, educación y justicia.
Twitter: @simonvargasa
Facebook: simonvargasa

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