Siria y la doble moral occidental
El envío de misiles antiaéreos rusos a Siria –confirmado por el presidente de ese país, Bashar Assad, en una entrevista que se transmitió ayer– ha generado reacciones de rechazo y de condena por parte del bloque internacional encabezado por Estados Unidos e Israel. Mientras que el gobierno de Washington advirtió que el envío de armas
envalentonaráal régimen de Damasco y
prolongará el sufrimientoen Siria, Tel Aviv recalcó, en voz de su ministro de Asuntos Estratégicos e Inteligencia, Yuval Steinitz, su disposición a
defenderse y reaccionar ante cualquier amenazadel país vecino.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el arribo de armamento ruso a Siria profundizará aún más la situación de barbarie en ese país y
se producirán con certeza más masacres entre comunidades, por lo que aconsejó a las potencias militares no enviar armas a ese territorio.
Ciertamente, el incremento de la capacidad de fuego de cualquiera de los bandos en disputa en la nación árabe es un factor indeseable, en la medida que atiza la barbarie, de por sí descontrolada, que tiene lugar en el país. Por otra parte, el respaldo del gobierno ruso al régimen de Assad no es oportuno en un momento en que su conflicto interno corre el riesgo de internacionalizarse, como consecuencia de los bombardeos israelíes realizados en la frontera sirio-libanesa –con el supuesto fin de impedir el flujo de armas a los grupos combatientes– y de la expansión de las escaramuzas entre leales y opositores a Damasco hacia el país de los cedros.
No obstante, los reclamos referidos exhiben la hipocresía y doble moral características de Washington, Israel y sus aliados occidentales –en este caso– en torno a la guerra civil siria, en la medida que esas mismas naciones no han hecho nada por impedir el contrabando de armas para los rebeldes sirios, entre cuyos blancos, cabe recordar, no sólo se encuentran integrantes del régimen de Assad, sino también cientos de civiles inocentes.
Es significativo que, unas horas antes de que el gobierno de Damasco confirmara la recepción de misiles rusos, la Unión Europea decidiera levantar un embargo de armas a los grupos opositores sirios, lo que ha sido interpretado como un preludio para la entrega directa de armas de Bruselas al bando contrario al régimen o, peor aún, para preparar una intervención extranjera en la nación árabe.
La ONU, por su parte, ha decidido hacerse de la vista gorda ante la continua injerencia de Estados Unidos y otras potencias occidentales en la situación siria y no ha querido o no ha podido ver la relación causal directa entre esa intervención y la guerra civil que diezma hoy en día a la población de ese país.
Si la comunidad internacional tuviera el genuino propósito de poner fin a la carnicería que tiene lugar, lo procedente sería mantener y profundizar las restricciones para vender o enviar armas a todas las partes. La circunstancia actual, en suma, pone de manifiesto que Occidente, con el apoyo de los organismos internacionales, no busca una solución pacífica al conflicto, sino el derrocamiento del régimen de Bashar Assad –una decisión que, en cualquier caso, corresponde exclusivamente a la ciudadanía siria– y que está dispuesto a lograrlo de la peor manera posible: mediante el avance de la barbarie y más desestabilización en Siria y en la región.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Llegaron levantones al DF-Magú
Suecia, ¿paraíso perdido?
Ana María Aragonés
Suecia ha vivido una semana de disturbios sin precedente. Se iniciaron el 19 de mayo de 2013 en Husby, suburbio de Estocolmo poblado por un gran número de migrantes, y se extendieron durante seis días en otras comunidades. La razón fue la muerte de un migrante portugués, de 69 años, por varios agentes, al que pretendían detener pues llevaba un cuchillo. Se incendiaron coches y se apedreó a policías.
Si bien el primer ministro de centroderecha Fredrik Reinfeldt describió los sucesos con el epíteto de
vandalismo, lo más grave es el posible reforzamiento de los llamados Demócratas Suecos, partido de ultraderecha que en las últimas elecciones alcanzó 12 por ciento de la votación y cuya postura central es impulsar una política antinmigrante. De acuerdo con algunas encuestas, en las próximas elecciones podrían alcanzar 15 por ciento. No es extraño que se trate de los partidos que en momentos de crisis se fortalecen, como lo han hecho en toda Europa, y la bandera principal es ir contra los migrantes, a los que señalan como causantes de todos los males de la sociedad. Lo cual tampoco es extraño, simplemente recordemos las posturas que han adoptado organizaciones como el Tea Party en Estados Unidos, por sólo poner un ejemplo que en México se sufre.
Pero habría que preguntarse por qué Suecia, país que se ha caracterizado por sus puertas abiertas a la migración y por su política de integración; que es sin duda un país de refugio y asilo y creó nada menos que la figura del llamado ombudsman –modelo para un conjunto de países que han adoptado los derechos humanos como política de convivencia–, ahora se encuentra en las páginas de los periódicos señalada por poner en entredicho su efectividad en relación con los derechos humanos. País que había sido considerado por la OCDE a la cabeza del ranking de las sociedades de mayor igualdad y ahora ha caído al número 14; si bien señala que a pesar de que ha crecido la desigualdad de ingresos más rápido en Suecia que en cualquier otra nación industrializada entre 1985 y el final de la última década, aún sigue siendo mucho más igualitaria que la mayoría de naciones. Sin embargo, para Barbro Sorman, activista del Partido de Izquierda de oposición,
Suecia está empezando a parecerse a Estados Unidos.
Llama la atención que prácticamente el eje de las discusiones, en general, sea la migración, y con toda razón Andreas Johansson, politólogo del centro de estudios sueco Timbro, señala que será un paso para incrementar la polarización sobre el tema de la migración en Suecia.
Desde mi punto de vista, es una forma de desviar la atención del verdadero problema, que tiene que ver con la aplicación de una nueva política, prácticamente iniciada en la década de 1980 y reforzada en 1990, y la llegada del primer ministro de centroderecha, Fredrik Reinfeld, fue interpretada como
el toque de difuntos para el modelo erigido por la socialdemocracia de Olof Palme, como señala Joan M. Álvarez.
La entrada de Suecia a la Unión Europea en 1995 le supuso, entre otras cosas, dejar a un lado el estado de bienestar y, bajo la supuesta modernización, aplicar el neoliberalismo recortando el gasto social en primer lugar. Esto tuvo graves consecuencias en la distribución de la riqueza y de las ganancias. El neoliberalismo y la regulación socioeconómica no sólo hicieron de Suecia un híbrido, sino que fue el origen de la crisis de bienestar, como señala Ryner. El neoliberalismo remplazó los valores de la socialdemocracia, que implicaban la solidaridad y equidad con los trabajadores. De tal manera que no es extraño que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan sean producto de las sociedades creadas por el modelo neoliberal, cuyo eje gira en torno al mercado, las privatizaciones, el dinero, el egoísmo.
Sin embargo, si resulta cierto, como señala Joan M. Álvarez, que
el estado de bienestar sueco no es un invento exclusivo ni de la clase obrera ni de la socialdemocracia, pues en su ADN hay raíces más profundas o anteriores al capitalismo, es de esperarse que Suecia, más pronto que tarde, recupere la generosidad del modelo de bienestar puesto en riesgo por el neoliberalismo.
La trampa de la informalidad laboral
Elizabeth Tinoco *
Durante los últimos años América Latina consiguió tener una situación de crecimiento económico con reducción del desempleo. Sin embargo, en esta región aún hay más de cien millones de personas que trabajan en
la informalidad, en esa zona turbia de nuestras economías donde se perpetúa la pobreza y se potencia la desigualdad.
Los datos recopilados por OIT para trabajadores no agrícolas la ubican en 54.3 por ciento, por encima del promedio latinoamericano, que es de 47.7 para ese mismo sector de empleo. Son porcentajes elevados que plantean un desafío de grandes dimensiones en una época en la cual se ha trazado la meta de avanzar en la inclusión social.
El gobierno mexicano ha planteado ya la urgencia de actuar frente a la informalidad, como dijo el presidente Enrique Peña Nieto en su discurso del primero de mayo. Este es un compromiso muy importante para el futuro del país.
En todos los países latinoamericanos está presente la informalidad laboral. Hay una gran cantidad de personas atrapadas en empleos de mala calidad, con ingresos bajos, inestables, sin perspectivas, sin derechos ni protección social.
El crecimiento económico es esencial para generar más empleos de mejor calidad, pero no es suficiente. Incluso si la región creciera 4 por ciento anual, un nivel alto que por cierto ya no será alcanzado este año de incertidumbre, se necesitarían al menos 55 años para reducir los niveles de informalidad a la mitad. Este es un plazo demasiado largo, reñido con las aspiraciones de desarrollo de nuestros países.
Por tanto, para reducir la informalidad hay que poner en práctica políticas y acciones deliberadas que complementen el crecimiento económico.
El primer paso es mejorar la medición y el diagnóstico de un fenómeno complejo y heterogéneo que con frecuencia se desarrolla en forma subterránea y que tiene características diferentes según el territorio, el sector, el grupo de población o la edad en que se presente.
¿Qué trabajadores son informales? Las cifras disponibles nos indican, por ejemplo, que en América Latina hay altas tasas de informalidad entre los trabajadores por cuenta propia (83 por ciento), los trabajadores domésticos (77.9), los empleadores (36.3) e incluso los asalariados en las empresas (29.3 por ciento).
Casi 80 por ciento del empleo en esta región es generado por el sector privado. Hay unas 58.8 millones de personas que tienen un negocio, pero la gran mayoría, 48 millones, son unidades unipersonales, y otras 8.5 millones son micro y pequeñas empresas con menos de cinco empleados. En ambos casos predomina la informalidad.
En la lucha contra la informalidad es crucial revisar las normas y estándares para facilitar el cumplimiento por parte de empresas y trabajadores. También son relevantes las estrategias de incentivos para la formalización, de manera que sea considerada buen negocio.
Y desde luego, mejorar la capacidad de la administración pública para la inspección del cumplimiento de las leyes. Educación y formación de los trabajadores, innovación y desarrollo tecnológico, simplificación de trámites, articulación productiva, acceso a mercados, también son esenciales.
El tema de la productividad es de la mayor importancia. Uno de los principales problemas que enfrenta la región es un nivel bajo de productividad. Desde 2000 la productividad aumentó 10 por ciento en la región, bastante inferior al 85 por ciento registrado en Asia emergente.
Este combate a la informalidad debemos realizarlo conscientes de que vivimos una realidad muy dinámica: cada año se incorporan al mercado de trabajo de la región unas 5 millones de personas, la mayoría jóvenes. Esto significa que de aquí a 2020 habrá que generar unos 40 millones de empleos formales, solamente para que no empeore la situación actual.
Los datos en cuanto a la presencia de la informalidad en esta región son elocuentes. En momentos en los cuales la situación económica es positiva, es importante que los países pongan en marcha los motores de la formalización.
* Directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
FUENTE: LA JORNADA OPINION
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